Por Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis y Alejandro Volkind.
El inmueble de doce pisos y más de 14 mil metros cuadrados de superficie, ubicado en Paseo Colón N° 245, fue considerado “innecesario” y rematado por USD 7.714.00. Sin embargo, los nuevos dueños deberán esperar hasta finales de 2024 para poder ocuparlo, ya que los próximos 18 meses seguirá siendo utilizado por el GCBA como sede de la Universidad de la Ciudad.
INFORME
El GCBA continúa con el remate de los bienes públicos de la Ciudad y este miércoles 28 subastó el edificio ubicado en Avenida Paseo Colón Nº 245/255/265, antigua sede del Ministerio de Educación de la CABA, por USD 7.714.00.
Sin embargo, el inmueble, de doce pisos y 14.113 metros cuadrados de superficie, será abonado en pesos y al valor de cambio oficial del dólar, es decir, a la mitad de su precio de mercado, beneficios que no tiene ninguna familia que quiere acceder a una propiedad en la Ciudad.
La subasta estuvo enmarcada en la Ley N° 6287, sancionada por la Legislatura porteña el 5 de diciembre de 2019, con 42 votos a favor y 14 en contra, cuando se autorizó la venta de 58 inmuebles que el GCBA consideró “innecesarios para su gestión”, entre los que se encuentra este edificio, donde actualmente funciona la Universidad de la Ciudad.
Pese a que el remate fue este miércoles 28 de diciembre, los nuevos dueños del edificio ubicado en Paseo Colón 245 no podrán hacer uso inmediato del inmueble porque el pliego de la subasta establece en el artículo 11 que “el adquirente deberá otorgar en comodato el uso a título gratuito del inmueble adquirido a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un plazo de dieciocho (18) meses”, con posibilidad de sumarle seis meses más”.
Esto demuestra que el inmueble es necesario para la Ciudad y que es totalmente inoportuna su venta. Pero Rodríguez Larreta, con la mira puesta en su campaña presidencial, quiere quedarse con la caja de esta venta, que asciende a 1411 millones de pesos.
En ese sentido, sólo en diciembre de 2022, el GCBA subastó cuatro inmuebles – con rebajas que van del 50 al 62% de su valor- y dos parcelas del ex Tiro Federal que le permitirán embolsar casi 30 millones de dólares para usar de manera discrecional.
OPCIONAL
El negocio de vender lo propio y alquilar lo ajeno
Es llamativo que la Ciudad considere “innecesarios” a edificios que son de su propiedad cuando actualmente hay 52 jardines, escuelas primarias, secundarias y centros de formación educativa que no tienen edificio propio y deben alquilar, al igual que cuatro sedes comunales, ocho Defensorías Zonales y más de 50 organismos públicos, entre los que se encuentra la propia Dirección General de Patrimonio.
Esta política de vender lo propio para alquilar lo ajeno es tan sorprendente como redituable para los privados. Para poner un ejemplo, sólo en 2022, Rodríguez Larreta va a gastar más de 380 millones de pesos ($384.618.633) en alquilar el Palacio Lezama (la ex Fábrica Canale) donde funciona el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y la Subsecretaría de Tránsito; organismos que hasta 2016 se encontraban en el ya subastado Edificio El Plata.
Subastar para hacer caja política
Durante el tratamiento de la Ley N° 6287, que autoriza esta subasta, y antes de tomar esta decisión, no se realizó ninguna instancia de participación ciudadana a pesar de que el Plan Urbano Ambiental establece que el manejo del Banco de Tierras e Inmuebles de la Ciudad debe ser implementado en marcos participativos. La ausencia de participación ciudadana al momento de definir la venta de estos predios no es menor si se considera que la superficie total aproximada de todos estos inmuebles es de 40 mil m2.
La justificación que autoriza a vender estos predios es que el producto de la venta “será destinado al desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura, no pudiendo ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes”, pero la justificación es una verdadera trampa retórica. Para dar sólo un ejemplo, en el presupuesto 2023 hay cero, sí, cero pesos destinados a la ampliación del subterráneo.
El dinero que ingresa no se destina a estos servicios públicos, sino que libera recursos estatales para otros gastos nada prioritarios en el marco de la emergencia ambiental, habitacional, económica y sanitaria que vive la Ciudad. Se gasta en estudios de Opinión Pública – en 2021 se destinaron casi $800 millones de pesos para la contratación del Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública aprobada por Resolución N° 1534/MHFGC/2021) o para ampliar el presupuesto en Publicidad, que este año tuvo un aumento del 133%, lo que implica más de 27 millones de pesos por día en propaganda.
El Plan Sistemático de venta de tierras públicas debe frenarse, de lo contrario, la ciudad vaciará su banco de inmuebles y necesitará tierras e inmuebles para garantizar el acceso a los servicios públicos a la población.