Comunicado de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria
Esta semana se ha hecho público un comunicado del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina en el cual manifiestan “ser parte de la solución” a la dramática crisis habitacional (y económica) que vive el país desde hace años, ahora agravada por la pandemia.
Bajo esta consigna solicitan, por un lado, se termine la prohibición de desalojos y congelamiento de alquileres y, por el otro, se aprueben reglamentaciones ad hoc que les aseguren seguir alimentando el negocio del alquiler. Y ello en aras de una supuesta libertad de mercado que intenta desconocer la posición dominante de este sector y su frecuente abuso eludiendo y evadiendo las garantías legales, a costa de un Derecho Humano como es el acceso a la vivienda.
Nos encontramos en una situación de EMERGENCIA HABITACIONAL sin precedentes, que requiere de medidas extraordinarias y fundadas en principios de distribución democrática del esfuerzo y garantía de la justicia social. Señalamos la URGENCIA en modificar las razones estructurales que están en la base de esta crisis que sufren millones de hogares en Argentina.
Es por ello que esta Comunidad solicita dejar de lado propuestas que redunden en la dinámica especulativa sobre el acceso al suelo y el negocio del ladrillo y tiendan a profundizar el problema habitacional en vez de resolverlo.
Si la intención de los profesionales, cuyo lucro depende de asegurar transacciones al mayor precio posible (en la venta) y con la mayor frecuencia y comisión posible (en alquileres), es ser parte de la solución, resulta necesario que se comprometan con medidas que nos conduzcan a un nuevo equilibrio y sean asumidas desde el ejecutivo en su rol indelegable como garante:
1.- Programa de subsidios para el desendeudamiento de los hogares inquilinos. Tal como publicamos en el informe de enero sobre la encuesta realizada en contexto de pandemia el nivel de endeudamiento de estos hogares lo es en múltiples niveles, ya que en muchos casos se recurrió a préstamos o tarjetas para asegurar el pago del alquiler, aún a costa de alimentos. Tal como planteamos en nuestra propuesta de modificación y reglamentación de la Ley de blanqueo para fomento de la obra privada, parte de la financiación para este programa debiera surgir de lo que se recaude con su entrada en vigencia. (Se puede ver el informe completo de la encuesta en este link)
2.- Programa "Alquileres Cuidados". El actual contexto de pandemia requiere de medidas que aseguren y minimicen las mudanzas y traslados de la población inquilina, así como una situación de colapso por desalojos masivos. Proponemos la firma de convenios que incluyan el adelanto del pago por parte del Estado de aquellos alquileres adeudados en aplicación del decreto, para aquellos propietarios que renueven contratos o aseguren la permanencia de sus inquilinos por un plazo de 3 años. Para dichas renovaciones, el nuevo precio pactado no deberá ser superior a la aplicación del índice publicado por el BCRA sobre el último alquiler. Dichos contratos deberán ser acordes a un modelo de buenas prácticas aprobado por el Ejecutivo Nacional. En el caso que intervenga un corredor inmobiliario para la renovación, no procederá el cobro de comisión a la parte locataria.
3.- Creación de un Ente Mixto Regulador de la praxis inmobiliaria en la intermediación del mercado de Alquiler. Los abusos detectados durante la actual crisis habitacional y los numerosos intentos de evasión fiscal y fraude de ley que vemos en las actuales prácticas del sector, no pueden ser monitoreados y sancionados por el mismo sector que los impulsa. Es por ello que se requiere una autoridad de aplicación con participación del Estado, los colegios profesionales y el sector inquilino y no propietario para fomentar las buenas prácticas y generar propuestas que garanticen el respeto a las leyes y normativas vigentes.
4.- En relación a la propuesta de aprobar beneficios de cualquier tipo para la construcción de obra nueva con destino al alquiler por parte del sector privado, en ningún caso el Estado podrá delegar la misma exclusivamente en el sector privado. Cualquier proyecto deberá integrarse dentro de la implementación del Programa Nacional de Alquiler Social previsto en el Titulo III de la Ley 27551 de Alquileres y cuyo desarrollo urgente solicitamos.
5.- Con el objeto de revertir las dinámicas especulativas que originan la subida de costo de materiales, la puja por el acceso al suelo, el aumento del stock de vivienda ociosa y la desigualdad espacial y urbana en la construcción de nuevas viviendas, se priorizarán los proyectos de construcción que, adecuándose al Plan Nacional de Suelo y al Programa de Planificación y Ordenamiento Terriitorial, garanticen una adecuada integración urbana y un precio de adquisición asumible financieramente, en planes de hasta 20 años, para hogares con ingresos iguales o inferiores al índice RIPTE. En especial, se garantizará la inclusión de cooperativas de vivienda en el desarrollo de estos proyectos y la participación Municipal, Provincial y Nacional en la distribución de servicios públicos y tierras ociosas.
6.- Creación de una Mesa Intersectorial e Interministerial de políticas habitacionales. Impulsada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, deberá asegurar el monitoreo y la generación de consensos para enfrentar la crisis habitacional, con participación de las organizaciones sociales y sindicatos, y articulación con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.
7.- Pacto por la vivienda asequible, para garantizar que, en tanto no se resuelva la actual situación de emergencia habitacional, el Estado no podrá destinar ni promover con fondos propios o a través de beneficios impositivos, la construcción de viviendas suntuosas o lujosas, ni desarrollos inmobiliarios cuyos destinatarios finales sean hogares con ingresos superiores al doble del índice RIPTE. Dicho pacto se inscribirá dentro de un plan de reforma urbana y democratización de la propiedad para frenar el insostenible proceso de inquilinización de las últimas décadas.
8.- Reforma fiscal e impositiva para promover la incorporación de inmuebles ociosos al mercado de vivienda con criterios de asequibilidad y seguridad en la tenencia.
La Constitución Nacional Argentina establece el mandato claro de garantizar por ley el acceso a la vivienda digna de toda la población. En un momento de extrema necesidad y urgencia, estas garantías deben pasar por revertir las dinámicas especulativas, favorecer la construcción de viviendas dentro de una política de integración socio urbana y precios asequibles a los sectores medios y bajos. En ningún caso deben dirigirse recursos del Estado para beneficiar a aquellos sectores más acomodados y que, en la actual crisis sin precedentes, son quienes más deben contribuir distributivamente a la solución, no al agravamiento del problema.
Buenos Aires, a 25 de Febrero de 2021.
