INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL, INDIVIDUAL E INCONDICIONAL PARA LA ARGENTINA (ICUI)

Antes de comentar en qué consiste la propuesta de un Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional, quisiera recordar cuál ha sido nuestro pacto social como comunidad argentina, para entender la necesidad de la implementación de una política social nueva y radical.

Como comunidad política hemos consensuado, a grandes rasgos, en nuestra Constitución, a nivel histórico y teórico, como organizarnos para la toma de decisiones colectivas y los derechos que la comunidad debe respetar y garantizar a cada uno de sus integrantes.

Estos derechos reconocidos están orientados en general a garantizar una vida adecuada, el desarrollo integral de las capacidades, un igualitario ejercicio de la autodeterminación y una relación de equilibrio con el ambiente. Además, tienen el rasgo de ser universales, es decir, deben ser respetados y garantizados a cada integrante de la comunidad y a cada nuevo integrante que se sume. No está planteada la posibilidad de que como comunidad podamos excluir de estos derechos a algunos de sus integrantes. Tenemos un pacto comunitario donde cada persona es responsable de que se cumplan las cláusulas que hemos acordado.

Nuestro pacto comunitario es la decisión de emprender un destino común. En este acuerdo ingresamos y aceptamos, por ejemplo, ciertas restricciones a la libertad y que otras personas tomen decisiones por nosotros, bajo la condición o a cambio de que tendremos garantizados de mínima, niveles adecuados de subsistencia, autodeterminación y libertad, técnicamente los llamamos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), que nos permitan superar estados de necesidad que vayan en detrimento de una calidad de vida que socialmente consideremos digna.

También ingresamos a este acuerdo con la confianza en una comunidad que sostendrá el respeto por los compromisos asumidos. Nadie ingresa con la voluntad previa de persistir en el cumplimiento de lo acordado, aceptando las restricciones a su libertad, si el resto no respeta los compromisos asumidos con su persona y dignidad. Esto implicaría la renuncia a una regla inveterada de la humanidad, la exceptio non adimpleti contractus (el derecho a negarse a cumplir su obligación mientras los otros no cumplan con la suya)

Entonces ¿qué sucede si a un amplio número de personas no se les respetan partes importantes de este acuerdo constitucional con relación a los DESCA y al acceso a bienes imprescindibles para la subsistencia? Estamos frente a un acuerdo que no es respetado, por ejemplo, para más de la mitad de la niñez que se encuentra bajo la línea de la pobreza [2] (más de 7 millones de niños/as [3] / Unicef estima un 60% de pobreza infantil actual[4] y un 18% de pobreza infantil extrema); para el 10,4% de la población activa (2 millones de personas) que se encuentra desempleada [5]; para el casi 35% de la población que es pobre [6] (o el 45% según Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina [7]); para el 8 % que es indigente; ni para las 11 millones de personas [8] que reciben asistencia alimentaria.

Esta situación describe un estado generalizado de violación de la Constitución, es decir, de quebranto continuo y exacerbado del pacto que hicimos como comunidad.

El economista, Claudio Katz sostiene que después de dos años de aguda recesión en Argentina, por la pandemia del coronavirus Covid-19 que ha desencadenado en todo el mundo una impactante crisis capitalista, se percibe: una nueva contracción del producto del 9,9%%; el peligro de cierres masivos de empresas, con la consiguiente explosión del desempleo; que la pobreza podría alcanzar el 50% recreando un escenario muy semejante al 2001; que los últimos datos de abril indican una caída del 26,4% del PBI, que supera el descalabro récord de marzo de 2002 (16,7%); que el cuatrimestre acumula un declive productivo del 11% que corona 30 meses seguidos de retracción; que la tasa de crecimiento requerida para compensar ese derrumbe debería superar ampliamente las previsiones de muchos analistas (3,9%-4,3% para 2021).

Esto nos enfrenta a un desafío inconmensurable que según a cómo lo abordemos, podemos dirigirnos, en un planteo extremo: hacia un estallido social de todos aquellos que no soportarán más respetar sus compromisos y el derecho de los otros, en tanto que el resto de la comunidad no se ha ocupado de garantizar mínimos de subsistencia y dignidad para ellos; o bien, hacia una reestructuración profunda de la sociedad, la economía y nuestra relación con la naturaleza que establezca un estado de respeto mutuo de los acuerdos constitucionales que asumamos en un nuevo pacto ecosocial el cual disponga un renovado sistema de producción y distribución de bienes y riquezas que implique eliminar la pobreza y la indigencia de la Argentina en forma abrupta, y colaborar en la mitigación de la crisis climática.

En este último camino, es donde se inserta la propuesta del Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional (ICUI), como una de las políticas imprescindibles que debería adoptarse para salir de esta crisis sanitaria y económica, y para garantizar terminar definitivamente con la pobreza en el país. Como expresa María Julia Bertomeu[9], el ICUI sería capaz de garantizar de manera universal, individual e incondicional una existencia socialmente autónoma y permitiría acercarnos al sueño republicano, democrático y plebeyo de universalizar una libertad incondicional o no dominada para asegurar a todos el derecho a la existencia.

2. PROPUESTA DEL INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL E INCONDICIONAL (ICUI)

2.a. PRIMER EJE

Consiste en una política estatal que establece el derecho humano de toda persona habitante del país (UNIVERSAL e INDIVIDUAL) a recibir una transferencia económica mensual por parte del Estado (INGRESO) suficiente para garantizar ingresos tales que, en un principio, la coloquen en un estatus por encima del umbral de la pobreza hasta alcanzar, con el fortalecimiento de la política, los montos necesarios para el ejercicio de la soberanía política (INGRESO SUFICIENTE Y CIUDADANO), con independencia de sus ingresos, su condición laboral, su edad, sin importar con quién conviva y sin la exigencia de cumplir ninguna contraprestación (INCONDICIONAL), es decir, no está mediada ni se subordina a ninguna condición o circunstancia individual, familiar, social o ambiental, el único requisito es ser persona humana[10].

La “Basic Income Earth Network” (BIEN) -asociación internacional sin fines de lucro creada con el propósito de difundir la iniciativa- define la propuesta, con simpleza, como una “renta incondicionalmente garantizada a todos de forma individual, sin necesidad de una comprobación de recursos o de estar realizando algún trabajo”[11].

Esta propuesta también es denominada de diferentes modos: Renta Básica Universal, Subsidio Universal Garantizado, Ingreso Básico Universal, Ingreso Básico de Ciudadanía, Ingreso Mínimo. Cada uno de estos nombres enfatiza una perspectiva y un elemento de la propuesta que es esencialmente similar en cada uno de ellos.

En algunos casos, la discusión está en el carácter de la prestación económica: si es parte de la distribución de las ganancias generadas por la sociedad (Renta), si es una prestación económica estatal sin devolución que al no ser un derecho tendrá siempre rasgo de transitoriedad (Subsidio) o, considerando no quién otorga la prestación ni su fundamento sino colocándonos en la mirada de quien la recibe (Ingreso).

También las distintas denominaciones tienen que ver con la cuantía de la prestación económica. Mínima o Básica sería la suficiente para garantizar la subsistencia de la persona y una vida adecuada. Podría establecerse que básica o mínima sería cualquier prestación que supere el umbral de pobreza. Cuando se enfatiza el carácter de ciudadano y ciudadanía, el horizonte aspiracional tiende a ir hacia estándares económicos más elevados y también al reconocimiento de un nuevo derecho humano. Un monto que garantice la participación de la persona en la sociedad con la suficiente soberanía política, esta se encuentra más allá de la mera superación de la subsistencia. Aquí se agrega un aspecto relacional, ya no se enfoca solamente en la persona que recibe el ingreso sino también en su relación con los otros integrantes de la sociedad, es decir, se profundiza la dimensión de lograr que seamos igualmente libres.

2.b. SEGUNDO EJE

La propuesta del ICUI no se centra solamente en el ingreso universal, individual, suficiente e incondicional como tal. Este es la primera pata de la propuesta. La segunda columna vertebral, poco resaltada cuando se habla en forma genérica de esta política y que su denominación tampoco revela, tiene que ver con los cambios estructurales en el modelo impositivo y productivo que deben realizarse tanto para financiar la propuesta como para recapturar el ingreso que se otorgue a las personas que por sus propios ingresos no necesitan recibir el ICUI. La universalidad de la propuesta implica que el ingreso lo reciban tanto personas pobres como ricas como método para no dejar a nadie excluido a través de condiciones o requisitos característicos de las políticas focalizadas.

El ICUI no es una política social sino la propuesta de un sistema integrado de transferencia y distribución de los recursos estatales y de la riqueza generada por la sociedad.

Partamos de que existe la voluntad de una comunidad política de garantizar el ingreso suficiente a cada uno de sus integrantes que lo necesiten y tiene los recursos para hacerlo. Pero a su vez tiene el temor de otorgar recursos económicos a personas que no los necesitan porque pueden garantizarse una vida adecuada por sí mismos. Para evitar esta situación puede adoptar dos caminos para conectar los recursos y las personas.

Como PRIMERA ALTERNATIVAse puede organizar el sistema teniendo el objetivo preventivo de evitar que no se otorgue prestación económica a quiénes no lo necesitan. Para estos se establece una línea de corte o criterios de inclusión/exclusión. Y se crea todo un aparato burocrático para informar sobre la existencia de la política o programa, para analizar si las personas cumplen con los requisitos para el ingreso, para controlar que se cumplen las condicionalidades o contraprestaciones establecidas y, finalmente, para excluir a quienes, durante la vigencia de la política, superen los criterios de corte. La esencia de esta política es focalizarse en encontrar a los pobres (quienes estén por debajo del criterio de corte), y recelar profundamente de que personas no pobres reciban esta prestación económica. Por este motivo, se llaman Políticas Focalizadas. El sistema puede presentar dos fallas. El primer tipo de error es el falso positivo que se comete cuando alguien pasa la prueba y no debería haberlo hecho. El segundo tipo de error es el falso negativo que se realiza cuando alguien falla la prueba y debería haberla pasado. Y los dos errores son muy frecuentes. Una persona recibe lo que no merece, según el criterio establecido entre merecedores y no merecedores, mientras que otra persona no recibe lo que merece. El primero no es importante, pero el segundo error tiene muy malas consecuencias para las personas que han quedado excluidas del subsidio condicionado[12].

Las políticas focalizadas son paliativas, actúan con posterioridad a la detección del estado de necesidad o violación de derechos de un sector de la población. Indispensable para estas políticas es el ejército de empleados estatales designados para la orientación y la inscripción de las personas en el plan y, luego, para cumplir la función de inspección y control. Esta lógica implicar tener un ejército de controladores para fiscalizar quién merece o no recibir el plan. La asistencia ex-post conduce irremediablemente a la pérdida de la libertad efectiva [13].

