Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2015.
NUEVO MINISTERIO DE AMBIENTE EN ARGENTINA:
DESDE LAS ORGANIZACIONES SOCIOAMBIENTALES SOLICITAMOS EL ABORDAJE INMEDIATO DE ESTAS PRINCIPALES CUESTIONES AMBIENTALES
Nos resulta auspiciosa la noticia de que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ascenderá en jerarquía a rango de Ministerio. El nuevo Ministerio de Ambiente estará a la par de los otros y tendrá la capacidad de colocar en la mesa de la reunión gabinete ampliado su propia agenda.
Un Ministerio tiene mayor presupuesto que una secretaria, más atribuciones y personal. Este cambio, teóricamente tiene el objetivo de dar una visibilidad mayor a la cuestión ambiental, sobre todo, después de una gestión saliente muy deslucida. El hecho institucional de la creación de un Ministerio de Ambiente deberá tener como correlato que esta temática tenga una mayor prioridad y atención en el nuevo gobierno.
Por este motivo, nos gratifica el anuncio de la creación del Ministerio de Ambiente, pero también esperamos que esta nueva institucionalidad vaya acompañada de efectivas y oportunas políticas ambientales que aborden adecuadamente cada uno de los problemas ambientales más profundos y graves que actualmente está viviendo el país.
Según nuestra visión, consideramos que el Ministerio debería:
En primer lugar, tener una incidencia transversal en las políticas del nuevo gobierno y una participación necesaria en las decisiones de los otros Ministerios que tengan por objeto orientar el proceso productivo y económico del país. De esta forma, por ejemplo, los Ministerios de Energía y Minería, y el de Producción deberían trabajar en forma mancomunada con el Ministerio de Ambiente para evitar el desapego de la economía a la protección del ambiente que ha sucedido en forma inescrupulosa principalmente en esta última década que se intensificaron las actividades extractivas.
En segundo lugar, existen temas que deben ser abordados en forma urgente, que desde las organizaciones socio-ambientales hemos reclamado y no fuimos escuchados por el gobierno saliente. En esta dirección, numerosos conflictos de este tipo están vivos en la Argentina por el no cumplimiento de normativa que protege el ambiente, el modelo agroproductivo industrial y primario basado en un sistema extractivo y financiero implementado en el país, por ausencia de controles, la omisión estatal en la regulación y la protección de los ciclos ecológicos, y la falta de investigación de los daños al ambiente y a la salud de la sociedad generados por las actividades antrópicas, etc.
En tercer lugar, también saludamos que el futuro Ministro de esta cartera, Sergio Bergman, haya realizado declaraciones en el sentido de orientar las políticas del Ministerio de acuerdo al diagnóstico y propuestas contenidas en la Encíclica Papal "Laudato Si". Esta realiza afirmaciones críticas al consumismo, a la cultura del descarte, en defensa de la naturaleza, considerando el acceso al agua como derecho humano, sobre el crecimiento desmedido y desordenado de las ciudades, advirtiendo las desventajas de los barrios privados y countries, sosteniendo el derecho al acceso a los lagos y ríos, destacando que el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta, criticando el paradigma tecno-económico y las burbujas financieras, rechazando las falsas soluciones de la "Economía Verde" y del Mercado, criticando el paradigma hegemónico del desarrollo y el ?progreso? que considera la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, resaltando el principio precautorio y reivindicando el accionar de las organizaciones sociales, destacando la función social de la propiedad, advirtiendo los peligros de los transgénicos y el uso indiscriminado de los agrotóxicos, etc.
Sostener que el Ministerio de Ambiente va a "estar fundamentalmente orientado con la última encíclica papal Laudato Si", tal como sostuvo el futuro Ministro, implica atender a cada uno de estos temas enumerados por el Papa con la profundidad propuesta y no eligiendo superficialmente algunos párrafos de la encíclica en forma arbitraria.
De esta forma, desde las ORGANIZACIONES SOCIOAMBIENTALES solicitamos al nuevo Ministerio de Ambiente que atienda las siguientes cuestiones ambientales y nos ponemos a disposición para colaborar en la mejor solución para la defensa de los derechos ambientales, sociales, culturales y económicos de la población.
