1. Resumen Ejecutivo y Contexto Institucional
En noviembre de 2025, en una coyuntura crítica para la historia económica y social de la República Argentina, un conglomerado de organizaciones sindicales y centros de pensamiento estratégico —encabezados por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP), el Instituto de Estudios y Formación (IEF) y el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP)— presentó un documento programático de trascendental importancia: "Diez Propuestas de Políticas Públicas para un Nuevo Esquema de Relaciones Laborales con Ampliación de Derechos".1 Este informe no surge en el vacío, sino como una respuesta orgánica y técnicamente fundamentada ante la avanzada de reformas estructurales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei, las cuales, bajo la retórica de la "modernización", buscan desmantelar los pilares históricos de la protección laboral en el país.
El presente reporte de investigación tiene como objetivo realizar una disección exhaustiva, analítica y crítica de dicho documento. No se limitará a una mera descripción de las propuestas, sino que indagará en las raíces teóricas del diagnóstico (la transición del capitalismo industrial al rentista), las implicancias macroeconómicas de las medidas sugeridas y la viabilidad política de su financiamiento en un contexto de restricción fiscal y disputa hegemónica. El análisis incorpora, además, las perspectivas de los líderes sindicales como Claudio Lozano, Hugo "Cachorro" Godoy y Rodolfo Aguiar, quienes enmarcan estas propuestas no solo como una política laboral, sino como una herramienta de resistencia contra lo que denominan una "anexión colonial" y una reestructuración regresiva de la sociedad argentina.2
La tesis central que atraviesa el documento de la CTA-A es que la precarización no es una anomalía a corregir con flexibilización, sino el síntoma de un cambio en el modo de acumulación de capital que requiere un nuevo contrato social. Frente a la propuesta oficial de desregulación, que busca institucionalizar la inestabilidad, el bloque sindical propone institucionalizar la protección universal, desacoplando los derechos de la condición de asalariado formal y reconociendo las nuevas realidades del trabajo en el siglo XXI.1
2. Diagnóstico Estructural: La Crisis de la Sociedad Salarial y la Trampa de la "Modernización"
Para comprender la profundidad de las diez propuestas, es imperativo analizar primero el diagnóstico radical que el IPPyP y la CTA-A realizan sobre la situación actual. El informe rechaza de plano la narrativa gubernamental que sitúa a la rigidez laboral como la causa del estancamiento económico, y en su lugar, ofrece una lectura basada en la economía política de la financiarización y la heterogeneidad estructural.
2.1 La Falacia de la Flexibilización y el "Deja Vu" de los Noventa
El punto de partida del análisis es la deconstrucción del discurso oficial. El gobierno de Milei argumenta que para crear empleo y reducir la informalidad es necesario "modernizar" las relaciones laborales, lo que en la práctica se traduce en reducir costos de despido, eliminar multas por falta de registración y descentralizar la negociación colectiva.1 El equipo técnico del IPPyP califica esta visión no como moderna, sino como un retorno al pasado sin escalas, una involución hacia condiciones pre-industriales de contratación.
El documento traza un paralelismo histórico contundente con la década de 1990. Recuerda que la Ley Nacional de Empleo N.º 24.013 de 1991 ya prometía exactamente lo mismo: impulsar el empleo formal mediante la flexibilización de modalidades contractuales y la reducción de aportes patronales. La evidencia empírica citada es devastadora para la tesis neoliberal: lejos de generar empleo, esas políticas coincidieron con un salto en la desocupación del 6% a casi el 20% hacia el final de la convertibilidad, consolidando una masa de excluidos y subocupados.1 La lección histórica que extrae el informe es que las reformas normativas flexibilizadoras son incapaces, por sí mismas, de alterar las limitaciones estructurales de la economía para generar empleo de calidad.