La SEGUNDA ALTERNATIVA implica adoptar una actitud preventiva con relación a evitar que las personas padezcan algún estado de necesidad, surjan situaciones de pobreza o crezca la desigualdad social. EL ICUI abraza esta lógica ex-ante como derechos de ciudadanía para garantizar la existencia material de entrada como condición para la libertad republicana [14]. En este sistema alternativo se toma la decisión de otorgar una prestación económica de monto suficiente (para garantizar ingresos, en un principio, por encima del umbral de la pobreza hasta llegar a montos suficientes para alcanzar la plena soberanía política) a todas las personas, sin preocuparse preventivamente si quienes los reciben son pobres o ricos. En una segunda etapa, la política se centra en recuperar la prestación económica otorgada de aquellas personas que no lo necesitan. Se podría decir que su preocupación se focaliza en recuperar el dinero de los ricos, de los que no son pobres y tienen ingresos suficientes. La burocracia se traslada de investigar y analizar a los pobres a investigar las riquezas a través del sistema impositivo para recuperar las prestaciones económicas de quienes no las necesitan. Este tipo de políticas se llama UNIVERSALES y se centra en las riquezas y en los ingresos.

Los errores del sistema no excluyen a personas pobres, sino que impiden recuperar la totalidad de los ingresos mal asignados y quizás personas que no los necesitan se queden con una parte. La burocracia es casi inexistente en la asignación y transferencia de recursos para hacerse frondosa en el aparato tributario porque la recuperación de las prestaciones otorgadas a personas que no las necesitan, se realiza a través de los impuestos directos a la riqueza (ganancias, bienes personales, inmuebles). Fortalecer el sistema burocrático impositivo es útil para recuperar la prestación del ICUI mal asignada, así como también para establecer un sistema impositivo progresivo para financiar la política integral del ICUI.

2.b.1. REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA IMPOSITIVO

Si el sistema impositivo se conservara intacto luego de implementar esta propuesta implicaría agravar la desigualdad y un dispendio de recursos. El Estado estaría otorgando un derecho a personas que se encuentran en situaciones económicamente ventajosas al momento de recibir el ingreso. Por este motivo, debe adecuarse el sistema impositivo para que la asignación del ingreso ciudadano a personas que no lo necesitan pueda ser recuperado a través del cobro de impuestos con un sistema impositivo progresivo.

La Progresividad implica que los que más tienen, aporten más al sostenimiento de la sociedad. Aportes que estarían constituidos por el monto recuperado del ingreso ciudadano por parte de quienes no lo necesitan y por los montos necesarios para el financiamiento de los servicios estatales, entre ellos, esta nueva política del ICUI.

Esta integración de impuestos y transferencias logra establecer una “línea de indiferencia fiscal” que divide al universo de destinatarios en dos: los beneficiarios netos (quienes no son alcanzados por estos impuestos, y quienes son alcanzados por ellos, pero pagan menos de lo que reciben gracias al ICUI) y los contribuyentes netos (quienes pagan un monto mayor de impuestos de lo que reciben por ICUI)[15].

Todas las personas son contribuyentes impositivos al sistema de redistribución social de ingresos públicos, en forma proporcional al conjunto de sus ingresos. Para resumir, resulta importante que se perciba que el ICUI es una política económica que establece un sistema redistributivo que tiene dos caras que son inseparables, la percepción de la prestación económica universal e incondicional por parte de cada persona y su contribución impositiva. En este sentido, el sistema es una suerte de continuum solidario de percepciones y contribuciones impositivas, con un piso básico que es la asignación monetaria del ICUI. Esto también implicaría empezar a establecer límites a los ingresos máximos acordando un rango de desigualdad social, o, mejor dicho, establecer una suerte de relación de implicación solidaria entre el monto de la asignación monetaria del ICUI y el nivel de ingresos individuales máximos compatibles con la necesidad de financiamiento genuino del primero[16].

La estructura tributaria de la Argentina es de carácter REGRESIVO, puesto que la mayor parte de los recursos fiscales provienen de impuestos regresivos. La presión tributaria se redujo entre 2015 y 2018, pasando del 31,45% al 28,86% del PIB. Los impuestos de carácter progresivo redujeron su participación de la totalidad de los recaudado por impuestos. El Impuesto a las Ganancias pasó de representar el 24,8% sobre la recaudación total en 2015 al 21,8% en 2019 y el Impuesto sobre los Bienes Personales pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019. Al mismo tiempo, impuestos regresivos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto al Cheque (a los débitos y créditos), aumentaron su participación en el total de la recaudación. El IVA pasó de representar un 28,2% de la recaudación en 2015 al 30,5% en 2019 y el Impuesto al Cheque pasó de 6,3% al 7,0% en ese mismo periodo. El primero de ellos es un impuesto sumamente regresivo porque grava al consumidor final, impactando muy negativamente sobre los sectores más vulnerables. El segundo, grava con el mismo porcentaje a micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y multinacionales[17].

2.b.2.REESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESTATAL Y ECONÓMICA

No solamente debe modificarse el sistema impositivo regresivo actual de la Argentina, concentrado en impuestos indirectos y no en los que directamente gravan las ganancias y las riquezas. También la organización estatal y económica debe reestructurarse en sus raíces: para eliminar las innumerables políticas sociales focalizadas y su consiguiente burocracia que serán reemplazadas por el ICUI; para terminar con los subsidios a sectores productivos obsoletos frente a la crisis climática y la tercera revolución industrial; para modificar el sistema que permite la concentración del poder económico, mediático y político, y el desarrollo de estrategias acumulatorias de la riqueza que generan desigualdad [18] la cual a su vez impide la libertad para la inmensa mayoría desposeída; para modificar el modelo de desarrollo que nos ha hecho perder nuestra soberanía energética, económica/monetaria/financiera, alimentaria; para lograr la disminución [19] de la jornada laboral sin reducción salarial [20]; etcétera. El ICUI debe ser discutido sin soslayar este segundo eje.

El ICUI no es una mera política social. Hunde sus raíces en la política económica[21] general del país.

3. CARACTERES DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE LA POLÍTICA DEL INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL E INCONDICIONAL (ICUI)

Retomando el primer EJE del ICUI, comentaremos con más detalle las características de la prestación económica o asignación monetaria que propone la política del ICUI:

3.a. UNIVERSAL

El ICUI tiene como rasgo esencial, la simbiosis entre su carácter UNIVERSAL e incondicional. No podría existir un ingreso ciudadano universal que sea compatible con la existencia de condicionalidades o contraprestaciones relacionadas con la realización de trabajos. Resulta irracional exigir a los que tienen un empleo en blanco bien remunerado o sus propias empresas, una contraprestación laboral complementaria. La mera existencia de estas condicionalidades destierra la posibilidad de atribuir la universalidad a una política e implica incorporar los elementos negativos inherentes a las políticas focalizadas.

La universalidad destierra la idea de que, para ejercitar y tener derechos, debas entrar en la categoría de empleado, consumidor o cliente. El ingreso de la propuesta del ICUI forma parte de la cuarta generación de derechos humanos que le corresponden a todos por el hecho de ser persona.

3.a.i. ELEMENTOS NEGATIVOS Y EXCLUYENTES DE LAS POLÍTICAS FOCALIZADAS.

Las políticas sociales focalizadas han consistido en crear un sistema burocrático para identificar los sectores de la población con necesidades extremas para luego realizar transferencias mínimas de recursos económicos a quienes se encuentren dentro del marco delineado para la individualización del grupo objetivo. Este sistema impide garantizar que todos los que necesitan ingresos económicos, reciban una prestación económica por dos razones.

Existe una primera exclusiónque se debe a que las políticas focalizadas establecen una línea de corte. Por arriba de esa línea las personas no reciben la prestación económica por más que lo necesiten.

Por ejemplo, para que un niño/a reciba la Asignación Universal por Hijo (AUH), el padre o la madre deben estar desocupados, o ser trabajadores no registrados o monotributistas sociales. Existen miles de familias que no cumplen estos requisitos ni tampoco cuentan con un empleo en blanco para recibir asignaciones familiares. Hay un intersticio o un limbo donde las políticas focalizadas no llegan.

El régimen nacional de asignación familiar por hijo compuesto por el conjunto de subprogramas, incluyendo la AUH, deja afuera a nada menos que el 29% de la población menor de 18 años, es decir, cuatro millones de niños, niñas y adolescentes están por fuera de la órbita nacional. De éstos, cerca de dos millones perciben asignaciones de los sistemas públicos que en algunos casos ofrecen valores más bajos; más de medio millón sufrieron la sanción de la interrupción del pago por no cumplir con las condicionalidad de salud y educación cuando la garantía de tales derechos es también corresponsabilidad del estado; 81 mil chicos son hijos de titulares de planes sociales incompatibles con la AUH, 16 mil son extranjeros sin residencia y otros 15 mil son el sexto hijo no incluido en el diseño de la AUH. También se encuentran hijos de autónomos y de asalariados de altos ingresos que quedarían por fuera del derecho a la

percepción de un ingreso[22].

Otro ejemplo, los planes de empleo (Salario Social Complementario y Hacemos Futuro) junto a AUH sólo cubrían al 32,7% de los trabajadores más vulnerables [23].

Existe una segunda forma de exclusión propia de las políticas focalizadas. Para ser beneficiarios de estas políticas se requiere conocer la existencia del programa y completar un trámite burocrático. Una vez que estás incorporado a la política social, debes cumplir con las condicionalidades que cada una de ella establece. Si no mantienes tus datos actualizados o no acreditas el cumplimiento de las condicionalidades te dan de baja.

Por ejemplo, el programa alimentario Ciudadanía Porteña del GCBA. En el año 2007 se beneficiaban 61.223 hogares y en el año 2018, 33.886 hogares[24]. Esta disminución se debió a la incompatibilidad entre la AUH pero también, por la baja del programa de gran cantidad de hogares por no cumplir con las condicionalidades establecidas o por no acreditarlas debidamente.

El IPYPP informa que más de medio millón beneficiarios sufrieron la interrupción del pago de la AUH por no cumplir con las condicionalidades de salud y educación [25].

La tercera exclusión que emerge de las políticas focalizadas es que permite que se configure una de las “trampas de la pobreza”. Personas insertas en programas sociales condicionados prefieren no ser registrados en sus trabajos o no aceptar un trabajo por temor a dejar de recibir la asistencia y no poder recuperarla en una situación impredecible (una pandemia, por ejemplo). Esta situación se conforma cuando tanto los montos económicos de la política social como los que recibe por su trabajo en relación de dependencia son insuficientes por separado como para garantizar ingresos suficientes. Este caso no constituye una exclusión plena de los beneficios sociales, pero sí conlleva a la persona a renunciar a derechos que le corresponderían para no ser excluida.

Los problemas de estas exclusiones se solucionan con bastante simpleza al universalizar la política, de allí que se propugna un ingreso ciudadano UNIVERSAL.

3.a.ii.DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UNA SOCIEDAD SALARIAL A LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR PERSIGUIENDO EL PLENO EMPLEO

En el sistema capitalista del Estado de Bienestar, la protección social y los derechos sociales de los/as trabajadores debían garantizarse a través de la seguridad social que les brindaría el trabajo en relación de dependencia, con la apuesta a que el modelo productivo podría garantizar el pleno empleo. La seguridad social estaba atada a la seguridad laboral, lo que Robert Castel llamó sociedad salarial[26].