Tenemos presente que muchos de los temas y propuestas no serán competencia exclusiva del futuro Ministerio de Ambiente. También que aún no están definidas las competencias de cada uno de los Ministerios en la futura gestión de gobierno. Pero sí consideramos que en ninguna de estas cuestiones ambientales, el futuro Ministro de Ambiente podrá estar ausente en su discusión y adopción de políticas, y que será corresponsables de las medidas que se dispongan:
1. EL MODELO DE AGRICULTURA-INDUSTRIAL.
8. GRANDES PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS.
10. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
12. RECOMPOSICIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA.
13. CASO ESPECIAL DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO.
14. CREACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE CUENCAS FALTANTES.
15. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
16. AVANZAR HACIA UNA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL DEL PAÍS.
Para enviar adhesiones de organizaciones socio-ambientales a esta dirección: justiciaambientalarg@gmail.com
1. EL MODELO DE AGRICULTURA-INDUSTRIAL:
Nuestro país, desde el año 1996, ha decidido un cambio de modelo productivo, apoyando a la agricultura industrial como política pública. Hoy en día se destinan 30 millones de hectáreas a los agronegocios y se utilizan 350 millones de litros de agrotóxicos (Biocidas) según datos de la última campaña agrícola. Este cambio productivo ha provocado en forma directa un aumento exponencial de tala de bosque nativo (en el afán de recuperar tierras productivas) y el desplazamiento de otras actividades en la disputa por el territorio (desaparición de la cuenca lechera, disminución de la actividad ganadera e imposibilidad de cultivos agrológicos en zonas aledañas a los campos sojeros/maiceros). El desplazamiento de actividades genera inexorablemente la expulsión de poblaciones de sus lugares de origen, pérdida de fuentes de trabajo y de patrones culturales.
El uso del paquete tecnológico (semillas transgénicas - Biocidas) produce efectos negativos sobre la salud pública, tanto como producto de la exposición directa a fumigaciones como por el consumo de alimentos con residuos de los mismos. Ha incrementado exponencialmente las malformaciones, abortos espontáneos, enfermedades endocrinas, cáncer, enfermedades neurológicas en la población ; a un punto de poder afirmar que muchos poblados del interior de nuestro país están en emergencia sanitaria.
Por los motivos enumerados, en Octubre de éste año se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una ?denuncia y solicitud de medida cautelar? contra el Estado argentino, presentada por REDUAS ( Red universitaria de Ambiente y salud- Médicos de Pueblos fumigados). Se denunció la flagrante violación de los derechos de los niños argentinos al estar expuestos a la lluvia de químicos y sus gravísimas consecuencias en la salud.
Por otra parte, el desmonte de especies nativas y la introducción de semillas transgénicas está llevando a una destrucción masiva de nuestra biodiversidad y está provocando la desaparición de la ?soberanía alimentaria? de los argentinos (no somos capaces de producir nuestro propio alimento por habernos avocado a ser exportadores de comodities).
Por lo que consideramos como medidas prioritarias, urgentes y transicionales a un nuevo modelo agroproductivo, las siguientes:
1) Dictar una ley de presupuestos mínimos sobre ?Elaboración, registro, categorización, etiquetado de Agrotóxicos". Actualmente se están utilizando activos sin la realización de control toxicológico exhaustivos que involucre los posibles efectos letales, subletales, agudos y crónicos. Las evaluaciones que hoy rigen, son absolutamente insuficientes y solo evalúan DL 50 (dosis letal 50 % aguda). Esto exige la modificación de la resolución 350/99 SAGyPAN.
2) Dictar una ley de presupuestos mínimos que regule la ?aplicación de agrotóxicos? a nivel Nacional. Estableciendo amplias franjas de seguridad para fumigaciones terrestres y la prohibición en todo el territorio nacional de la fumigación aérea.
3) Establecer un nuevo ordenamiento territorial ambiental, para recuperar zonas horticolas, de producción agroecológica, de ganadería extensiva y de producción lechera. Ir en post de una transición para recuperar la diversidad productiva e la reducción de los territorios copados por la agroindustria (a los fines de ir disminuyendo los impactos negativos y el pasivo ambiental generado).
4) Bregar por una ley de propiedad intelectual de semillas que proteja las semillas nativas y mantenga el derecho ?al uso propio? base de toda la agricultura y garantía de control sobre nuestro ?alimento?.
Venimos de una política pública que apuesta al modelo productivo del agronegocio. Desconociendo implícitamente todas las recomendaciones y estudios realizados por los organismos nacionales e internacionales. En clara violación de los principios preventivo, precautorio y de equidad intergeneracional y de los derechos fundamentales tales como el de información pública, a la vida y a la salud.
El desarrollo de la Minería de Litio en el Norte Argentina representa numerosos riegos para las salinas como espacios de vida, cultura y trabajo para las comunidades originarias. Como establece el Convenio 169 de la OIT Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios. Si bien este modelo minero no realiza explosiones a gran escala y tampoco utiliza cianuro, si compromete las fuentes de agua en zonas de extrema sequía.
