ūüĒ• Hay que terminar con el marketing urban√≠stico de CABA (Informe Completo)

La ciudad debe terminar con el marketing urbanístico que oculta las verdaderas dinámicas de exclusión, concentración y privatización que vive la ciudad. El camino es una democracia participativa real que impregne cada decisión gubernamental y no el discurso vacío de verdad.

Planeamiento urbano y espacio p√ļblico Pol√≠ticas habitacionales

Por¬†Mar√≠a Eva Koutsovitis (CLIC),¬†Jonatan Baldiviezo (ODC) y¬†Myriam Godoy Arroyo (ODC ‚Äď IPYPP)

  

Uno de los mayores consensos a nivel global es el repensar nuevos paradigmas urbanos basados en criterios de justicia ambiental, climática, de género y social.

 

Pensar en ciudades habitadas en condiciones de igualdad implica necesariamente democratizar todas las dimensiones de la vida urbana, tambi√©n implica garantizar la gratuidad y universalidad en el acceso al conjunto de los servicios p√ļblicos, establecer un nuevo ritmo para la vida urbana y discutir nuevas movilidades.¬†¬†

 

Sin embargo, la pandemia ha consolidado el rumbo que la Ciudad de Buenos Aires hace m√°s de una d√©cada ha elegido: el despojo de nuestros bienes comunes a partir de la privatizaci√≥n de m√°s 500 hect√°reas de tierras p√ļblicas y, c√≥mo consecuencia, la precarizaci√≥n de las pol√≠ticas p√ļblicas.

 

En el contexto de la pandemia y la crisis clim√°tica, las instituciones p√ļblicas deben asumir el eje de la planificaci√≥n como prioridad. La Argentina no cuenta con un plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental. El √Ārea Metropolitana de Buenos Aires tampoco cuenta con una planificaci√≥n integral. ACUMAR, el organismo responsable de la remediaci√≥n sanitaria y ambiental del territorio de la Cuenca Matanza-Riachuelo, a pesar de los 12 a√Īos transcurridos desde la sentencia de la Corte Suprema, no ha aprobado un ordenamiento para la cuenca.

 

En la Ciudad de Buenos Aires, desde mediados de a√Īo a impulsos del gobierno, se inici√≥ la actualizaci√≥n del Plan Urbano Ambiental, principal ley de planificaci√≥n. Esta discusi√≥n, necesaria porque la ciudad tiene una planificaci√≥n vetusta, est√° siendo deslegitimada por dos acciones gubernamentales.

 

Por una parte, varios consejos consultivos comunales y cientos de colectivos aglutinados en la Coordinadora ‚ÄúLa Ciudad Somos Quienes La Habitamos‚ÄĚ viene denunciando que las instancias de participaci√≥n realizadas en el marco de esta actualizaci√≥n del PUA son superficiales o meramente formales. Por otra parte, mientras el GCBA ‚Äúinvita‚ÄĚ a la ciudadan√≠a a esta discusi√≥n, la Legislatura porte√Īa, a ra√≠z de diversos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo e impulsados por los bloques parlamentarios oficialistas, aprueba la actualizaci√≥n del C√≥digo Urban√≠stico y del C√≥digo de Edificaci√≥n para seguir fomentando la especulaci√≥n inmobiliaria; una amnist√≠a inmobiliaria para obras que violaron los c√≥digos; una muralla de edificios en la Costanera; varios convenios urban√≠sticos con empresas que compran capacidad constructiva sin an√°lisis ambientales; una nueva regulaci√≥n de Distritos Econ√≥micos (Para√≠sos fiscales); la venta de inmuebles p√ļblicos; etc√©tera. Tambi√©n durante la pandemia ha continuado con las concesiones del Distrito Joven en Costanera Norte, la venta de predios del Parque de la Innovaci√≥n, ha invertido m√°s de 1500 millones de pesos para la nueva sede de la Asociaci√≥n Tiro Federal adem√°s de otorgarle 12 hect√°reas de tierras p√ļblicas gratis por 75 a√Īos en la Costanera. Todas estas pol√≠ticas al margen de la discusi√≥n del Plan Urbano Ambiental, no s√≥lo limitan el futuro Plan, sino que adem√°s dejan traslucir que se trata de una maniobra distractiva, mientras el GCBA avanza con una planificaci√≥n basada esencialmente en la mercantilizaci√≥n de la ciudad y en la privatizaci√≥n de lo p√ļblico.

 

El relato oficial del gobierno porte√Īo incorpora conceptos como sustentabilidad, inclusi√≥n, integraci√≥n que no tienen correlato alguno con las verdaderas pol√≠ticas adoptadas.