El Canciller prusiano Otto Von Bismarck creó, en el año 1883, el primer sistema generalizado de seguros obligatorios para todos los trabajadores. De esta manera se constituyó el modelo “bismarckiano”, adoptado con el tiempo por una gran parte de Europa continental, que vinculaba a la protección social con el trabajo y con el estatus de asalariado. Es la base de lo que luego fueron los “Estados de bienestar” estructurados luego de la Segunda Guerra Mundial[27].

El Estado de Bienestar empezó a disgregarse a mediados de los años setenta y aceleró su proceso de deterioro en las décadas de los ochenta y noventa. La flexibilización laboral incrementó el desempleo y el trabajo no registrado. Las políticas neoliberales hicieron que el estado se retrajera disminuyendo las prestaciones de los servicios públicos. Se incrementaron la desigualdad social, la pobreza y la marginalidad, generando que amplios sectores de la ciudadanía, anteriormente integrados en el marco de la sociedad salarial y de las políticas sociales universales fundadas en la relación de empleo registrado, pasaran a ser víctimas de un proceso de desintegración y exclusión social cada vez más extenso y profundo.

En Latinoamérica y en Argentina, el pleno empleo hace más de 40 años que es el tesoro al final del arcoíris. Entre 1974 y 2000, del 90 % de los trabajadores en blanco y con derechos sociales, se pasó al 48%[28]. El resto actualmente se encuentra desempleado, precarizado trabajando en negro o son cuentapropistas que no logran generar los ingresos suficientes para su familia. El desempleo creció desde el 3% al 12% y si se agregan los inactivos supera el 20%[29]. Con una correlación casi directa con la pérdida del trabajo en blanco, del 6% de la población bajo la línea de la pobreza se pasó al 40 %.

Los datos de empleo más recientes muestran que desde enero de 2018 a la fecha se destruyeron la misma cantidad de puestos de trabajo que se habían creado en los tres años previos. E incluso cuando se mira la evolución del empleo privado asalariado, los datos son incluso más preocupantes. A abril de 2020 -último dato disponible- la cantidad de empleos asalariados del sector privado (5,8 millones) era inferior al de enero de 2012 (6,1 millones). Incluso si se toma el promedio de los últimos doce meses antes de la pandemia (6,07 millones) hay que retroceder hasta la segunda mitad de 2012 para observar valores tan bajos[30].

Argentina tiene un mercado laboral con casi un 40% de informalidad, con mucha movilidad (hoy puedo tener empleo y el próximo mes o año, no) y con un alto porcentaje de jóvenes desempleados (a setiembre de 2019, casi dos de diez jóvenes estaban desempleados)[31].

En este contexto, el paradigma de la cobertura social universal centrada en la relación laboral y en el pleno empleo fue reemplazado por el paradigma de las políticas sociales focalizadas.

Numerosísimas políticas sociales focalizadas fueron implementadas desde la vuelta de la democracia hasta el presente (Programa Trabajar (1996), Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados [32] (2002), Plan Familias por la Inclusión Social (2004), Asignación Universal por Hijo (2009), Plan Progresar, Salario Social Complementario [33] (2016), Ingreso Familiar de Emergencia (2020)). Ninguna de ellas por separado ni considerándolas todas juntas lograron eliminar la pobreza ni disminuir sustancialmente la desigualdad del país. Actualmente estamos por superar las condiciones de pobreza del 2001 y estamos en niveles históricos de la desigualdad.

En conclusión, mientras el desarrollo del capitalismo requirió de la mercancía trabajo como insumo insustituible de su propia lógica, la asociación trabajo-salario-vida, pleno empleo-bienestar social, resultaba viable en términos funcionales (aun cuando fuera cuestionable en términos de una filosofía de la praxis, o de una ética humanista del trabajo) y el pleno empleo constituía un programa de acción posible. Pero a partir de la creciente disociación de la lógica de acumulación capitalista respecto de la mercancía trabajo, y la consiguiente desvalorización extendida y abrupta de la misma, la “recuperación de la vida” (la reintegración de la persona y la sociedad) ya no puede ser planteada en términos de recuperación del empleo, y menos aún, a través de la recuperación del crecimiento económico, toda vez que se ha demostrado que esto último puede producirse sin mayores repercusiones positivas sobre el primero[34].

Con este contexto, el ICUI es menos utópico que seguir buscando el pleno empleo [35] cuando hasta los trabajos calificados se encuentran en peligro.

3.a.iii.EL DESEMPLEO TECNOLÓGICO

Los cambios tecnológicos, la precarización del trabajo y las desigualdades que caracterizan las economías actuales están obligando a pensar en nuevas formas de garantizar el mínimo vital para todas las personas durante la crisis, pero también después de ella[36].

El pleno empleo se vuelve más utópico por la presencia de una nueva ola de desempleo tecnológico que ya está en marcha. Este proceso se caracteriza por la pérdida de puestos de trabajo por el crecimiento de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TICs)[37] y el incremento de los usos de la Inteligencia Artificial que posibilitan la automatización de un número creciente de trabajos.

Los investigadores de la Universidad de Oxford, Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne, publicaron en 2013 publicaron un estudio pronosticando que el 47%[38] de los empleos podrían desaparecer en los siguientes 15 o 20 años por la automatización[39].

En el Informe del Banco Mundial sobre el Desarrollo Mundial (2016)[40] se pronostica que las nuevas tecnologías (sobre todo las de la robótica, la inteligencia artificial y la automatización) aplicadas a la producción pueden sustituir en los próximos años: al 47 % de los empleados en EEUU, al 65% de Argentina, al 77% de India, al 69% de China [41].

Un informe de McKinsey Global Institute[42], de noviembre de 2017 [43], plantea que al menos un tercio de las actividades que se desarrollan en el 60% de las ocupaciones podrían ser automatizadas [44]. Agrega que durante la década de 2030, ante la explosión de la automatización, se estima que entre 400 y 800 millones de personas en todo el mundo tendrán que cambiar de trabajo ante la llegada de los robots [45]. De esta cifra, cerca de 375 millones no encontrarán un nuevo trabajo debido a la falta de conocimientos y preparación, es decir, 14% de la fuerza laboral mundial.

El Foro Económico Mundial (WEF) elaboró el informe [46] “Future of Jobs 2018”[47] donde pronostica que, al 2018, el 29% de las tareas laborales son realizadas por una máquina. Y que, debido a los avances tecnológicos, en 2025 esta cifra significaría la pérdida de 75 millones de empleos. Kai-Fu Lee, una de las voces más importantes en cuanto a inteligencia artificial, apunta que para el 2035 el 40% de los trabajos del mundo [48] serían realizados por algún sistema basado en inteligencia artificial.

Martin Ford, autor del libro El ascenso de los robots: la tecnología y la amenaza del desempleo masivo, defiende el ICUI para que puedan hacer frente a la disrupción tecnológica. Según Ford, en el pasado la automatización era un fenómeno que solía estar concentrado en una industria a la vez. Eso permitía a los trabajadores desplazados por la tecnología en una industria, moverse hacia una nueva industria emergente. Pero la situación actual es muy diferente, porque la inteligencia artificial puede utilizarse en todas las industrias y hace que la automatización se pueda dar simultáneamente en muchas industrias. Además, el progreso en la automatización del software será mucho menos visible para el público, pero tendrá impactos más generalizados en las organizaciones y quienes trabajan en ellas[49].

La tecnología está avanzando a un ritmo tan vertiginoso que —a diferencia de lo que ocurría en el pasado— destruirá millones de empleos antes de que sea posible reemplazarlos por otros[50].

Fernando Savater sostenía que a comienzos del siglo XX muchos imaginaron que la humanidad derivaría hacia la civilización del ocio en la que cada vez se trabajaría menos y habría “más tiempo para el descanso, la creatividad y el juego”. Lamentablemente –dice Savater- “en lugar de llegar a la civilización del ocio vivimos en la civilización del desempleo. Está compuesta por grupos de personas que trabajan mucho, horas y horas, pero sólo para defender sus puestos de trabajo, que no se los quiten. La gente renuncia, incluso, a descansos y se obligan a hacer horas extraordinarias”[51].

La Pandemia y las medidas de confinamiento social adoptadas a nivel mundial provocaron un salto cualitativo del avance y desarrollo de la tecnología y su incorporación a la cotidianeidad de la vida urbana.

3.a.iv.EL DESEMPLEO POR LA CRISIS ECONÓMICA PROFUNDIZADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19

La Organización Internacional del Trabajo[52], luego de la cumbre mundial virtual sobre la Covid-19 y el mundo del trabajo, sostuvo en un documento que:

El número exorbitante de lugares de trabajo que han cerrado en todo el mundo en respuesta a la COVID-19 ha reducido en un 10,7 por ciento el total de horas trabajadas en el segundo trimestre de este año. Esto ha provocado la pérdida de 305 millones de empleos.
En la economía informal, seis de cada diez trabajadores viven del día a día. De estos 2000 millones de trabajadores, 1600 millones ven amenazados sus medios de subsistencia de manera inminente, dado que el ingreso medio en la economía informal se contrajo un 60 por ciento en el primer mes de la pandemia. Esto ha provocado un aumento dramático de la pobreza, y ha llevado al Programa Mundial de Alimentos a declarar en abril que la próxima pandemia podría ser una pandemia de hambre.
En cuanto a los jóvenes que tenían un trabajo antes de la pandemia, uno de cada seis ha perdido su empleo, mientras que a los otros se les han reducido las horas de trabajo en un 23 por ciento.
En los cuatro sectores más duramente golpeados sólo por la pandemia —el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos automóviles; la industria manufacturera, los servicios de hotelería y gastronomía, y las actividades inmobiliarias, comerciales y administrativas —por lo menos 436 millones de empresas corren un gran riesgo de quedar desestabilizadas.

En Argentina se prevé para el 2020 que el desempleo llegue al 13%. Analytica estima un aumento de entre 2 y 4% en el desempleo que lo ubicaría entre el 12 y el 14% de la población económicamente activa. Esto supone que habrá entre 400.000 y 800.000 nuevos desocupados[53].

En el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción del 9,9% para la Argentina para 2020. También Argentina será una de las economías que menos se recuperará el año próximo, ya que avanzaría un 3,9%. El informe proyecta que la economía mundial retrocederá 4.9% en 2020[54].

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 12 de mayo, propuso avanzar hacia un ingreso básico [55] para ayudar a la población en situación de pobreza en 2020 (215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). En su informe N° 5 (15 de Julio), la Cepal [56] volvió a ratificar su apoyo a un ingreso básico de emergencia a nivel regional. Proyectó para América del Sur una caída del PIB del 9,4% en 2020. La Tasa de desocupación regional se ubicaría alrededor del 13,5% al cierre de 2020, el número de desocupados llegaría a 44,1 millones de personas, un aumento cercano a 18 millones con respecto a 2019. La pobreza se incrementaría a 45,4 millones de personas. Para la Argentina, estipula que la pobreza incrementará de 26,7 % (2019) a 37,5% (2020).

Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%[57]. Para la Argentina proyecta un aumento del 6% o más [58].