2.2 La Reforma Laboral "De Facto" y Subrepticia
Un hallazgo crucial del diagnóstico es que la reforma laboral no es un evento futuro que se debate en el Congreso, sino un proceso que ya está ocurriendo en la realidad material de los trabajadores. El informe identifica tres vectores a través de los cuales esta reforma "de hecho" avanza:
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La Vía de la Tercerización: Se describe una degradación sistémica donde las grandes empresas derivan actividades a contratistas. Estos trabajadores tercerizados, a pesar de realizar tareas esenciales para la firma madre, quedan encuadrados en convenios colectivos de menor jerarquía salarial y protectoria. Esto crea una clase trabajadora fragmentada dentro de un mismo espacio productivo.1
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La Vía de la Negociación a la Baja: En un contexto de ocho años consecutivos de caída del salario real, muchos sindicatos se han visto forzados a aceptar cláusulas de flexibilización en sus convenios a cambio de recomposiciones salariales que apenas empatan la inflación. Esta es la "reforma subrepticia" que erosiona derechos sin modificar la ley general.1
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La Vía Normativa Reciente: A pesar del rechazo legislativo a partes del DNU 70/2023, el informe alerta que desde julio de 2024 están vigentes medidas que ya implican un cercenamiento de derechos, tales como la extensión del período de prueba y la creación de la figura del "trabajador independiente con colaboradores", que encubre relaciones de dependencia.1
2.3 De la "Forma Salario" a la "Forma Factura": El Núcleo Teórico
Quizás el aporte teórico más sofisticado del documento es la conceptualización del cambio de época. Los autores, entre ellos Lozano y Pennisi, sostienen que el capitalismo ha mutado de un modelo industrial a un capitalismo de rentas (financiero, tecnológico y de plataformas).
En este nuevo régimen, la acumulación de capital no depende tanto de la incorporación masiva de mano de obra al proceso productivo directo, sino de la captura de valor a través de la propiedad de activos estratégicos (algoritmos, patentes, tierra, deuda). Esto provoca una disociación entre la ganancia empresarial y el empleo.
Esta transformación macroeconómica tiene un correlato microeconómico: el pasaje de la "Forma Salario" a la "Forma Factura".
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La Forma Salario histórica implicaba una remuneración asociada al tiempo (jornada) y al costo de reproducción de la vida (canasta familiar), garantizando estabilidad.
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La Forma Factura, que el gobierno busca universalizar, implica una remuneración por resultado o destajo, donde el trabajador asume todos los riesgos del mercado. La jornada laboral se desdibuja y se expande a todo el tiempo disponible del sujeto, quien debe estar permanentemente conectado y disponible para capturar ingresos.1
El diagnóstico concluye que la reforma de Milei intenta cristalizar institucionalmente esta "Forma Factura", convirtiendo al trabajador en un proveedor de servicios intercambiable, sin tutela legal y sin costos fijos para el capital. Frente a esto, la propuesta de la CTA no es volver nostálgicamente al pleno empleo industrial (que reconocen como irrepetible en las condiciones actuales), sino construir nuevas instituciones que garanticen derechos universales más allá de la relación de dependencia clásica.1
3. Las Diez Propuestas: Arquitectura para un Nuevo Contrato Social
Sobre la base de este diagnóstico, el documento despliega un decálogo de políticas públicas. Estas no deben leerse como medidas aisladas, sino como un sistema integrado que busca disputar la distribución del excedente económico en la era digital y financiera.
Propuesta 1: Renta Básica Universal (RBU)
El Problema Detectado:
La desconexión entre la producción de riqueza y el empleo formal hace que el salario ya no sea suficiente como mecanismo único de distribución del ingreso. En un capitalismo de plataformas y datos, toda la sociedad contribuye a generar valor (el "intelecto general"), pero ese valor es apropiado privadamente por corporaciones que emplean a muy poca gente. La exclusión no es un fallo temporal del mercado, sino una característica estructural.1
El Mecanismo de Implementación:
La propuesta exige la implementación de un ingreso universal e incondicional.
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Fase Inicial: Se plantea comenzar garantizando un ingreso equivalente a una canasta alimentaria para toda la población en edad laboral que hoy no tiene ingresos registrados o se encuentra en la informalidad precaria.
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Evolución: El objetivo final es la universalización total, transformando este ingreso en un "piso de ciudadanía".
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Impacto Estratégico: A diferencia de los planes sociales focalizados (que estigmatizan y administran la pobreza), la RBU se concibe como un derecho económico. Su efecto en el mercado laboral sería aumentar el poder de negociación de los trabajadores: al tener la subsistencia garantizada, nadie se vería obligado a aceptar condiciones de explotación extrema por un plato de comida.
