Más de 60 colectivos piden a Rodríguez Larreta que garantice el cumplimiento del DNU que prohíbe desalojos

Más de 60 organizaciones sociales, políticas y sindicales, legisladores nacionales y de la ciudad de Buenos Aires presentamos una nota al jefe de Gobierno porteño para informar sobre distintas situaciones de gravedad que afectan a la población inquilina en el contexto de la emergencia sanitaria. Solicitamos en la nota que se adopten medidas concretas para garantizar sus derechos.

09/04/2020

Políticas habitacionales

Más de 60 organizaciones sociales, políticas y sindicales, legisladores nacionales y de la ciudad de Buenos Aires presentamos una nota al jefe de Gobierno porteño para informar sobre distintas situaciones de gravedad que afectan a la población inquilina en el contexto de la emergencia sanitaria. Solicitamos en la nota que se adopten medidas concretas para garantizar sus derechos.

Desde la publicación del decreto 320/20 tomamos conocimiento de amenazas de desalojo y desalojos efectivos en hoteles familiares, pensiones, residencias y habitaciones alquiladas en viviendas familiares. También se dieron casos de intimación abierta para que las personas abandonen el lugar, como el corte de servicios básicos a las habitaciones. En algunos lugares se reubicó a personas en contra de su voluntad en habitaciones de hotel, lo que generó hacinamiento y el aumento del riesgo para la salud individual y colectiva. Estas condiciones, además, incrementan la vulnerabilidad de mujeres y niñes ante situaciones de violencia machista.

La mayoría de estos establecimientos tiene condiciones sanitarias deficitarias, que hacen incumplibles las indicaciones de higiene y prevención necesarias en el contexto de pandemia. Además, la negativa de propietaries e inmobiliarias a cobrar a través del sistema bancario, para evadir el pago de tributos, expone a les inquilines a incumplir el aislamiento obligatorio.

Leé la nota presentada en: https://bit.ly/3bZwROO

Al final la carátula y la presentación realizada al GCBA.

Ciudad de Buenos Aires, jueves 9 de abril de 2020

Sr. Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horacio RODRÍGUEZ LARRETA
-------------------S/D--------------------

Como organizaciones que trabajamos por el derecho a la vivienda, nos dirigimos a usted para informar la gravedad de las situaciones que en el contexto de la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento social obligatorio afectan a la población inquilina de la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de la prohibición establecida por el DNU 320/20, les inquilines de hoteles familiares y pensiones -tanto en el mercado formal como en el llamado “mercado informal”- siguen amenazades por intentos de desalojo. Desde la publicación del decreto, el 29 de marzo último, hemos tomado conocimiento sobre amenazas de desalojo y desalojos efectivos en hoteles familiares, pensiones, residencias y habitaciones alquiladas en viviendas familiares de los barrios de Constitución, Barracas, San Nicolás, San Telmo, Villa Devoto y Villa Urquiza.

Las intervenciones ante estas situaciones han sido puntuales, de acuerdo a cada caso, y articuladas principalmente desde el campo social. En otros casos, en lugar de una intimación abierta al desalojo hemos recibido denuncias de acciones intimidatorias como el corte de servicios básicos a las habitaciones como una forma de hostigamiento para que las personas abandonen el lugar. También se han producido reubicaciones forzosas de personas en habitaciones de hotel, generando más hacinamiento y poniendo en riesgo la salud individual y colectiva. Estas condiciones, además, incrementan la vulnerabilidad de mujeres y niñes ante situaciones de violencia machista.

Otro aspecto de la situación urgente de esta población son las condiciones sanitarias deficitarias en este tipo de establecimientos, que se oponen a las establecidas en la ley 4631 que regula los alojamientos turísticos, y vuelven incumplibles las indicaciones de higiene y prevención realizadas en forma homogénea por el Ministerio de Salud de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires. Más que nunca, resulta latente cómo el déficit en las condiciones habitacionales y sanitarias constituye una amenaza a la integridad y a la vida de la población inquilina.

También insistimos con los problemas que enfrenta la población inquilina de unidades de vivienda por la negativa de les propietaries e inmobiliarias a brindar los datos bancarios para que ésta pueda pagar el alquiler a través del sistema bancario, tal como establece el DNU. Una enorme proporción de los alquileres permanece no bancarizado con los derivados perjuicios en materia fiscal, a los que ahora se suma que los inquilinos deban trasladarse, exponiendo su salud y la de otros e incumpliendo las normativas de aislamiento.

Finalmente, en los barrios populares de la ciudad les locadores están comunicando a sus inquilinos que el DNU 320/2020 no se aplica a sus contratos por ser informales o verbales. Esta interpretación no se condice con la letra ni con espíritu del DNU y anticipa la posibilidad que los desalojos en las villas sigan ocurriendo con absoluta discrecionalidad.

Las condiciones establecidas por el DNU 320/20 tienen como objetivo esencial cuidar y preservar la salud pública frente al avance de una epidemia global. Comprendiendo que la medida adoptada fue la del aislamiento obligatorio, se vuelve necesario que se adopten medidas concretas para garantizar los derechos de las personas en el marco de su cumplimiento.

Sugerimos las siguientes:

a) Establecer un protocolo de intervención inmediata ante intentos de desalojo

b) Comprometer a les propietaries de hoteles familiares y pensiones a definir mensualmente una tabla de precios fija con el fin de evitar especulaciones y arbitrariedades

c) Adoptar mecanismos de fiscalización para garantizar el congelamiento de los precios