Tribunales de EEUU protegen a los beneficiarios de fondos federales de los abusos sesgados de la inteligencia artificial (IA).

“BIPOC (Personas Negras, Indígenas y de Color)”, “Minorías”, “Nativo”, “Tribal”, “Indígena”, “Inmigrante”, “LGBTQ”, “Homosexual” y “Gay”. 

Estos fueron los términos de búsqueda utilizados por el gobierno federal de EEUU para eliminar la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI) en la financiación federal, todo ello mientras utilizaba Inteligencia Artificial (IA) para dirigir esos fondos.

La sentencia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitida el 7 de mayo de 2026 por la Jueza Colleen McMahon en los casos consolidados American Council of Learned Societies, et al. v. National Endowment for the Humanities, et al. y The Authors Guild, et al. v. La National Endowment for the Humanities, et al., resuelve uno de los mayores conflictos constitucionales en la historia de la administración de fondos públicos para la cultura y las ciencias en los Estados Unidos.

La corte concedió el juicio sumario (summary judgment) a favor de los demandantes y rechazó la moción del gobierno federal, declarando ilegal, inconstitucional y ultra vires la "Terminación Masiva" de más de 1,400 subsidios de investigación previamente otorgados por la Fundación Nacional para las Humanidades (National Endowment for the Humanities o NEH), los cuales sumaban más de $100 millones de dólares en fondos aprobados por el Congreso.

I. Antecedentes del Caso y la "Terminación Masiva"

A principios de abril de 2025, de manera repentina y masiva, se enviaron notificaciones a más de 1,400 beneficiarios de la NEH revocando subsidios previamente aprobados y en curso de ejecución. Los proyectos cancelados pertenecían a investigadores individuales, escritores, instituciones de investigación y organizaciones de humanidades. Las cartas de cancelación, que se emitieron de manera uniforme, justificaban la decisión bajo el pretexto de que los proyectos "ya no se alineaban con las prioridades de la agencia" y que se debían reestructurar los recursos en cumplimiento de la agenda del Presidente.

Esta medida fue el resultado de varias órdenes ejecutivas del nuevo gobierno orientadas a eliminar el financiamiento a proyectos vinculados a "diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad" (DEI/DEIA), "justicia ambiental" e "ideología de género", ejecutadas bajo la presión del recién establecido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La jueza Colleen McMahon criticó con extrema dureza y detalle el uso de ChatGPT por parte del gobierno para clasificar y cancelar las subvenciones de la Fundación Nacional para las Humanidades (NEH). En su fallo, la magistrada descalificó por completo el método algorítmico utilizado por los delegados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), calificándolo como un mecanismo ideológico, absurdo e inconstitucional que violó las garantías de la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE. UU..

A continuación, se detallan los puntos fundamentales que la jueza expuso sobre el uso de la inteligencia artificial en este caso:

1. Metodología simplista y falta de criterios objetivos

La jueza señaló que el delegado de DOGE, Justin Fox, utilizó ChatGPT como un "filtro puramente ideológico" para revisar aquellos proyectos que el personal técnico de la NEH ya había clasificado previamente como "No Aplicables" (N/A) a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

McMahon criticó duramente las deficiencias metodológicas de este procedimiento:

• La instrucción (prompt) binaria y restrictiva: Fox sometió la descripción de cada proyecto de la NEH a ChatGPT usando una instrucción estandarizada y sumamente rígida: "¿Se relaciona esto en algo con DEI? Responda de manera fáctica en menos de 120 caracteres. Comience con 'Sí' o 'No' seguido de una breve explicación".

• Falta de una definición de trabajo: La jueza destacó que Fox admitió bajo juramento que no proporcionó ninguna definición de "DEI" a ChatGPT y que no tenía la menor idea de cómo el software interpretaba dicho concepto.

• Ausencia de contexto académico de fondo: El algoritmo evaluó únicamente descripciones breves de bases de datos. Fox no pidió a ChatGPT que analizara el propósito, la metodología o la sustancia académica de los proyectos, lo cual habría requerido familiarizarse con las solicitudes de subvención reales (documentos que los funcionarios de DOGE admitieron no haber leído nunca).

