📣 PELIGRO: Milei amenaza nuestro Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento | Va a Privatizar AYSA

EL ACCESO AL AGUA DEJA DE SER UN DERECHO HUMANO Y PASA A SER UNA MERCANCÍA PARA QUIENES PUEDAN PAGARLA.

Ambiente y crisis climática Servicios y políticas universales

La Privatización de AySA

Por la ing. María Eva Koutsovitis y el Abog. Jonatan Baldiviezo.


Posicionamiento del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” 

Por decreto, el Poder Ejecutivo Nacional modifica el Marco Regulatorio de la empresa prestadora de agua y cloaca AySA y avanza con su privatización.

EL ACCESO AL AGUA DEJA DE SER UN DERECHO HUMANO Y PASA A SER UNA MERCANCÍA PARA QUIENES PUEDAN PAGARLA.

El Decreto 493/2025, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en Buenos Aires el 21 de julio de 2025, fue publicado en el día de hoy. Este decreto modifica el Régimen de Propiedad de AySA, ya que sustituye el artículo 2° del Decreto N° 304/06, que originalmente establecía que la participación del Estado Nacional en AySA era intransferible, habilitando su venta total o parcial, y modifica el Marco Regulatorio.

En nuestro país, la evolución del saneamiento básico siempre ha dependido del devenir de los procesos políticos. Las epidemias de cólera y fiebre amarilla, que tuvieron lugar alrededor de 1870, constituyeron enormes desafíos para el sanitarismo argentino. Así surgieron los primeros proyectos de saneamiento para la Ciudad de Buenos Aires.

Pocos años después, en 1880, las obras construidas (redes distribuidoras de agua potable, cloacas máximas y grandes conductos pluviales) le daban cobertura a la cuarta parte de la ciudad. Durante un siglo, entre 1880 y 1980, la empresa nacional Obras Sanitarias de la Nación tuvo a su cargo la prestación de los servicios de agua y saneamiento en las principales ciudades de nuestro territorio.

Entre 1947 y 1951, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, el programa de obras de infraestructura ubicó a la Argentina como líder en la región en materia sanitaria. De la mano de la última dictadura cívico-militar llegó el desfinanciamiento y el desguace del sistema sanitario, proceso que termina de consolidarse en la década del 90 con la privatización del sector.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense, el servicio público de agua y saneamiento se mantuvo privatizado hasta que en el año 2006 se otorgó la concesión del servicio sanitario a la empresa AySA SA. Su capital pertenece en un 90% al Estado nacional y en un 10% a sus empleados.

El área de prestación alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Dentro del área de concesión viven más de 15 millones de habitantes. La empresa brinda el servicio de agua potable a más de 11 millones de personas y el de cloacas a 9 millones y medio.

El primer paso hacia la privatización de AySA fue dado con la aprobación de la Ley N.º 27.742, ley Bases, que en su art. 7 declaró que AYSA S. A. se encuentra sujeta a privatización.

El segundo paso consistió en eliminar los subsidios a la tarifa al usuario que realizaba el Estado Nacional, para que de esta forma la empresa sea rentable para los futuros compradores.

Esto llevó a que, en algunos casos, el aumento de la tarifa al usuario por el servicio público de agua y saneamiento llegara a un 1500% durante el 2024. Y además a la restricción del servicio por falta de pago, un accionar que no cuenta con ningún antecedente, ya que el acceso al agua potable era considerado un derecho humano.

El anuncio formal del inicio del proceso de privatización de AySA lo realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, hace pocos días. Utilizando argumentos completamente mentirosos, como por ejemplo la considerable carga financiera histórica que AySA representó para el Tesoro Nacional cuando durante el año pasado AySA registró ganancias. Es una obviedad que las obras de infraestructura requieren necesariamente de la erogación de fondos públicos. La mirada de la rentabilidad a través del cobro de tarifas está completamente superada. En la Argentina, por cada dólar invertido en agua, el recupero es de 2.5 dólares, mientras que para saneamiento es de 8.2 dólares (“Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage”, Hulton y Organización Mundial de la Salud (OMS), 2012). Adicionalmente, Manuel Adorni informó que la empresa tendría una tasa de morosidad del 16% entre los usuarios. ¿La idea es entonces que el 16% de los usuarios morosos no accedan al agua potable?

La Argentina supo ser pionera en la región en materia de cobertura de agua potable y saneamiento cloacal. Y fue a partir de los 80 cuando comenzó a decaer en la Argentina y en América Latina la inversión en infraestructura. Y esa desinversión se dio en paralelo a la privatización del servicio. Antes de la privatización del servicio en el sector de Agua y Saneamiento, se invertía más del 4% del PIB. Cuando los servicios se privatizan, la inversión se desploma y la Argentina desde entonces no recupera los niveles de cobertura.

¿En qué consiste la privatización de AySA?

En la transferencia del 90% de las acciones que le pertenecen al Estado Nacional a capitales privados. Hoy se publicó el nuevo marco regulatorio del servicio de agua y cloaca de cara a su privatización. Respecto al marco regulatorio anterior, hay importantes modificaciones que colisionan con el acceso al agua como derecho humano: habilita la suspensión del servicio a usuarios residenciales por falta de pago, elimina la obligación para la futura empresa privada de expandir el área de servicio para darle cobertura a aquellas zonas que no cuentan con agua y saneamiento, como por ejemplo los barrios populares, habilita a actualizar las tarifas todos los meses y extiende de 2 años a 5 la prescripción de las deudas.

Un marco regulatorio con una mirada absolutamente mercantilista del servicio, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo desde una perspectiva de derechos como garantizar al conjunto de nuestra población agua potable.

¿Cuál es el contexto de la privatización de AySA?

La disolución del ENOHSA y el desguace del Instituto Nacional del Agua.

