RESUMEN
1. TARIFAZO CONFISCATORIO: Estamos ante un escenario dramático de empobrecimiento e incapacidad creciente de importantes sectores de la población para afrontar el pago de tarifas brutales que ponen en peligro el derecho humano de acceso a la energía.
2. SISTEMA DOLARIZADO. AUSENCIA DE LA DISCUSIÓN DE LOS COSTOS REALES DEL SISTEMA GASÍFERO: Es urgente el debate sobre el precio del gas natural en la Argentina, cuya contracara es la falta de discusión certera, justa y abierta sobre los costos de producción reales del sistema gasífero. El actual esquema es insostenible por el factor dolarización.
3. SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA EXPORTAR GAS A LAS EMPRESAS: Este gobierno comenzó a exportar un gas que sobra en verano, pero que podría escasear nuevamente en invierno, y lo hace a valores que están entre los 3.90 y los 4,20 dólares por millón de btu. Estos precios de exportación son más bajos que los que estamos pagando todos nosotros como usuarios.
4. EL TEMA DE LAS COMPENSACIONES. REVISIÓN INTEGRAL DE LOS MARCOS REGULATORIOS DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD: Los contratos de concesión establecen el principio de ?neutralidad tributaria?. Ello significa que son los usuarios los que deben pagar por los desequilibrios ocasionados por un esquema de dolarización y tarifas altas. Este esquema de compensaciones debe denunciarse como ilegítimo e ilegal, lo cual nos lleva al urgente planteo de revisión integral de los marcos regulatorios del gas y la electricidad.
5. SOBRE EL PRECIO DEL GAS LICUADO: El aumento acumulado del GLP ha superado el 205% en tres años. Es hora de discutir seriamente un servicio público esencial que debe ser asegurado por el Estado en función de la ley 26.020.
INFORME COMPLETO
AUDIENCIA PÚBLICA GAS NATURAL
PUNTOS CENTRALES PARA RECHAZAR EL AUMENTO DE LA TARIFA
Las audiencias públicas convocadas para este 26 de febrero en referencia a las nuevas tarifas de gas natural que entrarían en vigencia desde el 1 de abril, constituyen un nuevo paso en el avance de una política tarifaria brutal e ilegítima en los principales servicios públicos esenciales para la vida digna de nuestra población.
Estas audiencias, se convocan al sólo efecto de considerar el mecanismo de ajuste semestral de la tarifa de gas y la cuestión de las compensaciones que las empresas distribuidoras le deben a las productoras de gas por los desajustes provocados por la inestabilidad cambiaria en la Argentina (devaluación).
En relación a esto, debemos hacer una serie de puntualizaciones que fundamentan nuestro rechazo al aumento de la tarifa del gas:
1. TARIFAZO CONFISCATORIO:
Nuevamente, resulta prioritario establecer un freno inmediato a los nuevos tarifazos gasíferos, ya que luego de ajustes que han oscilado entre 500% y más de 1.500% en las tarifas en tres años, cruzados con una inflación acumulada de más de 158% y aumentos salariales que en tres años llegaron al 118%, estamos ante un escenario dramático de empobrecimiento e incapacidad creciente de importantes sectores de la población para afrontar el pago de tarifas brutales que ponen en peligro el derecho humano de acceso a la energía. Recordemos que los criterios de proporcionalidad, racionalidad y gradualidad establecidos por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en agosto de 2016 luego de los primeros tarifazos del gas natural, fueron totalmente violentados a partir de la sucesión de aumentos impagables, y esa es ya una razón más que suficiente para impugnar todo lo actuado.
2. SISTEMA DOLARIZADO. AUSENCIA DE LA DISCUSIÓN DE LOS COSTOS REALES DEL SISTEMA GASÍFERO:
Lo que no aparece en la discusión, como sí había ocurrido desde la famosa audiencia de septiembre de 2016, luego del citado fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el necesario y urgente debate sobre el precio del gas natural en la Argentina, cuya contracara es la falta de discusión certera, justa y abierta sobre los costos de producción reales del sistema gasífero. Recordemos que el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, había establecido precios mayoristas dolarizados del gas natural, con un sendero de precios que subían hasta octubre de 2019, momento en que esos precios se ubicarían en los niveles de paridad de importación. Ese esquema, insostenible por el factor dolarización y por el hecho que nos imponía precios por el 25% del gas que importamos mientras que producimos el 75% restante a costos menores, estalló por la devaluación del 110% ocurrida entre abril y octubre de 2018. A partir de ese momento, y para evitar un pasaje a tarifas aún más desastroso, el gobierno macrista que nos habla de libre juego del mercado en la cuestión energética, decidió imponer un precio más bajo en dólares del gas- en torno a los 4 dólares por millón de btu-, para intentar estabilizar la situación.
Mientras tanto, la discusión de fondo sobre los costos reales del sistema gasífero, desapareció de la escena junto con los millonarios subsidios garantizados por el gobierno a un selecto grupo de productores de gas no convencional en el yacimiento Vaca Muerta, en la cuenca neuquina. Justamente, esa es la otra parte de la película, ya que por ese gas, se les aseguró a las empresas precios de 7,5 dólares en 2018 y 7 dólares por millón de btu en 2019, lo que significa que se convalidaron valores 75% superiores a los precios de mercado anunciados por el gobierno en el contexto de la crisis cambiaria de 2018. Y en esta audiencia, el esquema de dolarización que está detrás de este desastre, no aparece. Y, lo que va quedando al descubierto, es la gran estafa del gas, sostenida en la idea del gobierno de Cambiemos que la tarifa que pagábamos hasta 2015, no permitía recuperar los costos de producción, cuando los precios en dólares- en torno a los 2 dólares por millón de btu- permitían el normal funcionamiento del sistema y, en todo caso, lo que se podría haber discutido es un esquema racional de alicientes a la producción de gas no convencional que permitiera desarrollar mejor esos nuevos recursos, en el marco de una política integral, que tuviera en cuenta las posibilidades de pago de los usuarios, y que asegurara precios diferenciales por estación climática y precios estímulo para la producción industrial. Pero, se eligió un camino depredador que, dolarización mediante, permitió una millonario transferencia de todos los usuarios a un selecto grupo de empresas. Por ende, la política gasífera del gobierno se ha tornado insostenible, es errática, inconsistente y, además, parte de grandes relatos mentirosos que deben ser puestos sobre la mesa.
3. SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA EXPORTAR GAS A LAS EMPRESAS.
Mientras los precios promedio del gas no convencional en la Argentina están en torno a los 2 dólares por millón de btu, este gobierno paga hasta 7 dólares por el gas no convencional, sin que tengamos en claro cuáles son los costos reales que permiten asegurar ganancias razonables a las empresas. Más aún cuando el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, afirmaba hacia agosto de 2018, que la referencia de 4 dólares era un precio que permitía asegurar ganancias a los operadores.
Además, este gobierno comenzó a exportar un gas que sobra en verano, pero que podría escasear nuevamente en invierno, y lo hace a valores que están entre los 3.90 y los 4,20 dólares por millón de btu. Ese gas que se exporta, es el convencional con costos que representan la mitad de esos precios de exportación, de modo tal que se habilitó otro enorme negocio para el selecto grupo de empresas entre las que están YPF, Pan American, Tecpetrol, Pampa Energía, Wintershall y Total, entre la fundamentales.
Pero, a la vez, esos precios de exportación son más bajos que los que estamos pagando todos nosotros como usuarios, con lo cual, se dilapida un recurso estratégico, que podría ser utilizado para ampliar la demanda gasífera nacional y beneficiar al conjunto de la población. Asi, volvemos a exportar a Chile y, en menor medida, a Brasil y Uruguay, mientras sectores importantes de nuestra población no pueden pagar el gas, el consumo se reduce y la incorporación de nuevos usuarios al servicio de gas natural por redes, deberá esperar a una política más progresiva en materia energética.
El último aspecto de esta historia, es la actual pelea entre Tecpetrol y el gobierno nacional, por el hecho que, debido al ajuste de las cuentas públicas, FMI mediante, el gobierno de Cambiemos quiere ajustar la cuenta de subsidios a la producción de gas no convencional que Tecpetrol había prometido a diciembre de 2017 en sus contratos, lo que representa la mitad de los 17,5 millones de metros cúbicos que hoy extrae. Y todo ello representa casi 6.000 millones de pesos en disputa, mientras todos miramos cómo los negocios para pocos avanzan y nuestra situación se deteriora cada vez más.
4. EL TEMA DE LAS COMPENSACIONES. REVISIÓN INTEGRAL DE LOS MARCOS REGULATORIOS DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD.
Asimismo, en las audiencias convocadas aparece el asunto de las compensaciones, lo cual nos recuerda el nefasto episodio que estalló en octubre de 2018, cuando a partir de la devaluación, el gobierno y las empresas distribuidoras de gas natural, acordaron transferir la mitad del sobrecosto del gas adquirido a las productoras al conjunto de la población usuaria, residencial, comercial e industrial. Se trataban de más de 10.000 millones de pesos que todos nosotros deberíamos pagar, ya que los contratos de concesión de los servicios vigentes a partir de los marcos regulatorios del gas y la electricidad de comienzos de los ?90, establecen el principio de ?neutralidad tributaria? para las empresas prestadoras del servicio de distribución gasífero y eléctrico. Ello, en buen romance, significa que son los usuarios los que deben pagar por los desequilibrios ocasionados por un esquema de dolarización y tarifas altas, tal como ocurría en los ?90 durante el 1 a 1, pero con la gran diferencia que, emergencia económica mediante en 2002 y tarifas mucho más bajas durante más de una década, este escenario actual resulta impagable, injusto e ilegítimo.
Ello nos impone otra prioridad: este esquema de compensaciones debe denunciarse como ilegítimo e ilegal, lo cual nos lleva al urgente planteo de revisión integral de los marcos regulatorios del gas y la electricidad, de modo tal que estos esquemas favorables al lucro empresario y a sus rentabilidades, sean reemplazados por criterios de rijan la prestación de servicios públicos esenciales ligados a la utilidad social de los mismos y a la preservación de la igualdad en el acceso universal de los mismos.
5. SOBRE EL PRECIO DEL GAS LICUADO (GLP).
Por último, en las audiencias citadas, se discutirá la cuestión del gas licuado de petróleo, que es utilizado por más de 3 millones de familias que no tienen acceso al gas natural por redes. El aumento acumulado del GLP ha superado el 205% en tres años, mientras que se han reportado permanentemente violaciones al programa Hogar por el que se asegura un precio más bajo de la denominada garrafa social, cuyo precio se estableció en 152 pesos, mientras que las garrafas de 10 kg están en torno a los 300 pesos. Falta de puntos de ventas y ausencia de garrafas a los precios subsidiados, junto con especulaciones permanentes entre los actores que forman parte de la cadena de producción y distribución de gas licuado de petróleo, son algunos de los temas que deben ponerse sobre la mesa a la hora de discutir seriamente un servicio público esencial que debe ser asegurado por el Estado en función de la ley 26.020.