TALLER SOBRE EL ENDEUDAMIENTO CON EL FMI
POR CLAUDIO LOZANO
Buenas noches, gracias por la oportunidad de compartir algunas reflexiones y primero quiero destacar que tiene sentido conversar este tema y tiene sentido todavía más, pensar, estrujarnos la cabeza a ver qué tipo de iniciativas podríamos encarar, porque lo primero que hay que decir es que el acuerdo todavía no existe.
Y como no existe es que podemos incidir. Lo que ha trascendido es bastante malo y por lo tanto obliga a tratar de aprovechar el momento que se ha abierto para incidir sobre el conjunto de las instituciones y tratar de mejorar algo que, en la práctica, por las características que tiene, termina incidiendo en la vida cotidiana de nuestro pueblo y de nuestra sociedad y en nuestras condiciones de vida. Pero me parece importante ratificar que acá no hay ningún acuerdo todavía. Lo que ha habido son dos comunicados de prensa del Ministerio de Economía de la Nación y del Fondo Monetario, no necesariamente coincidentes, en donde el Ministerio de Economía dice que va a pagar y que va a acordar y el Fondo en realidad dice que estamos trabajando en un acuerdo y que se va a llegar a un acuerdo.
Pero en realidad, los términos del acuerdo, más allá de lo que ha trascendido por las informaciones del ministro Guzmán, no hay ningún documento concreto del acuerdo todavía. Por lo tanto, en este sentido me parece que vale la pena abrir este tiempo de discusión para ver cómo podemos incidir en que esto sea mejor de lo que hasta acá parece. La segunda cuestión es que en realidad los términos del acuerdo, por lo que ha trascendido, no son buenos porque lo que está pasando es que estamos llegando al final de un proceso que es el que de alguna manera transitó el gobierno nacional desde que asumió hasta aquí.
Ese tránsito estuvo gobernado por un enfoque de cómo afrontar la cuestión de la deuda, un enfoque que no ha dado resultados, sino que lo ha llevado al Gobierno a llegar a este momento y por eso ha tenido que salir rápidamente a pedir que el Fondo diga que se va a acordar y el Gobierno se compromete a todo, porque ha llegado, como resultado del proceso que llevó, muy debilitado. Debilitado primero políticamente porque es el gobierno que viene de ser derrotado en las elecciones de medio término perdiendo prácticamente la mitad de su electorado y en segundo lugar porque como resultado de la política económica que se llevó adelante, en realidad no le quedaba prácticamente reservas en el Banco Central para poder sostener el funcionamiento de la economía discutiendo con el Fondo.
Sin reservas, la discusión se hace muy complicada. La capacidad de apriete frente a las dificultades para sostener la recuperación de la actividad económica y frente a la situación general que vive el país, sin reservas, es muy difícil y lo que hubo acá ha sido una política de deterioro y pérdida de reservas fruto de un manejo absolutamente inadecuado de la política económica. Estas dos cosas, derrota política y falta de reservas para manejar la economía, son las que llevan al gobierno de manera brusca y sin que haya un acuerdo, a salir a decir que el acuerdo está cuando el acuerdo no está, cuando el acuerdo se sigue discutiendo.
En realidad lo que hay que decir acá es que si las cosas terminan como se anunciaron, si no logramos incidir de alguna manera para que esto sea distinto, estaríamos viendo que una situación en donde la negociación con el Fondo, que dadas las características que tenía este endeudamiento nos permitía un conjunto de herramientas y de instrumentos para la negociación sumamente importantes a los efectos de demostrar la corresponsabilidad del Fondo en el proceso de la Argentina, en la situación de la Argentina, y por lo tanto, en tanto organismo corresponsable, tenía que aportar a la solución, hemos pasado, si se termina dando la cosa tal cual ha trascendido, a una negociación que nos llevaría en los próximos años a una situación prácticamente de cogobierno con el Fondo. De la corresponsabilidad que implicaba ganar márgenes de libertad para la Argentina porque el fondo tenía que hacerse cargo de parte del problema, hemos pasado a un planteo donde lo que estamos es rifando soberanía e ingresando en una fase de cogobierno con el organismo. ¿Cuál es el primer punto que hay que destacar? Acá lo que se propone es que nosotros a través de este acuerdo, validemos, legitimemos una deuda que en realidad por sus características podríamos haberla definido como nula.