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Articulación: Esta renta se integraría con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un haber jubilatorio mínimo garantizado, cerrando el círculo de protección vital.1
Propuesta 2: Área de Economía Pública y Social
El Problema Detectado:
Existe una contradicción flagrante: hay una inmensa cantidad de necesidades sociales insatisfechas (déficit habitacional, falta de cuidados, infraestructura barrial degradada) y, simultáneamente, una gran masa de trabajadores desempleados o subocupados. El mercado privado no tiene incentivos para conectar esa oferta de trabajo con esa demanda social porque no es rentable en términos de corto plazo.1
El Mecanismo de Implementación:
La creación de un Área de Economía Pública y Social como motor de empleo directo.
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Filosofía del "Lujo Público": El informe introduce el concepto de recuperar el prestigio de lo público, citando explícitamente el modelo de vivienda social de Viena. En dicho modelo, la vivienda pública no es un refugio marginal para pobres, sino una opción de alta calidad arquitectónica y urbanística para la mayoría de la población. La propuesta busca replicar esta lógica en Argentina.
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Plan Federal de Inversión: Se propone un plan masivo de obras enfocado en infraestructura de cuidados (guarderías, geriátricos), cultura (bibliotecas, clubes) y hábitat.
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Gestión Participativa: Para evitar la burocratización, este sector sería cogestionado por el Estado, organizaciones sociales, sindicatos y universidades, movilizando la fuerza de trabajo disponible bajo condiciones dignas.1
Propuesta 3: Reducción de la Jornada Laboral
El Problema Detectado:
La tecnología ha disparado la productividad, permitiendo producir más en menos tiempo. Sin embargo, ese ahorro de tiempo no se ha traducido en libertad para el trabajador, sino en desempleo para unos y sobrecarga horaria para otros. En Argentina, 2.3 millones de asalariados trabajan más de 45 horas semanales, un exceso que bloquea la entrada de nuevos trabajadores.1
El Mecanismo de Implementación:
Una ley de reducción de la jornada laboral legal sin reducción salarial.
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Evidencia Comparada: El documento cita experiencias en Francia, Islandia, Chile y Colombia, donde se avanza hacia semanas de 35 a 40 horas con resultados positivos en bienestar y productividad.
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Efecto Redistributivo: El cálculo del IPPyP es impactante: redistribuir el excedente de horas trabajadas por los sobreocupados permitiría generar teóricamente 635,000 nuevos puestos de trabajo registrados.
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Condición Sine Qua Non: La reducción horaria debe ir acompañada de mecanismos estrictos para evitar que se traduzca en una intensificación de los ritmos de producción o en una mayor informalidad. Es una herramienta para repartir el trabajo existente y combatir el desempleo tecnológico.1
Propuesta 4: Seguro de Empleo y Formación
El Problema Detectado:
La obsolescencia de habilidades es una amenaza constante en la economía digital. Actualmente, la formación recae sobre los hombros y el bolsillo del individuo, o se da de manera fragmentada. Cuando un trabajador pierde su empleo, cae en un vacío de protección.1
El Mecanismo de Implementación:
La institución de un Seguro Universal de Empleo y Formación.
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Derecho a la Rotación: Se trata de institucionalizar la alternancia entre tiempo de trabajo productivo y tiempo de formación. El trabajador tendría derecho a "pausar" su empleo para capacitarse, manteniendo su ingreso y sus aportes previsionales.
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Financiamiento: Este sistema se financiaría tripartitamente (Estado, empresas, trabajadores), entendiendo la capacitación como un bien público que mejora la productividad sistémica y no solo el capital humano individual.1
Propuesta 5: Mesas de Concertación Sectoriales
El Problema Detectado:
La estructura económica argentina es oligopólica. Un puñado de grandes grupos económicos controla los insumos clave y los precios finales de las cadenas de valor. La propuesta del gobierno de atar salarios a la productividad por empresa condenaría a los trabajadores de PyMES (que son rehenes de esos grandes grupos) a salarios de miseria, mientras las grandes firmas se apropian de rentas extraordinarias.1
El Mecanismo de Implementación:
La creación de Mesas de Concertación por Cadena de Valor.
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Transparencia Radical: Estas mesas tendrían la facultad de "abrir los libros" de las empresas líderes, accediendo a costos reales y márgenes de ganancia.