Oxfam Internacional, en un informe de julio de 2020 [59], sostiene que desde el principio de los confinamientos, han aparecido 8 nuevos mil millonarios en la región de América Latina y el Cariba, es decir, nuevo mil millonarios cada dos semanas, mientras se estima que hasta cincuenta y dos millones de personas se convertirán en pobres y cuarenta millones perderán sus empleos este año. La riqueza de esta élite de supermillonarios de la región ha crecido un 17 % desde mediados de marzo: US$ 48.200 millones, que equivalen al 38 % del total de los paquetes de estímulo que el conjunto de Gobiernos ha activado y a nueve veces la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) con préstamos de urgencia en la región hasta el momento.

Claudio Lozano[60] sostiene que con la población recluida se produce un shock simultáneo de oferta y demanda, donde se desploman ingresos y se paraliza la producción con la sola excepción de ciertas actividades esenciales, y se coloca a la economía bajo las condiciones de una espiral depresiva. En concreto, la cuarentena interrumpe en una importante medida las condiciones de reproducción del capital. Es por esta razón que plantea la necesidad de la intervención del Estado para intentar ponerle un piso a la espiral depresiva a través de un ingreso universal. Agrega que el papel del mercado interno con la capacidad ociosa disponible aparece como una vía fundamental para recomponer el funcionamiento de la economía. El ICUI cumpliría con la función de mejorar el poder adquisitivo de la población e inducir la puesta en marcha de la capacidad instalada.

3.a.v. FRENTE A LA IMPOSIBILIDAD DEL PLENO EMPLEO, LA SOLUCIÓN SE DECANTA POR EL ICUI

Hace más de cuatro décadas que el pleno empleo se encuentra cada vez más lejos en el país. Tampoco podrá ser garantizado dentro del orden económico actualmente vigente, la crisis económica y el desempleo tecnológico que está en marcha.

Esto no quiere decir que no se podrá mejorar la cantidad de empleos actuales, pero implica reconocer que no se podrá llegar a una sociedad de pleno empleo. Jorge Moruno sostiene que estar explotado va a ser un privilegio porque la otra opción es ser un excluido[61].

Con relación a lo primero, por ejemplo, se está proponiendo una distribución más equitativa del empleo a través de la disminución de las horas laborales semanales o la cantidad de días laborables. La Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, planteó en contexto de pandemia la posibilidad de introducir en su país la semana laboral de cuatro días [62] para aumentar el tiempo libre y reactivar el consumo y la economía tras el confinamiento. Se ha sumado a esta petición la principal patronal de Japón (Keidaren). En España, la sección industrial de la UGT propuso una jornada de 32 horas semanales repartidas en 4 días[63].

Todo esto nos conduce a impulsar la liberación y desenganche conceptual entre el trabajo en relación de dependencia y la vida, entre el derecho laboral y el derecho a la vida y a la libertad. Se debe dejar de otorgar al empleo el papel de ser la vía de acceso a la condición de ciudadanía, a los derechos y a un consumo [64].

El ICUI viene a producir esta liberación del trabajo, este desenganche entre trabajo y “ganarse la vida”, sencillamente, porque la vida ya no habrá que “ganársela” individualmente, a nada ni a nadie, sino que estará sostenida y garantizada por el conjunto de la sociedad y su instrumento institucional, administrador de la recaudación y la redistribución[65].

La solución imprescindible es garantizar un ingreso ciudadano universal e incondicional a toda persona con independencia de su relación con un empleo formal.

3.b. INCONDICIONALIDAD

El Ingreso ciudadano universal debe ser también INCONDICIONAL. La incondicionalidad implica dos cuestiones.

3.b.i.INCONDICIONALIDAD COMO AUSENCIA DE REQUISITOS O CONDICIONES PREVIAS

En primer lugar, que la prestación económica no debe quedar supeditada a los ingresos de la persona o a su riqueza. Tampoco debe depender de su condición laboral o su edad. No debe estar subordinada a ninguna condición o circunstancia individual, familiar, social o ambiental. Las personas no deberían tener que demostrar que reciben ingresos por debajo de un determinado umbral.

3.b.ii.INCONDICIONALIDAD COMO AUSENCIA DE CONTRAPRESTACIÓN

Como segunda cuestión, no debe exigirse ningún tipo de contraprestación (dineraria, laboral, en especie, acreditación de cuidados, obligaciones de hacer para sí o para otros) a la persona a cambio de la prestación económica del ICUI. Es decir, debe ser “libre de obligaciones” porque esencialmente, la asignación monetaria constituiría un nuevo derecho humano.

La implantación del sistema neoliberal vino con la instalación de las Políticas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI). Estos planes proponen una combinación de un enfoque asistencial con un enfoque de desarrollo social a través de condicionalidades. Tienen dos componentes: por un lado, se efectúa una entrega de dinero a familias pobres, y a cambio, se exige un cumplimiento de desarrollo humano, como puede ser la asistencia escolar o el cumplimiento de controles básicos[66].

En el contexto de la pandemia del coronavirus Covid-19, la antropóloga Nuria Alabao señala que, si quedarse en casa es incondicional, el ICUI también tiene que ser no condicionado [67].

Las condicionalidades constituyen uno de los elementos excluyentes ya analizados de las políticas focalizadas o PTCI porque no cumplirlas conlleva la sanción de ser excluidos del plan además de que destruye su carácter de universal.

Pero tienen otros impactos negativos:

(i) Trampas de la pobreza, la informalidad y el desempleo: Si las condiciones para acceder al programa y mantener el beneficio son tener ingresos por debajo de la línea de la pobreza, ser trabajador informal y/o desempleado, el programa mismo incentiva la reproducción de estas características: los empleadores usan los beneficios de los programas para sostener el empleo no registrado y los salarios bajos, y muchos trabajadores se ven forzados a aceptar esta situación con tal de mantener cierta estabilidad en sus ingresos a través de los programas asistenciales[68].

(ii) Estigmatización: Es propia de los programas basados en pruebas de recursos pues estos implican reconocer pública y periódicamente que uno se encuentra en una situación de carencia que no puede resolver por sus propios medios. La estigmatización que generan estos programas reproduce elementos simbólicos de la estratificación social al “marcar” a los beneficiarios como dependientes, incapaces[69], culpables o fracasados [70]. Sin condicionalidades, los beneficiarios estarían liberados de la estigmatización, humillación y del riesgo a ser asociados a los preconceptos relacionados, como ser vagos, marginales e inadaptados.

(iii) Control social y clientelismo político: Establecer condicionalidades crea una burocracia orientada a controlar el cumplimiento y la veracidad de las afirmaciones o acreditaciones de dicho cumplimiento que consume excesivos recursos. Así se crean condiciones que facilitan el clientelismo. Esto se exacerba cuando lo que se pide como contraprestación es acreditar un trabajo o hacer, o realizar una formación. Esto permite que intermediarios estatales o no estatales puedan utilizar para sus intereses el poder de posibilitar que la persona pueda cumplir con su condicionalidad. Daniel Raventós [71] expresa que una vida libre no debe ser suplicada. Quien suplica pide algo con docilidad. La súplica supone sumisión.

(iv) Control social y paternalismo: Las condicionalidades sujetan la autodeterminación de la persona y marcan el camino presunto de cómo se construye el “capital humano”. Es un tercero el que determina en mayor o menor grado qué tipo de trabajo o quehacer debe cumplir o qué tipo de formación realizar. Esta postura parte del hecho de que las personas y, especialmente los pobres, no tienen la capacidad para marcar el camino de su desarrollo y autorrealización. Parte de la consideración de que a los pobres no hay que darles el pescado, sino que hay que enseñarles a pescar. Quién enseña se ubica en la postura paternalista de creer saber qué es lo que necesita la persona y qué tipo de formación es la mejor para ella. No se confía en que las personas saben tomar sus propias decisiones. Esto subestima la capacidad de las personas. No es que no saben pescar, sino que no tienen caña, carnada ni la posibilidad de llegar al río y, en su caso, la persona podría tener el deseo de buscar los bienes no a través de la pesca sino a través de otra actividad que no se la imponga un tercero. Si se otorgan recursos económicos, cada persona es la que mejor sabrá cómo avanzar en la mejora de su situación y cómo producir más recursos. Esto no implica eliminar toda política de colaboración o guía estatal o no estatal sino prohibir que esta sea un camino obligatorio para sostener la asignación monetaria.

(v) Costes administrativos inmensos. Costos muy altos en proporción a las pocas personas que perciben estos subsidios. La condicionalidad implica control, el control implica gastos de gestión y administración. La razón es muy conocida: se trata de controlar si la persona perceptora del subsidio condicionado cumple los requisitos legales y si una vez que esta persona ha logrado sortear todas las condicionalidades burocráticas percibe el subsidio condicionado, sigue cumpliendo las condiciones que la continúan haciendo merecedora de la percepción. Control en el momento de conceder el subsidio y control posterior mientras lo está percibiendo. Miles de personas dedicadas a controlar la condicionalidad de los subsidios [72].

(vi) El non-take-up o tasa de solicitud de prestaciones condicionadas. Es la ratio de personas que no solicitan una prestación a pesar de cumplir todos los requisitos de elegibilidad. Las proporciones de las personas que no solicitan las prestaciones suelen ser porcentajes altos que se deben a razones de distintos tipos [73]: personales, de diseño del tipo de subsidio, de gestión, etc. En el ICUI desaparece este fenómeno.

El economista Levy Yeyati alertó sobre las dificultades que suelen tener los programas de inserción laboral empleados como condicionalidades. “Hoy los programas sociales ya piden esa contraprestación laboral, que suele reducirse al filtro de las organizaciones sociales, sin creación genuina de trabajo. Es ingenuo pensar que los beneficiarios de estos programas conseguirán un empleo en relación de dependencia: la Argentina, como muchos países en desarrollo, no crea suficientes empleos ni siquiera para su clase media formada, por eso los únicos trabajos que crecen son los precarios, independientes o informales”. “Pedir una contraprestación laboral suena bien, pero en la práctica es una invitación a inventar trabajos ficticios y solo fortalece el rol de los intermediarios. Tiene más sentido que el programa sea universal, es decir, no condicionado, acompañado de un programa serio de formación y certificación laboral”[74].

3.c. INDIVIDUAL

La propuesta del ICUI propone que la prestación o asignación monetaria sea individual y no familiar o por hogar.

Considerar el hogar, la familia y no la persona, provoca la exclusión de la cobertura de personas que sí lo requieren. Por ejemplo, una parte importante de los rechazados del Ingreso Familiar de Emergencia se debió a la condición laboral de algún integrante del hogar.

Considerar al hogar como la unidad receptora de las transferencias actúa, en general como dispositivo regulador que le garantiza a las cuentas fiscales alcanzar la mayor cantidad de hogares posibles con una menor cantidad de recursos públicos disponibles. Esta estrategia de contención del gasto social se hace visible en el pliego de incompatibilidades que comúnmente se interponen al acceso individual relacionadas con los miembros del hogar al que pertenece. Esta situación provoca exclusiones muchas veces injustificadas[75].

