facebook twitter youtube

馃敟 Hay que terminar con el marketing urban铆stico de CABA (Informe Completo)

/ La ciudad debe terminar con el marketing urban铆stico que oculta las verdaderas din谩micas de exclusi贸n, concentraci贸n y privatizaci贸n que vive la ciudad. El camino es una democracia participativa real que impregne cada decisi贸n gubernamental y no el discurso vac铆o de verdad.

Por聽Mar铆a Eva Koutsovitis (CLIC),聽Jonatan Baldiviezo (ODC) y聽Myriam Godoy Arroyo (ODC 鈥 IPYPP)

聽聽

Uno de los mayores consensos a nivel global es el repensar nuevos paradigmas urbanos basados en criterios de justicia ambiental, clim谩tica, de g茅nero y social.

Pensar en ciudades habitadas en condiciones de igualdad implica necesariamente democratizar todas las dimensiones de la vida urbana, tambi茅n implica garantizar la gratuidad y universalidad en el acceso al conjunto de los servicios p煤blicos, establecer un nuevo ritmo para la vida urbana y discutir nuevas movilidades.聽聽

Sin embargo, la pandemia ha consolidado el rumbo que la Ciudad de Buenos Aires hace m谩s de una d茅cada ha elegido: el despojo de nuestros bienes comunes a partir de la privatizaci贸n de m谩s 500 hect谩reas de tierras p煤blicas y, c贸mo consecuencia, la precarizaci贸n de las pol铆ticas p煤blicas.

En el contexto de la pandemia y la crisis clim谩tica, las instituciones p煤blicas deben asumir el eje de la planificaci贸n como prioridad. La Argentina no cuenta con un plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental. El 脕rea Metropolitana de Buenos Aires tampoco cuenta con una planificaci贸n integral. ACUMAR, el organismo responsable de la remediaci贸n sanitaria y ambiental del territorio de la Cuenca Matanza-Riachuelo, a pesar de los 12 a帽os transcurridos desde la sentencia de la Corte Suprema, no ha aprobado un ordenamiento para la cuenca.

En la Ciudad de Buenos Aires, desde mediados de a帽o a impulsos del gobierno, se inici贸 la actualizaci贸n del Plan Urbano Ambiental, principal ley de planificaci贸n. Esta discusi贸n, necesaria porque la ciudad tiene una planificaci贸n vetusta, est谩 siendo deslegitimada por dos acciones gubernamentales.

Por una parte, varios consejos consultivos comunales y cientos de colectivos aglutinados en la Coordinadora 鈥淟a Ciudad Somos Quienes La Habitamos鈥 viene denunciando que las instancias de participaci贸n realizadas en el marco de esta actualizaci贸n del PUA son superficiales o meramente formales. Por otra parte, mientras el GCBA 鈥渋nvita鈥 a la ciudadan铆a a esta discusi贸n, la Legislatura porte帽a, a ra铆z de diversos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo e impulsados por los bloques parlamentarios oficialistas, aprueba la actualizaci贸n del C贸digo Urban铆stico y del C贸digo de Edificaci贸n para seguir fomentando la especulaci贸n inmobiliaria; una amnist铆a inmobiliaria para obras que violaron los c贸digos; una muralla de edificios en la Costanera; varios convenios urban铆sticos con empresas que compran capacidad constructiva sin an谩lisis ambientales; una nueva regulaci贸n de Distritos Econ贸micos (Para铆sos fiscales); la venta de inmuebles p煤blicos; etc茅tera. Tambi茅n durante la pandemia ha continuado con las concesiones del Distrito Joven en Costanera Norte, la venta de predios del Parque de la Innovaci贸n, ha invertido m谩s de 1500 millones de pesos para la nueva sede de la Asociaci贸n Tiro Federal adem谩s de otorgarle 12 hect谩reas de tierras p煤blicas gratis por 75 a帽os en la Costanera. Todas estas pol铆ticas al margen de la discusi贸n del Plan Urbano Ambiental, no s贸lo limitan el futuro Plan, sino que adem谩s dejan traslucir que se trata de una maniobra distractiva, mientras el GCBA avanza con una planificaci贸n basada esencialmente en la mercantilizaci贸n de la ciudad y en la privatizaci贸n de lo p煤blico.

El relato oficial del gobierno porte帽o incorpora conceptos como sustentabilidad, inclusi贸n, integraci贸n que no tienen correlato alguno con las verdaderas pol铆ticas adoptadas.

