馃敟 Intervenci贸n de MAGAL脥 ZIRULNIKOF en defensa de la ley de alquileres y los hogares inquilinos en el Congreso Nacional

Tuvo lugar el martes 19 de abril, en representaci贸n del Observatorio del Derecho a la Ciudad y como Integrante de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria.

Pol铆ticas habitacionales

聽Diputadas y Diputados de la Naci贸n Argentina. Como coordinadora de la comisi贸n intersectorial e interregional de alquileres de la mesa intersectorial de Pol铆ticas de suelo del ministerio de h谩bitat, e integrante de la comunidad federal inquilina y no propietaria, la Coordinadora Nacional Inquilina y Habitar Argentina, y tambi茅n como profesional de la administraci贸n p煤blica, me presento ante ustedes para decirles:

Estamos aqu铆 debatiendo modificaciones a una ley que no fue plenamente aplicada, el principal incumplidor fue el estado nacional argentino.

La poblaci贸n inquilina de todo el territorio nacional padece una crisis habitacional sin precedentes, hay personas que insisten en responsabilizar a esta ley, sin considerar que durante los primeros 8 meses de su sanci贸n (en medio de la pandemia) estaba vigente el decreto 320 y sus pr贸rrogas. Estas normativas brindaban un marco de protecci贸n para los hogares inquilinos que se ve铆an afectados por la pandemia. Las pr贸rrogas de contratos, postergaci贸n de aumentos y suspensi贸n de desalojos fueron medidas que atenuaron la crisis habitacional, pero se suspendieron sin incorporar ninguna pol铆tica p煤blica para contener la situaci贸n econ贸mica de los hogares inquilinos que se encontraban endeudados, en muchos casos tambi茅n con disminuci贸n de ingresos, como consecuencia de la p茅rdida de empleos, o de la disminuci贸n de horas de trabajo, principalmente en el sector del turismo y de la gastronom铆a.聽

Era evidente que la suspensi贸n de estas medidas sin incorporar pol铆ticas p煤blicas de contenci贸n traer铆a consecuencias. La primera de ellas fue el aumento indiscriminado y desproporcionado de precios de los alquileres en los contratos nuevos. Esos aumentos desproporcionados respecto a los salarios devaluados, sumados a una inflaci贸n descontrolada hacen que hoy muchos hogares tengan dificultades para seguir pagando los compromisos asumidos en los contratos de alquiler.

La soluci贸n a esta crisis habitacional no radica en la modificaci贸n de la ley vigente, sino en la incorporaci贸n del programa Nacional que indica el t铆tulo III de la ley 27551, que el poder ejecutivo Nacional ha incumplido en los 21 meses de vigencia de la ley.

La modificaci贸n que ya han acordado a espaldas del pueblo y sin fundamentos demostrables, no va a aumentar la oferta de viviendas en alquiler, ni a asegurar un precio razonable acorde a los ingresos de la clase trabajadora que alquila. Es por esto que me siento en la obligaci贸n de hacerles saber que en un a帽o la crisis habitacional de la poblaci贸n inquilina habr谩 empeorado y quienes hayan votado por estas modificaciones ser谩n responsables de esa crisis.

La disminuci贸n del plazo m铆nimo legal, deriva en la inestabilidad habitacional que perjudica especialmente a las infancias inquilinas, obligadas a cambiar de escuela, a perder sus lazos de contenci贸n social, a padecer el hostigamiento que recae sobre sus familias, a no saber d贸nde dormir谩n ma帽ana.

Durante estos a帽os, mediante el Servicio de Acompa帽amiento a las relaciones de alquiler, que hemos prestado en forma gratuita, hemos recibido cientos de contratos que contradicen principios jur铆dicos elementales, cl谩usulas abusivas que aumentan los derechos de la parte rentista,聽 desnaturalizando obligaciones que le son propias, al tiempo que disminuyen los derechos de la parte inquilina que no tiene posibilidad de negociar las cl谩usulas porque ante la primera queja, se le quita la posibilidad de alquilar. El lugar para denunciar estas pr谩cticas es el propio colegio profesional, por lo que rara vez sancionan el accionar ilegal, de hecho, muchas veces lo promueven.

Es tal la asimetr铆a que perjudica a la poblaci贸n inquilina, que 8 millones de personas que alquilan tienen menos tiempo para exponer su perspectiva que 35 mil corredores. Siendo que estos corredores han registrado menos de 5 contratos al a帽o en la AFIP, sin tener ninguna penalidad, ni consecuencia. Es por esto que exigimos un 贸rgano de control con poder de polic铆a, que sancione las malas praxis inmobiliarias, as铆 como las conductas ilegales del sector rentista (discriminaci贸n, estafas, hostigamiento, desalojos ilegales, violencia f铆sica y/o ps铆quica, padecidas principalmente por las mujeres e identidades diversas).

Es urgente un registro de locaciones en la ANSES, dado que es esta administraci贸n la que puede evaluar la vulnerabilidad econ贸mica de los hogares inquilinos y acompa帽ar econ贸micamente a estos hogares para que garanticen su alimentaci贸n. Asimismo, debe considerarse en las asignaciones familiares a quienes pagan alquiler de vivienda, dado que quienes dedican m谩s del 60% de sus ingresos a pagar el alquiler, se alejan mucho de los 鈥渋ngresos brutos del grupo familiar鈥 que se utilizan para calcular las asignaciones familiares. Gran parte de la poblaci贸n inquilina que tiene necesidades b谩sicas insatisfechas, no recibe ning煤n tipo de beneficio, ni consideraci贸n por tener ingresos registrados.

As铆 como la salud y la educaci贸n que son derechos fundamentales, son servicios p煤blicos que pueden ser brindados tanto por el sector p煤blico, como por el sector privado, es necesario que el alquiler sea considerado un servicio p煤blico, dado que compromete el derecho humano y constitucional a la vivienda digna y en condiciones adecuadas.

La poblaci贸n inquilina ya no puede seguir pagando comisiones que le implican el esfuerzo de al menos 2 meses de trabajo completos, tampoco puede sostener mudanzas cada dos a帽os. Es necesario que se sostenga el plazo m铆nimo de 3 a帽os por principio de estabilidad y seguridad en la tenencia, ya que estos son elementos esenciales del derecho a la vivienda digna, que deben garantizarse por mandato constitucional. Bajar ese plazo supone ir en contra del principio de no regresi贸n en materia de derechos humanos. Los hogares inquilinos no pueden seguir pagando aumentos por encima de la evoluci贸n del salario, con un peso devaluado y precios que no corresponden a la capacidad real de la demanda. La 煤nica forma de limitar la especulaci贸n y la avaricia que vulnera el acceso a la vivienda de la poblaci贸n inquilina es fijar precios de referencia o criterios de tasaci贸n objetivos. Sin regulaci贸n del precio inicial, sin pol铆ticas p煤blicas, la crisis habitacional va a detonar la burbuja inmobiliaria que han creado, inventando precios de vivienda en moneda extranjera que est谩n fuera de cualquier criterio econ贸mico.