Por María Eva Koutsovitis (CLIC), Jonatan Baldiviezo (ODC) y Myriam Godoy Arroyo (ODC – IPYPP)
Uno de los mayores consensos a nivel global es el repensar nuevos paradigmas urbanos basados en criterios de justicia ambiental, climática, de género y social.
Pensar en ciudades habitadas en condiciones de igualdad implica necesariamente democratizar todas las dimensiones de la vida urbana, también implica garantizar la gratuidad y universalidad en el acceso al conjunto de los servicios públicos, establecer un nuevo ritmo para la vida urbana y discutir nuevas movilidades.
Sin embargo, la pandemia ha consolidado el rumbo que la Ciudad de Buenos Aires hace más de una década ha elegido: el despojo de nuestros bienes comunes a partir de la privatización de más 500 hectáreas de tierras públicas y, cómo consecuencia, la precarización de las políticas públicas.
En el contexto de la pandemia y la crisis climática, las instituciones públicas deben asumir el eje de la planificación como prioridad. La Argentina no cuenta con un plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental. El Área Metropolitana de Buenos Aires tampoco cuenta con una planificación integral. ACUMAR, el organismo responsable de la remediación sanitaria y ambiental del territorio de la Cuenca Matanza-Riachuelo, a pesar de los 12 años transcurridos desde la sentencia de la Corte Suprema, no ha aprobado un ordenamiento para la cuenca.
En la Ciudad de Buenos Aires, desde mediados de año a impulsos del gobierno, se inició la actualización del Plan Urbano Ambiental, principal ley de planificación. Esta discusión, necesaria porque la ciudad tiene una planificación vetusta, está siendo deslegitimada por dos acciones gubernamentales.
Por una parte, varios consejos consultivos comunales y cientos de colectivos aglutinados en la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” viene denunciando que las instancias de participación realizadas en el marco de esta actualización del PUA son superficiales o meramente formales. Por otra parte, mientras el GCBA “invita” a la ciudadanía a esta discusión, la Legislatura porteña, a raíz de diversos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo e impulsados por los bloques parlamentarios oficialistas, aprueba la actualización del Código Urbanístico y del Código de Edificación para seguir fomentando la especulación inmobiliaria; una amnistía inmobiliaria para obras que violaron los códigos; una muralla de edificios en la Costanera; varios convenios urbanísticos con empresas que compran capacidad constructiva sin análisis ambientales; una nueva regulación de Distritos Económicos (Paraísos fiscales); la venta de inmuebles públicos; etcétera. También durante la pandemia ha continuado con las concesiones del Distrito Joven en Costanera Norte, la venta de predios del Parque de la Innovación, ha invertido más de 1500 millones de pesos para la nueva sede de la Asociación Tiro Federal además de otorgarle 12 hectáreas de tierras públicas gratis por 75 años en la Costanera. Todas estas políticas al margen de la discusión del Plan Urbano Ambiental, no sólo limitan el futuro Plan, sino que además dejan traslucir que se trata de una maniobra distractiva, mientras el GCBA avanza con una planificación basada esencialmente en la mercantilización de la ciudad y en la privatización de lo público.
El relato oficial del gobierno porteño incorpora conceptos como sustentabilidad, inclusión, integración que no tienen correlato alguno con las verdaderas políticas adoptadas.
Recordemos algunas situaciones durante la pandemia: las diversas protestas de familias realizadas por falta de agua durante semanas en Barrios Populares (por ejemplo, Barrio Carlos Mugica, Barrio Padre Riciardelli, Villa 21-24, Scapino) o por las deficiencias en la atención alimentaria. Las denuncias realizadas por colectivos como la Coordinadora por la Vivienda Digna por la ausencia de control del DNU 320/2020 que prohíbe los desalojos de las familias inquilinas. El desfinanciamiento del programa de créditos colectivos para viviendas puesto de resalto por la Federación de Cooperativas. Fue necesaria una orden judicial para que se elaborara un Protocolo de Actuación Frente a la Propagación del Covid 19 en Barrios Populares. La Encuesta de Seroprevalencia realizada por el propio GCBA determinó que el 42% de la población de los Barrios Populares se había contagiado frente al 7,4% del resto de la población porteña.
1. La supuesta “integración”
La población de las villas (Barrios Populares según Ley N° 27453) en 2001 era de 107 mil personas, en 2010 de 163 mil y actualmente ronda las 400 mil personas. Es decir, 1 de cada 7 porteñas/os viven en villas. El Pro gobierna la Ciudad desde 2007 y recién en 2016 decidió implementar una política de integración focalizada en algunos Barrios Populares. Uno de los aspectos distintivos en las intervenciones llevadas a cabo, es la ausencia de mecanismos genuinos de democracia participativa para las familias. En ninguno de los barrios en proceso de reurbanización (Playón de Chacarita, Villa 20, Rodrigo Bueno, Carlos Mugica, Ramón Carrillo, Villa 1-11-14) el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ha apelado al consenso para la toma de decisiones. O, tal vez, entiende por consenso la obligación de estar siempre de acuerdo con el gobierno. Las propuestas de las familias de los barrios distintas a las del GCBA no han sido tenidas en cuenta ni siquiera luego de semanas enteras de protestas o reclamos.
