Desde hace meses el sector inmobiliario, en alianza con una parte del poder político, ha insistido con la idea de que «la ley de alquileres no funcionó», sin justificarla, ni demostrar esta afirmación con investigaciones o datos fehacientes.
A 3 años y 2 meses de sancionada la ley, es necesario considerar que ha estado vigente desde la pandemia por lo que incorporó Decretos que modificaron las relaciones de alquiler ante el aumento de la crisis económica de los hogares inquilinos.
Tampoco se garantizó el cumplimiento de la ley a través de un órgano de control. El Gobierno Nacional incumplió con la reglamentación y ejecución del Programa Nacional de Alquiler Social que indica el título III de la Ley 27.551. Este programa prevé acompañamiento económico para los hogares más vulnerables (Por ej.: Art. 19, Inc. a) “Tener especial consideración con las personas que se encuentren en situación de violencia de género en el marco de lo previsto en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, 26.485 y por las personas adultas mayores, velando por la no discriminación de las mismas”, Inc. c) “Propiciar la creación de líneas de subsidios o créditos blandos a efectos de facilitar el acceso a la locación de viviendas”), al tiempo que incorpora incentivos para que pequeños propietarios puedan poner sus viviendas en alquiler con ayuda del Estado.
Esta ausencia de políticas públicas, así como la falta de control del cumplimiento de la ley, la falta de asistencia para denuncias por incumplimiento y también, la inexistencia de un adecuado registro de contratos de alquiler, sumadas a la insaciable especulación inmobiliaria dieron como resultado la grave crisis habitacional que padece la población inquilina de todo el territorio nacional.
Afirmamos que la causa de la crisis actual de los alquileres no es por culpa de la ley. Volver a la situación anterior donde el sector rentista definía unilateralmente los aumentos sin límites y las inmobiliarias cobraban comisiones extorsivas o las condiciones obligaban a la población inquilina a la mudanza periódica cada 2 años, no es una solución.
¿Es democrático derogar una ley que llevó 5 años de debate, imponiendo un debate de menos de un mes, en un país donde no existen datos oficiales de la situación habitacional y la mayoría de los datos del sector privado son elaborados a pedido de los operadores inmobiliarios que especulan con el incumplimiento de la ley?
Las organizaciones firmantes de este documento, entendemos que la crisis habitacional que padecen los hogares inquilinos, no es resultado de una ley, sino de décadas de abusos inmobiliarios y de políticas que siguen favoreciendo a los sectores que ostentan la concentración económica.
La crisis habitacional de los hogares inquilinos es el resultado de la feroz devaluación salarial, la inflación, la dolarización y la financiarización de la vivienda y también, del ajuste económico que se impone a la clase trabajadora.
Es urgente que nuestros representantes pongan un límite a la especulación rentista que aumenta los alquileres de forma desproporcionada al poder adquisitivo de los salarios devaluados. Es insostenible la demanda de rentabilidad de la vivienda en dólares, mientras los sueldos inquilinos son escasos y en pesos. El problema es la falta de políticas distributivas.
La falta de regulación de los alquileres constituye una vulneración del DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA, convirtiéndolo en un negocio para pocos, a costa de la pobreza e indigencia de la población trabajadora que alquila.
Necesitamos representantes que luchen contra la desigualdad y el abuso inmobiliario que padece la población sin techo propio. Hoy gran parte de las personas que alquilan están endeudadas y sin posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas a pesar de trabajar cotidianamente y pagar un alquiler.
Es necesario que se establezcan criterios objetivos para:
Regular el precio inicial de las viviendas en alquiler, vinculado a factores de ubicación, calidad constructiva, valor catastral, metros cuadrados, condiciones de habitabilidad. Otra alternativa es la publicación estatal de precios de referencia.
Calcular los aumentos de alquiler en base a los salarios.
Fortalecer la regulación estatal nacional, en lugar de delegar en las provincias una cuestión que afecta la garantía del Derecho Humano y Constitucional a la vivienda digna y en condiciones adecuadas, y que afecta al principio de igualdad y no discriminación.
Garantizar el plazo mínimo de tres años en los contratos de alquiler de vivienda.
Implementar mecanismos de articulación interministerial e interjurisdiccional que faciliten el ejercicio de derechos de las personas que alquilan.
Crear el REGISTRO ÚNICO DE CONTRATOS DE ALQUILER, en la órbita de ANSES para implementar políticas públicas que reconozcan y consideren la vulnerabilidad económica de los hogares inquilinos
Crear un órgano de control de aplicación de la ley con poder de policía.
Disponer medidas integrales que garanticen una oferta de inmuebles para alquilar.
Impulsar un programa masivo de alquiler social.
Firman el presente comunicado: Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria; Sindicato de Inquilinxs Trabajadorxs de Chubut; Asoc. Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno; Observatorio del Derecho a la Ciudad; Plataforma por la Vivienda Digna en El Chaltén, Sta. Cruz; Fundación Patagones Hace; Fundación Amadeo Capital Humano (Chaco); Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos (CABA) -