El ENOHSA es el organismo nacional que tenía a su cargo las políticas de agua y saneamiento de nuestro país. Este organismo, donde trabajaban prestigiosos sanitaristas, se ocupaba de planificar, ejecutar y administrar obras de agua y saneamiento en todo el país. Este organismo, además, financiaba obras de infraestructura y realizaba tareas de investigación y desarrollo tecnológico en temas de agua potable y saneamiento.

El Instituto Nacional del Agua era un organismo nacional que, dentro de sus funciones, se ocupaba de temas vinculados a la calidad de agua, modelación hidráulica y diseño de importantes obras hidráulicas y el manejo de sistemas de alertas, como por ejemplo el Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata y el Sistema de Gestión de Amenazas Hidrológicas. Cuenta con destacados laboratorios de hidráulica, hidrología y de calidad de aguas.

En Argentina, 7 millones de habitantes no acceden al agua potable y 20 millones no acceden a la cloaca. Y esa profunda desigualdad territorial condiciona la reproducción de la vida. Cuando no se accede al agua potable, la mortalidad infantil se multiplica, la esperanza de vida se reduce drásticamente y las mujeres tienen que destinar el doble de tiempo a las tareas no remuneradas de cuidado.

Y por supuesto que garantizar el acceso al agua potable en igualdad de condiciones al conjunto de nuestra población debería ser una prioridad máxima. El debate que deberíamos estar dando es el de la gratuidad y la universalidad del servicio, no la rentabilidad del mismo.

La privatización del servicio de agua y saneamiento en la década del 90 nos hizo retroceder en términos de cobertura de agua y saneamiento cloacal; en paralelo, las tarifas se volvían inasequibles para las y los usuarios y los servicios brindados eran de baja calidad. Además, desde la lógica del negocio, generó enormes pasivos ambientales cuyas consecuencias seguimos padeciendo hasta el presente.



RESUMEN COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS DEL DNU N° 493/2025 con relación a la Ley N° 26.221

El DNU 493/2025, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en Buenos Aires el 21 de julio de 2025 y publicado el 22 de julio de 2025, establece un nuevo Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales.

En el considerando del DNU se expresa que se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita la capacidad del Estado para sostener y expandir el servicio público. Se busca afrontar el creciente deterioro operativo y financiero de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA), cuya estructura actual ha sido considerada insuficiente para responder a las demandas de cobertura, calidad y sostenibilidad. Entre 2006 y 2023, el Estado Nacional transfirió aproximadamente USD 13.400.000.000 a AySA, a pesar de lo cual se observó un deterioro en su eficiencia y productividad.

Aspectos clave y modificaciones introducidas por el decreto:

  • Privatización de AySA: La Ley N° 27.742 ya había declarado a AySA "sujeta a privatización". Este decreto es una condición esencial para posibilitar el ingreso de capital privado a la sociedad, dado que el régimen anterior fue diseñado para una sociedad estatal, dificultando su adecuación a nuevos objetivos de gestión, eficiencia e inversión.

  • Modificación del Régimen de Propiedad de AySA: Se sustituye el artículo 2° del Decreto N° 304/06, que originalmente establecía que la participación del Estado Nacional en AySA era intransferible. Ahora, el decreto establece que el NOVENTA POR CIENTO (90 %) del capital de AySA pertenecerá al ESTADO NACIONAL (ejercido por el MINISTERIO DE ECONOMÍA), y el restante DIEZ POR CIENTO (10 %) a los empleados de la sociedad adheridos al PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA. Se habilita que el ESTADO NACIONAL pueda enajenar (vender) total o parcialmente su participación accionaria, de acuerdo con las Leyes Nros. 23.696 y 27.742.

  • Sustitución y Modificación del Marco Regulatorio: Se sustituyen numerosos artículos (más de 100) y anexos del Anexo 2 “MARCO REGULATORIO” de la Ley N° 26.221, que rige la prestación del servicio.

 

Estado de AySA (AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.)

  • Ley 26.221: Sociedad anónima de propiedad mayoritaria estatal (90% del capital social al Estado Nacional, 10% a extrabajadores). Las acciones del Estado Nacional eran intransferibles y su proporción no podía disminuir. Caracterizada como concesionaria del servicio público.

  • DNU 493/2025: Sociedad declarada "sujeta a privatización" en los términos de la Ley N° 23.696 y 27.742. El Estado Nacional (Ministerio de Economía) posee el 90% y el 10% restante corresponde a los empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada. La gran diferencia es que el Estado Nacional "podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria". Se menciona un deterioro operativo y financiero de AySA a pesar de transferencias del Tesoro Nacional por USD 13.400 millones entre 2006 y 2023.

 

Ámbito de Aplicación (Territorio)

  • DNU 493/2025: CABA y 27 partidos de la Provincia de Buenos Aires para agua potable y desagües cloacales (incluyendo los mencionados en la Ley 26.221 y las incorporaciones posteriores). Mantiene Berazategui para recepción de efluentes cloacales en bloque. Se explicita que el ámbito podrá ampliarse con consentimiento previo de la Concesionaria, del Municipio y aprobación del Ministerio de Economía.

 

Autoridades del Marco Regulatorio

  • Ley 26.221:

    • Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: Autoridad concedente y de aplicación (a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos).

    • Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS): Creado en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, con control de obligaciones, aspectos económicos, atención de reclamos y contabilidad regulatoria.

    • Agencia de Planificación (APLA): Creada en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, encargada de la coordinación integral de la planificación de obras de expansión y mejoramiento.

  • DNU 493/2025:

    • Concedente: El Poder Ejecutivo Nacional representado por el MINISTERIO DE ECONOMÍA de la Nación.

    • Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS): Ahora entiende en la regulación y control, regulación económica, aprobación de valores tarifarios y precios del Servicio Público, aprobación del Plan de Acción de la Concesionaria. Es un ente interjurisdiccional, autárquico, con capacidad de derecho público y privado.

    • Agencia de Planificación (APLA): Encargada de planificar y elaborar el Plan Director de Mejora Estratégica y colaborar con la Concesionaria en la elaboración de su Plan de Acción. Es un ente interjurisdiccional, autárquico, con capacidad de derecho público y privado.

    • SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS: Dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del Ministerio de Economía. Competente en calidad y conservación de recursos hídricos frente a vertidos.

    • SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE: Es la Autoridad Ambiental de la concesión.

 

Planificación y Obras

  • Ley 26.221 (PMOEM): Los "Planes de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento (PMOEM)" eran elaborados por la Concesionaria y aprobados por la Autoridad de Aplicación con intervención de APLA. Se revisaban cada 5 años.

  • DNU 493/2025 (Plan de Acción de la Concesionaria y Plan Director de Mejora Estratégica):

    • Se incorpora el "Plan Director de Mejora Estratégica. Es el documento de carácter técnico elaborado por la Agencia de Planificación (no vinculante) que define las estrategias y acciones propuestas para la expansión y ampliación del Servicio Público, de conformidad con las metas previstas en el Contrato de Concesión y con sujeción a la financiación disponible. Debe ser revisado cada 5 años por APLA.

    • El "Plan de Acción de la Concesionaria" es elaborado por la Concesionaria y aprobado por el ERAS (previa intervención de APLA), incluyendo obras de mantenimiento, operación, mejora y expansión. El ERAS puede proponer modificaciones.

El Plan de Acción debe contar con cobertura tarifaria suficiente y se compone de: i) Plan de Mejoras: comprende las obras de mejoras de carácter básico que permitan la ampliación de la capacidad funcional de las instalaciones existentes y aseguren la calidad del Servicio Público sostenible en el tiempo; ii) Plan de Mantenimiento: comprende las obras y acciones de renovación y/o rehabilitación de las instalaciones de Agua Potable y de Desagües Cloacales que presentan dificultades para la eficiente prestación del Servicio Público, o bien para preservar su vida útil; y obras de renovación y/o mantenimiento correctivo o preventivo de artefactos y equipamientos de los sistemas; iii) Plan de Operaciones: comprende las acciones y proyectos que permitan asegurar la adecuada prestación del Servicio Público; y iv) Plan de Obras: comprende las obras de expansión para la ampliación y extensión del Servicio Público que sean responsabilidad de la Concesionaria.

 

Régimen Económico y Tarifario

  • Ley 26.221:

    • Las tarifas debían ser razonables y contemplar criterios de equidad distributiva, con subsidios establecidos por el PEN.

    • Las normas complementarias del Régimen Tarifario eran dictadas por el Ministerio de Planificación Federal.

    • Se establecían revisiones económicas anuales "como mínimo".

    • Existía un Fondo Fiduciario para inversiones en el servicio público, financiado por cargos a usuarios, créditos y aportes específicos. Los artículos relacionados con este fondo fueron derogados.

  • DNU 493/2025:

    • Las tarifas deben ser justas y razonables, permitiendo a la Concesionaria cubrir todos los costos operativos razonables, impuestos, inversiones y obtener una rentabilidad similar a la de actividades de riesgo comparable. Podrán contemplar criterios de equidad vertical y horizontal, y el ERAS establecerá los subsidios para usuarios de bajos recursos.

    • El ERAS dictará las normas complementarias y de aplicación del régimen tarifario.

    • Se prevén Revisiones Tarifarias ordinarias (cada 5 años como máximo, con ajuste automático por inflación cada 3 meses como máximo) y extraordinarias.

    • Se eliminan explícitamente las disposiciones del Fondo Fiduciario.

    • Las exenciones o subsidios en ningún caso irán en menoscabo del equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión. La tarifa social subsistirá en cabeza de los Usuarios beneficiados con ella durante DOCE (12) meses continuos.

    • Las acciones tendientes a obtener el cobro de deudas originadas por la prestación del Servicio Público a cargo de la Concesionaria prescriben a los CINCO (5) años. Actualmente es de dos (2) años.

 

Corte del Servicio por Mora

  • Ley 26.221:

    • Restricción y no corte del servicio: Para usuarios residenciales por dos (2) períodos consecutivos de falta de pago (con 15 días de anticipación).

    • Corte del servicio: Para usuarios no residenciales por falta de pago de dos (2) períodos de facturación (con 10 días de anticipación).

    • Hospitales, sanatorios y cárceles públicos o privados no pueden ser cortados.

  • DNU 493/2025:

    • Se faculta el corte del servicio por atraso en el pago de facturas, tanto para residenciales como no residenciales.

    • La mora mínima para el corte es de 60 días para usuarios residenciales y 15 días para no residenciales (contados desde el segundo vencimiento).

    • La intimación de pago puede ser electrónica y debe cursarse con al menos 7 días hábiles de anticipación al segundo vencimiento.

    • La Concesionaria debe informar sobre la tarifa social al cursar la intimación.

    • Hospitales, sanatorios y cárceles públicos o privados no pueden ser cortados.

 

Deberes y Atribuciones de la Concesionaria

  • Ley 26.221:

    • Obligaciones generales de prestar el servicio, elaborar planes, facturar, construir/operar, informar, atender reclamos, etc.

    • Atribuciones como sujeto expropiante (con aprobación de APLA) y para constituir servidumbres (según Ley Orgánica de OSN). Podía comercializar excesos de producción o capacidad (con autorización de Autoridad de Aplicación) y las utilidades debían beneficiar a los usuarios.

  • DNU 493/2025:

    • Mantiene obligaciones similares, pero con referencia al "Plan de Acción de la Concesionaria" y otras autoridades designadas por el DNU.

