BUENOS AIRES, 17 de noviembre de 2025 –
En el día de la fecha, la ing. Eva Koutsovitis (El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos), el economista Claudio Lozano (Unidad Popular) con el patrocinio del Abog. Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentaron una ampliación de la demanda de amparo (Causa N∘ CAF 8398/2022) donde se cuestiona la constitucionalidad del endeudamiento con el FMI realizado en el año 2018, y posteriores endeudamientos para pagar dicha deuda.
La presentación denuncia como "hecho nuevo" el reciente "Acuerdo de Estabilización Cambiaria" o "Swap de Divisas" por USD 20.000 millones, celebrado en secreto por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el Banco Central (BCRA) con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La denuncia solicita la "nulidad absoluta e insanable" del acuerdo, argumentando que el PEN usurpó facultades legislativas al omitir la intervención y aprobación obligatoria del Congreso Nacional, tal como lo exigen los artículos 4, 75 (incisos 4 y 7) y 99 (inciso 3) de la Constitución Nacional.
El escrito sostiene que el Poder Ejecutivo incurrió en un "fraude a la Constitución" al denominar "swap" (un instrumento de política monetaria) a lo que materialmente es un "empréstito" o una "operación de crédito público". La denuncia argumenta que, si bien una línea contingente podría ser política monetaria, "en el preciso instante de su 'activación' o 'uso'", la operación "muta su naturaleza y se transforma en un préstamo firme" que genera una obligación de repago onerosa.
Como prueba clave de la onerosidad, la presentación cita las declaraciones públicas del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien el 11 de noviembre de 2025 confirmó no solo la activación de la línea de crédito, sino su carácter oneroso. Bessent declaró categóricamente: "Obtuvimos ganancias con ello" ("We made a profit from it"). La denuncia califica esta "ganancia" admitida por el propio acreedor como la "prueba fáctica irrefutable" de que se trata de un préstamo con intereses, y no un simple swap.
La presentación establece un "nexo causal directo" entre este nuevo acuerdo y la deuda con el FMI, objeto original de la demanda. Se alega que la activación inicial del swap (estimada en aprox. USD 2.700-2.800 millones) se utilizó para "convalidar, reconocer y cancelar vencimientos" de la deuda anterior. Específicamente, se detalla que aproximadamente USD 796 millones se destinaron a adquirir los DEGs (Derechos Especiales de Giro) para "cancelar un pago de intereses al FMI". "Se está tomando nueva deuda nula para sostener la anterior deuda nula", afirma el escrito.
Finalmente, se denuncia la "más absoluta opacidad" en la que se ejecutó el acuerdo. Los términos contractuales clave (tasa de interés, garantías, cronograma de repago, comisiones) "no han sido publicados" y "son un misterio". Esta falta de transparencia, donde el BCRA se limitó a un "comunicado genérico", es denunciada como un "vicio manifiesto que ataca el corazón del sistema republicano de gobierno (Art. 1 CN)" y que, por sí solo, "acarrea su nulidad".
Ante esta situación, la presentación solicita al juzgado que declare la "nulidad absoluta e insanable" del acuerdo con el Tesoro de EE.UU. Además, se requiere con "carácter urgente" que se libre oficio al BCRA, al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que presenten en la causa la "copia íntegra, certificada y bilingüe del Acuerdo", los expedientes administrativos y todos los dictámenes jurídicos que lo avalaron.
Contacto:
Abog. Jonatan Baldiviezo (Whatsapp 15 3266-7008)