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Negociación del Excedente: El objetivo es negociar cómo se distribuye la productividad a lo largo de toda la cadena, impidiendo que el eslabón más fuerte asfixie al más débil. Esto democratizaría la economía y permitiría aumentos salariales no inflacionarios, basados en la redistribución de rentas oligopólicas.1
Propuesta 6: Regulación de las Relaciones de Dependencia Encubiertas (Plataformas)
El Problema Detectado:
El caso paradigmático de los repartidores y conductores de apps. Las empresas administran su trabajo mediante algoritmos, fijan precios y castigan conductas, pero niegan la relación laboral, clasificándolos como "socios". Esto deja a miles de trabajadores sin ART, obra social ni jubilación.1
El Mecanismo de Implementación:
Un estatuto que reconozca explícitamente la presunción de laboralidad.
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Derechos Plenos: Garantizar salario mínimo, licencias y protección contra despidos arbitrarios (desconexiones).
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Caja Negra Algorítmica: Exigir transparencia sobre cómo funcionan los algoritmos de asignación de pedidos y calificación, considerándolos parte de las condiciones de trabajo sujetas a negociación colectiva.
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Portabilidad de Datos: Que la reputación digital sea propiedad del trabajador y no de la plataforma.1
Propuesta 7: Regulación Efectiva de la Subcontratación
El Problema Detectado:
La tercerización se utiliza fraudulentamente para dividir al colectivo laboral y reducir costos, no por especialización técnica.
El Mecanismo de Implementación:
El principio de "A Igual Trabajo, Igual Salario y Convenio".
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Responsabilidad Solidaria: Restablecer plenamente la responsabilidad de la empresa principal sobre los incumplimientos de la contratista.
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Encuadre: Si un trabajador tercerizado realiza tareas normales y habituales del establecimiento principal, debe aplicársele el convenio colectivo de la actividad principal, eliminando la brecha salarial artificial.1
Propuesta 8: Seguro Colectivo Universal Autogestionado
El Problema Detectado:
El universo del cuentapropismo y la economía popular carece de cobertura ante contingencias. Un plomero, un artesano o un vendedor ambulante que se enferma, simplemente deja de comer.
El Mecanismo de Implementación:
La creación de Cajas de Protección Social del Trabajo Autónomo.
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Autogestión: Fondos solidarios administrados por las propias organizaciones de trabajadores, sin intermediación financiera lucrativa.
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Cobertura: Proveerían ingresos sustitutos en caso de enfermedad, maternidad/paternidad y vacaciones, financiados con un mix de aportes propios y subsidios estatales provenientes de impuestos a la riqueza.1
Propuesta 9: Política Integral de Cuidados
El Problema Detectado:
La desigualdad de género en el mercado laboral tiene su raíz en la desigual distribución de las tareas de cuidado no remuneradas.
El Mecanismo de Implementación:
Un Sistema Nacional de Cuidados.
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Infraestructura: Inversión física en espacios de cuidado (vinculado a la Propuesta 2).
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Licencias: Ampliación y equiparación de licencias parentales para varones y mujeres, obligatorias y no transferibles, para romper el sesgo maternalista del cuidado.
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Reconocimiento: Valorización económica y previsional del tiempo dedicado al cuidado.1
Propuesta 10: Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) como Piso Real
El Problema Detectado:
El SMVM ha perdido su función de referencia y garantía de vida digna, ubicándose sistemáticamente por debajo de la línea de pobreza e indigencia.
El Mecanismo de Implementación:
Redefinición del SMVM en base al costo real de una canasta de necesidades básicas individuales.
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Ancla Estatal: El Estado, a través del Área de Economía Pública (Propuesta 2), debe actuar como "empleador de última instancia" pagando este salario. Esto obligaría al sector privado a competir y elevar sus propios salarios mínimos. Se trata de usar el poder de compra del Estado para fijar un piso de dignidad que el mercado no pueda perforar.1
4. Estrategia de Financiamiento: ¿Quién Paga la Ampliación de Derechos?
La viabilidad de estas propuestas depende enteramente de la capacidad fiscal del Estado. El informe del IPPyP es consciente de la restricción presupuestaria y propone una reforma tributaria agresiva para financiar este "shock distributivo", desafiando la lógica del ajuste.