    • Como sujeto expropiante o para constituir servidumbres, ahora deberá requerir aprobación al Concedente (Ministerio de Economía).

    • Podrá comercializar excesos de producción o capacidad (con autorización previa del ERAS), sin mencionar explícitamente que las utilidades deben beneficiar a los usuarios en la descripción del artículo.

    • Nuevas atribuciones: Contar con amplias facultades para revisar y auditar obras dentro del Área Regulada y aprobar su factibilidad técnica.

    • Efectuar el corte del servicio en caso de mora. Constituir los fondos provenientes de la explotación como garantías para el repago de financiamiento.

    • No podrá subconceder el Servicio Público.

 

Derechos y Obligaciones de los Usuarios

  • Ley 26.221: Derecho a recibir servicio, reclamar, informarse, conocer tarifas. Obligación de usar el agua razonablemente, mantener instalaciones internas, informar modificaciones, no ceder agua, conservar medidores intactos, abonar cargos.

  • DNU 493/2025:

    • Derechos: Se añade el derecho a disponer de información relativa a la tarifa social y sus requisitos.

    • Obligaciones: Se añaden obligaciones como informar y mantener actualizada la titularidad y datos de contacto (incluyendo correo electrónico). Mantener el funcionamiento independiente de las instalaciones cloacales internas respecto de las pluviales (excepto en el Radio Antiguo de CABA). Conectar el inmueble a la red domiciliaria cuando el servicio esté disponible. No manipular las instalaciones de la Concesionaria.

 

Transparencia y Control

  • Ley 26.221: La Concesionaria debe llevar registros completos y auditables. Toda la información contable, económica, financiera, comercial y contractual es de libre acceso para la Autoridad de Aplicación, APLA y ERAS, y debe estar informatizada y disponible "on line".

  • DNU 493/2025: Mantiene la obligación de llevar registros completos y auditables. La información debe estar informatizada y disponible "on line" para el ERAS y APLA. El ERAS definirá los recaudos técnicos para asegurar el acceso integral.

Sistema de Sanciones

  • Ley 26.221: Establece sanciones a la empresa y a sus integrantes por dolo o culpa grave en incumplimientos. Se podrán aplicar dos tipos de sanciones (a la empresa y a sus integrantes). Un acto administrativo (amonestación, suspensión, remoción) será dictado por ERAS, Autoridad de Aplicación o Poder Ejecutivo Nacional según la gravedad.

  • DNU 493/2025: Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de Concesión, la Concesionaria asume la concesión a su propio riesgo técnico, económico y financiero, y es responsable ante el Estado y terceros. Ni el Concedente, ni ERAS, ni APLA serán responsables frente a terceros por las obligaciones de la Concesionaria. Se sancionará con apercibimiento y multas. La resolución del Contrato de Concesión puede darse por incumplimientos graves. Las sanciones de apercibimiento y multa serán aplicadas por el ERAS. Las infracciones tienen carácter formal y se configuran con prescindencia del dolo o culpa de la Concesionaria.

INFORME

Introducción

El Gobierno argentino, bajo la administración del Presidente Javier Milei, ha iniciado en julio de 2025 el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), con el objetivo de transferir el 90% de sus acciones a capitales privados, reservando el 10% restante para los empleados.1 

La ejecución de esta privatización se llevará a cabo mediante un esquema mixto. Este comprende una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico, al cual se le transferirá al menos el 51% de las acciones. Además, se realizará una Oferta Pública Inicial (OPI) para el resto de las acciones en manos del Estado.2 

Esta medida representa un cambio significativo en la política pública, dado que AySA fue reestatizada en 2006, tras una privatización previa en la década de 1990.1 Este ciclo de privatización y reestatización en Argentina, sobre todo en servicios esenciales, muestra una tensión de ideas y economía sobre el papel del Estado en comparación con el sector privado en la entrega de infraestructuras clave. 

El plan gubernamental ha generado una considerable controversia, enfrentando una fuerte oposición de diversos sectores sociales y sindicales. Estos grupos han manifestado su preocupación por los posibles impactos negativos en la calidad del servicio, la estabilidad laboral, la equidad en el acceso al agua potable y el saneamiento, y el potencial aumento de tarifas. Las críticas a menudo evocan comparaciones con los resultados percibidos como fallidos de la privatización de los años 90.6

En el ámbito financiero, el gobierno justifica la privatización aludiendo a déficits históricos y aportes del Tesoro Nacional por 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023.2 

Sin embargo, AySA registró un superávit operativo en 2024, por primera vez desde 2007 2, y redujo su plantilla de empleados en un 20% desde noviembre de 2023.23 Esta situación presenta un panorama financiero más complejo y matizado de lo que la justificación oficial podría sugerir. 

Entre los cambios regulatorios propuestos, se destaca la posibilidad de suspender el servicio a usuarios residenciales por falta de pago y la implementación de ajustes tarifarios trimestrales, medidas que han sido particularmente polémicas.10


1. La Privatización de AySA en la Agenda de 2025

Contexto Político y Económico Actual en Argentina

La decisión de privatizar AySA no se presenta como una medida aislada, sino como un pilar fundamental dentro del ambicioso "plan a gran escala" del Presidente Javier Milei para reestructurar el Estado y transferir una amplia gama de empresas públicas a manos privadas.8 Esta iniciativa se enmarca en una política de austeridad fiscal rigurosa, una marcada reducción de la intervención estatal en la economía y un esfuerzo concertado para atraer inversión extranjera. El marco legislativo que habilita estas privatizaciones es la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", conocida popularmente como la "Ley BASES". A pesar de un intenso debate y diversas modificaciones en el Congreso, esta ley proporcionó el sustento legal para la agenda privatizadora del gobierno.16

El art. 7 de la Ley N° 27.742  dispuso: “Decláranse ‘sujetas a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I que forman parte de la presente ley”.

