.💸 LA INDOLENCIA DE LOS INTERESES DE LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA: Un Barrio Sacrificado.
😷 Sobre las decisiones deliberadas que llevaron a la explosión del coronavirus en el Barrio Carlos Mugica y otros.
🖋 Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC)
🖋 Ing. María Eva Koutsovitis (Cátedra de Ingeniería Comunitaria – CLIC / IPYPP)
🖋 Myriam Leonor Godoy Arroyo (ODC / IPYPP)
Las tierras valiosas del Barrio Carlos Mugica
Cuando asumió el Pro, encabezado por Mauricio Macri como gobierno de la ciudad, su atención se fijó inmediatamente en las tierras donde se encuentra el Barrio Carlos Mugica que, por entonces, aún no tenía dicho nombre y se conocía como Villa 31-31 bis. ¿Recuerdan que Macri quería llamar a un plebiscito[1] sobre la urbanización de la villa con posterioridad a pedir su erradicación[2] a través del pago a las familias para que se fueran[3]? No podía creer que el derecho a la reurbanización existía desde la década anterior en la Constitución de la Ciudad y que hacía más de 20 años se habían votado leyes que impedían la erradicación de estos barrios. No olvidemos el ingenio de disfrazar[4] a un arquitecto de fumigador para relevar la villa[5] y mostrarla como en estado de ruinas, preparando los argumentos para sacar a la población y liberar el suelo.
Si la ley les impedía erradicar a la población entonces utilizarían otras leyes que conocen muy bien, las leyes del mercado inmobiliario. De esta forma, la apropiación de la tierra del Barrio Carlos Mugica se insertó en un plan mayor de mercantilización y privatización de los últimos resquicios públicos de la ciudad que sobrevivieron a la década neoliberal de los ‘90, período que para las cuestiones urbanas aún no terminó.
El poder inmobiliario devenido gobierno (el Triunvirato Macri-Caputo-Larreta) tenía muy presente y estudiado que las únicas tierras disponibles para grandes proyectos inmobiliarios eran principalmente los playones ferroviarios ubicados dentro de la ciudad, y las tierras de las villas. Desde su perspectiva, las primeras están ociosas y las segundas subutilizadas.
Aproximadamente 500 hectáreas de tierras públicas se privatizaron en estos últimos 12 años.[13]Privatización histórica para la Ciudad de Buenos Aires como resultado de una Plan[14]Sistemático[15]. También se reprivatizaron todos los servicios públicos. Una reedición de la década de los ´90, multiplicada por cinco (5). La clase política-especuladora-inmobiliaria aprende de sus errores, pero mucho más de sus éxitos. La Escuela-Shopping actualmente apenas sería una pequeña travesura.
Nuestros grandes especuladores inmobiliarios, perdón, desarrolladores inmobiliarios, con estas tierras van a poder jugar con la ciudad (una especie de Simcity para ellos) durante 10 a 15 años.
Segunda Etapa
Mientras tanto, haciendo ejercicio de su agudeza previsora (por eso lo que se suele denunciar que “no pensaron” o “no previnieron” siempre es una decisión premeditada de no hacer) van preparando la segunda etapa, los negocios inmobiliarios en los terrenos de los Barrios Populares.
Con este espíritu de fondo, se iniciaron los tramposos “procesos de integración social y urbana” en la Gestión de Larreta. La primera decisión clave fue la construcción de viviendas nuevas para ir fragmentando y vaciando estos predios en vez de destinar todos los recursos para garantizar los servicios públicos a las 400 mil personas que viven en los Barrios Populares. A cuatro años del inicio de estos procesos y miles de millones de pesos gastados, sólo se ha mejorado la vida a unos cientos de familias mientras otras cientos de miles siguen padeciendo diariamente la falta de servicios. Esta decisión ha sido la clave de las condiciones de fragilidad de estas comunidades ante la epidemia de dengue y la pandemia del coronavirus.
A cuatro años, en el Barrio Carlos Mugica las familias utilizan la misma infraestructura sanitaria porque las obras no se terminaron. El Secretario de Integración Social y Urbana, Sr. Diego Fernández, prometió en televisión que estarían finalizadas a fines del 2018[18]. Ninguna conexión domiciliaria fue regularizada ni siquiera la de las viviendas nuevas. Mientras tanto, Diego Fernández, con soberbia y burla expresó en la Legislatura que el Barrio Carlos Mugica tiene la mejor infraestructura de agua de todos los Barrios Populares del País[19]. La altanería lo lleva a la ignorancia. Desconoce que en muchos barrios populares del país hay sectores que tienen acceso al agua potable como servicio prestado formalmente.
Lo más grave no es que no hayan terminado las obras, sino que no cuentan al día de hoy con un Plan de Contingencia serio y eficiente que garantice que ante la falta de presión o de agua en algunos sectores, las familias tengan acceso a agua potable en la cantidad y calidad adecuadas.