En realidad, acá hay cuatro organismos del Estado argentino, el Banco Central, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro que han producido informes concretos señalando el carácter inconstitucional del acuerdo, señalando distintos tipos de ilícitos, entre ellos la malversación de fondos e incluso sugiriendo la posibilidad de demostrar situaciones de asociación ilícita para lo cual incluso se hicieron presentaciones judiciales por parte del propio gobierno, a instancias del propio Presidente de la Nación, reclamando la eliminación del secreto bancario, del secreto fiscal y del secreto aduanero, a los efectos de poder identificar los vínculos entre los funcionarios que intervinieron en estas negociaciones, los inversores que invirtieron en el marco del proceso de endeudamiento del Argentina y quienes son los que terminaron sacando divisas del país.
El tema de tomar en cuenta funcionarios, bancos intervinientes en el proceso de endeudamiento, o fondos de inversión, inversores y quienes fugaron divisas, esos vínculos permitirían demostrar la existencia de una asociación ilícita en el propio proceso de endeudamiento, amén de que permitiría sancionar y terminar con la impunidad de funcionarios que una y otra vez vuelven a endeudarnos sin rendir cuenta nunca de nada. Al mismo tiempo nos permitiría identificar con precisión a los actores económicos que se han beneficiado y que, por cierto, frente a ese beneficio, serían los que, en caso de tener que afrontar pagos, deberían ser los primeros en tener que sostener y soportar esos pagos.
Por lo tanto, el no haber ido a fondo con esto que estoy mencionando es un límite muy grande del cual se ha privado el Gobierno Nacional (debería ser “es un límite muy grande que se ha impuesto el Gobierno Nacional” o “es una oportunidad muy grande de la cual se ha privado el Gobierno Nacional. Así como está es un contrasentido). A pesar de haberlo instigado originalmente el Gobierno no ha ido a fondo en esto que hubiera sido demostrar la nulidad del endeudamiento. En realidad nosotros deberíamos haber llegado a esta discusión con el Fondo con el Ejecutivo hablando de la inconstitucionalidad y la nulidad con el Parlamento, declarando la inconstitucionalidad y la nulidad y forzando la definición judicial en este sentido. Estas son las cosas que localmente no se hicieron para, en ese contexto, además, y explicitando a la opinión pública toda la realidad y la verdad sobre este proceso de endeudamiento, haber acumulado poder político y conformado un bloque político y social que le permitiera sostener una consulta popular, por ejemplo, sobre el tema y que le permitiera sostener una negociación en condiciones de fortaleza política.
Esto es lo que no se hizo en el plano local y la verdad que en el plano internacional, tampoco se utilizó la política exterior del gobierno para acorralar al Fondo, en el marco del conjunto de irregularidades que allí se produjeron.