El IPYPP sostiene que el hogar es una categoría construida para realizar aproximaciones con fines analíticos por lo que resulta difícil de establecer de manera exhaustiva la delimitación de los hogares para los registros oficiales del estado. Así lo atestigua la exagerada proporción de hogares unipersonales que se registró en la inscripción del IFE (el 63%) cuando según la información del censo 2010, el promedio de hogares unipersonales es del 17,7%. En lugar de apuntar a una falsa declaración jurada lo importante es destacar que el diseño de los programas empuja a ello y termina por ampliar la inequidad en el trato, si consideramos que hay hogares que no lograron sortear administrativamente esta traba. Según reveló la misma ANSES fueron 4,2 millones las personas solicitantes rechazadas del IFE. Dentro de este conjunto, más de la mitad se debe a que otro miembro del grupo familiar posee una categoría laboral incompatible (monotributistas de la categoría C o D, trabajo en relación de dependencia, entre otras). A su vez, un 17% de los rechazos se explica por la incompatibilidad con ingresos previsionales, mientras que en el 15,4% de los casos el beneficio ya había sido otorgado a otro miembro del grupo familiar. Finalmente, un 14,1% de los rechazos respondía a la falta de actualización de los datos necesarios, lo que equivale a 595 mil personas[76].

3.d. SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA PLENA CIUDADANÍA

La propuesta del ICUI propone que la prestación o asignación monetaria sea un monto suficiente capaz de cubrir mensualmente, en un principio y como primer paso, las necesidades básicas de cada persona (alimentación, vivienda, vestimenta, movilidad, recreación, cultura, salud y educación). Los costos para acceder a los bienes que satisfacen estas necesidades básicas suelen estar contemplados en el valor de la Canasta Básica Total. Este indicador si bien es útil, suele tener defectos que se podrían mejorar a fin de que sirva de guía para establecer los montos de la prestación económica. Por ejemplo, no suele contemplar los montos que requieren las personas que alquilan una vivienda.

Una prestación económica con un monto equivalente a la Canasta Básica Total permitiría que todas las personas superaran el umbral de la pobreza. Este monto debería ir incrementándose progresivamente para permitir el ejercicio de la soberanía y participación política en igualdad de condiciones con el resto de los integrantes de la comunidad política. De esta forma, el ingreso será CIUDADANO o mejor aún, de CIUDADANÍA, porque debe ser la expresión monetaria del derecho a la ciudadanía, y del derecho humano a la vida; y constituye la garantía de reproducción de la vida individual y social[77].

El Lic. Naum Kliksberg propone reemplazar el concepto de Canasta Básica Total por el de Canasta Digna.

La cada comunidad política debe definir cuáles son los bienes necesarios para satisfacer las necesidades básicas y para alcanzar la participación política en igualdad de condiciones. Históricamente estos consensos se fueron plasmando en los derechos humanos y en los derechos que las sociedades otorgan a sus integrantes. El ICUI debe garantizar el ejercicio de cada uno de los derechos reconocidos. De la forma más democrática posible se debería definir la asignación monetaria suficiente para garantizar este objetivo e ir ajustando en el tiempo según los resultados de la implementación del ICUI.

3.e. EL ICUI Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El ICUI no debe estar acompañado de la disminución de los servicios públicos o de la retracción estatal en su prestación y financiamiento. Incluso sería preferible que a medida que se universalizan los servicios públicos y se tornan gratuitos (con la misma lógica de recuperación impositiva de sus costes del ICUI), deberían ir disminuyendo los montos del ingreso ciudadano.

Respecto a una mirada feminista se recuerda que, para apuntar hacia la igualdad de género, el ICUI debe de estar ligado a la preservación y ampliación de los servicios públicos destinados a satisfacer los derechos económicos y sociales de la población porque “cuando estos servicios se contraen o empeoran, la consecuencia es más trabajo sobre nuestros hombros (de las mujeres) y más incertidumbre en nuestras existencias”[78].

Deben sonar las alarmas cuando se pretende utilizar al ICUI para atacar al Estado de Bienestar y su tendencia a universalizar los servicios públicos ya que pierde su potencial emancipatorio y de construcción de nuevos lazos comunitarios más igualitarios. Casassas y Raventós explican que lo que diferencia las propuestas de renta básica de izquierdas de las de derechas es, además de la forma de financiarla, el contexto institucional y el paquete de prestaciones en especie en el que se halla inserta. El ICUI debe ser un dispositivo que no puede sino ir de la mano del paquete de medidas más robusto posible en sanidad, educación, cuidados, vivienda, agua y energía, etcétera[79].

4. CRÍTICAS

La transferencia económica universal e incondicional que propone el ICUI es una propuesta simple. Entonces ¿Por qué motivo no se ha universalizado y aplicado en todo el mundo?

Rutger Bregman[80], en su libro Utopía para Realistas, sostiene, siguiendo al sociólogo Albert Hirschman, que las utopías se condenan con tres (3) argumentos: su futilidad (no son posibles), su peligrosidad (los riesgos son demasiados elevados) y su perversidad (degenerarán en distopía). El ICUI sería supuestamente irrealizable porque no podemos pagarlo, peligroso porque la gente dejaría de trabajar y perverso porque, en última instancia, una minoría acabaría por tener que trabajar para mantener a la mayoría.

4.a. IMPOSIBILIDAD. FINANCIAMIENTO

Siguiendo a Bregman, por primera vez en la historia, somos lo bastante ricos para financiar el ICUI, deshaciéndonos del embrollo burocrático diseñado para obligar a los que reciben asistencia a conseguir empleos de baja productividad a cualquier precio; eliminando el laberinto de desgravaciones y deducciones fiscales, aplicando impuestos a los patrimonios, residuos, la materia prima y el consumo. Agrega que la gente está más dispuesta a ser solidaria si se beneficia personalmente y que, por lo tanto, es lógico suponer que una asignación monetaria sin condiciones también gozaría de una base de apoyo muy amplia porque beneficiaría a todo el mundo.

La implementación del ICUI, no debe estar atada a la disponibilidad de los recursos, sino que, por el contrario, debe ser asumida como una decisión política y, a partir de allí, se deben destinar los recursos necesarios[81]. El elevado costo fiscal de la propuesta no debe funcionar como obstáculo sino como indicador de los profundos cambios que deberán realizarse a nivel de política económica y social. Jorge Moruno sostiene que lo fundamental es considerar que es justo recibir un ingreso y mantener una vida garantizada al margen del trabajo remunerado salvo que pensemos que en el mundo no hay capacidad para que toda la sociedad tenga una vida digna[82].

Aún así, con relación a la posibilidad cierta de que la sociedad pueda financiar el ICUI es donde surge con relevancia el segundo eje de esta política, su carácter como política económica, es decir, la necesidad de realizar una transformación estructural que implemente alternativas al modelo de desarrollo, al actual sistema impositivo regresivo y a la burocracia estatal diversificada en la planificación y control de cientos de políticas sociales en todos los niveles.

Un error habitual es confundir el coste bruto con el coste neto en la implementación del ICUI. Algunos críticos multiplican la RB anual por el número de habitantes y resulta un monto muy grande, y hasta algunos se molestan en calcular el porcentaje que ello representa del PIB[83]. Estos cálculos no consideran los montos que se recuperan a través del sistema impositivo.

Superada la voluntad política de llevar adelante la propuesta del ICUI se debe conformar una comisión o espacio dedicado a pensar la reestructuración estatal y económica necesaria para la implementación del ICUI y un cambio drástico de la matriz reproductiva, productiva y distributiva. En España, Daniel Raventós, Lluís Torrens y Jordi Arcarons realizaron un estudio específico para financiar el ICUI[84].

Allí debieran tratarse, por ejemplo, las siguientes medidas, entre otras [85]:

- El análisis de las políticas sociales focalizadas que serán reemplazadas y subsumidas en todos los niveles estatales (municipal, provincial y nacional) por el ICUI con el correspondiente ahorro de los costos administrativos.

- La estructuración de un sistema tributario progresivo que reduzca privilegios fiscales [86] y que centralice la captación de recursos a través de impuestos directos y que graven la riqueza como el impuesto a las ganancias, el inmobiliario, a los bienes personales, a la renta financiera). Hablar del impuesto a la riqueza implica hablar de la renta máxima (RM)[87]. Recientemente surgió el espacio Millonarios por la Humanidad [88] compuesto por 83 millonarios de varios países que solicitan la suba de impuestos a los más ricos [89] como ellos para contribuir a la recuperación económica ante el daño que causará la pandemia. Como antecedente, desde el espacio Millonarios Patrióticos [90] asumieron el compromiso de promover políticas públicas para fomentar mejores salarios para los trabajadores, y para asegurar que multimillonarios y corporaciones paguen una “parte justa de impuestos”. Daniel Raventós [91] propone un impuesto a la riqueza en España [92] para financiar el ICUI. La Organización OXFAM Internacional sostiene que, si se aplicara un impuesto extraordinario a las grandes fortunas en la Región de América Latina, con carácter progresivo, entre el 2 % y el 3,5 % en cada país, sobre los patrimonios por encima de US$ 1 millón, se podría recaudar hasta US$ 14.260 millones, cincuenta veces más[93]. Agrega que en la región el 10% más rico de la población apenas paga un impuesto equivalente al 4,8% sobre sus ingresos. Bill Gates [94] propone la creación de impuestos a la tecnología o a los robots [95].

- Control y gestión estatal de los ahorros de la ciudadanía y de los fondos de los trabajadores y de los asegurados.

- Mejora de la eficiencia en la recaudación tributaria para evitar la evasión y la subdeclaración de rentas. Un informe de la OCDE publicado el 8 de julio [96] muestra las impresionantes deformaciones del sistema impositivo internacional que permiten la elusión de las empresas multinacionales. Informa que existe una desalineación entre el lugar donde se reportan las ganancias y el lugar donde se realiza la actividad económica [97], siendo que las empresas multinacionales informan una participación relativamente alta de las ganancias en determinados “centros de inversión” —una forma sutil de nominar a las guaridas fiscales— que no presentan relación con la participación de los empleados y activos tangibles. Los “centros de inversión” son definidos por la OCDE como jurisdicciones con una posición de inversión extranjera directa (IED) total por encima del 150% del PIB e incluyen a Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Chipre, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, China, Hungría, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Liberia, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, Mauricio, Mozambique, Países Bajos, Singapur y Suiza. Sostiene que los centros de inversión son diversos y consisten en jurisdicciones de nula tributación junto con otras jurisdicciones con tasas de impuestos positivas. En España, las estimaciones del fraude fiscal son de alrededor del 22% o 23% del total de lo que se declara, unos 80.000 millones, que sería equivalente a un 7% o un 8% del PIB [98]. La Organización Oxfam Internacional estima que, según los datos del FMI y de Tax Justice Network, alrededor 1 de cada 5 dólares de inversión extranjera directa (IED) que entra o sale de la región de América Latina lo hace a través de algún paraíso fiscal. Países Bajos, Luxemburgo, Suiza o Panamá son algunos de los territorios preferidos[99].

- Expansión monetaria. En España se señala que el Banco Central Europeo puso en marcha un programa de expansión monetaria.

- La distribución de la riqueza que surja de la explotación ecológica de los bienes comunes sin que esto justifique ninguna especie de Extractivismo o destrucción de los ecosistemas.