Recordemos algunas situaciones durante la pandemia: las diversas protestas de familias realizadas por falta de agua durante semanas en Barrios Populares (por ejemplo, Barrio Carlos Mugica, Barrio Padre Riciardelli, Villa 21-24, Scapino) o por las deficiencias en la atenci贸n alimentaria. Las denuncias realizadas por colectivos como la Coordinadora por la Vivienda Digna por la ausencia de control del DNU 320/2020 que proh铆be los desalojos de las familias inquilinas. El desfinanciamiento del programa de cr茅ditos colectivos para viviendas puesto de resalto por la Federaci贸n de Cooperativas. Fue necesaria una orden judicial para que se elaborara un Protocolo de Actuaci贸n Frente a la Propagaci贸n del Covid 19 en Barrios Populares. La Encuesta de Seroprevalencia realizada por el propio GCBA determin贸 que el 42% de la poblaci贸n de los Barrios Populares se hab铆a contagiado frente al 7,4% del resto de la poblaci贸n porte帽a.

1. La supuesta 鈥渋ntegraci贸n鈥

La poblaci贸n de las villas (Barrios Populares seg煤n Ley N掳 27453) en 2001 era de 107 mil personas, en 2010 de 163 mil y actualmente ronda las 400 mil personas. Es decir, 1 de cada 7 porte帽as/os viven en villas. El Pro gobierna la Ciudad desde 2007 y reci茅n en 2016 decidi贸 implementar una pol铆tica de integraci贸n focalizada en algunos Barrios Populares. Uno de los aspectos distintivos en las intervenciones llevadas a cabo, es la ausencia de mecanismos genuinos de democracia participativa para las familias. En ninguno de los barrios en proceso de reurbanizaci贸n (Play贸n de Chacarita, Villa 20, Rodrigo Bueno, Carlos Mugica, Ram贸n Carrillo, Villa 1-11-14) el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ha apelado al consenso para la toma de decisiones. O, tal vez, entiende por consenso la obligaci贸n de estar siempre de acuerdo con el gobierno. Las propuestas de las familias de los barrios distintas a las del GCBA no han sido tenidas en cuenta ni siquiera luego de semanas enteras de protestas o reclamos.

Por ejemplo, las leyes de reurbanizaci贸n de estos barrios fueron presentadas en algunos casos de forma unilateral por el GCBA sin consenso del barrio organizado porque no se acept贸 incorporar garant铆as y derechos razonables en su articulado. (Carlos Mugica, Play贸n de Chacarita, Ram贸n Carrillo). 聽Uno de los grandes ejes de debate en estos procesos es si la reurbanizaci贸n es una verdadera integraci贸n social y urbana o si son procesos para permitir que las fuerzas expulsivas del mercado inmobiliario terminen dominando. Los Barrios peticionaron medidas de protecci贸n contra la expulsi贸n y la gentrificaci贸n que no fueron incorporadas por los organismos responsables.

En el barrio Play贸n de Chacarita, las familias reclamaron al IVC que modificara los planos de las viviendas nuevas por fallas t茅cnicas. Tras un a帽o de insistencia, el IVC acept贸 corregir los planos. En el Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31 bis), las familias desde el inicio del proyecto y durante su construcci贸n, realizaron denuncias al GCBA sin ser escuchadas. Ahora, sufren problemas estructurales y ven a diario, sus viviendas anegadas con aguas servidas.

Durante la pandemia, la justicia orden贸 al GCBA consensuar con los barrios el servicio de agua potable de emergencia. Transcurridos 8 meses de la sentencia, el GCBA ni siquiera present贸 el plan de emergencia en la causa judicial.

Durante la semana del 22 al 28 de agosto del a帽o pasado, diferentes organizaciones sociales y comunitarias, organizadas en la Mesa Activa por la Reurbanizaci贸n de Villa 20, llevaron a cabo la campa帽a 鈥淪aca tu reclamo a tu puerta鈥. Cientos de familias pegaron en las puertas de sus hogares carteles con reclamos por falta de alimentos, agua potable, cloacas y conectividad. Durante el mes de diciembre, en una importante movilizaci贸n, las mujeres de Villa 20 denunciaron frente al Ministerio de Desarrollo Humano y H谩bitat la violencia institucional machista en los procesos de reurbanizaci贸n.

La falta de transparencia e informaci贸n es la norma en estos procesos. En las 煤ltimas semanas de diciembre, familias autoconvocadas pac铆ficamente denunciaron irregularidades y falta de transparencia por parte del IVC en la adjudicaci贸n de las nuevas viviendas sociales. A pesar de que la Corte Suprema en situaciones similares ha establecido que este tipo de informaci贸n debe ser p煤blica, es sistem谩tico el ocultamiento de esta informaci贸n por parte de los organismos intervinientes.