En realidad, la situación de la Argentina en el 2018 - cuando Macri va al Fondo -, era una situación en donde la Argentina estaba en default; la concentración de vencimientos que Macri tenía, por el tipo de política que habían llevado adelante, le hacía imposible afrontar esos vencimientos. Por lo tanto, lo lógico es que, más allá de la apoyatura que el organismo le diera, lo que tenía que decirle es que tenía que cambiar su política económica. Esa política económica que permitía que el ingreso de capitales pudiera acumular financieramente a nivel interno, para luego salir realizando importantes ganancias en dólares, es decir propiciando la fuga de divisas, esto era lo primero que el Fondo le tenía que reclamar y que, por otra parte, además, ¡estaba en línea con su propio estatuto! El Fondo tiene prohibido prestarles a los países que se encuentran en situación de fuga de capitales; y tiene prohibido hacerlo, porque el Fondo se supone que administra los fondos de distintos países - entre ellos el nuestro -, y por lo tanto para que los recursos que el Fondo invierte no se dilapiden de manera estéril y entren por una ventana y salgan por la otra, el Fondo tiene prohibido estatutariamente sostener políticas que impliquen fuga de divisas en los países a los que les presta. Bueno, primera violación flagrante del Fondo de su propio estatuto y primera violación flagrante del Fondo de su comportamiento, al no obligar a Macri a que modifique esa situación en materia de política económica. En realidad, el segundo elemento es que el Fondo le da un crédito a Macri que no tiene permitido darle, es decir, cada país tiene la posibilidad de acceder a un financiamiento vinculado al nivel de cuota que invierte en el Fondo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una cuota de 4.500 millones de dólares invertida en el Fondo y podemos recibir un crédito de hasta un 430% esa cuota, no podemos recibir más; eso nos hubiera implicado, supongamos, que le hubieran dado un crédito a Macri, de no más de 22.000 millones, 23.000 millones de dólares. Sin embargo, se le otorgó un crédito de 57.000 millones de dólares, de los cuales entraron 44900. Es decir, un crédito que el Fondo no podía - por estatuto -, darle ¡y se lo dio! Cumplimentando una segunda violación a su estatuto, que se suma al tema de la fuga, al tema de haber prestado a un país en situación de fuga de capitales. Ésta es una segunda violación, o sea, nosotros nunca deberíamos haber recibido un crédito superior a 22.000 millones de dólares; y esto no es menor porque son unos cuantos mangos menos y debería haber sido la primera definición del gobierno nacional, plantarse diciendo que no reconocería en ningún caso por encima de ese monto. Porque además el Fondo, como se supone que no tiene que prestar más que la cuota, más que un monto en relación a la cuota, si se presta por encima de la cuota, se carga una tasa de interés superior, es decir, una sobretasa. Argentina paga una tasa superior casualmente ¡por haber accedido a un crédito al que no debería haber accedido! Entonces este conjunto de elementos, sumados al hecho de que desde el vamos se pusieron todos los vencimientos en la gestión siguiente de Macri, todos los vencimientos de los 45.000 millones de dólares que se dieron vencen en el periodo de 2022 al 2024, eso hace que también el propio Fondo sabía en el momento en que daba este crédito, que Argentina no lo podía pagar. Argentina no tenía nunca la posibilidad de afrontar esto; desde el momento uno, se supo que esto era absolutamente impagable. Por todo este tipo de cuestiones sumadas al hecho de que este acuerdo no cumplió con ninguno de los procedimientos administrativos jurídicos y constitucionales que existen en la Argentina para endeudar al Estado, es decir nada hicieron, entre ellos también, no pasar por el Parlamento Nacional; por todas estas razones más por la potencialidad de malversar los fondos, es que junto a Jonatan (Baldiviezo) en su momento, en 2018, cuestionamos este acuerdo judicialmente, que de alguna manera, luego, nuestro planteo fue ratificado, por lo tanto ahora ya no somos nosotros los que estamos hablando, sino que está hablando el Estado argentino, por los organismos que mencioné anteriormente: el Banco Central, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro y la Sindicatura. Es decir, hay una realidad objetiva y es que lo que nos están proponiendo es que cada vencimiento que vamos a tener de acá al 2024, el Fondo nos va a dar la plata, por ese vencimiento más los intereses que tendremos que pagar por el mismo, para afrontarlo. Ahora, esto se va a dar, siempre y cuando Argentina cumpla con las metas que el Fondo establece. En caso de que las cumpla, se le reestructurará luego esa deuda, en caso de que no las cumpla, no. Por eso es que lo primero que hay que decir es que lo que está haciendo el Fondo es decirnos: esta deuda que fue contraída violentando la propia normativa del Fondo y violentando la legalidad argentina, va a ser reemplazada por una nueva deuda, en este caso blanqueada, al ser votada por el Parlamento argentino y por el conjunto de sus representantes. Esta es la operación, hay una operación de blanqueo, desaparece la deuda trucha y aparece una deuda nueva bañada con el barniz de la legalidad parlamentaria. Esta es la operación que se está consumando y que constituye una legitimación de la estafa que supone el proceso de endeudamiento que se configuró durante la etapa Macri.