El anexo I individualizó las siguientes empresas y sociedades estatales:

  • Privatización 

    • ENERGÍA ARGENTINA S.A.

    • INTERCARGO SAU

  • Privatización / Concesión

    • AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

    • BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.

    • SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA S.E. (SOFSE)

    • CORREDORES VIALES S.A.

Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución.

La privatización de AySA, en este contexto, es un componente clave de un modelo económico de "terapia de shock" impulsado por la administración Milei. Esto indica que la decisión de privatizar se basa menos en un análisis concreto del desempeño reciente de AySA, que mostró ganancias en 2024, y más en una creencia firme en reducir la participación del Estado en la economía. El objetivo primordial es atraer capital extranjero como un medio para abordar los crónicos déficits fiscales y fortalecer las reservas monetarias.12 La dirección de esta política se ajusta a una visión económica más grande que ve la propiedad estatal como ineficiente y como una carga para los recursos públicos, sin importar las mejoras que se hayan visto en casos específicos.

Anuncio Oficial y Objetivos Declarados de la Privatización

El anuncio formal del inicio del proceso de privatización de AySA fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en julio de 2025.1 Se había anticipado que el decreto que activaría este proceso vería la luz antes de mediados de abril de 2025.28

Los objetivos que el gobierno ha manifestado para esta privatización son multifacéticos. Se busca mejorar la eficiencia en la prestación de servicios, disminuir el gasto público, fomentar la inversión privada en infraestructuras esenciales, modernizar el sector de agua y saneamiento y, en última instancia, elevar la calidad y potencialmente reducir el costo de los servicios.2 

Adorni justificó la medida al señalar lo que describió como un "fuerte deterioro en la infraestructura y en los costos operativos" bajo la gestión estatal. Asimismo, enfatizó la considerable carga financiera que AySA representó para el Tesoro Nacional, cuantificando los aportes en 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023.3 Adicionalmente, mencionó un incremento del 90% en la dotación de personal y una tasa de morosidad del 16% entre los usuarios durante el período de gestión estatal como indicadores de ineficiencia.3

La justificación gubernamental, que se apoya en gran medida en las cargas financieras históricas y las ineficiencias operativas pasadas, parece obviar o minimizar estratégicamente la reciente mejora en la situación financiera de AySA, que registró un superávit en 2024 2, y la significativa reducción en su número de empleados, que disminuyó en un 20% desde noviembre de 2023.23 Esta focalización selectiva de los datos sugiere una estrategia para validar una política preestablecida, la privatización, en lugar de una evaluación puramente objetiva de la viabilidad actual de la empresa bajo administración estatal. La narrativa prioriza el alivio fiscal a largo plazo y la coherencia ideológica sobre las mejoras operativas recientes, presentando la gestión estatal pasada como inherentemente deficiente, incluso a pesar de los esfuerzos recientes por optimizar el rendimiento.

2. Antecedentes Históricos: La Trayectoria de AySA y sus Predecesoras

De Obras Sanitarias de la Nación a Aguas Argentinas (privatización de los 90s)

La historia institucional de AySA se entrelaza profundamente con la tradición de servicios públicos en Argentina, con sus raíces en Obras Sanitarias de la Nación (OSN), una entidad de propiedad estatal establecida en 1912.4 

Un cambio trascendental se produjo en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando OSN fue privatizada como parte de un vasto programa de reforma del Estado. La entidad resultante, Aguas Argentinas, pasó a ser controlada por la compañía francesa Suez, en asociación con otros socios minoritarios.4 Esta privatización se llevó a cabo bajo el marco de la Ley 23.696, conocida como la "Ley de Reforma del Estado".31

La privatización de los años 90 es un punto de referencia crucial en el debate actual. Para los críticos, este período funciona como una advertencia, un "déjà vu del menemismo" 14, donde las promesas de eficiencia y modernización se tradujeron, según su perspectiva, en servicios costosos, deficientes y desiguales, con inversiones insuficientes y un notable descuido ambiental. Por ejemplo, se ha señalado que durante esa gestión privada, el 90% de las aguas residuales se vertían al río casi sin tratamiento.20 Esta memoria histórica tiene un impacto significativo en la desconfianza de la opinión pública y los sindicatos hacia la propuesta actual. Se sugiere que los fracasos del pasado son vistos como riesgos inevitables de la gestión privada en este sector. La recurrente invocación de este "déjà vu" indica que, para una parte significativa de la población y los actores involucrados, la privatización de la década de 1990 constituye un precedente negativo.

La Reestatización de AySA en 2006: Razones y Objetivos

En 2006, el gobierno argentino, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, rescindió el contrato con Aguas Argentinas, lo que condujo a la reestatización del servicio y a la creación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).1 Esta decisión fue formalizada mediante el Decreto 304/2006 y ratificada por la Ley N° 26.100.13

La reestatización fue una respuesta directa a las fallas de la concesión privada. El Estado adoptó una nueva perspectiva que veía el agua como un derecho humano, en lugar de solo un producto enfocado en las ganancias.34 El gobierno de entonces argumentó que el modelo privado no había cumplido sus promesas de acceso universal e inversión. Tras la reestatización, AySA emprendió un "enorme plan de obras" 33, que incluyó proyectos de infraestructura significativos, como la construcción de la planta potabilizadora de Berazategui.33 Este período se caracterizó por una considerable inversión pública, estimada en 25.000 millones de pesos en siete años.33

La reestatización de AySA en 2006 fue una respuesta política a los problemas que surgieron con la privatización de los años 90. Esto significó un cambio claro de ver el agua como una "mercancía" a considerarla un "derecho humano".34 Este cambio mostró una fuerte razón para que el gobierno intervenga en servicios básicos, con el fin de arreglar problemas del mercado que afectan el acceso, la equidad y la inversión en áreas menos rentables. 