Por esta razón, el Ministerio de Ambiente debería adoptar todas las medidas para respetar los derechos de las comunidades originarias. En estas se percibe que los salares constituyen parte de su amplísima historia, de su cotidiana geografía, residencia de sus ancestros y legado a su descendencia, parte del ecosistema del lugar, que les permite la supervivencia económica y cultural.
Por otra parte, el Ministerio debería avanzar hacia la elaboración de presupuestos mínimos ambientales para la explotación del Litio que regule temas insoslayables como la utilización de abundantes cantidades de agua en climas áridos.
La megaminería es una práctica a gran escala que incluye: explotación a cielo abierto, generación de pasivos ambientales importantes (open pit o rajo abierto, escombreras, diques de cola, entre otros), extracción acelerada de recursos naturales no renovables, uso de sustancias contaminantes, gran consumo energético, utilización de importantes volúmenes de agua, generación de drenaje ácido de mina (DAM), y potenciación del drenaje ácido de roca (DAR), liberación de metales pesados y construcción de infraestructura de transporte.
Esta forma de explotación es una de las más contaminantes de las actividades extractivas: altera el paisaje, destruye los ecosistemas, afecta la salud de la población, utiliza enormes cantidades de energía, y de un recurso esencial para nuestra vida: el agua, recurso que es contaminado en el transcurso de la actividad.
Cada uno de estos aspectos determina que la megaminería no constituye una forma de explotación sustentable y respetuosa con el ambiente. De allí, la gran conflictividad social y resistencia de las comunidades que genera la instalación de esta actividad en un territorio.
Por estos motivos, el Ministerio de Ambiente debería avanzar hacia la prohibición de la actividad de la minería a cielo abierto en todo el país por insustentable, dado que la misma genera fuertes impactos socioambientales negativos, y el establecimiento de la suspensión de actividades sobre los proyectos existentes hasta establecer si los mismos pueden continuar o deben empezar acciones de recomposición post-cierre.
En lo inmediato debe asumir una actitud activa frente al desastre ambiental ocurrido en el proyecto Megaminero ?Veladero?, dando respuesta al genuino reclamo del pueblo de Jachal.
El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley Nº 26.639 de ?Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial? la cual en su artículo n° 3 establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares. A cinco años de que Argentina se convirtiera en el primer país del mundo en sancionar una ley de protección de glaciares, la normativa no se está cumpliendo.
Según datos que del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo responsable de la confección del inventario, cumplido el plazo para elaborar los inventarios, en el sitio web donde deberían estar publicados sólo aparecen los resultados de lo hecho en la provincia de Mendoza, donde NO hay minería de oro a cielo abierto sobre glaciares.
Además de las actividades extractivas, el cambio climático representa, por sí solo, una tremenda amenaza para los glaciares. La mayoría de ellos se encuentran actualmente en retroceso. Por esta razón, el derroche y/o contaminación del agua representan un riesgo importante y un error en el que flamante ministerio no puede dejar de lado en su agenda
Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, resulta imperioso que el nuevo Ministerio de Ambiente avance en la deuda pendiente sin olvidar que cualquier actividad humana que se desarrolla en la cercanía de la zona glaciar y periglacial debe ser analizada minuciosamente, considerando cada una de sus posibles consecuencias y en su caso prohibir toda actividad nociva.
Diversos estudios realizados a lo largo de años, establecieron que la alteración desmedida e irresponsable del clima trae aparejado el aumento de la temperatura a nivel global, lo que ya de por sí amenaza a la agricultura, a los ecosistemas alrededor del mundo, y a la salud de las personas. Sumado a eso, se encuentra el inevitable aumento del nivel de los mares producto del deshielo tanto de las altas cumbres como del casquete que recubre la Antártida. Estos desequilibrios, que ya son consecuencias terribles en sí mismos, traen a su vez aparejados todo tipo de desastres naturales: inundaciones, sequías, tormentas cuya violencia es directamente proporcional a la alteración que las provoca. El resultado de esto es uno solo: la hambruna, el aumento de la pobreza, y diversos y enormes peligros para la persona humana. Respecto a este tema, la agenda del próximo Ministerio de Ambiente debería incluir, entre otras cuestiones, las siguientes:
1) Lograr una articulación con los Estados de Latinoamérica y Caribe a fin de encarar el cambio climático de modo serio y responsable, con la conciencia de que nada sirve que un Estado tenga como eje de su política la protección del ecosistema, si su vecino continúa en el patrón del progreso desmedido en desmedro del debido cuidado al equilibrio del clima.