 

Recordemos algunas situaciones durante la pandemia: las diversas protestas de familias realizadas por falta de agua durante semanas en Barrios Populares (por ejemplo, Barrio Carlos Mugica, Barrio Padre Riciardelli, Villa 21-24, Scapino) o por las deficiencias en la atenci√≥n alimentaria. Las denuncias realizadas por colectivos como la Coordinadora por la Vivienda Digna por la ausencia de control del DNU 320/2020 que proh√≠be los desalojos de las familias inquilinas. El desfinanciamiento del programa de cr√©ditos colectivos para viviendas puesto de resalto por la Federaci√≥n de Cooperativas. Fue necesaria una orden judicial para que se elaborara un Protocolo de Actuaci√≥n Frente a la Propagaci√≥n del Covid 19 en Barrios Populares. La Encuesta de Seroprevalencia realizada por el propio GCBA determin√≥ que el 42% de la poblaci√≥n de los Barrios Populares se hab√≠a contagiado frente al 7,4% del resto de la poblaci√≥n porte√Īa.

 

1. La supuesta ‚Äúintegraci√≥n‚ÄĚ

 

La poblaci√≥n de las villas (Barrios Populares seg√ļn Ley N¬į 27453) en 2001 era de 107 mil personas, en 2010 de 163 mil y actualmente ronda las 400 mil personas. Es decir, 1 de cada 7 porte√Īas/os viven en villas. El Pro gobierna la Ciudad desde 2007 y reci√©n en 2016 decidi√≥ implementar una pol√≠tica de integraci√≥n focalizada en algunos Barrios Populares. Uno de los aspectos distintivos en las intervenciones llevadas a cabo, es la ausencia de mecanismos genuinos de democracia participativa para las familias. En ninguno de los barrios en proceso de reurbanizaci√≥n (Play√≥n de Chacarita, Villa 20, Rodrigo Bueno, Carlos Mugica, Ram√≥n Carrillo, Villa 1-11-14) el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ha apelado al consenso para la toma de decisiones. O, tal vez, entiende por consenso la obligaci√≥n de estar siempre de acuerdo con el gobierno. Las propuestas de las familias de los barrios distintas a las del GCBA no han sido tenidas en cuenta ni siquiera luego de semanas enteras de protestas o reclamos.

 

Por ejemplo, las leyes de reurbanización de estos barrios fueron presentadas en algunos casos de forma unilateral por el GCBA sin consenso del barrio organizado porque no se aceptó incorporar garantías y derechos razonables en su articulado. (Carlos Mugica, Playón de Chacarita, Ramón Carrillo).  Uno de los grandes ejes de debate en estos procesos es si la reurbanización es una verdadera integración social y urbana o si son procesos para permitir que las fuerzas expulsivas del mercado inmobiliario terminen dominando. Los Barrios peticionaron medidas de protección contra la expulsión y la gentrificación que no fueron incorporadas por los organismos responsables.

 

En el barrio Play√≥n de Chacarita, las familias reclamaron al IVC que modificara los planos de las viviendas nuevas por fallas t√©cnicas. Tras un a√Īo de insistencia, el IVC acept√≥ corregir los planos. En el Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31 bis), las familias desde el inicio del proyecto y durante su construcci√≥n, realizaron denuncias al GCBA sin ser escuchadas. Ahora, sufren problemas estructurales y ven a diario, sus viviendas anegadas con aguas servidas.

 

Durante la pandemia, la justicia ordenó al GCBA consensuar con los barrios el servicio de agua potable de emergencia. Transcurridos 8 meses de la sentencia, el GCBA ni siquiera presentó el plan de emergencia en la causa judicial.

 

Durante la semana del 22 al 28 de agosto del a√Īo pasado, diferentes organizaciones sociales y comunitarias, organizadas en la Mesa Activa por la Reurbanizaci√≥n de Villa 20, llevaron a cabo la campa√Īa ‚ÄúSaca tu reclamo a tu puerta‚ÄĚ. Cientos de familias pegaron en las puertas de sus hogares carteles con reclamos por falta de alimentos, agua potable, cloacas y conectividad. Durante el mes de diciembre, en una importante movilizaci√≥n, las mujeres de Villa 20 denunciaron frente al Ministerio de Desarrollo Humano y H√°bitat la violencia institucional machista en los procesos de reurbanizaci√≥n.

 

La falta de transparencia e informaci√≥n es la norma en estos procesos. En las √ļltimas semanas de diciembre, familias autoconvocadas pac√≠ficamente denunciaron irregularidades y falta de transparencia por parte del IVC en la adjudicaci√≥n de las nuevas viviendas sociales. A pesar de que la Corte Suprema en situaciones similares ha establecido que este tipo de informaci√≥n debe ser p√ļblica, es sistem√°tico el ocultamiento de esta informaci√≥n por parte de los organismos intervinientes.