Esta es la primera definición y me parece la más gruesa, que debería permitirnos a nosotros pensar alternativas para poner en el centro de la discusión, la cuestión de la nulidad del endeudamiento, y ver qué podemos agregar a lo que ya existe sobre este punto; digo esto para el debate de las propuestas, porque ¡es central no permitir que esto ocurra!, o que por lo menos quede un precedente institucional que señale esta cuestión porque en realidad, lo que surge a partir de acá es que resolvemos una deuda para tener otra.
Continúo un poco más porque no encuentro en el texto de Graciela lo que continúa el audio, hasta que lo encuentre. Hasta aquí es el minuto 20.
En la práctica lo que está pasando es que el default en que la Argentina caería en los próximos meses se está posponiendo, por eso hablamos de que en realidad lo que hay acá es un default diferido que se lo pospone hasta el año 2026, momento en el cual, si cumplimos con todo lo que hay que cumplir de acá al 2026, nos refinanciarán la otra deuda, ¿se entiende lo que estoy señalando, no? O sea, primero se valida, desaparece la trucha y aparece una deuda legal, luego de esto si nosotros hicimos todos los deberes de acá al 2026, en realidad nos van a refinanciar la otra. Esto es lo que explica por qué en realidad es un préstamo muy raro. Ustedes habrán escuchado por ahí, es uno de los argumentos del gobierno, decir que nos están dando un préstamo de facilidades extendidas a diez años, y que no tiene reformas estructurales; y que, por lo tanto, eso es uno de los triunfos del Gobierno. En realidad, no hay tal crédito de facilidades extendidas, lo que hay de entrada es esta suerte de crédito raro que es un standby a dos años y medio, ultra controlado, para que en caso de que nosotros cumplamos, ahí se abra la discusión del crédito de facilidades extendidas, y ahí se va a discutir si hay condicionalidad de reformas estructurales o no. O sea, lo que hay ahora es condiciones para la coyuntura económica de la Argentina. Se le pone un conjunto de condiciones para todo lo que va a ser la evolución de la política económica del país en los próximos dos años. Eso es lo que se condiciona, si se cumple eso, entraremos en el debate de cómo se refinancia la nueva deuda y ahí viene la discusión de las reformas estructurales.
¿Por qué digo que es ultra controlado? Bueno, porque lo que vamos a tener durante dos años y medio son revisiones trimestrales respecto a las metas de política económica que se fijen, y esas revisiones trimestrales son vinculantes. Si se cumplió nos dan los fondos para que cancelemos la deuda anterior, si no se cumplió, no nos dan los fondos. Esto implica que la Argentina va a estar en una situación de estrangulamiento permanente. Cada tres meses hay que rendirle cuentas al Fondo más allá de lo cual va a haber una misión permanente del Fondo en la Argentina a la cual hay que elevar consultas sobre la política económica.
Y se agrega el hecho que ha tenido casi tonalidades sarcásticas o trágicas, si no fuera porque tragicómicas también en algún caso que es que aparece un auditor, que es un auditor británico que queda a cargo de la Argentina en este tiempo, justo además en el año de los 40 años de Malvinas, hay un auditor británico mirando todas las cuentas nuestras y ya la primera tarea que hizo, que fue medio estrambótica, que fue ir a ver y visitar a la Policía Federal que por cierto lo recibió de muy buen grado colgando una bandera británica y una Argentina como si Malvinas no existiera, en un acto insólito porque la verdad no queda muy claro qué hace el auditor británico para auditar nuestras cuentas en la Policía Federal.