Por otra parte, las viviendas nuevas construidas en el Barrio Carlos Mugica tienen fallas de construcción graves. Fueron construidas con el sistema Steel framing, son casas de “cartón[20]”, como las llaman en el barrio. Los complejos habitacionales nuevos son “cárceles” por la estética proyectual ya que se asemejan a containers cubiertos de rejas. Los propios profesionales encargados de la construcción de las viviendas, en un recorrido por las obras, nos dijeron que tenían un período de duración de alrededor de 30 años. El plazo que tienen las familias para pagarlas. Cuando terminen de pagar el crédito sus viviendas estarán deterioradas.
Familias endeudadas con viviendas en mal estado, parte de la ecuación que da como resultado que las familias decidan desprenderse de sus viviendas tentadas por los montos de dinero que ofrezca el “sector privado”. La ecuación se completa con el estímulo del GCBA a la renovación urbana de todo el contorno ribereño que genera una mayor presión inmobiliaria sobre el barrio. El GCBA volvió a privatizar la Costanera Norte a través del DistritoJoven[21], autorizó la venta de Costa Salguero[22] con el Código[23]Urbanístico[24], consolidó la expansión de Puerto Madero hacia el norte y el sur con el Paseo del Bajo[25], el cambio de la traza de la autopista Illia[26], la venta de tierras públicas y la autorización de emprendimientos inmobiliarios[27] de gran envergadura en Retiro. El camino hacia la construcción de una nueva fractura y desigualdad socio-espacial[28] en la ciudad y de una división urbana[29] entre la CABA ribereña y la CABA mediterránea[30]
Esto se llama gentrificación, una modalidad de la misma se está implementado en todo el entorno ribereño alcanzando también al Barrio Rodrigo Bueno. Es una expulsión lenta planificada de una población, por intereses inmobiliarios[31] y bajo la consigna del “desarrollo urbano”, es decir, aumento del valor de la tierra. Desde esta lente, es entendible que los/as funcionarios/as no quieran eliminar la cláusula del remate[32] de las viviendas por falta de pago o no quieran implementar la Ley Nacional de Barrios Populares[33] que impide a las familias vender sus viviendas a empresas o personas que tienen propiedades. Esto desarmaría sus planes futuros.
Nueva oportunidad, la pandemia
En este contexto, de necesidades previas sin respuestas y de tensiones constantes con el GCBA para impedir que el barrio quede desprotegido frente al mercado inmobiliario, apareció la pandemia del coronavirus Covid-19 y la Epidemia del Dengue.
El Barrio Carlos Mugica es uno de los sectores del país con más contagiados de Dengue. Además, al 30 de mayo, tiene 2046 casos confirmados de Covid-19. Es decir, tiene el 58,1 % de todos los casos de los Barrios Populares de la Ciudad y casi el 30% de todos los casos de la Ciudad. Estamos cerca de la cifra de que 1 de cada 3 casos confirmado en la ciudad corresponda a un habitante del Barrio Carlos Mugica. Estos números reflejan que también es el sector del país más golpeado por la pandemia del coronavirus. La curva no se aplana y la desigualdad se amplifica.[34]
Esta alarmante crisis sanitaria constituye un acto deliberado del gobierno que seguramente utilizará a futuro argumentos sanitarios para acelerar sus pretensiones inmobiliarias en la zona. Enfatizará la necesidad de vaciamiento y erradicación, y no la de una verdadera integración social y urbana de este barrio.
No puede comprenderse de otra forma la cantidad de “errores” y “omisiones” en que ha incurrido el GCBA. Apostó pasivamente al “aislamiento comunitario” sin prever ninguna medida preventiva en forma simultánea. Desoyó desde el mes de diciembre los problemas graves de falta de agua potable y continuó con su irresponsabilidad[35] en los 12 días más críticos, las semanas pasadas. Aún cuando un tribunal de la ciudad obligó al GCBA a garantizar agua potable en los Barrios Populares[36], el GCBA decidió apelar la medida y no cumplir con la sentencia judicial[37]. La orden judicial apelada aún sigue vigente.
Para los adultos mayores como grupo de riesgo dispusieron unos “refugios”, una especie de paradores a los que nadie quiso ir. No creyeron conveniente dejar sus viviendas por temor a que fueran ocupadas, para ir a hacinarse. Menos ahora con el antecedente de que el 85% de las personas en situación de calle del parador de Retiro se contagiaron a pesar de haber aplicado los protocolos correctamente, según expresaron desde el gobierno. Por este motivo, pedimos a la justicia que se las aloje en hoteles contratados por el GCBA[38].
A los comedores no les dieron elementos de protección. Sólo algunas organizaciones sociales con acuerdos con el gobierno los recibieron para sus integrantes. Varios comedores están cerrando en el barrio porque se contagiaron las personas que los sostienen. Falleció Victor Giracoy[39], coordinador del comedor “Estrella de Belén[40]”. También falleció Ramona Medina[41], coordinadora de Salud de la Casa de la Mujer de la organización La Poderosa y Agustín Navarro[42], otro coordinador de un merendero de Barrios de Pie. El GCBA estaba pensando implementar una billetera virtual para las familias que asistían a los comedores cerrados. Propuesta que demuestra que su percepción de la realidad sigue siendo Puerto Madero. Finalmente fue descartada.