2. La propensión de la IA a las "alucinaciones" y los sesgos del sistema

La magistrada hizo una fuerte advertencia sobre los riesgos técnicos de confiar decisiones estatales a modelos de lenguaje automatizados:

• Sesgo de confirmación algorítmico: La jueza argumentó que, debido a las "propensiones alucinatorias de ChatGPT y herramientas generativas de IA similares", no resultaba sorprendente que el sistema interpretara las insistentes preguntas de DOGE como una directiva para encontrar razones para calificar los subsidios como terminables.

• Incoherencia racional: McMahon subrayó que la "absoluta falta de razonamiento" en gran parte de las justificaciones de ChatGPT demostraba que el sistema simplemente generaba explicaciones arbitrarias para satisfacer la demanda percibida de los usuarios (Fox y Cavanaugh).

3. Los resultados "absurdos e irracionales" generados por la IA

Para ilustrar la arbitrariedad del uso de ChatGPT, la jueza expuso múltiples ejemplos de proyectos valiosos que fueron catalogados erróneamente como "DEI" y posteriormente cancelados:

• Estudios sobre el Holocausto y persecución: ChatGPT clasificó como "DEI" una antología de ficción corta de escritores judíos en la Unión Soviética (In the Shadow of the Holocaust) y una investigación sobre diarios gráficos de mujeres judías sobrevivientes de campos de concentración. Asimismo, un documental sobre las mujeres judías sometidas a trabajo esclavo (My Underground Mother) fue cancelado porque la IA determinó que "abordaba la violencia de género y amplificaba voces marginadas". La jueza calificó como "estremecedor" (chilling) que el gobierno considerara disconforme un proyecto por el solo hecho de centrarse en culturas judías y voces femeninas en el contexto de la persecución nazi.

• Historia de minorías y veteranos: La IA clasificó un proyecto sobre la masacre de Colfax (un suceso histórico de violencia racial en la Reconstrucción) como "DEI" porque "se enfocaba en una sola raza". Un proyecto para honrar y discutir las experiencias de los veteranos de guerra chino-estadounidenses (WWII Chinese American GI Project) fue cancelado por la IA bajo el argumento de que "reconocer las contribuciones de los veteranos de origen chino se alinea con DEI". En contraste, un proyecto idéntico sobre literatura de guerra para veteranos en el oeste de Texas se mantuvo activo porque ChatGPT respondió "No", señalando simplemente que "esta iniciativa se enfoca en veteranos" (sin notar la distinción de origen étnico).

• Ejemplos absurdos en ciencia, historia y arte:

  • Un proyecto para diseñar una exhibición en el Whaling Museum con el esqueleto de una ballena de 1300 pies fue etiquetado como "DEI" porque buscaba ofrecer una experiencia "inclusiva" (bromeando la jueza con que quizás las ballenas eran consideradas una especie marginada por el tribunal de DOGE).

  • Un proyecto de digitalización de audios históricos de los conciertos de la orquesta Boston Pops dirigidos por Arthur Fiedler (que incluía marchas patrióticas de John Philip Sousa) fue clasificado como "DEI" por "compartir herencia cultural valiosa".

  • Una edición académica de leyes de la Roma clásica fue cancelada por la IA porque "contribuía a entender la historia y leyes de Roma", lo cual la jueza tildó de irónico dado que los opositores de DEI suelen defender los estudios clásicos occidentales.

  • Un estudio de política industrial sobre el uso del plástico en las ciudades (How the City Became Plastic) fue cancelado porque la IA halló que el término "infraestructura urbana" implicaba DEI.

4. El rechazo de la defensa del gobierno y la doctrina de "Flip Wilson"

El Departamento de Justicia intentó defenderse argumentando que la discriminación por punto de vista no era atribuible al gobierno, sino que era responsabilidad de las respuestas autónomas de ChatGPT. La jueza McMahon rechazó este argumento con un fuerte tono de reproche:

• La analogía de "Geraldine Jones": La magistrada comparó la defensa del gobierno con el famoso personaje de comedia de Flip Wilson, Geraldine Jones, quien excusaba sus actos diciendo "el diablo me obligó a hacerlo" ("The devil made me do it"). Al respecto, escribió: "Esa excusa no funcionaba para Geraldine Jones, y no funciona para el Gobierno. No hay distinción que trazar aquí entre el Gobierno y ChatGPT. ChatGPT fue el instrumento elegido por el Gobierno".

