La importancia de las ciudades para afrontar la crisis climática
Esta semana se llevó a cabo el encuentro de alcaldes del C40. Esta cumbre es también conocida como Grupo de Liderazgo Climático, que es un grupo constituido por alcaldes y alcaldesas de ciudades que asumieron compromisos destinados a reducir las emisiones de carbono y generar acciones tendientes a adaptarse y mitigar la crisis climática.
Originalmente el grupo comenzó con cuarenta ciudades, hoy son alrededor de cien de todo el mundo y de todos los continentes. Las autoridades de estas ciudades buscan limitar el calentamiento global a 1,5 °C y consolidar que sus comunidades sean saludables, equitativas y resilientes.
Las ciudades no sólo son actores esenciales para los planes de acción climática, sino que constituyen el ecosistema humano de la mayoría de la población mundial. Mientras en 1950 sólo el 30% de la población mundial vivía en zonas urbanas, las proyecciones realizadas para el 2050 estiman que el porcentaje de población urbana mundial alcanzará al 70%. Las ciudades son el ecosistema humano para la mayoría de la población y, en consecuencia, tienen un rol fundamental para afrontar el cambio climático ya que son responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Por un lado, las ciudades demandan energía, agua potable, generan residuos y desarrollan actividades altamente contaminantes como el transporte, la alimentación y la construcción. Y por otro, se encuentran en riesgo y son vulnerables a los impactos ocasionados por la crisis climática: inundaciones, olas de calor, enfermedades transmitidas por vectores, huracanes, tsunamis.
La Argentina, según proyecciones del INDEC alcanzó en el año 2020 una población de 45.376.763 millones de personas y se encuentra entre las naciones más urbanizadas del mundo. El 92% de su población es urbana, muy por encima de la media mundial (56%). Y, según datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas de 2010, casi el 70% de la población argentina reside en los 31 aglomerados urbanos más grandes del país.
Todo esto ocasionó un cambio de percepción, donde los esfuerzos para resolver la crisis climática son a partir de ahora más locales que globales, haciendo énfasis en las políticas climáticas a nivel de los gobiernos subnacionales, justamente refiriéndose a las ciudades.
¿Por qué Buenos Aires?
En la página web del C40 se informa que se eligió a Buenos Aires como sede del encuentro porque “como miembro activo de C40 desde 2006 y miembro actual del Comité Directivo de C40 que representa a América Latina, Buenos Aires se ha comprometido a reducir a la mitad sus emisiones de carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad en cuanto a sus emisiones de carbono para 2050. Sus soluciones climáticas audaces e innovadoras pueden ser una inspiración para todos”.
Este compromiso fue asumido por la Ciudad de Buenos Aires en su Plan de Acción Climática 2050 (PAC 2050) aprobado el año pasado.
En los papeles y en los renders, la ciudad cumplía las condiciones para ser sede de la cumbre C40. En los hechos, la temperatura máxima viene aumentando sostenidamente desde la década del 60. Sin embargo, en lugar de adoptar las medidas necesarias para su mitigación, el modelo urbano que hace décadas se consolida, ha potenciado el fenómeno de calentamiento a partir de la ocupación del entorno ribereño y de la privatización sistemática de las superficies verdes públicas. Sólo en el período 1991-2021 la temperatura máxima promedio anual aumentó en la Ciudad 0,8 grados.
En los últimos 13 años, la Ciudad privatizó 500 hectáreas de tierras públicas, de las cuales 150 eran superficies verdes. En el Parque de las Victorias nuevamente 45 hectáreas fueron destinadas a una cancha de golf y 20 hectáreas del Parque de la Ciudad van a parcelarse para su venta. Los playones ferroviarios, últimas grandes reservas de suelo, fueron rematados por la dupla Macri-Larreta. Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en la Ciudad de Buenos Aires (6 m2) se encuentran muy por debajo de los estándares internacionales recomendados (entre 10 y 15 m2). Sin considerar cementerios, plazoletas secas, maceteros, bulevares, jardines verticales y otras categorías similares, la cifra real es de 4,7 m2/habitante. Este indicador ambiental no se distribuye de manera uniforme en el territorio, resultando extremadamente crítico en los barrios populares, donde alcanza valores 100 veces menores a los recomendados. Hasta el diario La Nación comparte la evaluación negativa de las políticas de la ciudad con relación a los espacios verdes públicos.
En cuanto a limitar las actividades contaminantes, sólo en los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados accesibles para menos del 5% de la población porteña de mayores ingresos. Y mientras se construía a razón de un nuevo Puerto Madero cada dos años, la cantidad de familias en emergencia habitacional no paró de aumentar año tras año. Actualmente, se estima que en la ciudad existen alrededor de 150 mil viviendas ociosas y hay más de 160 mil inmuebles a la venta.
Sin duda, el marketing ambiental y urbanístico, fortalecido con los 29 millones de pesos por día que gasta el GCBA en propaganda oficial y la aprobación del Plan de Acción Climática 2050 que, paradójicamente no especifica indicadores de progreso y monitoreo ni el financiamiento correspondiente para cada medida, podrían ser las razones por las que Buenos Aires haya logrado ser la anfitriona de esta cumbre climática.
¿Y la Democracia Ambiental?