Más tarde que temprano, el GCBA impuso un improvisado PROTOCOLO donde los criterios de testeos no son claros, y sin mecanismos de protección para les niñes en caso de que alguno de sus padres tenga que ser internado, sin dispositivos para las situaciones de violencia de género y con demoras interminables en pabellones de hospitales donde los/as habitantes del barrio fueron trasladados con lo puesto en micros sin asistencia sanitaria ni alimentaria para esperar los resultados del testeo[43].
Desde un colectivo de asambleas y organizaciones se elaboró un documento de recomendaciones para un Protocolo Especial de Actuación[44] frente al coronavirus en villas y asentamientos. Tampoco hubo respuestas.
En la causa judicial (Expte. N° 3429-2020/0), el 21 de mayo, se dictó como Medida Cautelar ordenar al GCBA elaborar un Protocolo Específico de Análisis, Acción y Prevención en materia de COVID-19 para aplicar, difundir y publicitar en villas, asentamientos y barrios vulnerables localizados en las Comunas N° 4 y N° 8 de esta Ciudad, en el plazo de 5 días. También, en dicha sentencia se ordenó una serie de medidas hasta tanto se elabore y confeccione el protocolo como asegurar la provisión inmediata, suficiente y sostenida de elementos sanitarios (barbijos y guantes de latex), de higiene y limpieza (lavandina, jabón, alcohol en gel), elementos de medición de temperatura y agua potable.
El 29 de mayo, a pedido de varias organizaciones (Observatorio del Derecho a la Ciudad[45], CLIC[46], IPYPP, CTAA-Capital), el Juez Darío Reynoso ordenó hacer lugar a la AMPLIACIÓN de la MEDIDA CAUTELAR solicitada[47]y, en consecuencia, ordenó al GCBA que las medidas ordenadas el 21 de mayo deberán aplicarse a su vez en las villas, asentamientos y barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no se encuentren incluidos en las comunas 4 y 8 –sin excepción– y que se deberá contemplar la particularidad de cada villa, asentamiento y barrio vulnerable de esta Ciudad. También estableció que la implementación y cumplimiento de la Medida Cautelar deberá evaluarse a través de una Mesa de Trabajo creada por el Tribunal. Nuevamente el GCBA decidió apelar la medida cautelar sin que esto afecte la vigencia de la orden judicial.
La Ciudad de Buenos Aires es el foco del coronavirus Covid-19 y del Dengue en Argentina. El 32 % de los casos de coronavirus de la ciudad están en Retiro, concentrados en la Villa 31 (Barrio Carlos Mugica). Esto, como consecuencia de la falta de medidas de prevención y adopción de políticas adecuadas por parte del GCBA, es un rotundo fracaso estatal. Por este motivo, impulsamos la construcción de un hospital para el barrio y la Comuna N°1[50] en los predios donde funciona el Supermercado Coto. Estas son tierras públicas que el Estado Nacional transfirió a la Ciudad y que Rodríguez Larreta decidió vender inmediatamente. A principios de este año se logró frenar la subasta de este predio[51]. La tierra pública no debe ser destinada a negocios inmobiliarios. Debe ser utilizada para equipamiento urbano e infraestructura verde. En este caso, debe transformarse en el Hospital Carlos Mugica. Se debe frenar la venta de esta tierra pública para negocios inmobiliarios. Y no sólo esta venta, sino también la venta de los predios dónde está asentado el Barrio y los predios a sus alrededores que la Legislatura aprobó a través de la Ley N° 6.179[52].
En este contexto, la Legislatura premia a Rodríguez Larreta[53] otorgándole la suma del poder público[54]. Podrá suspender la vigencia de leyes. Una Ley estará vigente sólo si Rodríguez Larreta decide cumplirla. Este superpoder no lo tuvo ningún Poder Ejecutivo democrático. Podrá distribuir a voluntad la totalidad del presupuesto sin límites. El destino de todos los recursos de la ciudad será definido por el Jefe de Gobierno. Y podrá modificar contratos, permisos, concesiones, compras, reguladas por las leyes, sin límites.
La Legislatura se ha declarado prescindible al delegar sus poderes en Rodríguez Larreta. La Legislatura cierra sus puertas. Nosotros debemos abrir los ojos.
Una gestión de gobierno ha decidido sacrificar el Barrio Carlos Mugica. A futuro, veremos cómo se consolidan los proyectos inmobiliarios que ya tienen pensados y cómo se consolida la apropiación de sectores privados de todo el entorno ribereño. Seguirán los negocios de la obra pública y de las consultorías[55].
O, tal vez no. Respetaremos el uso obligatorio del tapabocas pero no dejaremos que nos callen la voz. Buscaremos la forma de protegernos, de no permitir que parte de la ciudadanía sea declarada prescindible, sea explotada y sea abandonada. Pediremos una clase política que responda a la comunidad porteña. Lucharemos por la Democracia Participativa y la ciudad será nuestro Bien Común.