• La analogía con las sanciones a abogados: McMahon equiparó la postura del gobierno con la de un abogado que presenta citas de casos falsos o "alucinados" por una IA en un tribunal y pretende eludir su responsabilidad diciendo: "Yo no fui, fue ChatGPT". La jueza indicó que, de la misma forma que un tribunal sanciona a esos abogados por su falta de rigor profesional, el gobierno es plenamente responsable de los actos inconstitucionales derivados del uso de su herramienta elegida.

• La adopción verbatim de la discriminación: La jueza constató que Fox copió y pegó de manera de facto las racionalizaciones generadas por ChatGPT en las hojas de cálculo oficiales que sirvieron de base para las cancelaciones masivas. No existió ninguna revisión humana real ni supervisión fáctica de las decisiones algorítmicas. De hecho, Fox admitió que no hizo absolutamente nada para garantizar que el concepto de DEI de ChatGPT no discriminara por motivos de raza.

5. La exclusión y el desconocimiento de las autoridades de la NEH

Finalmente, la jueza destacó la total opacidad del proceso:

• Desconocimiento del Director de la NEH: El Presidente interino de la NEH, Michael McDonald, testificó que nunca se le informó que se estaba utilizando ChatGPT y enfatizó que no creía que la inteligencia artificial fuera una herramienta apropiada para determinar la cancelación de subvenciones de investigación.

• La confirmación del personal técnico: Diversos correos internos del personal informático y de investigación de la NEH (como Brett Bobley y Christopher Thornton) confirmaron que las cancelaciones fueron ejecutadas directamente por DOGE a espaldas del personal técnico de la NEH, utilizando el filtrado de IA.

En conclusión, la jueza Colleen McMahon determinó que el uso de ChatGPT por parte de DOGE no constituyó un proceso consultivo ni un asesoramiento técnico legítimo, sino la delegación de una potestad pública exclusiva en un algoritmo para implementar una campaña sistemática de censura ideológica y discriminación constitucional contra investigadores y proyectos académicos específicos.

II. Determinación sobre la Jurisdicción y la "Ley Tucker"

El gobierno federal argumentó, de manera preliminar, que el tribunal de distrito carecía de jurisdicción para resolver el conflicto. Alegó que, debido a que las subvenciones públicas constituyen acuerdos financieros de naturaleza contractual con el Estado, cualquier disputa derivada de su cancelación pertenecía de forma exclusiva a la jurisdicción de la Corte de Reclamaciones Federales (Court of Federal Claims) bajo la Ley Tucker (Tucker Act).

La jueza McMahon rechazó categóricamente esta interpretación mediante la aplicación del test de Megapulse:

• Origen de los Derechos invocados: Los demandantes no entablaron una acción por incumplimiento de contrato ni exigieron la ejecución técnica de cláusulas contractuales. En su lugar, el reclamo se sustentó en la presunta transgresión de límites constitucionales (Primera Enmienda y Quinta Enmienda) y en la falta de competencia de los funcionarios gubernamentales (ultra vires). Estos constituyen derechos sustantivos con fundamento constitucional plenamente independientes de cualquier relación contractual.

• Naturaleza de la reparación solicitada: Los demandantes no pidieron al tribunal una compensación monetaria directa por daños y perjuicios (lo que activaría la Ley Tucker). Solicitaron únicamente reparaciones equitativas (sentencia declaratoria e injunción preventiva) para dejar sin efecto actos ilegales del poder ejecutivo. El hecho de que el éxito de esta acción equitativa pueda conllevar eventualmente la posterior liberación o desembolso de fondos públicos es un mero "subproducto" de la revisión judicial, lo cual no transmuta la demanda equitativa en un reclamo monetario de contratos.

• Inexistencia de foro alternativo e inconstitucionalidad: La Corte de Reclamaciones Federales carece de competencia general para otorgar medidas de carácter equitativo o declarar la inconstitucionalidad de acciones ejecutivas bajo la Primera Enmienda o la Cláusula de Igual Protección. Si se aceptara la postura del gobierno, los demandantes quedarían privados de cualquier foro capaz de adjudicar sus derechos constitucionales, creando un limbo jurisdiccional prohibido por la doctrina de la Corte Suprema (Webster v. Doe).