 

Los ejemplos son innumerables y ning√ļn barrio aceptar√≠a la afirmaci√≥n de que estos procesos son democr√°ticos y por consenso.

 

M√°s all√° de la forma en que se toman las decisiones, el gobierno avanz√≥ con la construcci√≥n de grandes complejos habitacionales, soluci√≥n cuestionable considerando el estado actual de los conjuntos habitacionales de d√©cadas anteriores. En estos a√Īos se destinaron frondosos recursos p√ļblicos tanto para la construcci√≥n de infraestructura como para viviendas nuevas. Estos recursos tuvieron su fuente principal en la venta de tierras p√ļblicas y en el endeudamiento de la Ciudad. ¬†Esta gesti√≥n simplista emple√≥ el presupuesto con poco recaudo ya que la gran cantidad de recursos invertidos no tiene correlaci√≥n con los resultados actuales.

 

Son cotidianas las denuncias de defectos constructivos de las viviendas nuevas. Las viviendas de Containera en el Barrio Carlos Mugica, a pocos meses de entregadas, ya fueron denunciadas judicialmente por defectos constructivos graves. Las viviendas del sector YPF van en la misma dirección. Las filtraciones de agua en los demás complejos son un tema que preocupa a las familias.

 

En cuanto a las obras de infraestructura, a la fecha ning√ļn hogar del macizo hist√≥rico de estos barrios se encuentra formalmente conectado a los servicios p√ļblicos sanitarios. En varios barrios se rehicieron las mismas obras de infraestructuras provisionales. La historia repetida de los barrios humildes de la ciudad, la del doble est√°ndar t√©cnico. Obras de baja calidad que adem√°s se realizan varias veces sin controles adecuados y destinando cifras millonarias de fondos p√ļblicos. El doble est√°ndar t√©cnico implica un doble est√°ndar sanitario: c√≥mo podemos explicar que mientras en la Ciudad de Buenos Aires el 22% de su poblaci√≥n supera los 60 a√Īos, en el Barrio Ram√≥n Carrillo s√≥lo el 6% de sus habitantes superan esa edad. El doble est√°ndar sanitario y ambiental limita la propia reproducci√≥n de la vida y fue puesto en evidencia por la pandemia, porque all√≠ donde los servicios p√ļblicos son informales los contagios se multiplican.

 

En definitiva, los procesos de "reurbanización e integración socio-urbana" llevados a cabo por el GCBA no respetan principios de justicia social, espacial y de género, no garantizan mecanismos democráticos de participación, ni la perdurabilidad de la integración social y urbana.

 

 

2. El conflicto Norte ‚Äď Sur nunca resuelto

 

 

Seg√ļn el discurso oficial, el desarrollo del Sur de la Ciudad constituye una de las prioridades estrat√©gicas de la gesti√≥n. Esto es cierto. Pero, resulta necesario clarificar qu√© entiende por desarrollo el GCBA.

 

La pol√≠tica de Desarrollo Urbano est√° orientada a mitigar la desigualdad urbana entre el norte y el sur de la ciudad. Esta desigualdad es advertida √ļnicamente bajo el indicador del valor del m2. Lograr igualdad urbana para el GCBA es igualar el valor del m2 del sur con el del m2 en el norte.

 

En este entendimiento se est√° avanzando en el desarrollo del sur de la ciudad, pero no se atienden los impactos sociales negativos del incremento del valor del m2 al no adoptar pol√≠ticas que los mitiguen. Este dipo de ‚ÄúDesarrollo‚ÄĚ est√° pensado desde una mirada rent√≠stica y no de protecci√≥n de derechos humanos y urbanos de la poblaci√≥n que durante d√©cadas ha esperado que mejoren sus condiciones de vida. El incremento del valor del suelo impulsa el incremento del valor de los alquileres y del costo de vida con lo cual se expulsa a las familias que no lograr√°n que sus ingresos familiares aumenten a la misma velocidad que estos precios.

 

El barrio de La Boca es un ejemplo paradigm√°tico. Es el barrio que actualmente tiene m√°s desalojos en curso, pero tambi√©n es el barrio con m√°s viviendas tapiadas. Es la preparaci√≥n para la apropiaci√≥n del ‚Äúdesarrollo‚ÄĚ en el momento oportuno, lo que se conoce como especulaci√≥n inmobiliaria.