4.1 Radiografía de la Evasión y la Concentración
El informe presenta datos alarmantes sobre la conducta fiscal de las élites económicas argentinas. Se destaca que las 500 empresas de mayor facturación declaran una rentabilidad final de apenas el 5,1% —sospechosamente menor al 6,2% declarado por el resto de las firmas— y pagan una tasa efectiva de Impuesto a las Ganancias del 27,1%, lejos del 35% teórico. Esto sugiere una maniobra estructural de subdeclaración de utilidades y elusión fiscal masiva.1 Además, se señala que el 1% más rico de la población captura el 25% de la riqueza nacional, y que las 15 familias más ricas aumentaron su patrimonio en un 48% (7.630 millones de dólares) desde 2020, en plena crisis.1
4.2 El Paquete Fiscal de Emergencia
Para capturar estas rentas y financiar las propuestas laborales, se detallan instrumentos específicos:
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Impuesto a las Grandes Fortunas (Recargado):
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Se propone una sobrealícuota permanente al Impuesto a los Bienes Personales para patrimonios superiores al millón de dólares.
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Tasas escalonadas del 0,5% al 3,5% para bienes en el país y del 1,5% al 4,5% para bienes en el exterior.
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Este gravamen afectaría solo al 0,07% de la población (unas 32.500 personas) y recaudaría aproximadamente USD 4.007 millones anuales.1
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Tributación Presunta sobre Volumen de Negocios:
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Dado que las grandes empresas dibujan sus balances para ocultar ganancias, se propone un impuesto mínimo basado en la facturación bruta (ventas), imposible de ocultar.
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Se aplicaría a las 500 empresas más grandes con alícuotas del 0,7% al 3,7%.
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Recaudación estimada: USD 6.062 millones adicionales.1
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Reformas Complementarias:
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Impuesto a la Economía Digital: Gravar en origen a las plataformas extranjeras que operan en el país.
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Rentas Financieras: Eliminar exenciones a títulos públicos y elevar la alícuota sobre dividendos y remesas al 11-13%.1
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Impuestos Verdes: Sobrealícuotas para actividades extractivas y de alto impacto ambiental.
En total, el paquete fiscal propuesto generaría recursos por más de USD 10.000 millones anuales, una masa crítica suficiente para financiar la Renta Básica y el sistema de cuidados sin necesidad de emisión monetaria desestabilizadora.1
5. El Escenario Político: Resistencia, Amparos y Plan de Lucha
El documento de las "Diez Propuestas" no es un mero ejercicio académico; es la plataforma programática de una contraofensiva política y judicial liderada por la CTA Autónoma.
5.1 La Batalla Judicial y la Inconstitucionalidad
La CTA-A, bajo la conducción de Hugo "Cachorro" Godoy, junto con la ATE de Rodolfo Aguiar y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, ha presentado una acción de amparo colectivo solicitando la inconstitucionalidad absoluta del DNU 70/2023. Los fundamentos jurídicos, detallados en la presentación judicial, acusan al Ejecutivo de arrogarse facultades legislativas (suma del poder público), violar la división de poderes y suprimir derechos colectivos de participación ciudadana.3 Esta acción judicial busca frenar la aplicación de las reformas desregulatorias mientras se construye la viabilidad política de las propuestas alternativas.
5.2 La Narrativa de la "Anexión Colonial"
Claudio Lozano, figura intelectual clave detrás del informe, enmarca la disputa en términos geopolíticos. En sus intervenciones públicas, define la política de Milei no como un plan de estabilización, sino como un proceso de "anexión colonial" diseñado para garantizar el pago de la deuda externa a costa de la primarización de la economía y la licuación de los ingresos populares.2 Según esta visión, la reforma laboral exigida por el FMI y los acreedores tiene como fin último reducir el costo laboral en dólares para maximizar la extracción de recursos naturales, consolidando un modelo exportador que no necesita gente adentro.
5.3 Movilización y Conflicto
La presentación del documento coincide con un "Plan de Lucha" activo. Los sindicatos estatales (ATE) han convocado a paros y movilizaciones, enfrentando directamente las políticas de despido y el congelamiento salarial. La retórica se ha endurecido: Rodolfo Aguiar ha sido denunciado por el gobierno por "atentado al orden constitucional", lo que evidencia el nivel de tensión institucional.4 En este clima, las diez propuestas funcionan como una bandera de unidad para aglutinar a diversos sectores agredidos por el ajuste (jubilados, universitarios, movimientos sociales) bajo un programa común de salida a la crisis.
6. Conclusión
El informe "Diez Propuestas de Políticas Públicas" de la CTA-A y el IPPyP constituye el intento más serio y articulado desde el campo popular para disputar el sentido de la "modernidad" laboral en Argentina. Lejos de una defensa corporativa del statu quo, el documento acepta el desafío de repensar el trabajo en el siglo XXI, pero invirtiendo la lógica de la reforma oficial.
