Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2025
LA ASOCIACIÓN CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD, El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y la ASOCIACIÓN CIVIL BASTA DE DEMOLER - Por la Preservación del Patrimonio Arquitectónico de Buenos Aires han presentado una Acción de Amparo Colectivo Ambiental, con el patrocinio letrado del Abog. Jonatan Baldiviezo, ante la justicia con el objetivo de detener de manera urgente el desarme y la demolición del actual Puente Vehicular Ciudad de la Paz, ubicado sobre las vías del FFCC Mitre en Palermo.
La demanda, interpuesta contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) y la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), busca frenar el proceso de Licitación pública N° 2025-01-0011-00, cuyo objeto es la demolición de la estructura actual y su reemplazo por una nueva.
La causa quedó radicada en el Juzgado en lo CAyT N° 15 a cargo del Juez Víctor Trionfetti y tramita en los autos caratulados "ASOCIACION CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO - PATRIMONIO CULTURAL HISTORICO", Expte. N° 215671/2025-0.
Valor Patrimonial y Protección Ambiental
El puente, construido en 1918 por la Compañía de Tramways Lacroze, lleva 107 años en funcionamiento y constituye una pieza urbana singular de carácter ferroviario/industrial con altos valores históricos, arquitectónicos, ingenieriles, urbanos y simbólicos.
El valor patrimonial del puente fue reconocido por el propio GCABA, que lo incorporó al Catálogo Preventivo de Inmuebles Patrimoniales con Protección Ambiental mediante la Resolución N°111-SSREGIC-17 en marzo de 2017. La inclusión en el Catálogo Preventivo quedó firme tras 60 días.
Violación de la Normativa y Deber de Protección
La acción judicial alega una violación flagrante del procedimiento de catalogación y del deber de proteger el patrimonio por parte del GCABA. Una vez que la catalogación preventiva se consideró firme, el Poder Ejecutivo tenía la obligación de remitir un proyecto de ley a la Legislatura para su tratamiento y catalogación definitiva. Sin embargo, esta obligación fue omitida durante ocho años.
Actualmente, AUSA y el Poder Ejecutivo solicitaron al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) que descatalogue el puente. La demanda argumenta que esta acción es ilegal, ya que el único órgano capaz de modificar o desestimar la catalogación preventiva firme es la Legislatura porteña.
Argumento de Seguridad Desestimado
El GCABA y AUSA justifican la demolición argumentando cuestiones de seguridad y fallas estructurales para reemplazarlo por una estructura destinada al paso de vehículos pesados.
No obstante, la demanda destaca que:
1. Existen alternativas de ingeniería viables que compatibilizan la seguridad del tránsito con la conservación de la estructura histórica.
2. Un informe del Ing. Martín Polimeni (contratado por el propio GCABA) confirmó en 2024 que la estructura es susceptible de ser rehabilitada para tránsito vehicular liviano (hasta 3.5 t), ambulancias y autobombas.
3. El puente fue reparado y reforzado bajo la supervisión del Ing. Polimeni el verano pasado y reabrió al tránsito en marzo de 2025.
Los ingenieros Del Carril-Fazio, cuyo informe es usado por AUSA para justificar la demolición por supuesta imposibilidad de reparación, también plantearon una solución creativa que consiste en construir dos puentes internos, dejando la estructura histórica original “completamente descargada y conservada para su admiración como pieza icónica”.
Negación de la Participación Ciudadana
La omisión del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto de ley a la Legislatura también está impidiendo el pleno ejercicio de la participación ciudadana, incluyendo la convocatoria a la Audiencia Pública Obligatoria que exige la Constitución local (Art. 90 CCABA) para el tratamiento de proyectos de ley que tienen por objeto la protección patrimonial.
Esta omisión constituye una violación del derecho a la Democracia Participativa Ambiental y Social, reconocida en la Constitución local y en el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27.566), el cual exige participación abierta e inclusiva en decisiones que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente.
Petición Urgente de Medida Cautelar
A fin de evitar un daño irreversible al patrimonio cultural de la ciudad, la demanda requiere el dictado de una MEDIDA CAUTELAR URGENTE para que se ordene al GCABA:
1. La suspensión del desarme o demolición del Puente Vehicular Ciudad de la Paz.
2. La interrupción y declaración de nulidad del proceso de Licitación pública N° 2025-01-0011-00.
3. Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de remitir a la Legislatura el proyecto de ley para la catalogación definitiva del puente.
4. Que el CAAP se abstenga de tratar la descatalogación del puente hasta que la Legislatura resuelva su inclusión definitiva o desestime la preventiva.
Las organizaciones insisten en que lo que se demuele se pierde para siempre, y existen soluciones que garantizan la seguridad sin comprometer la conservación de este “testimonio histórico” y “memoria colectiva”.
La Ing. María Eva Koutsovitis, fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos: “El puente de Ciudad de la Paz lleva funcionando 107 años y tiene un alto valor histórico, arquitectónico, ingenieril, urbano y simbólico. El propio Gobierno de la Ciudad reconoció su valor patrimonial incorporándolo al Catálogo Preventivo de Inmuebles Patrimoniales. Durante más de dos años el puente estuvo cerrado por obras estructurales realizadas por el propio GCBA. En marzo terminaron los trabajos y ahora, insólitamente, el mismo GCBA quiere demolerlo para construir un nuevo puente. El GCABA y AUSA justifican la demolición argumentando cuestiones de seguridad y fallas estructurales para reemplazarlo por una estructura destinada al paso de vehículos pesados. Los propios técnicos del GCBA, AUSA y de la UBA mencionan que el puente es susceptible de ser rehabilitado estructuralmente, por lo tanto, existen alternativas ingenieriles viables que permiten preservar este puente emblemático de nuestra ciudad.”
Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad: “La omisión del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto de ley a la Legislatura también está impidiendo el pleno ejercicio de la participación ciudadana. Esto incluye la convocatoria a una Audiencia Pública Obligatoria tal como establece la Constitución de la Ciudad para el tratamiento de proyectos de ley que tienen por objeto la protección patrimonial. Con el objetivo de evitar un daño irreversible al patrimonio cultural de la ciudad, hemos presentado una medida cautelar urgente en la justicia para suspender la demolición del puente de Ciudad de la Paz, interrumpir la licitación pública que tiene por objeto su demolición y exigirle al Poder Ejecutivo que remita el proyecto de catalogación definitiva del puente. Lo que se demuele se pierde para siempre y existen soluciones que garantizan la seguridad sin comprometer la conservación de nuestra memoria colectiva".
CONTACTO DE PRENSA: Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad: Abog. Jonatan Baldiviezo 15 3266-7008