Ya compró balas y granadas. ¿Esta deuda servirá para insumo de hospitales o mejorar el alimento de las escuelas, o para fortalecer el aparato de represión?
El 7 de abril, la Legislatura aprobó la Ley N° 6.299 (Proyecto de Ley N° 688-J-2020) autorizando al Poder Ejecutivo a contraer deuda pública por el monto de 150 millones de dólares ($9.690 millones de pesos /al cambio 1 dólar = 64.63
El destino de la deuda, según los fundamentos del proyecto de ley, es la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 y asegurar el normal funcionamiento del resto de los servicios que presta el GCBA.
El proyecto de ley ingresó a la Legislatura el 30 de marzo. Carece de fundamentos económicos serios. Solo expresa que resulta necesario garantizar la atención sanitaria y el acceso a las prestaciones médicas de la población, ya que habrá menos recaudación fiscal. A nivel nacional se está discutiendo que la carga de los gastos de esta crisis recaiga en los sectores con más recursos económicos. En cambio, el GCBA ha decidido nuevamente que lo pague la sociedad en su conjunto, entre ellos, los sectores que están padeciendo la crisis económica.
También aprobó la Ley N° 6.300 que duplicó el monto de 9 mil millones de pesos de deuda local recientemente autorizado por la Legislatura el 5 de diciembre de 2019 (Ley N° 6.282). Ahora podrá tomar 18 mil millones de pesos.
En definitiva, la Legislatura autorizó a Rodríguez Larreta a endeudarse por $18.690 millones de pesos.
Tres días después de que ingresó el proyecto a la Legislatura y tres días antes de su votación, el GCBA destinó 52 millones de pesos para comprar equipamiento antidisturbios.
Además, conformó un nuevo grupo de choque de 700 efectivos denominado grupo o fuerza de “Despliegue e Intervención Rápida (DIR)”.
La idea proviene del gobierno nacional de Macri que en 2017 creó la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) con el objetivo de brindar apoyo logístico al Ministerio de Seguridad en todo lo relacionado con operativos contra los cárteles de droga en la frontera, el cuidado de recursos naturales y el avance de grupos violentos mapuches extremistas. Solicitamos y proponemos que el presupuesto del GCBA no sea destinado a equipar a este nuevo grupo de choque de la policía de la ciudad.
Lamentablemente, las leyes con que se aprobaron estos nuevos endeudamientos no establecen prioridades ni limitaciones al destino que se dará a la deuda tomada. Nada de ese dinero debería ir a financiar la represión. Al contrario, el temor a los estallidos sociales debería ser aliviado garantizando los derechos de la ciudadanía y las mínimas condiciones de una vida digna y adecuada.
Pero el GCBA sigue la lógica de la crónica del estallido anunciado. El GCBA ha decidido no modificar la Canasta Nutritiva Escolar a pesar de la orden de una jueza. Ha decidido no llevar agua potable a los barrios populares a pesar de los constantes reclamos. Rodríguez Larreta decidió no repartir ni una computadora para quienes no tienen cómo cursar la escuela a distancia y en forma virtual. Tampoco establecerá ninguna política para quienes no tengan acceso a internet. Para las personas en situación de calle el GCBA sigue ofreciendo los mismos paradores que fracasaron en todos estos años. Tampoco ha dado respuesta a una nota de 60 colectivos solicitando un accionar propositivo del GCBA para proteger a las familias inquilinas de desalojos forzosos en cumplimiento del DNU 320/2020 que suspende los desalojos y posterga los pagos de los alquileres.
Las acciones del GCBA estarían demostrando claramente cuál será el destino que se dará a la deuda autorizada.