Mientras el gobierno propone adaptar la vida a las necesidades volátiles del mercado ("Forma Factura"), la CTA propone adaptar el mercado a las necesidades de la vida ("Ampliación de Derechos"). La disputa central que plantea el texto es si la tecnología y la productividad servirán para liberar tiempo humano y garantizar bienestar universal, o si serán instrumentos para consolidar una sociedad dual, con una élite rentista y una masa trabajadora precarizada.
La viabilidad de este programa dependerá, en última instancia, no de su solidez técnica —que el informe se esfuerza en demostrar con datos fiscales y comparaciones internacionales— sino de la capacidad de fuerza política que las organizaciones puedan acumular en las calles y en las instituciones para imponer una agenda redistributiva en un escenario de fuerte hegemonía neoliberal.
Tabla 1: Comparativa de Modelos de Reforma Laboral
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Dimensión |
Modelo Gobierno Milei (Diagnóstico CTA) |
Modelo Propuesto CTA-A / IPPyP |
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Concepto de Trabajo |
Mercancía / Costo variable ("Forma Factura"). |
Derecho social / Generador de valor ("Forma Salario"). |
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Objetivo Central |
Reducir costos laborales y litigiosidad. |
Redistribuir la productividad y el tiempo. |
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Negociación |
Descentralizada (por empresa), a la baja. |
Centralizada y por Cadena de Valor (Sectorial). |
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Protección Social |
Individual (Fondo de Cese), asistencialismo focalizado. |
Universal (RBU, Seguro de Formación), derechos ciudadanos. |
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Jornada Laboral |
Bancos de horas flexibles a favor de la empresa. |
Reducción legal de la semana sin quita salarial. |
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Tecnología/Apps |
Desregulación, "socios" autónomos. |
Presunción de laboralidad, transparencia algorítmica. |
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Financiamiento |
Ajuste del gasto público (Déficit Cero). |
Reforma tributaria progresiva (Impuesto a Riqueza). |
Tabla 2: Fuentes de Financiamiento Estimadas para la Reforma
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Instrumento Fiscal Propuesto |
Universo Alcanzado |
Recaudación Estimada (USD) |
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Impuesto Grandes Fortunas |
Patrimonios > USD 1M (0,07% población) |
4.007 Millones |
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Impuesto Presunto (Ventas) |
500 Grandes Empresas (Top del mercado) |
6.062 Millones |
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Total Estimado |
Sectores de Alta Concentración |
~10.069 Millones |
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Fuentes citadas
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DiezPropuestasReformaLaboral_CTA-IPPyP-IEF-IDEP.pdf
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Claudio Lozano, ¿por qué insistir? - Unidad Popular - UP, acceso: noviembre 23, 2025, https://unidadpopular.org.ar/2025/10/24/claudio-lozano-por-que-insistir/
-
Medida de amparo colectivo ante el DNU de Milei - CTA Autónoma, acceso: noviembre 23, 2025, https://ctaa.org.ar/medida-de-amparo-colectivo-ante-el-dnu-de-milei/
-
La CTA Autónoma presenta aportes y propuestas contra la Reforma Laboral de Milei, acceso: noviembre 23, 2025, https://ctaa.org.ar/la-cta-autonoma-presenta-aportes-y-propuestas-contra-la-reforma-laboral-de-milei/
-
El Gobierno denunció al titular de ATE por presunto atentado al orden constitucional - El Eco de Tandil, acceso: noviembre 23, 2025, https://www.eleco.com.ar/politica/el-gobierno-denuncio-al-titular-de-ate-por-presunto-atentado-al-orden-constitucional
-
Diez propuestas de políticas públicas para un nuevo esquema de relaciones laborales con ampliación de derechos - CTA Autónoma, acceso: noviembre 23, 2025, https://ctaa.org.ar/wp-content/uploads/2025/11/01_DiezPropuestasReformaLaboral_CTA-IPPyP-IEF-IDEP.pdf
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Reforma laboral: propuestas del Ejecutivo sobre convenios por empresa, salario dinámico y paritarias 2025 - Errepar, acceso: noviembre 23, 2025, https://documento.errepar.com/actualidad/reforma-laboral-propuestas-del-ejecutivo-sobre-convenios-por-empresa-salario-dinamico-y-20251023101211851