Los ejemplos son innumerables y ning煤n barrio aceptar铆a la afirmaci贸n de que estos procesos son democr谩ticos y por consenso.

M谩s all谩 de la forma en que se toman las decisiones, el gobierno avanz贸 con la construcci贸n de grandes complejos habitacionales, soluci贸n cuestionable considerando el estado actual de los conjuntos habitacionales de d茅cadas anteriores. En estos a帽os se destinaron frondosos recursos p煤blicos tanto para la construcci贸n de infraestructura como para viviendas nuevas. Estos recursos tuvieron su fuente principal en la venta de tierras p煤blicas y en el endeudamiento de la Ciudad. 聽Esta gesti贸n simplista emple贸 el presupuesto con poco recaudo ya que la gran cantidad de recursos invertidos no tiene correlaci贸n con los resultados actuales.

Son cotidianas las denuncias de defectos constructivos de las viviendas nuevas. Las viviendas de Containera en el Barrio Carlos Mugica, a pocos meses de entregadas, ya fueron denunciadas judicialmente por defectos constructivos graves. Las viviendas del sector YPF van en la misma direcci贸n. Las filtraciones de agua en los dem谩s complejos son un tema que preocupa a las familias.

En cuanto a las obras de infraestructura, a la fecha ning煤n hogar del macizo hist贸rico de estos barrios se encuentra formalmente conectado a los servicios p煤blicos sanitarios. En varios barrios se rehicieron las mismas obras de infraestructuras provisionales. La historia repetida de los barrios humildes de la ciudad, la del doble est谩ndar t茅cnico. Obras de baja calidad que adem谩s se realizan varias veces sin controles adecuados y destinando cifras millonarias de fondos p煤blicos. El doble est谩ndar t茅cnico implica un doble est谩ndar sanitario: c贸mo podemos explicar que mientras en la Ciudad de Buenos Aires el 22% de su poblaci贸n supera los 60 a帽os, en el Barrio Ram贸n Carrillo s贸lo el 6% de sus habitantes superan esa edad. El doble est谩ndar sanitario y ambiental limita la propia reproducci贸n de la vida y fue puesto en evidencia por la pandemia, porque all铆 donde los servicios p煤blicos son informales los contagios se multiplican.

En definitiva, los procesos de "reurbanizaci贸n e integraci贸n socio-urbana" llevados a cabo por el GCBA no respetan principios de justicia social, espacial y de g茅nero, no garantizan mecanismos democr谩ticos de participaci贸n, ni la perdurabilidad de la integraci贸n social y urbana.

2. El conflicto Norte 鈥 Sur nunca resuelto

Seg煤n el discurso oficial, el desarrollo del Sur de la Ciudad constituye una de las prioridades estrat茅gicas de la gesti贸n. Esto es cierto. Pero, resulta necesario clarificar qu茅 entiende por desarrollo el GCBA.

La pol铆tica de Desarrollo Urbano est谩 orientada a mitigar la desigualdad urbana entre el norte y el sur de la ciudad. Esta desigualdad es advertida 煤nicamente bajo el indicador del valor del m2. Lograr igualdad urbana para el GCBA es igualar el valor del m2 del sur con el del m2 en el norte.

En este entendimiento se est谩 avanzando en el desarrollo del sur de la ciudad, pero no se atienden los impactos sociales negativos del incremento del valor del m2 al no adoptar pol铆ticas que los mitiguen. Este dipo de 鈥淒esarrollo鈥 est谩 pensado desde una mirada rent铆stica y no de protecci贸n de derechos humanos y urbanos de la poblaci贸n que durante d茅cadas ha esperado que mejoren sus condiciones de vida. El incremento del valor del suelo impulsa el incremento del valor de los alquileres y del costo de vida con lo cual se expulsa a las familias que no lograr谩n que sus ingresos familiares aumenten a la misma velocidad que estos precios.

El barrio de La Boca es un ejemplo paradigm谩tico. Es el barrio que actualmente tiene m谩s desalojos en curso, pero tambi茅n es el barrio con m谩s viviendas tapiadas. Es la preparaci贸n para la apropiaci贸n del 鈥渄esarrollo鈥 en el momento oportuno, lo que se conoce como especulaci贸n inmobiliaria.