Por ejemplo, las leyes de reurbanización de estos barrios fueron presentadas en algunos casos de forma unilateral por el GCBA sin consenso del barrio organizado porque no se aceptó incorporar garantías y derechos razonables en su articulado. (Carlos Mugica, Playón de Chacarita, Ramón Carrillo). Uno de los grandes ejes de debate en estos procesos es si la reurbanización es una verdadera integración social y urbana o si son procesos para permitir que las fuerzas expulsivas del mercado inmobiliario terminen dominando. Los Barrios peticionaron medidas de protección contra la expulsión y la gentrificación que no fueron incorporadas por los organismos responsables.
En el barrio Playón de Chacarita, las familias reclamaron al IVC que modificara los planos de las viviendas nuevas por fallas técnicas. Tras un año de insistencia, el IVC aceptó corregir los planos. En el Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31 bis), las familias desde el inicio del proyecto y durante su construcción, realizaron denuncias al GCBA sin ser escuchadas. Ahora, sufren problemas estructurales y ven a diario, sus viviendas anegadas con aguas servidas.
Durante la pandemia, la justicia ordenó al GCBA consensuar con los barrios el servicio de agua potable de emergencia. Transcurridos 8 meses de la sentencia, el GCBA ni siquiera presentó el plan de emergencia en la causa judicial.
Durante la semana del 22 al 28 de agosto del año pasado, diferentes organizaciones sociales y comunitarias, organizadas en la Mesa Activa por la Reurbanización de Villa 20, llevaron a cabo la campaña “Saca tu reclamo a tu puerta”. Cientos de familias pegaron en las puertas de sus hogares carteles con reclamos por falta de alimentos, agua potable, cloacas y conectividad. Durante el mes de diciembre, en una importante movilización, las mujeres de Villa 20 denunciaron frente al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat la violencia institucional machista en los procesos de reurbanización.
La falta de transparencia e información es la norma en estos procesos. En las últimas semanas de diciembre, familias autoconvocadas pacíficamente denunciaron irregularidades y falta de transparencia por parte del IVC en la adjudicación de las nuevas viviendas sociales. A pesar de que la Corte Suprema en situaciones similares ha establecido que este tipo de información debe ser pública, es sistemático el ocultamiento de esta información por parte de los organismos intervinientes.
Los ejemplos son innumerables y ningún barrio aceptaría la afirmación de que estos procesos son democráticos y por consenso.
Más allá de la forma en que se toman las decisiones, el gobierno avanzó con la construcción de grandes complejos habitacionales, solución cuestionable considerando el estado actual de los conjuntos habitacionales de décadas anteriores. En estos años se destinaron frondosos recursos públicos tanto para la construcción de infraestructura como para viviendas nuevas. Estos recursos tuvieron su fuente principal en la venta de tierras públicas y en el endeudamiento de la Ciudad. Esta gestión simplista empleó el presupuesto con poco recaudo ya que la gran cantidad de recursos invertidos no tiene correlación con los resultados actuales.
Son cotidianas las denuncias de defectos constructivos de las viviendas nuevas. Las viviendas de Containera en el Barrio Carlos Mugica, a pocos meses de entregadas, ya fueron denunciadas judicialmente por defectos constructivos graves. Las viviendas del sector YPF van en la misma dirección. Las filtraciones de agua en los demás complejos son un tema que preocupa a las familias.
En cuanto a las obras de infraestructura, a la fecha ningún hogar del macizo histórico de estos barrios se encuentra formalmente conectado a los servicios públicos sanitarios. En varios barrios se rehicieron las mismas obras de infraestructuras provisionales. La historia repetida de los barrios humildes de la ciudad, la del doble estándar técnico. Obras de baja calidad que además se realizan varias veces sin controles adecuados y destinando cifras millonarias de fondos públicos. El doble estándar técnico implica un doble estándar sanitario: cómo podemos explicar que mientras en la Ciudad de Buenos Aires el 22% de su población supera los 60 años, en el Barrio Ramón Carrillo sólo el 6% de sus habitantes superan esa edad. El doble estándar sanitario y ambiental limita la propia reproducción de la vida y fue puesto en evidencia por la pandemia, porque allí donde los servicios públicos son informales los contagios se multiplican.
En definitiva, los procesos de "reurbanización e integración socio-urbana" llevados a cabo por el GCBA no respetan principios de justicia social, espacial y de género, no garantizan mecanismos democráticos de participación, ni la perdurabilidad de la integración social y urbana.
2. El conflicto Norte – Sur nunca resuelto
Según el discurso oficial, el desarrollo del Sur de la Ciudad constituye una de las prioridades estratégicas de la gestión. Esto es cierto. Pero, resulta necesario clarificar qué entiende por desarrollo el GCBA.
La política de Desarrollo Urbano está orientada a mitigar la desigualdad urbana entre el norte y el sur de la ciudad. Esta desigualdad es advertida únicamente bajo el indicador del valor del m2. Lograr igualdad urbana para el GCBA es igualar el valor del m2 del sur con el del m2 en el norte.