Los beneficios económicos que produciría la adecuada implementación del ICUI serían mucho mayores que su costo[100], sobre todo en sociedades que tienen:

- millones de personas que están desocupadas y subocupadas (se les sumarán muchos millones más en los próximos años por el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías en la producción).

- millones que trabajan con salarios precarizados.

- millones que están sumidos en la pobreza y en la marginalidad.

- elevados costos económicos por corrupción estructural[101].

- elevados costos por la delincuencia [102].

- elevados costos por conflictividad social (huelgas, violentas manifestaciones, etc.).

El ICUI generaría sociedades con menos costos económicos y más productividad.

En España, el economista Lluís Torrens, Daniel Raventós y Jordi Arcarons, integrantes de la Red Renta Básica, publicaron el libro “Renta Básica incondicional - Una propuesta de financiación racional y justa” (Ediciones del Serbal, 2017). En el libro parten de una muestra de dos millones de declaraciones de la renta para formular una reforma fiscal que permitiría garantizar a toda la población una renta básica igual al umbral de la pobreza. Allí proponen que se debe tener la valentía política de subir impuestos, en particular, a la gente rica. En esta dirección, proponen incrementar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), algo parecido a nuestro impuesto a las ganancias, e eliminar todas las deducciones que existen por ser regresivas[103]. Algo que también sucede en Argentina. También proponen el aumento de los impuestos al Patrimonio.

4.b. PELIGROSIDAD

Quizás una de las mayores críticas al ICUI es que desestimulará el trabajo y estimulará la vagancia y el parasitismo social. Por ejemplo, para Gayle Allard, profesora de Economía del IE Business School en Madrid, España, el ICUI no es una medida inteligente porque desvincula el ingreso del trabajo y del esfuerzo. “Esto podría tener un efecto muy negativo sobre la productividad y la generación de renta a mediano y largo plazo. Si mucha gente decide no trabajar porque tiene una renta básica, la carga de financiar la UBI se repartiría entre cada vez menos gente. Los déficits podrían ser incluso más imparables que ahora, y la deuda más difícil de financiar”, señaló Allard en entrevista con France24.[104]

4.b.1. El empleo no es el único trabajo: En primer lugar, se debe diferenciar el trabajo asalariado en relación de dependencia de otros trabajos por los cuales las personas reciben ingresos o trabajos que actualmente no tienen compensación monetaria. Estos últimos son los llamados “trabajos invisibles” para el mercado, los que no tienen reconocimiento ni retribución salarial (como los trabajos domésticos, de cuidados; muchos trabajos comunitarios; trabajos voluntarios; mucho trabajo artístico, etcétera).[105]

El feminismo se ha encargado de visibilizar el trabajo de cuidado que realizan principalmente las mujeres, que no es reconocido monetariamente por la sociedad y que en gran medida sostiene los trabajos productivos recompensados económicamente. Ha puesto de manifiesto que el derecho a la vida, la posibilidad de sobrevivir, no está atado únicamente a la producción sino a otros ritmos que no son productivos sino reproductivos, de cuidado. Demostraron que el salario es un mecanismo de regulación no solo del ámbito mismo de la producción, sino también del mundo no asalariado, como sucede con el trabajo del hogar que queda subordinado al salario del marido –el patrón de la casa–. (Esta fue la base de la división sexual del trabajo sobre la que se erigieron el resto de las desigualdades entre hombres y mujeres)[106].

En Argentina, el 85% de las mujeres ocupadas entre 18 y 60 años tienen en su hogar a un niño, niña y/o adolescente y el 67%, alguna persona dependiente. El 65,1 % de las trabajadoras de la salud, entre 18 y 60 años tienen personas a cargo. En ese mismo sector, 69 de cada 100 trabajadores son mujeres.[107]

En Argentina, de acuerdo a Rodríguez Enríquez, en 2013 las mujeres en promedio dedicaban 6,4 horas diarias al trabajo no remunerado, mientras que los hombres sólo 3,4 horas. Hay brechas de género muy pronunciadas: las mujeres ganan un 27% menos que los varones y esa brecha se amplía cuando se trata de trabajo informal, que llega al 38%, tienen más obstáculos para insertarse laboralmente, recae sobre ellas el cuidado de hijas e hijos y, frente a la pandemia, todo esto se amplifica porque aumentan las dificultades laborales de la población y la carga de tareas domésticas[108].

El ingreso promedio en la Argentina es de 19.916 pesos. La brecha de ingresos por género es de 27,7 %. Las mujeres pierden, en promedio, $ 5.516 que se van por la canaleta de la brecha de género por distintas razones (discriminación explícita, oferta de trabajos peor pagos, barreras para acceder a oficios masculinizados, recarga de tareas de cuidados en sus familias, etc.) y sube a $ 7.329 si su trabajo está precarizado[109].

Ello da lugar a otras formas de discriminación en el mercado de trabajo, que se evidencian en la menor participación laboral de la población femenina (así como su intermitencia, asociada a mayores cargas familiares), el mayor desempleo y subocupación, y la segregación ocupacional (tanto a nivel horizontal como vertical). Esto tiene como resultado, menores niveles de autonomía económica, política y física para las mujeres.

El ICUI, para las mujeres tiene un beneficio especial [110] porque significa no tener que soportar, por necesidad económica, violencia por parte de su pareja, ni en el trabajo acoso sexual ni tampoco salarios inferiores a los del varón.

A finales de 2019, en España, cientos de feministas firmaron un manifiesto feminista por la Renta Básica [111] donde dejan bien en claro que “renta es autonomía”, mayor libertad del paternalismo burocrático, de la violencia patriarcal, de la dependencia de los hombres.

Recientemente, Dora Barrancos, asesora presidencial, desde una mirada feminista y de la economía del cuidado, apoyó el ICUI[112].

4.b.2. La sociedad debe valorar no sólo el trabajo sino también el hacer. Además, la sociedad no solamente debe considerar que trabajo es el que produce bienes en forma directa. La formación y el estudio no un trabajo productivo directo, pero sí una inversión para que el futuro trabajo sea de mayor calidad y eficiencia. Los haceres creativos orientados no a la producción sino a desarrollar un arte e incrementar la diversidad cultural de una sociedad también deben ser reconocidos como un “trabajo” en contraposición a la imagen de la vagancia.

La recientes palabras de la Vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, siguen confundiendo que un trabajo digno solo es el asalariado: “La gente necesita un trabajo digno, no que le tiren plata desde un helicóptero” expresó al reconocer que la Argentina no genera empleo genuino y en blanco desde fines del segundo mandato de Cristina Kirchner[113].

4.b.3. El ICUI fortalecerá la libertad de decidir qué hacer con el tiempo de vida. El miedo que conlleva a pensar el ICUI como peligroso no es tanto a que las personas dejen de trabajar, dejen de hacer, sino que tengan la libertad de decidir en qué trabajar y que no deban someterse por necesidad a los designios del mercado y de los empleadores. Las personas tendrán el derecho a la libertad de elegir si emplearse o no, y en qué condiciones aumentando el poder de negociación en caso de relaciones de dependencia laboral. El equilibrio empleador-empleado a la hora de la negociación de las pautas laborales sería más real. El miedo es a la libertad del trabajador y a perder un arma de extorsión infalible, la necesidad del trabajador de conseguir ingresos para subsistir.

El ICUI permitiría que cada uno pase a ser dueño de su tiempo, a trabajar en lo que desea, sea o no un trabajo rentado [114] (hay tres trabajos posibles):

A. Trabajo rentado (deseado o no).

B. Trabajo deseado no rentado, como voluntario, con la finalidad de ayudar a otros, por ejemplo: bombero, cuidado de personas (incluye a los propios hijos, al cónyuge, a otros familiares), etc.

C. Trabajo para el desarrollo de uno (ejemplo: de aprendizaje y/o práctica de: la música, la filosofía, etc.)

4.b.4. Antecedentes empíricos: Está demostrado que en general, los ingresos incondicionales no transforman a las personas en haraganes ni estimula el desarrollo de vicios antisociales. Al contrario, hace que las personas sean más productivas. Como en toda política pública que otorga beneficios habrá quiénes abusen de estos derechos. No existe ninguna política que sea respetada por el 100% de la población. Pero en este caso, en la balanza, el establecimiento del ICUI tendrá ventajas muy superiores a las consecuencias negativas de que algunas personas, puedan decidir no hacer absolutamente ninguna actividad, quehacer o trabajo.

La visión económica según la cual las transferencias de ingresos disminuyen marginalmente la oferta laboral está asociada a una mirada según la cual las personas que viven en la pobreza se encuentran en esta condición por falta de esfuerzo, antes que debido a los problemas estructurales que caracterizan a nuestras sociedades. La CEPAL/OIT[115] sostiene que en estudios y evaluaciones de impacto, disponibles de países tan diversos como Argentina, Brasil, Chile, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay no se ha encontrado evidencia empírica sobre la existencia de los supuestos desincentivos de los Programas de Transferencias Condicionados a la inclusión laboral de sus destinatarios. Agrega que los resultados de una evaluación de impacto de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social de la Argentina muestran que el programa no tuvo impactos significativos sobre la participación laboral, la tasa de ocupación o las horas trabajadas por parte de los adultos en edad de trabajar destinatarios del programa. No se encontró ninguna evidencia empírica de que los destinatarios de Bolsa Familia en Brasil elijan quedarse “con los brazos cruzados”, al contrario, se constató que la proporción de personas que buscan trabajo es significativamente mayor en los hogares usuarios del programa.

La Cepal/OIT concluye que, las transferencias monetarias provenientes de rentas generales garantizadas y constantes en el tiempo, proveen un piso de protección a las personas que viven en situación de pobreza, quienes, al tener asegurados niveles mínimos de subsistencia, cuentan en el presente con mayores oportunidades de insertarse en el mercado laboral, disponiendo de recursos para la búsqueda de empleo y para cubrir los costos del traslado hacia y desde el trabajo. Asimismo, gracias a las transferencias monetarias, podrán tener un mayor poder de negociación frente a salarios muy bajos, así como mayores oportunidades de invertir en actividades productivas, ya sean microemprendimientos o actividades agrícolas.

En España, debido a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se sostiene [116] oficialmente que “(n)adie quiere tener menos ingresos si puede “elegir: “Lo que muestran todas las experiencias de los países que han puesto en marcha sistemas de ingresos mínimos similares al IMV, e incluso de algunas CCAA de nuestro país, es que mejoran la situación personal de los beneficiarios y a la larga las posibilidades de encontrar empleo. No podemos dejar que prejuicios sin fundamento restrinjan nuestro Estado de Bienestar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que nuestro país tiene unos niveles de desempleo históricamente muy altos que impiden que todo el que quiere, pueda trabajar. Además, mucha gente que trabaja se ve obligada a aceptar trabajos precarios (temporales o a tiempo parcial) que les impiden alcanzar ingresos suficientes. Casi un 15% de quienes antes de esta crisis tenían un empleo eran trabajadores pobres. No podemos dejar a esa gente a la que no le ofrecemos una oportunidad laboral digna, sin ingresos suficientes para afrontar sus necesidades básicas. Además, el IMV está diseñado para generar incentivos al empleo y al emprendimiento. En primer lugar, porque, a diferencia de otras prestaciones o ayudas sociales, su percepción es compatible con tener un trabajo o establecerse como autónomo/a, lo cual va a ayudar a evitar que quienes lo cobran acaben en la economía informal. En segundo lugar, porque se va a establecer un mecanismo de incentivo por el cual los ingresos obtenidos con el trabajo o con las actividades profesionales reduzcan en una cantidad menor la prestación de IMV de modo que se premie a quien logra un empleo o monta su negocio”.