III. Fundamentos del Fallo sobre el Fondo del Asunto

A. La actuación Ultra Vires de los funcionarios de DOGE

El tribunal determinó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) actuó en la absoluta ausencia de autoridad estatutaria al coordinar, ordenar y ejecutar la cancelación de los subsidios de la NEH.

• Vulneración del diseño del Congreso: La ley de creación de la NEH de 1965 delega la potestad de otorgar, administrar o revisar subsidios en la figura de su Presidente (Chairperson), sujeto al asesoramiento preceptivo de un cuerpo especializado: el Consejo Nacional de las Humanidades. El Congreso no otorgó a DOGE ninguna facultad legal sobre la NEH ni sobre sus procesos de financiamiento post-aprobación.

• DOGE como decisor de facto: Aunque el gobierno alegó que DOGE actuaba bajo un rol "puramente asesor", las pruebas documentales recopiladas —correos, hojas de cálculo de planificación e incluso publicaciones públicas de DOGE en la plataforma X— demostraron que los delegados de DOGE (Justin Fox y Nate Cavanaugh, del equipo de agencias pequeñas) controlaron y dirigieron de principio a fin el proceso de cancelación masiva.

• Desplazamiento del Presidente de la NEH: El Presidente Interino de la NEH, Michael McDonald, se vio reducido a un rol pasivo; aunque intentó salvar ciertos programas humanitarios legítimos y alegó que no correspondía cancelarlos, los delegados de DOGE rechazaron sus peticiones y procedieron de manera unilateral. Los avisos de cancelación fueron redactados, firmados digitalmente (colocando la firma de McDonald sin que él la tecleara) y transmitidos físicamente por personal de DOGE desde cuentas de correo ajenas a los canales oficiales de la NEH.

• Abuso de las Órdenes Ejecutivas: El tribunal recordó, con base en el precedente histórico de Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, que el Presidente de los Estados Unidos no es un legislador unilateral. Las Órdenes Ejecutivas presidenciales sirven para dirigir funciones delegadas por ley, pero no pueden crear facultades administrativas nuevas que el Congreso ha retenido o asignado específicamente a otros funcionarios públicos.

B. Violación de la Primera Enmienda (Libertad de Expresión)

La corte dictaminó que la cancelación de subsidios aprobados representó una clara violación a la Primera Enmienda bajo dos modalidades:

1. Discriminación por Punto de Vista (Viewpoint Discrimination): El financiamiento de la NEH promueve la indagación académica y la producción literaria privada, no el discurso del gobierno (government speech). Al retirar fondos ya adjudicados a proyectos porque abordaban cuestiones de "diversidad, equidad, inclusión", el gobierno penalizó puntos de vista específicos que consideraba políticamente desfavorables.

   • El uso inaceptable de ChatGPT: Para justificar las cancelaciones ideológicas en proyectos que el personal técnico de la NEH había calificado originalmente como neutrales ("No aplicables" a DEI), el delegado de DOGE, Justin Fox, utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT mediante una instrucción (prompt) binaria simplista: evaluar si un proyecto se relacionaba "en algo con DEI" en menos de 120 caracteres.

   • Resultados absurdos e irracionales: El algoritmo catalogó erróneamente una vasta gama de proyectos académicos de alto valor humanístico. Se cancelaron investigaciones de profunda significación histórica bajo el argumento automatizado de que abordaban temas "inclusivos", incluyendo:

     • Proyectos sobre literatura de supervivientes y testimonios de mujeres judías sometidas a trabajo esclavo en el Holocausto (catalogados como DEI por "amplificar voces de mujeres marginadas").

     • Estudios sobre los efectos de los internados federales punitivos para jóvenes indígenas de los siglos XIX y XX.

     • Programas para digitalizar y conservar cintas radiofónicas en peligro de deterioro de la orquesta Boston Pops de las décadas de 1950 a 1970.

     • La restauración histórica de casas coloniales del período holandés o la traducción de poesía renacentista francesa.