En este entendimiento se está avanzando en el desarrollo del sur de la ciudad, pero no se atienden los impactos sociales negativos del incremento del valor del m2 al no adoptar políticas que los mitiguen. Este dipo de “Desarrollo” está pensado desde una mirada rentística y no de protección de derechos humanos y urbanos de la población que durante décadas ha esperado que mejoren sus condiciones de vida. El incremento del valor del suelo impulsa el incremento del valor de los alquileres y del costo de vida con lo cual se expulsa a las familias que no lograrán que sus ingresos familiares aumenten a la misma velocidad que estos precios.
El barrio de La Boca es un ejemplo paradigmático. Es el barrio que actualmente tiene más desalojos en curso, pero también es el barrio con más viviendas tapiadas. Es la preparación para la apropiación del “desarrollo” en el momento oportuno, lo que se conoce como especulación inmobiliaria.
Este desarrollo de la zona sur va acompañado de la política de distritos económicos (Audiovisual, del Deporte, De las Artes, del Diseño), esencialmente paraísos fiscales para las empresas. Con la idea de llevar desarrollo, se han incrementado los procesos de gentrificación de la población al aumentar el valor del suelo (único indicador de desarrollo urbano considerado) sin muestras de beneficios reales para la ciudad. En estos distritos, las empresas beneficiarias no sólo gozan de una exención del 100% del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) hasta el 2035 sino que también el GCBA obliga a la sociedad porteña a financiar el 50% de la inversión de las empresas mediante el otorgamiento de un crédito fiscal que podrá ser vendido a otras empresas. Un doble estímulo, no pagan impuestos y la mitad de la inversión la financia la ciudadanía, en tanto se implementa el impuesto al consumo con tarjeta de crédito.
Este desarrollo también implica venta y privatización de tierras públicas. En los últimos 13 años se perdieron más de 150 hectáreas de espacios verdes en la Comuna 8 con la venta y concesiones de partes del Parque Roca, del Parque de las Victorias, del Parque de la Ciudad, del Autódromo, del Parque Indoamericano. El segundo Pulmón verde público metropolitano de la Ciudad destruido. El gran negocio de los juegos olímpicos permitió que además de la Villa Olímpica, el gobierno consiguiera la autorización legal camuflada de la venta de 20 hectáreas del Parque de la Ciudad. Con estos antecedentes, no resulta un delirio sino parte de un plan sistemático, que se quiera vender 17 hectáreas de la Costanera en Costa Salguero.
La mixtura social también está mal entendida por parte del GCBA. La mixtura social tiene el fin noble de lograr la integración social y espacial. Para decirlo sencillamente, que los sectores populares puedan habitar en los sectores de la ciudad donde el mercado no les permitiría y donde se concentran los mejores servicios y bienes de la ciudad. Mixtura social no es ir expulsando los sectores populares con sectores de clase media como es la política del gobierno hacia el sur de la Ciudad. Tampoco es implementar todas las políticas posibles para erradicar a la población del Barrio Carlos Mugica de su territorio por estar asentados en tierras que potencialmente pueden llegar a ser las más valiosas de la ciudad.
3. Alquileres y emergencia habitacional
En estos 13 años muy poco se ha realizado en cuanto a políticas de alquiler a pesar de que el art. 31 de la Constitución establece que deben incorporarse los inmuebles ociosos a un uso efectivo en la ciudad, los proyectos de ley presentados nunca fueron tratados en la Legislatura.
Las únicas viviendas públicas en alquiler social se pueden contar con los dedos de la mano y pertenecieron a proyectos concretos de gestiones anteriores como, por ejemplo, el proyecto de rehabilitación de la Manzana de San Francisco. En este caso, el GCBA decidió no continuar regularmente el proyecto y no renovó el contrato a las familias, que se encuentran en una situación de incertidumbre.
La solución habitacional actualmente propuesta consiste en paradores o subsidios habitacionales para familias que terminan alquilando piezas en hoteles precarios o viviendas hacinadas en las villas por el monto insuficiente recibido con relación al mercado formal. Más de 5.000 demandas judiciales perdió el gobierno por la deficiente e inconstitucional implementación de estos subsidios. En vez de modificar la política, el GCBA decidió transformar estas sentencias en un requisito más para acceder al programa.
Desde la década de los noventa, cada diez años incrementa en un 10% la cantidad de familias inquilinas en la ciudad. Más familias necesitan mensualmente ingresos económicos elevados para garantizarse una vivienda mientras menos propietarios concentran más tierra urbana. No existe en la ciudad interés de regular el mercado para frenar este proceso de inquilinización. Al contrario, promueve la concentración del suelo urbano al vender grandes superficies de tierras públicas a unos pocos desarrolladores inmobiliarios.
En definitiva, la ciudad debe terminar con el marketing urbanístico que oculta las verdaderas dinámicas de exclusión, concentración y privatización que vive la ciudad. El camino es una democracia participativa real que impregne cada decisión gubernamental y no el discurso vacío de verdad.