4.b.5. La incondicionalidad del ICUI no significa que las personas no hagan nada. Jorge Moruno sostiene que cuando dicen que la gente tiene una renta garantizada que se le da "a cambio de nada", ¿qué entendemos por nada? Porque las mujeres realizan una media de 26 horas y media a la semana a trabajos no pagados, en trabajo doméstico, en ONG y demás. ¿Eso es nada? Según la visión del mundo en el que vivimos, solo es "algo" aquello por lo que alguien extrae un beneficio económico y el resto no es "nada".

4.c. PERVERSIDAD

Muchos detractores sostienen que una minoría acabaría por tener que trabajar para mantener a la mayoría.

Tomando los datos de la EPH, un informe estimó el peso de los “subsidios” actuales en el ingreso de los trabajadores que reciben transferencias directas por parte del Estado. En promedio el “plan” representa el 34% de los ingresos de las personas que los reciben. El 66% restante es obtenido a través de una actividad productiva retribuida por el mercado. Estos datos desmienten dos creencias: 1) La que supone que la gente que cobra planes no trabaja. 2) La que postula que dicha población principalmente “vive del plan”, sin embargo, vive principalmente de su ingreso laboral precario y/o informal[117].

5. ANTECEDENTES

La crisis económica profundizada por la Pandemia hizo que diversos países y ciudades se aboquen al estudio y a la implementación del ICUI de forma integral o de manera progresiva a través de nuevos programas de transferencias monetarias. También ha ingresado en la agenda de organismos internacionales y de referentes/as políticos a nivel mundial [118].

Acá haremos un repaso de los principales antecedentes de políticas concretas orientadas a impulsar el ICUI.

- Alaska es, en la actualidad, el único ejemplo con renta universal mediante un solo pago anual de alrededor de 2.000 dólares [119]. Desde 1976, el Fondo Permanente de Alaska, que recibe un mínimo del 25% de los ingresos por el tránsito de petróleo a través de su red de oleoductos, se distribuye entre los residentes del estado más septentrional de EEUU. Su trayectoria, de más de cuatro décadas, revela que sus beneficiarios no trabajan menos. Ni tampoco se ha producido un movimiento migratorio hacia Alaska[120].

- En el año 2016, la organización estadounidense Give Directly inició un programa en 295 aldeas rurales del este de Kenia para estudiar los efectos de un ingreso universal sostenido en el tiempo para casi 20.000 personas. Se dividió a los beneficiarios en tres grupos: por un lado, alrededor de 5.000 personas reciben 22 dólares mensuales (20 euros) durante 12 años. Por otro, 7.300 beneficiarios ingresan la misma cantidad durante dos años y finalmente un tercer grupo de 8.500 personas recibió la misma suma que el segundo, pero en una sola entrega. Todos los pagos se realizan a través del móvil. Los receptores son adultos y, una vez seleccionada una aldea, todos los vecinos reciben el dinero. La inmensa mayoría de los receptores usaron el dinero para trabajar más y generar más ingresos. Se presenció un aumento de la escolarización, una reducción en la violencia doméstica y un incremento en negocios liderados por mujeres. Según los primeros datos, un 90% de los receptores declararon que habían continuado trabajando tanto o más que antes de recibir las ayudas, mientras que un 6% había usado el dinero para aliviar su situación al estar enfermo o ser demasiado anciano para trabajar. Otro informe publicado en noviembre del año pasado por la Universidad de California sobre el proyecto keniano, indicaba que la inflación[121] de precios en la región era prácticamente imperceptible, de menos del 1%, y que la media de ingresos en las aldeas se había multiplicado por 2,6.[122]

- En enero de 2017 el Gobierno finlandés[123] puso en marcha una renta básica [124] para comprobar si entregando 560 euros al mes sin ningún tipo de condición a un grupo de desempleados (2.000 parados de entre 25 y 58 años, elegidos al azar entre las 175.000 personas) a lo largo de 2017 y 2018 se podía incentivar la búsqueda de empleo entre los desocupados y de paso limitar la burocracia. Las conclusiones definitivas [125] establecieron que en ningún momento disuadió a los perceptores en la búsqueda de un trabajo; es más, el grupo de personas que recibía una renta básica trabajó más días de media que el grupo de control, que no obtuvo el ingreso. Además, contribuyó a aumentar su seguridad económica y su bienestar mental.

- En 2020, se aprobó en España el Ingreso Mínimo Vital [126] que consiste en una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de él. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía: se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso, como ocurre con el derecho a la jubilación o la prestación por desempleo, por ejemplo. La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trate de una unidad de convivencia esta cantidad, se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100€. La prestación que finalmente se reciba, se calculará como la diferencia entre los ingresos mensuales que tenga la persona o la unidad de convivencia, y la renta garantizada por el IMV para cada caso. Por ejemplo, un hogar con cuatro personas tiene derecho a 877 euros. Si sus ingresos mensuales son de 300 euros, la prestación mensual será de 577 euros. Se estima que al menos 850.000 hogares podrán ser perceptores del IMV. En junio se realizó el primer pago [127] a 74.119 hogares de toda España, 251.346 beneficiarios.

El IMV establece una “renta garantizada” en todo el territorio nacional para todas las personas que cumplan los siguientes requisitos: Tener entre 23 y 65 años, o 18 años si hay menores a cargo. Cumplir un año de residencia legal en España. Haber vivido independientemente al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el caso de personas solas. En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud. Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho. Estar inscritas como demandantes de empleo.

- Oakland, California. Y Combinator anunció a mediados de 2016 que pagaría salarios mensuales de entre 1000 y 2000 euros a 100 familias de esta ciudad californiana de distintos rangos socio-económicos y sin requerimiento de residir permanentemente en EEUU.

- Utrecht, Holanda. La iniciativa de la renta básica se retomó a comienzos de 2017 y tendrá dos años de vigencia. Involucrará a 250 ciudadanos holandeses que recibirán una asistencia oficial de 1.100 dólares mensuales.

- Ontario, Canada. Las autoridades de este estado canadiense han presupuestado 19 millones de dólares para replicar el experimento de Manitoba, en vigor desde la década de los setenta del siglo pasado. La cantidad de beneficiarios fue de 4.000 por un año (marzo 2018 - marzo 2019) por un monto de 16.989 dólares para solteros y de 24.027 para parejas[128].

- India. El Gobierno indio ultima la puesta en marcha de experimentos, en otras ciudades, como el de su Estado de Madhya Pradesh, en el que desde 2010, más de 6.000 personas reciben una pequeña aportación mensual durante 18 meses. En octubre de 2016, el equipo económico de Nueva Dehli anunció que la RBU empezaría a integrarse en la estructura económica de la mayor democracia del mundo y, desde comienzos de este año, una comisión parlamentaria específica tiene encomendada la tarea de encontrar la fórmula de expandirla a todo el país.

- Livorno, Italia. Filippo Nogarin, alcalde de la localidad italiana, empezó a dar a cien ciudadanos de su municipio costero, de 150.000 habitantes, una renta mensual de 537 dólares, que amplió este año a otras cien familias.

- Uganda. La ONG Eight suministrará ocho euros (8,6 dólares) a 50 familias del poblado ugandés Fort Portal. La prueba durará, al menos, dos años y su experiencia será relatada en un documental, Village One.

- El Estado Plurinacional de Bolivia anunció la creación del Bono Familia, que entregará 500 bolivianos (70 dólares) por única vez a las familias de escasos recursos con hijos que asistan al nivel escolar primario y que no puedan acceder al desayuno escolar durante el tiempo que dure la cuarentena[129].

- Brasil ha aprobado un bono de emergencia para trabajadores independientes o informales cuyos ingresos per cápita mensuales sean inferiores a la mitad de un salario mínimo y cuyo ingreso familiar no supere tres salarios mínimos. El bono es de 600 reales mensuales por persona (117 dólares), con un máximo de 1200 reales por familia, durante tres meses; los hogares monoparentales cuya jefa de hogar sea mujer recibirán 1200 reales[130].

Previamente, en la localidad de Maricá de 150.000 habitantes, desde el año 2019 está vigente el programa municipal de Renta Básica de la Ciudadanía (RBC)[131] que consiste en otorgar 32 dólares mensuales a 42 mil habitantes a través de la Tarjeta Mubuca [132]. El 16 de marzo de 2020, dos semanas antes de detectar el primer caso de COVID-19 en la ciudad, la municipalidad de Maricá declaró el Estado de Calamidad Pública y anunció un paquete social de US$ 13,8 millones). Esto significó que los beneficiarios de la RBC vieran sus ingresos incrementados a US$ 51.

- En el ámbito subnacional, Ciudad de México ha establecido una nueva transferencia con una vigencia inicial de 45 días[133].

- Mark Zuckerberg, CEO de Facebook y Jeff Bezos,[134] el jefe de Amazon y actual hombre más rico del planeta, valoran el amortiguar los efectos de la crisis en términos de desigualdad y afrontar la automatización del futuro inmediato. Se suma Elon Musk (creador de PayPal, SpaceX o Tesla, entre otros éxitos empresariales de este gurú de la tecnología). Pierre Omidyar, fundador de eBay ha donado cerca de medio billón de dólares a través de su fundación para desarrollar GiveDirectly, proyecto de renta básica para reducir la pobreza en Kenia. Andrew Ng. (Cofundador de Coursera), Sam Altman (Presidente de Y Combinator, la incubadora de start-ups más importante de Silicon Valley), Bill Gross (Cofundador del fondo de inversión Pacific Investment Management), Tim O'Reilly (CEO de O'Reilly Media) y Chris Hughes (el otro cofundador de Facebook) también apoyan el ICUI frente a la amenaza de la automatización productiva.

Jack Dorsey, fundador de Twitter, anunció un experimento basado en la renta básica universal [135] que podría beneficiar a 7 millones de personas. Del patrimonio neto de 7,5 mil millones de dólares que tiene acumulado, Dorsey destinará unos 3 millones de su organización benéfica al programa. Este se produce poco después de que Dorsey anunciara en las peores fases del confinamiento, una ayuda pública de 1.000 millones [136] para ayudar a paliar los efectos del coronavirus. El experimento distribuirá sus beneficios entre estadounidenses de alrededor de 14 ciudades distintas

- Apoyan el ICUI:

Políticos como Jeremy Corbyn (líder de la oposición en Reino Unido), Benoît Hamon (líder socialista francés) Jean-Luc Mélenchon (político izquierdista francés), Yanis Varoufakis (ex ministro de Finanzas griego). En Estados Unidos, el candidato a presidente Andrew Yang se basa en la destrucción de empleo que causará el cambio tecnológico, para proponer una renta básica, que él llama el Dividendo de la Libertad [137], dotando de unos 1.000 dólares mensuales [138] a todos los estadounidenses mayores de 18 años. Richard Nixon, en su presidencia, estuvo cerca de implementarlo.

