Claudio Lozano
María Eva Koutsovitis
Jonatan Baldiviezo
Juan Posse
La agenda porteña está atravesada por el reclamo estudiantil, un reclamo de larga data pero que se intensifica por estos días. El viernes pasado las y los estudiantes del Mariano Acosta votaron por amplia mayoría la toma de la escuela debido a las malas condiciones de infraestructura, en contra de las pasantías laborales obligatorias y gratuitas, por una mejor calidad y cantidad en las viandas escolares, por falta de un ámbito democrático de dialogo con la ministra Soledad Acuña y exigiendo el cese de la persecución política y la estigmatización a los centros de estudiantes.
A las pocas horas de iniciada la toma, ingresó en la escuela personal de la empresa tercerizada por el Ministerio de Educación MIG S.A. para realizar tareas de mantenimiento. Luego de ese ingreso se produce un corte luz como consecuencia de haberse violentado el tablero eléctrico. La escalada de violencia institucional por parte de la Ministra de Educación no se detuvo y, al igual que en el 2018, volvió a plantear públicamente que las madres y padres de los estudiantes que participan de las tomas van a responder por los daños y van a ser denunciados penalmente enviando a la policía de la Ciudad a notificarlos. El propio vicerrector del Mariano Acosta, Pasquarelli, recibió amenazas anónimas.
El avasallamiento institucional en el ámbito educativo no tiene fin. Hace unas pocas semanas de manera inconsulta e intempestiva, el Ministerio de Educación anunciaba que más de una decena de escuelas de jornada simple pasarían en mes de octubre a jornada completa. Pasar de jornada simple a jornada completa implica adecuar la infraestructura escolar, el servicio de comedores escolares y, por supuesto, en pleno ciclo lectivo modificar la propuesta pedagógica y la rutina de las familias, estudiantes y docentes. El 27 de septiembre, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y la APDH CABA acompañaron a la comunidad educativa de la Escuela N°12 del Distrito N° 9 patrocinando una acción amparo colectivo para que se respete la opción de las familias de elegir la jornada simple.
En relación con el reclamo de la calidad, el estado y la cantidad de viandas o refrigerios que reciben las y los estudiantes, junto con las cooperadoras, centros de estudiantes y la comunidad educativa venimos solicitando un ámbito donde discutir el servicio de comedores escolares.
En el colegio secundario Mariano Acosta, alrededor de 700 estudiantes cursan en doble turno tres veces por semana, pero el ministerio de Educación sólo manda comida para menos del 25%. Los 180 refrigerios consisten en un pebete con una feta de paleta y una de queso, y una fruta o barra de cereal de tercera marca, por el cual el gobierno paga 186 pesos. La empresa a cargo es Servir´c S.A, que acaba de renovar contrato hasta 2025 y va a recibir más de 500 millones ($ 536.157.849) por este servicio que realiza en diversas escuelas de la Ciudad.
El de la alimentación no es el único rubro por el que le factura al gobierno porteño: esta Sociedad Anónima, además de hacer estos sándwiches desabridos y con escasísimo valor nutricional, también se dedica a realizar el servicio de mudanza y de guardamuebles para el GCBA.
En la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia, con una jornada escolar que ronda las 10 horas, el ministerio de Educación manda 172 refrigerios para los más de 550 estudiantes que cursan diariamente. La empresa a cargo es Servicios Integrales de Alimentación S.A., empresa que acaba de renovar contrato hasta 2025 y va a recibir más de 3000 millones ($3.017.671.242) por este servicio que realiza en diversas escuelas de la Ciudad, pese a las múltiples denuncias que acumula en diversos servicios que brinda. “En el día de la fecha el menú correspondiente, “Polenta a la pizza”, se recibió la preparación en granel en un contenedor, totalmente líquida, imposible de consumir”. Se tuvo que realizar un menú de emergencia debido a que era muy tarde para esperar que la empresa envíe algo para reemplazar”, detalla una de las tantas denuncias que recibió la empresa.
Es inadmisible que hace 20 años, 18 empresas sistemáticamente denunciadas y sancionadas por el propio GCBA, se repartan este negocio multimillonario por el que sólo este año le van a recibir más de 12 mil millones de pesos. Recurrimos a la justicia para frenar la nueva licitación que se anunció pocos días antes del inicio del ciclo lectivo. Pese a las sistemáticas irregularidades del proceso licitatorio y el acompañamiento de cientos de familias y cooperadoras, la justicia no hizo lugar al reclamo.
En relación con el rechazo a las pasantías gratuitas obligatorias por parte de los estudiantes sería bueno recordarle a la Ministra Acuña que las pasantías obligatorias son ilegales de acuerdo con la Ley N° 3541 de la Ciudad. Y respecto al estado de la infraestructura escolar, en la primera mitad del año, el GCBA ejecutó menos de un tercio del presupuesto asignado a Infraestructura escolar. Sobre $3.240 millones sólo ejecutó $1064 millones. El dato es sumamente preocupante ya que el presupuesto en infraestructura escolar viene siendo recortado año tras año. Un dato relevante es que el presupuesto 2020 destinado a esta área era de $3068 millones, de los cuales, ese año, sólo ejecutaron $941 millones. El ministerio de Educación porteño tampoco está ejecutando el dinero que le transfiere la Nación para esta área: de los 230 millones de pesos destinados a que mejore la infraestructura escolar, sólo utilizó poco más de $7 millones, es decir, el 3%.
Estamos frente a un modelo de gestión no democrático. Nuestra Constitución establece que deben existir ámbitos dónde discutir con el conjunto de la comunidad educativa las políticas educativas. Hace 25 años que está pendiente el debate de una Ley de Educación para la ciudad. A falta de esta ley, las políticas educativas se definen sin debates democráticos desde la verticalidad impuesta por el Ministerio de Educación. En su carrera a Jefa de Gobierno de la Ciudad, Acuña adopta el modelo Bullrich y lleva adelante un sistemático ataque a la democracia educativa y a la educación pública.