Este desarrollo de la zona sur va acompa帽ado de la pol铆tica de distritos econ贸micos (Audiovisual, del Deporte, De las Artes, del Dise帽o), esencialmente para铆sos fiscales para las empresas. Con la idea de llevar desarrollo, se han incrementado los procesos de gentrificaci贸n de la poblaci贸n al aumentar el valor del suelo (煤nico indicador de desarrollo urbano considerado) sin muestras de beneficios reales para la ciudad. En estos distritos, las empresas beneficiarias no s贸lo gozan de una exenci贸n del 100% del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) hasta el 2035 sino que tambi茅n el GCBA obliga a la sociedad porte帽a a financiar el 50% de la inversi贸n de las empresas mediante el otorgamiento de un cr茅dito fiscal que podr谩 ser vendido a otras empresas. Un doble est铆mulo, no pagan impuestos y la mitad de la inversi贸n la financia la ciudadan铆a, en tanto se implementa el impuesto al consumo con tarjeta de cr茅dito.

Este desarrollo tambi茅n implica venta y privatizaci贸n de tierras p煤blicas. En los 煤ltimos 13 a帽os se perdieron m谩s de 150 hect谩reas de espacios verdes en la Comuna 8 con la venta y concesiones de partes del Parque Roca, del Parque de las Victorias, del Parque de la Ciudad, del Aut贸dromo, del Parque Indoamericano. El segundo Pulm贸n verde p煤blico metropolitano de la Ciudad destruido. El gran negocio de los juegos ol铆mpicos permiti贸 que adem谩s de la Villa Ol铆mpica, el gobierno consiguiera la autorizaci贸n legal camuflada de la venta de 20 hect谩reas del Parque de la Ciudad. Con estos antecedentes, no resulta un delirio sino parte de un plan sistem谩tico, que se quiera vender 17 hect谩reas de la Costanera en Costa Salguero.

La mixtura social tambi茅n est谩 mal entendida por parte del GCBA. La mixtura social tiene el fin noble de lograr la integraci贸n social y espacial. Para decirlo sencillamente, que los sectores populares puedan habitar en los sectores de la ciudad donde el mercado no les permitir铆a y donde se concentran los mejores servicios y bienes de la ciudad. Mixtura social no es ir expulsando los sectores populares con sectores de clase media como es la pol铆tica del gobierno hacia el sur de la Ciudad. Tampoco es implementar todas las pol铆ticas posibles para erradicar a la poblaci贸n del Barrio Carlos Mugica de su territorio por estar asentados en tierras que potencialmente pueden llegar a ser las m谩s valiosas de la ciudad.

3. Alquileres y emergencia habitacional

En estos 13 a帽os muy poco se ha realizado en cuanto a pol铆ticas de alquiler a pesar de que el art. 31 de la Constituci贸n establece que deben incorporarse los inmuebles ociosos a un uso efectivo en la ciudad, los proyectos de ley presentados nunca fueron tratados en la Legislatura.

Las 煤nicas viviendas p煤blicas en alquiler social se pueden contar con los dedos de la mano y pertenecieron a proyectos concretos de gestiones anteriores como, por ejemplo, el proyecto de rehabilitaci贸n de la Manzana de San Francisco. En este caso, el GCBA decidi贸 no continuar regularmente el proyecto y no renov贸 el contrato a las familias, que se encuentran en una situaci贸n de incertidumbre.

La soluci贸n habitacional actualmente propuesta consiste en paradores o subsidios habitacionales para familias que terminan alquilando piezas en hoteles precarios o viviendas hacinadas en las villas por el monto insuficiente recibido con relaci贸n al mercado formal. M谩s de 5.000 demandas judiciales perdi贸 el gobierno por la deficiente e inconstitucional implementaci贸n de estos subsidios. En vez de modificar la pol铆tica, el GCBA decidi贸 transformar estas sentencias en un requisito m谩s para acceder al programa.

Desde la d茅cada de los noventa, cada diez a帽os incrementa en un 10% la cantidad de familias inquilinas en la ciudad. M谩s familias necesitan mensualmente ingresos econ贸micos elevados para garantizarse una vivienda mientras menos propietarios concentran m谩s tierra urbana. No existe en la ciudad inter茅s de regular el mercado para frenar este proceso de inquilinizaci贸n. Al contrario, promueve la concentraci贸n del suelo urbano al vender grandes superficies de tierras p煤blicas a unos pocos desarrolladores inmobiliarios.

En definitiva, la ciudad debe terminar con el marketing urban铆stico que oculta las verdaderas din谩micas de exclusi贸n, concentraci贸n y privatizaci贸n que vive la ciudad. El camino es una democracia participativa real que impregne cada decisi贸n gubernamental y no el discurso vac铆o de verdad.