2. Discriminación por Asociación Política: Se demostró mediante correos internos de planificación y títulos de bases de datos que el gobierno se enfocó de manera sistémica y sospechosa en los denominados "Biden Grants" (subsidios otorgados durante la presidencia de Joe Biden). El tribunal concluyó que el retiro de un beneficio gubernamental con base en la presunción de afinidad o sincronía política con un gobierno anterior representa una discriminación inconstitucional por asociación política.

C. Violación de la Cláusula de Igual Protección (Quinta Enmienda)

La Jueza McMahon concluyó que el proceso de cancelación implementado por el poder ejecutivo violó el componente de Igual Protección implícito en la Quinta Enmienda:

• Uso de clasificaciones sospechosas explícitas: El delegado de DOGE construyó y aplicó una lista de "Códigos de Detección" que incluía términos explícitos basados en categorías protegidas como "BIPOC", "Minorities", "Native", "Tribal", "Indigenous", "Immigrant", "LGBTQ" y "Gay". Estos criterios se emplearon de manera expresa como filtros de depuración para identificar y revocar subsidios concedidos.

• Falta de justificación constitucional: Al tratarse de clasificaciones explícitamente basadas en la raza, origen nacional, religión, sexo y orientación sexual, el actuar del gobierno debía ser analizado bajo el rigor del escrutinio estricto y el escrutinio intermedio. El tribunal recalcó que el uso de estas variables es constitucionalmente "odioso" y que los argumentos del gobierno fundamentados en la "eficiencia", la "reducción de desperdicio" o la "priorización del mérito" carecen de coherencia lógica. Las características identitarias o el estudio de las minorías históricas no miden el mérito intelectual ni representan un despilfarro financiero.

VI. Resolución Dispositiva y Mandato de la Corte (Injunción Permanente)

Para subsanar las violaciones constitucionales y los actos ultra vires, el tribunal ordenó las siguientes medidas de ejecución obligatoria:

• Declaración de Invalidez: Se declara que la terminación masiva de subsidios ejecutada entre el 1 y el 3 de abril de 2025 carece de validez legal, efectos o fuerza regulatoria.

• Injunción Permanente: Se ordena al gobierno de los Estados Unidos, sus agencias y empleados detener de forma definitiva e inmediata la aplicación o ejecución de la orden de terminación masiva.

• Rescisión Obligatoria: El gobierno debe rescindir formalmente las cartas de cancelación enviadas, restablecer el estatus activo de los subsidios en sus sistemas y abstenerse de reasignar o desviar los fondos previamente comprometidos para dichos programas bajo los motivos declarados ilegales en la sentencia.

• Notificación Escrita: Se impone a las autoridades federales la obligación de notificar por escrito el contenido de esta sentencia judicial a cada uno de los beneficiarios cuyos subsidios se vieron afectados.

• El tribunal retendrá de manera formal la jurisdicción del caso para garantizar el estricto cumplimiento de cada una de las medidas decretadas.

Caso Neeta Thakur, et al. v. Donald J. Trump, et al.

La sentencia emitida el 26 de mayo de 2026 por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito en el caso Neeta Thakur, et al. v. Donald J. Trump, et al. (No. 25-4249) resuelve un conflicto de gran relevancia constitucional sobre los límites del poder ejecutivo en la rescisión masiva de fondos públicos de investigación y la libertad de expresión de la comunidad científica.

El tribunal decidió, mediante una opinión per curiam, confirmar parcialmente y revocar parcialmente la medida cautelar preliminar (preliminary injunction) dictada por un tribunal de distrito del Norte de California a favor de investigadores de la Universidad de California (UC), cuyas subvenciones (grants) federales de investigación multianuales habían sido canceladas de manera masiva.

I. Antecedentes del Conflicto y la Demanda Colectiva

A principios de 2025, tres agencias gubernamentales clave —la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y la Fundación Nacional para las Humanidades (NEH)— enviaron notificaciones a la Universidad de California, revocando repentinamente y de manera masiva fondos de investigación científica previamente otorgados. Las cartas enviadas a la institución justificaban de forma genérica las cancelaciones, señalando que los proyectos individuales "ya no se alineaban con las prioridades de financiamiento o los objetivos de las agencias", o que se estaban "redireccionando recursos en apoyo de la agenda del Presidente".