Más de 200 activistas socioambientales solicitaron al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en su calidad de anfitrión del C40 y, al alcalde de Londres, Mayor Sadiq Khan, en su calidad de presidente del C40, la implementación de instancias de participación ciudadana, en la cumbre de alcaldes C40, sobre la base del principio 10 de la Declaración de Río acerca del Ambiente y el Desarrollo de 1992. Este principio establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda al igual que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, más conocido como Acuerdo de Escazú, internacionalmente vigente y suscripto por Argentina.
Del GCBA respondieron que las actividades a desarrollarse durante la Cumbre están dirigidas principalmente a funcionarios y representantes de la red C40. Es decir, fue una cumbre cerrada. Algo insólito para un evento internacional ambiental cuando se suelen jactar de que “la acción climática se basa en la equidad” y que la “justicia climática, social y económica sólo se puede lograr juntos”. Será juntos, pero sólo algunos decidiendo y otros siguiendo sin la posibilidad siquiera de expresión.
Al GCBA no le preocupó que su ciudadanía no pudiera expresarse en esta cumbre internacional, sino que se ocupó de que tampoco pudiera hacerlo afuera del Centro de Exposiciones y Convenciones donde tuvo lugar el encuentro.
El primer día de la cumbre, un grupo de jóvenes de la Red Universitaria X la Crisis Climática, en un primer momento, e integrantes de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, unas horas más tarde, intentaron ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión a través del montaje de banderas para sacar unas fotografías en las inmediaciones del Centro de Exposiciones. En ambos casos, la policía de la ciudad trató de impedirlo sosteniendo que tenían la orden de no permitir ninguna manifestación en contra del C40 o del GCBA.
Necesitamos un Plan
Allí expresó que “necesitamos un plan federal para enfrentar las consecuencias del cambio climático”. Quizás primero debería advertir que el Plan de Acción Climática que tiene la Ciudad de Buenos Aires no es un verdadero plan.
La Ciudad de Buenos Aires aprobó su primer Plan de Acción Climática en 2009. En 2015 aprobó el segundo Plan, adecuándose a los nuevos requerimientos planteados por la Ley 3871 de “Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Esta ley sirvió de antecedente para la Ley Nacional 27.520. El tercer Plan fue aprobado el 29 de marzo de 2021, por el Secretario de Ambiente, a través de la Resolución N° 63/2021.
Esto dos últimos planes deberían ser la actualización del primero pero el GCBA los presenta como nuevos planes, desconectados unos de otros, en violación a la Ley N° 3871 que exige la actualización periódica cada 5 años. Por ende, no existe ningún informe de evaluación de los resultados de los dos primeros planes. El tercer Plan se aprobó sin considerar la existencia de los dos primeros.
Con anterioridad a la aprobación del Plan de Acción Climática (PAC) a nivel nacional se sancionó la Ley N° 27.520 “Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global”. Su art. 20 establece el contenido que deben tener los “Planes de respuesta” que son “los planes de adaptación y mitigación al cambio climático desarrollados por cada una de las Provincias y por la Ciudad de Buenos Aires”. Especialmente destaca la necesidad de que cada medida establezca sus indicadores de progreso y monitoreo y su financiamiento.
En el Manual “Las Ciudades Frente al Cambio Climático: ¿Cómo hacer un Plan de Acción Climática a nivel Local?”, se expresa: “Para medir los avances se utilizan indicadores, es decir, una o más variables cualitativas o cuantitativas que proveen un medio confiable para medir el cumplimiento de los objetivos, reflejar cambios relacionados con una intervención o permitir evaluar el desempeño de una acción en desarrollo (…) Los resultados obtenidos en la instancia de monitoreo retroalimentan al Plan de Acción Climática incidiendo en la optimización de su diseño y dirección (…) Existen dos tipos principales de indicadores: de procesos de gestión y de resultado. Los indicadores de procesos de gestión muestran si se está haciendo lo necesario para implementar el plan y si las áreas de gobierno involucradas en la planificación e implementación de medidas están cumpliendo con lo que se comprometieron. (…) Por otra parte, los indicadores referidos a los resultados muestran si las medidas están arrojando los resultados deseados. Permiten dar seguimiento a la fase en la que la medida ya está implementada y genera beneficios de adaptación, reducciones de emisiones de GEI o absorciones.”
El PAC 2050 se estructura a través de 24 acciones donde cada una cuenta con subacciones y acciones a las que complementan. De la lectura de estas medidas no se detecta que éstas tengan indicadores de progreso y monitoreo. Tampoco se estableció para cada medida una hoja de ruta que contemple el “financiamiento” de cada una de las medidas.
Resulta imposible controlar el cumplimiento de las medidas enunciadas en el PAC, sólo se comprobará cuando se llegue al plazo final. Esto resulta en una estrategia perfecta para comunicar al mundo que la ciudad tiene un PAC para ser carbono neutral y que nadie pueda expresar si se está incumpliendo, salvo cuando ya sea demasiado tarde.
El PAC 2050 constituye un Plan de Acción Climática Parcial a la luz de lo que establece la Ley Nacional N° 27.520 porque le faltan elementos esenciales. Por este motivo, un conjunto de colectivos acudieron a la justicia. Además, solicitaron que se reglamenten los procesos participativos para la discusión del Plan de Acción Climática que no se implementan hace 11 años por falta de reglamentación.