Diputadas y Diputados de la Nación Argentina. Como coordinadora de la comisión intersectorial e interregional de alquileres de la mesa intersectorial de Políticas de suelo del ministerio de hábitat, e integrante de la comunidad federal inquilina y no propietaria, la Coordinadora Nacional Inquilina y Habitar Argentina, y también como profesional de la administración pública, me presento ante ustedes para decirles:
Estamos aquí debatiendo modificaciones a una ley que no fue plenamente aplicada, el principal incumplidor fue el estado nacional argentino.
La población inquilina de todo el territorio nacional padece una crisis habitacional sin precedentes, hay personas que insisten en responsabilizar a esta ley, sin considerar que durante los primeros 8 meses de su sanción (en medio de la pandemia) estaba vigente el decreto 320 y sus prórrogas. Estas normativas brindaban un marco de protección para los hogares inquilinos que se veían afectados por la pandemia. Las prórrogas de contratos, postergación de aumentos y suspensión de desalojos fueron medidas que atenuaron la crisis habitacional, pero se suspendieron sin incorporar ninguna política pública para contener la situación económica de los hogares inquilinos que se encontraban endeudados, en muchos casos también con disminución de ingresos, como consecuencia de la pérdida de empleos, o de la disminución de horas de trabajo, principalmente en el sector del turismo y de la gastronomía.
Era evidente que la suspensión de estas medidas sin incorporar políticas públicas de contención traería consecuencias. La primera de ellas fue el aumento indiscriminado y desproporcionado de precios de los alquileres en los contratos nuevos. Esos aumentos desproporcionados respecto a los salarios devaluados, sumados a una inflación descontrolada hacen que hoy muchos hogares tengan dificultades para seguir pagando los compromisos asumidos en los contratos de alquiler.
La solución a esta crisis habitacional no radica en la modificación de la ley vigente, sino en la incorporación del programa Nacional que indica el título III de la ley 27551, que el poder ejecutivo Nacional ha incumplido en los 21 meses de vigencia de la ley.
La modificación que ya han acordado a espaldas del pueblo y sin fundamentos demostrables, no va a aumentar la oferta de viviendas en alquiler, ni a asegurar un precio razonable acorde a los ingresos de la clase trabajadora que alquila. Es por esto que me siento en la obligación de hacerles saber que en un año la crisis habitacional de la población inquilina habrá empeorado y quienes hayan votado por estas modificaciones serán responsables de esa crisis.
La disminución del plazo mínimo legal, deriva en la inestabilidad habitacional que perjudica especialmente a las infancias inquilinas, obligadas a cambiar de escuela, a perder sus lazos de contención social, a padecer el hostigamiento que recae sobre sus familias, a no saber dónde dormirán mañana.
Durante estos años, mediante el Servicio de Acompañamiento a las relaciones de alquiler, que hemos prestado en forma gratuita, hemos recibido cientos de contratos que contradicen principios jurídicos elementales, cláusulas abusivas que aumentan los derechos de la parte rentista, desnaturalizando obligaciones que le son propias, al tiempo que disminuyen los derechos de la parte inquilina que no tiene posibilidad de negociar las cláusulas porque ante la primera queja, se le quita la posibilidad de alquilar. El lugar para denunciar estas prácticas es el propio colegio profesional, por lo que rara vez sancionan el accionar ilegal, de hecho, muchas veces lo promueven.
Es tal la asimetría que perjudica a la población inquilina, que 8 millones de personas que alquilan tienen menos tiempo para exponer su perspectiva que 35 mil corredores. Siendo que estos corredores han registrado menos de 5 contratos al año en la AFIP, sin tener ninguna penalidad, ni consecuencia. Es por esto que exigimos un órgano de control con poder de policía, que sancione las malas praxis inmobiliarias, así como las conductas ilegales del sector rentista (discriminación, estafas, hostigamiento, desalojos ilegales, violencia física y/o psíquica, padecidas principalmente por las mujeres e identidades diversas).
Es urgente un registro de locaciones en la ANSES, dado que es esta administración la que puede evaluar la vulnerabilidad económica de los hogares inquilinos y acompañar económicamente a estos hogares para que garanticen su alimentación. Asimismo, debe considerarse en las asignaciones familiares a quienes pagan alquiler de vivienda, dado que quienes dedican más del 60% de sus ingresos a pagar el alquiler, se alejan mucho de los “ingresos brutos del grupo familiar” que se utilizan para calcular las asignaciones familiares. Gran parte de la población inquilina que tiene necesidades básicas insatisfechas, no recibe ningún tipo de beneficio, ni consideración por tener ingresos registrados.
Así como la salud y la educación que son derechos fundamentales, son servicios públicos que pueden ser brindados tanto por el sector público, como por el sector privado, es necesario que el alquiler sea considerado un servicio público, dado que compromete el derecho humano y constitucional a la vivienda digna y en condiciones adecuadas.
La población inquilina ya no puede seguir pagando comisiones que le implican el esfuerzo de al menos 2 meses de trabajo completos, tampoco puede sostener mudanzas cada dos años. Es necesario que se sostenga el plazo mínimo de 3 años por principio de estabilidad y seguridad en la tenencia, ya que estos son elementos esenciales del derecho a la vivienda digna, que deben garantizarse por mandato constitucional. Bajar ese plazo supone ir en contra del principio de no regresión en materia de derechos humanos. Los hogares inquilinos no pueden seguir pagando aumentos por encima de la evolución del salario, con un peso devaluado y precios que no corresponden a la capacidad real de la demanda. La única forma de limitar la especulación y la avaricia que vulnera el acceso a la vivienda de la población inquilina es fijar precios de referencia o criterios de tasación objetivos. Sin regulación del precio inicial, sin políticas públicas, la crisis habitacional va a detonar la burbuja inmobiliaria que han creado, inventando precios de vivienda en moneda extranjera que están fuera de cualquier criterio económico.