Los demandantes demostraron que estas decisiones fueron producto de la implementación de al menos ocho Órdenes Ejecutivas presidenciales dictadas entre enero y febrero de 2025. Entre ellas destacan las DEI Executive Orders (O.E. 14173 y 14151), cuyo objeto explícito era remover las políticas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEI/DEIA), así como las iniciativas de "justicia ambiental" de todo el ámbito federal. Asimismo, se incluyó la O.E. 14168, que prohibía el uso de fondos federales para promover la "ideología de género", y otras directrices orientadas a la reducción drástica de gastos en coordinación con el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Ante este escenario, seis investigadores de la UC (Thakur, Alex, Nylen, Hirst, Philliou y Foreman) promovieron una demanda de acción colectiva en representación de los científicos afectados. Argumentaron que las cancelaciones violaban la libertad de expresión (Primera Enmienda), el debido proceso, la separación de poderes y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). El tribunal de distrito certificó de manera provisoria dos clases diferenciadas de demandantes y ordenó la reinstalación de todas las subvenciones:

1. Clase de Cancelación por Formulario (Form Termination Class): Investigadores cuyos subsidios fueron revocados mediante cartas de formato genérico sin explicaciones específicas sobre sus proyectos individuales.

2. Clase de Cancelación por DEI (DEI Termination Class): Investigadores cuyos fondos se suspendieron como resultado directo de las Órdenes Ejecutivas contra DEI, DEIA o la justicia ambiental.

El gobierno federal apeló el fallo alegando que los demandantes carecían de legitimidad activa (standing) y que el tribunal de distrito había abusado de su discreción al emitir la orden cautelar de restablecimiento.

II. El Fallo de la Corte de Apelaciones: Confirmación de la medida cautelar para la "DEI Termination Class" (Clase DEI)

El tribunal confirmó de manera unánime la medida cautelar preliminar para los investigadores de la Clase DEI, dictaminando que existe una alta probabilidad de que tengan éxito en su reclamo por violación de la Primera Enmienda.

• Prohibición de discriminación por punto de vista (Viewpoint Discrimination): El tribunal enfatizó que la Primera Enmienda prohíbe terminantemente al gobierno utilizar su autoridad para castigar o censurar expresiones que le resulten desfavorables. Aunque el gobierno actúa como "subsidiador" y posee amplias facultades de discreción para estructurar, priorizar o dejar de financiar programas generales (bajo los principios de Rust v. Sullivan y Finley), no puede usar el poder de los subsidios para penalizar y suprimir puntos de vista específicos con los que no está de acuerdo dentro de un programa competitivo activo.

• La intencionalidad ideológica en la rescisión: El gobierno federal no negó que las subvenciones de esta clase se cancelaron basándose en los puntos de vista de los investigadores o la inclusión de conceptos de "equidad", "diversidad", "inclusión" o "justicia ambiental". El tribunal ratificó que tales nociones son inherentemente "direccionales" y representan perspectivas expresivas protegidas sobre temas específicos. Además, la evidencia demostró que agencias como la NSF identificaron los proyectos a dar de baja mediante búsquedas automatizadas de palabras clave como "equity", "diversity" o "justice" para censurar estas posturas, lo cual constituye una discriminación as-applied de carácter inconstitucional.

• Daño Irreparable e Interés Público: Bajo la ponderación de los factores de equidad (Winter factors), se dictaminó que la supresión temporal de libertades consagradas en la Primera Enmienda constituye per se un daño irreparable. A esto se añadieron las consecuencias no monetarias irreversibles sobre la carrera académica de los científicos y sus equipos de trabajo. El tribunal recalcó que "el interés público siempre se ve favorecido cuando se evita la violación de los derechos constitucionales de una persona" y que el gobierno no puede alegar que sufre un perjuicio legítimo cuando una orden judicial detiene una práctica ilegal.

• Alcance del Mandato: La Corte de Apelaciones avaló que la reinstalación total de las subvenciones canceladas es la única medida idónea para otorgar un alivio completo a los investigadores con standing de la Clase DEI, desestimando la sugerencia del gobierno de limitar la reparación cautelar.