La primera ministra escocesa lo tiene claro al expresar que “(c)omo una de las muchas cosas que deberíamos repensar, la Renta Básica Incondicional debería estar allí, muy cerca de la parte superior de la lista”[139].

Los premios Nobel Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Christopher Pissarides (2010), Milton Friedman, Amartya Sen, Eric Maskin (2007), Holiver Hart (2016), Esther Duflo y Abhijit Banerjee (2019).

Economistas ilustres como Jefrey Sachs, James Galbraith o Thomas Pikkety.

- El 25 de septiembre del 2018 [140], el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dirigiéndose a la Asamblea General, refiriéndose a la cuarta revolución industrial que estamos viviendo y a esta Renta Básica marcó como elementos negativos la desestabilización que pueden ejercer estas tecnologías en los mercados laborales con el cambio o desaparición de los empleos tradicionales, que podrían llegar a forzar a los gobiernos a establecer programas de protección social más amplios, entre ellos, posiblemente, el establecimiento de una renta básica universal.

El 23 de enero del 2018, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), luego de estudiarla en profundidad con el asesoramiento de sus expertos en economía, aprobó por 48 votos a favor (51% de sus diputados), 33 en contra y 12 abstenciones, una resolución en la que recomendó a todos los gobiernos de Europa estudiar la implementación gradual de una renta básica[141].

El 23 de Julio de 2020, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[142] publicó un informe en el cual sostuvo que la introducción de un ingreso básico temporal destinado a las personas más pobres del mundo podría aminorar el actual aumento de casos de COVID-19 al permitir que cerca de 3.000 millones de personas permanezcan en sus hogares durante la pandemia.

En el informe, titulado Ingreso Básico Temporal: Proteger a las Personas Pobres y Vulnerables en los Países en Desarrollo [143], se estima que costaría US$ 199.000 millones ofrecer un ingreso básico garantizado [144] durante seis meses a los 2.700 millones de personas que viven por debajo o apenas por encima del umbral de pobreza en 132 países en desarrollo.

- El 12 de Abril de 2020, el Papa Francisco [145] dijo que podría ser ‘el momento de considerar un salario básico universal.

- Fueron Tomás Moro y su discípulo Juan Luis Vives, los primeros en concebir una propuesta de un ingreso ciudadano universal. De allí en más, distintos economistas, filósofos y políticos han elaborado proyectos cuyo objetivo era poner a los más débiles al resguardo del flagelo de la pobreza. También, Thomas Paine, Spence, Fourier, Charlier, Bismarck, Marx, Bertrand Russell, Fernando Savater, José Antonio Marina, Zygmunt Bauman, César Cancino y Martin Luther King.

6. ARGENTINA

a. La primera vez que se planteó en Argentina el ICUI fue en 2001 por el Frente Nacional contra la Pobreza (FreNaPo)[146], impulsado por la CTA. En ese marco y haciendo uso legítimo de la consulta popular, más de tres millones de personas votaron en diciembre del 2001 a favor de la conformación de un esquema de redistribución del ingreso que se propuso eliminar la pobreza en la Argentina. El contenido de la propuesta era de carácter integral y se basaba en tres grandes principios detalladamente precisados: modificar la matriz distributiva, fortalecer la autonomía nacional, y profundizar la democratización de la sociedad argentina [147].

En Argentina se viene avanzando en políticas que podríamos considerar que suben peldaños para establecer el ICUI[148]. La Asignación Universal por Hijo (AUH-2009) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE-2011), las Pensiones no contributivas por Discapacidad, para Mayores de 70 años y Madres de 7 hijos son claros ejemplos.

b. Durante la pandemia, por fuera del sostenimiento de los salarios y puestos de trabajo por la vía del ATP a 2,3 millones de trabajadores, la batería de políticas de transferencia de ingresos a la población sin empleo registrado se centró básicamente en tres instrumentos: el ingreso familiar de emergencia (IFE), la asignación universal por hijo (AUH) y la tarjeta alimentaria. El primero alcanza a 8,9 millones de personas (55,7% mujeres), el segundo a 2,4 millones y el tercero a 1,5 millones. La cobertura total, sin embargo, no resulta de la suma de las cantidades enumeradas, sino que siguen siendo los nueve millones, de los cuales algunos perciben AUH y de éstos algunos, tarjeta alimentaria[149]. Se otorgaron tres cuotas del IFE. La tercera se confirmó que sería la última [150].

El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en una charla que brindó, informó que: 9 millones de personas cobraron el IFE ($10.000) que implica un costo de 90 mil millones en cada pago; 5 millones de personas perciben planes sociales con un costo de 580 mil millones; 4 millones de niños/as reciben la AUH ($3.294 [151]) con un costo de 120 mil millones por año. Los bonos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) los cobra un 94,7 por ciento de mujeres entre 4.607.099 beneficiarias/os [152].

En lo que va de la pandemia, el Estado Nacional destinó el paquete de medidas económicas $537.315 millones, un monto equivalente al 2% del PBI[153]. El Estado Argentino asiste a nueve de cada diez hogares en medio de la pandemia [154].

c. Claudio Lozano[155] en su propuesta de salario universal ha realizado las siguientes cuentas: Garantizar un salario equivalente al salario mínimo, actualmente de $17.000 para el conjunto de la población de entre 18 y 65 años (excepto para aquellos que tienen garantizado un salario por el sector público o privado), y complementarlo con la efectiva universalización de la asignación universal por hijo, que incorpore a toda la población menor de 18 años, a través del pago de $4.000. Desde el IPYPP proponen la universalización de un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF) para todos los desocupados, la universalización del pago de la asignación familiar por hijo a través del planteo de un nuevo esquema de Asignaciones Familiares de carácter universal, el establecimiento de una jubilación universal para la población adulta mayor equivalente al 82% del Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF)[156].

d. Los periodistas Roberto Navarro y Nico Lantos comentaron sobre los dos proyectos que se evalúan dentro del Gobierno acerca del Ingreso Universal [157].

d.1. Por un lado, está la iniciativa que ideó el director del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, y que es apoyada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la cual consiste en unificar todos los programas sociales en un solo ingreso generalizado, con mayor valor, a cambio de una prestación laboral.

En esta dirección, el Lic. Daniel Arroyo, avanzó con la búsqueda de consensos [158] para implementar un nuevo plan social para al menos 3 millones de personas. La idea es establecer una “renta básica” o un “ingreso universal” para la población más vulnerable. El ministro expresó que hubiese preferido avanzar sobre un plan de salario universal sin contraprestación (es decir, un programa netamente asistencialista) en su entorno dijeron que la dinámica de la crisis por el coronavirus lo impulsó a reorientar la iniciativa hacia un esquema de pagos a cambio de trabajo, capacitación o formación. Este “Ingreso Universal” como lo llama el ministro, surgirá luego del fin del IFE y rondaría el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil que actualmente es de $16.875. Este “Salario Universal” como también lo denomina el Ministro, alcanzaría de tres (3) a (4) millones de personas [159].

Alexandre Roig (sociólogo y asesor de la Secretaría de Economía Social), también en esta línea, sostuvo que se va a promover nuevas formas de organización de la producción, utilizando para esto último lo que llama Sociedades Autogestionadas de la Economía Popular, como forma de acceder a un Salario Social Complementario. Agrega que es fundamental que se entregue en forma de salario, no en base a una contraprestación, sino que se asuma una remuneración a cambio del trabajo ya realizado en el marco de la economía popular. Finaliza sosteniendo que no promueve la renta ciudadana sino el salario social, porque resalta el aspecto de la organización popular y que es importante no ser eurocéntricos, porque una cosa es administrar el conflicto social en una sociedad escandinava, donde la desigualdad es de uno a seis (lo que el sociólogo Raúl Castells llama una “sociedad de semejantes”), y otra cosa es hacerlo en Argentina, donde la relación de desigualdad debe rondar el uno a cincuenta.

En las alternativas para implementar el programa están trabajando la Jefatura de Gabinete, tres ministerios -Economía, Desarrollo Social y Trabajo- y la Anses. El beneficio reemplazaría al IFE, pero no a otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o embarazo. El IFE dejó un mapa que evidencia que 4 millones de personas nunca habían tenido un trabajo en blanco o una cuenta bancaria. Ese número sería el piso de beneficiarios a los que está pensando llegar el Gobierno con la renta o el ingreso universal. Una de las opciones más avanzadas es que el programa estará también orientado hacia el empleo. Por ejemplo, una de las posibilidades en estudio es que las personas que lo reciban tengan además un proceso de capacitación y de inserción laboral en el sector privado. Por ejemplo, que las empresas puedan emplear a los beneficiarios, en una primera instancia, con fondos del Estado. Otro aspecto importante en el que se trabaja es que no haya intermediarios entre el Estado y los beneficiarios. “Que el registro y el criterio de selección esté en manos del Estado y no de organizaciones intermedias”, destacaron los informantes[160].

d.2. La otra propuesta es impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y tiene que ver con un modelo de Ingreso Universal similar al que se aplica en Alaska. Allí, una vez al año cada ciudadano cobra un cheque con un porcentaje de las ganancias que generaron las reservas petroleras de aquel país. Para el caso de Argentina el financiamiento se podría conseguir haciendo socios de las ganancias del campo y del sector minero a toda la población.

d.3. Queda bastante claro que la propuesta del Ministro de Desarrollo Social sólo tiene el nombre del Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional, pero no respeta ninguno de los caracteres esenciales de la propuesta.

Se puede aceptar y reconocer que estas primeras propuestas de Ingreso Universal en el país son la implementación de un gradualismo iniciado con la Asignación Universal por Hijo o el sistema de pensiones universales. Pero se debe tener bien en claro que la implementación de políticas focalizadas condicionadas con mayor alcance no implica necesariamente que se esté avanzando hacia el ICUI. Así como el Ingreso Universal que se está pensando establecer en Argentina solo tiene el nombre, lo mismo puede suceder con llamar “gradualismo” a políticas conservadoras.

Una prestación focalizada condicionada algo más relajada puede convertirse en un verdadero punto de llegada o fin de trayecto si no forma parte de un proceso de transformación de la lógica con la que se conciben las políticas de prestación económica. Principalmente el cambio de lógica se tiene que traducir en eliminar la súplica y la dádiva verticalmente instituida para el socorro de los “incapaces” -la condicionalidad-, e instaurar la incondicionalidad, es decir, el lenguaje de los derechos humanos y de ciudadanía, lenguaje que apunta a una solidaridad articulada horizontalmente y que ha de permitirnos ir tejiendo un mundo común. En este punto no pueden caber confusiones[161].

e.Naum Kliksberg [162], en una carta, le ha solicitado al Presidente Alberto Fernández la creación de una comisión de expertos que lo asesore sobre la propuesta de la Renta Básica Universal Incondicional. El Lic. Naum Kliksberg creó el C.I.I.R.B.U.D.I.[163]) (Centro Internacional de Información sobre la Renta Básica Universal “Digna” Incondicional [164]).