2) Cambiar lo patrones de consumo y producción: la distribución justa y equitativa de los alimentos y los bienes necesarios, junto a la reducción del consumo innecesario, el cambio en la matriz productiva garantizando una transición justa para los trabajadores, donde no sólo se logren bajar las emisiones de carbono sino también se logre un modelo de desarrollo alternativo que sea sustentable y que logre terminar con las desigualdades sociales.
3) La Investigación e implementación de sistemas energéticos descentralizados y diversos, que se basen en recursos y tecnologías locales, que no dañen el ambiente ni sustraigan tierra a la producción de alimentos, y que garanticen la soberanía energética.
4) La reforma agraria real y efectiva (popular), que fortalezca la agricultura campesina y familiar y promueva la producción de alimentos como el fin principal del uso de la tierra y que considere a los alimentos como un derecho humano fundamental que no pueden ser tratados como mercancía. A su vez, la agricultura sustentable a pequeña escala, que utiliza gran cantidad de trabajo, necesita poca energía y puede efectivamente contribuir a detener el calentamiento y a revertir los efectos del cambio climático; reemplaza los fertilizantes nitrogenados por agricultura ecológica; hace posible la producción, recolección y uso descentralizados de la energía.
5) Elaborar un plan a corto, mediano y largo plazo que tenga por objetivo el cambio progresivo y sustentable de los procesos humanos y productivos que impactan negativamente en el clima, entendiendo que el crecimiento humano sólo es sustentable cuando contempla el crecimiento de la sociedad, de la economía y del ambiente.
6) Generar conciencia en el público para que la población en general se sienta y pase a ser responsable del mantenimiento de un ambiente sano.
En la Argentina como en el mundo, para sostener el crecimiento económico y los patrones actuales de consumo de energía se evidencian dos problemas centrales: la dependencia de la economía mundial en combustibles fósiles que están destinados a desaparecer a corto o mediano plazo y las consecuencias sobre el ambiente que tiene el consumo desmedido de este tipo de combustibles.
Los Estados se encuentran aceptando esta realidad y están empezando a tomar medidas tendientes a la transición de los combustibles no renovables hacia otro tipo de energías. En otras palabras, se están desarrollando esfuerzos para cambiar la matriz energética abandonando los combustibles fósiles por otras fuentes renovables.
Este cambio no debe limitarse a un cambio físico referido al tipo de fuentes utilizadas y dentro de las incumbencias del Ministerio es necesario incorporar otros elementos a la ecuación de otra índole como:
1) Conocer y dar a conocer cómo está compuesta la matriz energética de la Argentina, a fin de entender cuál es la demanda actual y saber cuánto de ese consumo energético cubre realmente necesidades humanas.
2) Concebir que las alternativas energéticas no solo deben ser sólo fuentes renovables sino también utilizadas de forma sustentable, y para cubrir necesidades humanas no del Mercado (commodity) o de actividades extractivas.
3) Plantear un marco que erradique las inequidades energéticas existentes en el país, concibiendo a la energía como un derecho básico.
4) Estimular el estudio de esta materia en la población en general, como así también el uso por parte de los particulares de nuevos y más eficientes tipos de energía para generar conciencia en el público en general en esta materia.
5) Por último, trazar el horizonte energético del país teniendo en cuenta los limites de crecimiento con los elementos antes enunciados.
Es tristemente sabido que luego de ocho años de sancionada la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331 que ha fijado las bases sobre las cuales se debe partir cuando se habla en esta materia, transitamos por una alarmante emergencia forestal.
De acuerdo a cifras que se manejan, hemos perdido más del 70% de los bosques nativos originales. A contrario sensu de lo que debió haberse hecho, la deforestación aumentó en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria.
A pesar que la Ley de Bosques es un avance sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil y que, sin dudas, constituye una herramienta esencial para solucionar la emergencia forestal, hoy podemos afirmar que la ley se encuentra casi absolutamente incumplida y sus objetivos desvirtuados.
Aún hoy, hay provincias que no cuentan con su propia ley de bosques nativos tal como ordena la Ley 26.331. E incluso en proyectos de ley actualmente en discusión parlamentaria, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, se avanza en contra de varios artículos de la ley nacional y de la finalidad que ésta persigue. Cabe señalar que el mismo Decreto Reglamentario de la ley N° 26.331 contradice el espíritu de la norma que él mismo reglamenta.
Por lo expuesto, resulta imprescindible que el Ministerio actué en lo siguiente:
1) Contar con cifras exactas y mapas de bosques nativos que den plena fe de la información allí volcada
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