La actual iniciativa del gobierno de reprivatizar AySA sugiere un abandono de este marco de "derecho humano" en favor de un paradigma de eficiencia de mercado. Esto podría revertir los avances sociales en cobertura logrados bajo la gestión estatal y reavivar el debate fundamental sobre el propósito social versus el propósito económico de los servicios de agua.

Desempeño de AySA bajo Gestión Estatal (2006-2024)

Bajo la gestión estatal, AySA logró una expansión significativa en la cobertura de agua y saneamiento. La cobertura de agua potable alcanzó el 83% y la de desagües cloacales llegó al 63%, beneficiando a 2,3 millones de personas adicionales.12 En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la cobertura de agua potable alcanzó el 75,1% y la de cloacas el 62,8%.23 La cobertura de cloacas, específicamente, pasó del 57% de la población en 2006 al 72,6% en 2022, aunque este porcentaje disminuye al incluir nuevos municipios con baja cobertura.23

En términos financieros, AySA requirió aportes del Tesoro Nacional por un total de 13.400 millones de dólares desde su reestatización en 2006 hasta 2023.2 En la primera parte de 2025, la empresa registró un déficit financiero de 10.420 millones de pesos.36 No obstante, en 2024, AySA logró un superávit operativo de 48.288 millones de pesos, siendo la primera vez que esto ocurría desde 2007.2 Además, en 2023, la facturación de la empresa alcanzó el 95% de sus costos operativos, una mejora significativa desde el 61% registrado en 2022.23

Respecto a la dotación de personal, AySA pasó de 4.198 empleados en mayo de 2007 a 7.799 en noviembre de 2023.23 Posteriormente, la plantilla se redujo en 1.577 trabajadores, un 20,2% del total, alcanzando los 6.222 empleados en abril de 2025.11

A pesar de los avances en cobertura, la gestión estatal enfrentó desafíos operativos significativos. Un informe técnico indicó problemas estructurales en la red. Estos incluyen la pérdida o no registro de más del 40% del agua producida y el 50% de las roturas en caños con menos de seis años de antigüedad. Además, solo el 21,8% del área abastecida cumplía con los horarios estipulados de provisión.20 La morosidad de los usuarios alcanzó el 16%, en contraste con un promedio anterior del 4%.3 Los costos operativos se incrementaron un 80% en términos reales entre 2006 y 2023 10, y la mayoría de las localidades servidas no cubrían sus costos operativos mediante las tarifas actuales.20

El período bajo gestión estatal demostró la capacidad de AySA para expandir considerablemente la cobertura de los servicios, lo que subraya un compromiso con la inclusión y el acceso universal. Sin embargo, esta expansión y operación se vieron acompañadas de desafíos persistentes en la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa.

Estructura de la Transferencia Accionaria

El plan de privatización de AySA contempla la transferencia del 90% de las acciones de la compañía a capitales privados. El 10% restante del capital social será destinado a los empleados de la empresa, a través del programa de propiedad participada que ya se encuentra vigente en la compañía.1 De esta manera, el Estado reducirá su participación a una presencia minoritaria, aunque no se ha precisado el porcentaje exacto que conservará más allá de la participación de los empleados.20

Modalidades de Venta

La privatización se llevará a cabo mediante un esquema mixto. En primer lugar, se lanzará una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un "operador estratégico" al que se le transferirá al menos el 51% del paquete accionario. Este proceso se estima que se extenderá por aproximadamente 330 días, con la adjudicación prevista para 2026.2 En paralelo, o posteriormente, se realizará una Oferta Pública Inicial (OPI) para abrir el capital de la empresa a otros inversores, incluyendo ciudadanos y empleados, para el remanente de las acciones estatales.2

Para despertar el interés de posibles compradores, el gobierno ha iniciado "roadshows" con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (CFI), una rama del Banco Mundial.10 Se ha reportado interés por parte de empresas españolas, y también de compañías que participan en licitaciones en Brasil y que podrían estar dispuestas a invertir en AySA si no obtienen proyectos en ese país.10

El marco legal que sustenta esta privatización es la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos," que autoriza la privatización de diversas empresas estatales.16 

El proceso de privatización estará bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores, con el objetivo de asegurar la transparencia y el cumplimiento de los "más altos estándares nacionales e internacionales".4 Se prevén modificaciones en el marco regulatorio de la concesión de AySA en el AMBA para hacerla más atractiva a los inversores. Entre las propuestas más destacadas y controvertidas se encuentran la posibilidad de que la nueva concesionaria pueda proceder al corte del servicio a usuarios residenciales por falta de pago, y que las tarifas se ajusten trimestralmente en función de la inflación y las obras necesarias.10 Es crucial señalar que, si bien la operación del servicio pasará a manos privadas, la infraestructura subyacente seguirá siendo de propiedad pública, revirtiendo al Estado una vez finalizado el contrato de concesión.11

4. Argumentos a Favor y en Contra de la Privatización

Argumentos del Gobierno y Proponentes

Los defensores de la privatización de AySA, principalmente el gobierno y sus aliados, esgrimen una serie de argumentos centrados en la mejora de la eficiencia y la reducción de la carga fiscal sobre el Estado. Se sostiene que la incorporación de capital privado permitirá modernizar el sector y mejorar la calidad y el precio del servicio.2 La privatización es vista como un mecanismo para reducir las distorsiones económicas causadas por las interferencias políticas en las empresas públicas, eliminando la posibilidad de que los objetivos empresariales se subordinen a intereses políticos.41

