COMUNICADO DE PRENSA
Buenos Aires, 8 de octubre de 2026
Logramos que la Justicia ordene custodiar la casa de una familia desalojada por peligro de derrumbe por Jorge Macri para impedir su usurpación
La casa de Atuel 255, en Parque Patricios, fue clausurada y tapiada en junio por un supuesto riesgo de derrumbe. El 2 de octubre, personas ajenas a la familia retiraron el tapiado y cambiaron la cerradura. A los vecinos les anunciaron que volverían a vaciarla. Según la denuncia, la policía tomó conocimiento y no lo impidió. La familia, con cuatro hijos, tuvo que recurrir a la Justicia para proteger su casa. Cabe aclarar que los desalojos por derrumbe de Jorge Macri no implican que las familias pierdan la posesión de sus viviendas porque técnicamente sólo fueron “evacuadas” a fin de proteger su integridad física y, por lo tanto, tienen derecho a volver a sus viviendas.
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 39 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad dispuso una consigna policial en el inmueble de la calle Atuel 255 para preservar el estado de situación existente mientras investiga la denuncia por usurpación y violación de domicilio presentada por la familia que vivía allí. La Fiscalía comunicó la medida a la denunciante el 7 de octubre, en el marco del caso MPF 1460657.
Según esa comunicación, la Fiscalía ordenó a la consigna policial lo siguiente.
• Impedir el ingreso de personas no identificadas a la vivienda.
• Impedir el ingreso o el retiro de materiales, herramientas y demás elementos vinculados con obras o refacciones.
• Impedir el retiro de los bienes que se encuentran en el lugar.
Además, dispuso estas medidas de investigación.
• Requerir a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias las actuaciones de la clausura del inmueble.
• Recabar constancias de la acción de amparo que la familia tramita contra el Gobierno de la Ciudad.
• Obtener un informe de dominio del inmueble.
• Constatar el estado actual de la vivienda y realizar un relevamiento entre los vecinos.
• Solicitar los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.
Qué pasó el 2 de octubre
El viernes 2 de octubre un grupo de personas ajenas a la familia quitó los ladrillos con los que el Gobierno porteño había tapiado la puerta de la casa. Luego cambiaron la cerradura e ingresaron al inmueble. A los vecinos les dijeron que iban a volver con un volquete para sacar todo lo que había adentro y empezar a refaccionar. De acuerdo con la denuncia, personal policial tomó conocimiento de lo que ocurría y no impidió el retiro del tapiado ni el cambio de cerradura.
La familia nunca fue notificada de una acción de desalojo, y quienes ingresaron no exhibieron orden judicial alguna. Dentro de la casa permanecen los muebles y las pertenencias del grupo familiar. Con el patrocinio del abogado Marcos Zelaya, la familia presentó una denuncia penal por usurpación y violación de domicilio, y pidió medidas urgentes de protección de su posesión. También denunció el hecho en la acción de amparo que tramita en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Una evacuación por supuesto riesgo de derrumbe
El 16 de junio de 2026, a las 7.32, la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias clausuró la casa de Atuel 255 a partir de una “inspección ocular” y, con intervención de la Policía de la Ciudad, desalojó a quienes la habitaban. La notificación de clausura consignó que “la clausura implica desalojo”. La puerta fue tapiada con ladrillos y la familia quedó sin vivienda. Según la familia, no se le exhibió orden judicial ni informe técnico, y no se le ofreció una alternativa habitacional.
La familia de la denunciante habita esa casa desde hace más de veinte años. Desde la evacuación, el grupo familiar, con cuatro hijos de entre 5 y 14 años, vive en forma transitoria en la casa de la abuela de los chicos, a pocos metros de su vivienda.
En agosto, la familia promovió una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad, que tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11. Allí reclama una solución habitacional hasta poder volver a su casa, el reconocimiento de su posesión y la custodia del inmueble. En esa causa, el Gobierno porteño informó que la asistencia que otorga a la familia es un subsidio de $227.000 mensuales, monto que calificó como el máximo previsto por su programa habitacional.
Un patrón de evacuaciones cuestionado en la Justicia
La casa de Atuel 255 fue clausurada en la mañana del mismo día en que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, a cargo de Roberto Gallardo, dictó una medida cautelar colectiva en la causa “De Morais, Oscar Antonio y otros contra GCBA”. Esa resolución ordenó al Gobierno abstenerse de evacuar, clausurar, tapiar o desocupar viviendas habitadas por razones edilicias sin cumplir recaudos mínimos, entre ellos un informe técnico singularizado, el relevamiento de las personas afectadas, el inventario y resguardo de sus bienes y una respuesta habitacional inmediata.
En esa resolución el juez advirtió que el Gobierno presentaba públicamente estos operativos como la recuperación de propiedades para sus dueños, y reseñó la publicación oficial sobre el edificio de Carlos Calvo, que concluía “Lo recuperamos. Propiedad número 552 devuelta a sus dueños”, y publicaciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la red social X, como “Aunque los defensores de okupas lloren, los vamos a ir a buscar a donde se escondan. Ley y orden”. El juez sostuvo que “La Administración no puede convertirse, por su propia iniciativa, en ejecutora material de una restitución posesoria que nadie obtuvo judicialmente”.
En julio, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 declaró nula, por constituir una vía de hecho, la intervención del Gobierno porteño en el edificio de Carlos Calvo 550, clausurado por razones de seguridad estructural, donde el Gobierno retiró como residuos, y sin inventario, bienes de las vecinas que habían sido desalojadas. La jueza Elena Liberatori señaló que el Gobierno ingresó al edificio “obviando los riesgos de seguridad estructural que había invocado para desalojar a los residentes del mismo”.
“El Gobierno de Jorge Macri desalojó por la fuerza a esta familia de su casa, invocando un supuesto peligro de derrumbe, y tapió la puerta con ladrillos. Cuando unos desconocidos rompieron ese tapiado y cambiaron la cerradura, la policía no intervino, y la familia tuvo que recurrir a la Justicia para que se custodie su propia casa”, declaró el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
“La consigna que ordenó la Fiscalía protege la posesión de una familia que vive en esa casa desde hace más de veinte años y que nunca fue demandada por desalojo. Cabe aclarar que los desalojos por derrumbe de Jorge Macri no implican que las familias pierdan la posesión de sus viviendas porque técnicamente sólo fueron evacuadas en protección de su integridad física. La Justicia porteña ya advirtió en la causa De Morais que estas evacuaciones pueden terminar por poner los inmuebles a disposición de terceros, y en Atuel 255 ese riesgo llegó a la puerta de una familia con cuatro chicos. Vamos a seguir reclamando en el amparo que el Gobierno garantice una vivienda adecuada hasta que puedan volver, y vamos a pedir que se investigue quién pretendía quedarse con la casa”, agregó Baldiviezo.
La denunciante fue citada a ratificar la denuncia ante la Fiscalía el 9 de octubre.
Contacto de prensa
Abog. Jonatan Baldiviezo. WhatsApp 11 3266-7008.
Observatorio del Derecho a la Ciudad. observatorioderechoalaciudad@gmail.com.