 

Este desarrollo de la zona sur va acompa√Īado de la pol√≠tica de distritos econ√≥micos (Audiovisual, del Deporte, De las Artes, del Dise√Īo), esencialmente para√≠sos fiscales para las empresas. Con la idea de llevar desarrollo, se han incrementado los procesos de gentrificaci√≥n de la poblaci√≥n al aumentar el valor del suelo (√ļnico indicador de desarrollo urbano considerado) sin muestras de beneficios reales para la ciudad. En estos distritos, las empresas beneficiarias no s√≥lo gozan de una exenci√≥n del 100% del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) hasta el 2035 sino que tambi√©n el GCBA obliga a la sociedad porte√Īa a financiar el 50% de la inversi√≥n de las empresas mediante el otorgamiento de un cr√©dito fiscal que podr√° ser vendido a otras empresas. Un doble est√≠mulo, no pagan impuestos y la mitad de la inversi√≥n la financia la ciudadan√≠a, en tanto se implementa el impuesto al consumo con tarjeta de cr√©dito.

 

Este desarrollo tambi√©n implica venta y privatizaci√≥n de tierras p√ļblicas. En los √ļltimos 13 a√Īos se perdieron m√°s de 150 hect√°reas de espacios verdes en la Comuna 8 con la venta y concesiones de partes del Parque Roca, del Parque de las Victorias, del Parque de la Ciudad, del Aut√≥dromo, del Parque Indoamericano. El segundo Pulm√≥n verde p√ļblico metropolitano de la Ciudad destruido. El gran negocio de los juegos ol√≠mpicos permiti√≥ que adem√°s de la Villa Ol√≠mpica, el gobierno consiguiera la autorizaci√≥n legal camuflada de la venta de 20 hect√°reas del Parque de la Ciudad. Con estos antecedentes, no resulta un delirio sino parte de un plan sistem√°tico, que se quiera vender 17 hect√°reas de la Costanera en Costa Salguero.

 

La mixtura social también está mal entendida por parte del GCBA. La mixtura social tiene el fin noble de lograr la integración social y espacial. Para decirlo sencillamente, que los sectores populares puedan habitar en los sectores de la ciudad donde el mercado no les permitiría y donde se concentran los mejores servicios y bienes de la ciudad. Mixtura social no es ir expulsando los sectores populares con sectores de clase media como es la política del gobierno hacia el sur de la Ciudad. Tampoco es implementar todas las políticas posibles para erradicar a la población del Barrio Carlos Mugica de su territorio por estar asentados en tierras que potencialmente pueden llegar a ser las más valiosas de la ciudad.

 

3. Alquileres y emergencia habitacional

 

En estos 13 a√Īos muy poco se ha realizado en cuanto a pol√≠ticas de alquiler a pesar de que el art. 31 de la Constituci√≥n establece que deben incorporarse los inmuebles ociosos a un uso efectivo en la ciudad, los proyectos de ley presentados nunca fueron tratados en la Legislatura.

 

Las √ļnicas viviendas p√ļblicas en alquiler social se pueden contar con los dedos de la mano y pertenecieron a proyectos concretos de gestiones anteriores como, por ejemplo, el proyecto de rehabilitaci√≥n de la Manzana de San Francisco. En este caso, el GCBA decidi√≥ no continuar regularmente el proyecto y no renov√≥ el contrato a las familias, que se encuentran en una situaci√≥n de incertidumbre.

 

La solución habitacional actualmente propuesta consiste en paradores o subsidios habitacionales para familias que terminan alquilando piezas en hoteles precarios o viviendas hacinadas en las villas por el monto insuficiente recibido con relación al mercado formal. Más de 5.000 demandas judiciales perdió el gobierno por la deficiente e inconstitucional implementación de estos subsidios. En vez de modificar la política, el GCBA decidió transformar estas sentencias en un requisito más para acceder al programa.

 

Desde la d√©cada de los noventa, cada diez a√Īos incrementa en un 10% la cantidad de familias inquilinas en la ciudad. M√°s familias necesitan mensualmente ingresos econ√≥micos elevados para garantizarse una vivienda mientras menos propietarios concentran m√°s tierra urbana. No existe en la ciudad inter√©s de regular el mercado para frenar este proceso de inquilinizaci√≥n. Al contrario, promueve la concentraci√≥n del suelo urbano al vender grandes superficies de tierras p√ļblicas a unos pocos desarrolladores inmobiliarios.

 

En definitiva, la ciudad debe terminar con el marketing urbanístico que oculta las verdaderas dinámicas de exclusión, concentración y privatización que vive la ciudad. El camino es una democracia participativa real que impregne cada decisión gubernamental y no el discurso vacío de verdad.