Desde una perspectiva fiscal, se argumenta que la privatización contribuirá a la disminución del déficit estatal al eliminar los déficits operativos que las empresas públicas con pérdidas suponen para las arcas del Estado.41 Se espera que la transferencia de servicios a empresas con capital privado genere mayores ingresos para el Estado en forma de impuestos, no solo por la venta inicial, sino también por los mayores beneficios que se proyecta que generarán las empresas una vez privatizadas.41 Además, se prevé un "efecto catalizador" de las privatizaciones, que atraería más inversiones y estimularía la actividad económica.41 El gobierno ha justificado la medida citando el "fuerte deterioro" en la infraestructura y los "costos operativos elevados" de AySA, así como la alta morosidad de los usuarios y el crecimiento de la dotación de personal durante la gestión estatal.3

Preocupaciones y Críticas de Opositores

Diversos sectores sociales, sindicales y organizaciones de defensa del consumidor han expresado su profunda preocupación y rechazo a la privatización de AySA. Una de las principales críticas es el temor a que la medida tenga un impacto negativo en la calidad del servicio, el empleo y la equidad en el acceso al agua potable y el saneamiento.6

La experiencia de la privatización de los años 90 es constantemente evocada como un "déjà vu del menemismo" 14, donde se argumenta que las promesas de eficiencia y modernización derivaron en servicios costosos, deficientes o desiguales, con escasa inversión y problemas ambientales, como el vertido de aguas residuales sin tratamiento.16 Se advierte que la privatización podría poner en "riesgo de vida" a la población y dejar a zonas vulnerables aún más desprotegidas, reviviendo la lógica de políticas que no universalizaron el acceso.14

Los opositores también señalan que la privatización parece tener una causa más ideológica que económica, especialmente considerando que AySA logró un superávit operativo en 2024.15 Se enfatiza que el agua es un derecho humano fundamental y no debe ser objeto de decisiones que comprometan el bienestar social y la sostenibilidad ambiental.17 Además, existe preocupación por la falta de una regulación estatal sólida y garantías de inversión y control por parte del Estado en el nuevo esquema.17

5. Actores Clave y Posturas

Gobierno Nacional (Poder Ejecutivo)

El Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente Javier Milei, es el principal impulsor de la privatización de AySA. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha sido la voz oficial en los anuncios, destacando los supuestos beneficios de la medida.1 Alejo Maxit, actual presidente de AySA, ha propuesto el plan de venta al Ejecutivo.1 La postura del gobierno se alinea con una agenda económica libertaria que busca reducir drásticamente el tamaño y la intervención del Estado en la economía, promoviendo la inversión privada como motor de crecimiento y eficiencia.

Sindicatos y Trabajadores de AySA

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), liderado por José Luis Lingeri, ha manifestado una férrea oposición a la privatización de AySA.15 Lingeri, una figura influyente en la Confederación General del Trabajo (CGT), ha criticado el proyecto de "Ley Ómnibus" y ha lanzado una campaña bajo el lema "El agua no se negocia".16 El sindicato argumenta que la privatización es innecesaria, especialmente dado el superávit operativo reciente de la empresa, y que existen medidas alternativas para ordenar las finanzas de AySA.15

Los sindicatos resaltan los fracasos de la gestión privada en los años 90, que, según ellos, no resolvieron los dilemas del sistema hídrico nacional y dejaron a considerable parte de la población sin acceso a servicios esenciales.16 Expresan preocupación por el impacto en el empleo y la calidad del servicio, aunque el plan gubernamental incluye la permanencia de los empleados como accionistas con el 10% del capital social.2

Organizaciones de Usuarios y Consumidores

Organizaciones como la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores han advertido sobre los riesgos de la privatización de AySA. Han expresado preocupación por el impacto que la medida pueda tener en la "calidad del servicio, el empleo y la equidad en el acceso al agua potable y el saneamiento".6 Se ha señalado que la decisión del Ejecutivo podría poner en "riesgo de vida" a la población y que la privatización podría convertirse en un "negocio para extranjeros en perjuicio de los consumidores".14

Estas organizaciones temen que la privatización conduzca a servicios más costosos, deficientes o desiguales, y que se permita el corte del servicio por falta de pago, lo que afectaría el acceso a un derecho básico.12 Han solicitado auditorías de la empresa bajo la actual gestión gubernamental, argumentando que los insumos se están cobrando a valores anormales.14

Potenciales Inversores Privados

El gobierno está activamente buscando inversores para la privatización de AySA. Se ha confirmado que empresas españolas han mostrado interés en la compañía. Iñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), calificó a AySA como una empresa "magnífica" y "top", con potencial para ser un "éxito de privatización" si se le dota de recursos para invertir y mejorar el servicio.28

Se ha mencionado que empresas que participan en licitaciones en Brasil y que no obtengan proyectos en ese país podrían estar dispuestas a "jugarse una ficha" por AySA.10 La Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial está colaborando con el gobierno en "roadshows" para tantear el interés de los inversores.10

6. Impactos Potenciales de la Privatización

Impacto Económico y Fiscal

La privatización de AySA se proyecta con un impacto significativo en las finanzas públicas. El gobierno espera una reducción del gasto estatal al eliminar la necesidad de aportes del Tesoro Nacional para mantener operativa la empresa, que ascendieron a 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023.2 Además de los ingresos directos por la venta de acciones, se anticipa un aumento en la recaudación fiscal a través de impuestos sobre los beneficios que generen los operadores privados.41

La medida busca atraer inversión privada sustancial para modernizar la infraestructura hídrica, que el gobierno considera en "fuerte deterioro".5 El modelo propuesto prevé que el concesionario privado recupere su inversión a través del cobro de tarifas en las boletas de los usuarios, y se abrirá la posibilidad de que provincias, municipios o incluso los propios vecinos ejecuten mejoras.11 Esto implica una transferencia del costo de la inversión y el mantenimiento de la red directamente a los usuarios, en contraste con el modelo anterior donde el Tesoro Nacional financiaba gran parte de las obras.10

Impacto Social y en la Calidad del Servicio

Desde la perspectiva gubernamental, la privatización permitirá "modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio".6 Sin embargo, los críticos advierten sobre el riesgo de un deterioro en la calidad del servicio, un aumento de las tarifas y una mayor desigualdad en el acceso, especialmente para las poblaciones más vulnerables.14

Uno de los puntos más sensibles del plan es la propuesta de habilitar el corte del servicio de agua corriente a usuarios residenciales en caso de morosidad. Actualmente, AySA solo puede aplicar restricciones parciales tras dos períodos impagos y previa intimación.10 La nueva normativa incluiría esta medida en los contratos con los futuros concesionarios, lo que podría afectar el acceso a un servicio esencial para muchos hogares. Además, se plantea que las tarifas se actualicen de forma automática cada tres meses en función de la inflación y los costos de obras, lo que podría generar incrementos significativos en las facturas de los usuarios.11 La privatización del agua, para los opositores, no solo pone en riesgo un derecho básico, sino que sienta un precedente peligroso sobre el rol del Estado en la protección de bienes públicos.17

Impacto Laboral

AySA cuenta actualmente con una plantilla de 6.202 empleados.2 La privatización genera incertidumbre sobre la estabilidad laboral de estos trabajadores. Aunque el plan gubernamental incluye la permanencia de los empleados como accionistas con el 10% del capital social 1, se ha aclarado que el futuro operador privado tendrá autonomía para definir sobre la continuidad del personal.11 Esto podría implicar despidos o reestructuraciones, a pesar de que la empresa ya ha reducido su dotación en un 20% desde noviembre de 2023.23 Los sindicatos, como SGBATOS, han expresado su firme defensa del poder adquisitivo y los derechos de los trabajadores, oponiéndose a cualquier medida que implique despidos o un techo salarial.15

Fuentes citadas

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  2. La Nación / Argentina anuncia inicio de proceso de privatización de ..., acceso: julio 21, 2025, https://www.lanacion.com.py/mundo/2025/07/18/argentina-anuncia-inicio-de-proceso-de-privatizacion-de-empresa-estatal-de-agua/

  3. El Gobierno anunció que puso en marcha la privatización de AySA - TN, acceso: julio 21, 2025, https://tn.com.ar/economia/2025/07/18/el-gobierno-anuncio-que-puso-en-marcha-la-privatizacion-de-aysa/

  4. AySA: el anuncio del Gobierno y una historia de privatizaciones - Corta, acceso: julio 21, 2025, https://corta.com/politica/aysa-anuncio-gobierno-una-historia-privatizaciones-n26423

  5. El Gobierno puso en marcha el proceso de privatización de AySA: los próximos pasos, acceso: julio 21, 2025, https://www.clarin.com/politica/gobierno-abrio-proceso-privatizacion-aysa_0_rgOtVs1gec.html

  6. El Gobierno de Argentina anuncia la privatización de AySA, la empresa pública de Aguas y Saneamiento - Aguasresiduales.info, acceso: julio 21, 2025, https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/el-gobierno-de-argentina-anuncia-la-privatizacion--IxRyp

  7. Gobierno de Argentina inicia privatización de empresa pública proveedora de agua y saneamiento | Spanish.xinhuanet.com, acceso: julio 21, 2025, http://spanish.xinhuanet.com/20250719/566f27322803407fa5192c6817e6bc22/c.html

  8. Milei privatizará la empresa pública de agua para modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio - El Debate, acceso: julio 21, 2025, https://www.eldebate.com/economia/20250719/milei-privatizara-empresa-publica-agua-modernizar-sector-mejorar-calidad-servicio_318761.html

  9. El Gobierno anunció que iniciará la privatización de AySA, acceso: julio 21, 2025, https://www.ambito.com/economia/gobierno-anuncio-que-iniciara-la-privatizacion-aysa-n6168684

  10. Privatización de Aysa: permitirán cortar el agua por falta de pago y las tarifas aumentarán por inflación y nuevas obras, acceso: julio 21, 2025, https://www.infobae.com/economia/2025/07/18/privatizacion-de-aysa-permitiran-cortar-el-agua-por-falta-de-pago-y-las-tarifas-aumentaran-por-inflacion-y-nuevas-obras/

  11. El Gobierno avanza con la privatización total de AySA: venta de acciones, tarifas trimestrales y cortes a morosos - Zona Norte Hoy, acceso: julio 21, 2025, https://www.zonanortehoy.com/politica/el-gobierno-avanza-con-la-privatizacion-total-de-aysa-venta-de-acciones-tarifas-trimestrales-y-cortes-a-morosos/

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  15. Lingeri: «Hay que poner en orden la caja de AySA - Informe de Prensa, acceso: julio 21, 2025, https://informeprensa.aysa.com.ar/nota/89509731-c646-4f2a-9de3-6c96d1b620a7

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  17. Privatización de AySA: un nuevo paso en el desmantelamiento del Estado que impulsa el gobierno de Milei | Nota al Pie | Noticias en contexto, acceso: julio 21, 2025, https://www.notaalpie.com.ar/2025/07/18/privatizacion-aysa-ajuste-milei/

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  44. Como en los 90's: privatizan AYSA, Menem acusado de corrupción y crisis laboral | Resumen Imposible - YouTube, acceso: julio 21, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=qLSiDZqb_bY

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  46. El Gobierno anunció que comenzó el proceso para privatizar AySA - Comercio y Justicia, acceso: julio 21, 2025, https://comercioyjusticia.info/economia/el-gobierno-anuncio-que-comenzo-el-proceso-para-privatizar-aysa/