Uno puede tomar la visión histórica de que los ajustes solo pasan por represión y entender por qué se preocupa por la Policía Federal, podemos tomar la visión de que podemos ajustar a la Policía Federal también, pero lo cierto es que, es un hecho de envergadura el hecho de que este señor ya se haya hecho presente en la política argentina conversando con una institución con la que no tendría que conversar nada. Es como para ir teniendo en cuenta el recorte de soberanía que supone acordar con el Fondo en los términos en que está planteado. Por lo tanto, una cuestión en la que hay que hacer hincapié es en el tema de que hay que sostener institucionalmente, con las acciones que podamos desplegar, el tema de la nulidad y la inconstitucionalidad del endeudamiento, porque más allá de lo que se termina acordando tenemos que sostenerlo para la negociación futura que tengamos que hacer en una perspectiva política diferente. En algún momento vamos a tener que discutir la deuda de otro modo porque acá no se resolvió nada, simplemente se pospuso y por lo tanto otra negociación va a haber. Pero en este punto que digo, este hecho de que estemos frente a un default diferido, lo que hace es romper cualquier tipo de beneficio que se le pudiera encontrar al acuerdo porque en realidad, los acuerdos con el Fondo, si tienen alguna virtud positiva, es que como son bienvenidos por la comunidad de negocios, por los grandes capitales, suelen producir lo que en la jerga económica se llama un shock de confianza que puede permitir que la actividad económica fluya de manera más interesante. Ahora, el hecho de que nos estén pasando una deuda que nos traía el default en el 2024, pero que nos pasa al 2026, el problema que tiene es que no despeja vencimientos, no despeja el futuro, por lo tanto, todos, la comunidad de negocios incluida, saben que este acuerdo es simplemente para que la Argentina vuelva a reestructurar su deuda en un par de años, con lo cual no hay ningún shock de confianza. Esa virtud que alegan del acuerdo con el Fondo desaparece en este contexto y desaparece aún, cuando la economía está sujeta a un monitoreo trimestral que va a implicar un conjunto de tensiones muy significativas entre el Fondo y las autoridades económicas en donde, la incertidumbre sobre si se aprueba o no se aprueba, es algo que vuelve en contra de la perspectiva de cierta estabilidad macroeconómica a sostener en el marco del acuerdo, por lo tanto acá hay un problema de validar la ilegitimidad de la deuda anterior, comprarnos una deuda blanqueada que además no nos resuelve el problema de los vencimientos futuros y le quita todo valor a lo que en todo caso podría tener un acuerdo con el Fondo para todos aquellos que suelen defender los acuerdos con este tipo de organismo.
Dicho esto, aparecen luego condicionamientos concretos que han trascendido - es bueno mencionarlo- primero, a pesar de lo que se dice, hay ajustes en las cuentas públicas. En realidad, lo que se establece son pautas decrecientes del déficit fiscal de la Argentina, la verdad que cuando una economía está recuperándose económicamente, que es el caso nuestro, viniendo desde el fondo del pozo y en donde lo que tiene es capacidad instalada que todavía está ociosa y que debe ser ocupada funcionando, todos los manuales de economía recomiendan no achicar el déficit, porque al achicar el déficit uno le saca demanda a la economía. El Estado sustrae recursos y por lo tanto el nivel de demanda es menor y consecuentemente la oferta camina más lento, o sea que en realidad la recomendación de achicar el déficit no tiene nada que ver con el momento de la Argentina actual, que es un momento de capacidad ociosa, es decir, la economía no está funcionando a pleno y en donde lo que sí tenemos que tener es más demanda, no menos. Acá se necesita demanda del pueblo argentino, demanda del Estado para que opere demandando sobre la producción y la producción tenga destino. Obviamente, acá hay pautas concretas que establecen que tendríamos que pasar del 3,1% del producto que ha sido el déficit que la Argentina tuvo en el 2021 a un déficit, en el 2023 - es decir en los dos años de gobierno que le quedan al frente de todos - al 1,9.
Algunos dicen frente a esto que en realidad este es un ajuste blando porque no es tanto lo que se pediría. Lo que hay que decir aquí es que Argentina viene desde hace 4 años, los dos años finales de Macri y los dos primeros de Alberto Fernández, haciendo ajuste, entonces se le está reclamando un ajuste sobre el ajuste. De hecho, y esto es muy importante, Argentina comenzó la discusión con el Fondo y el pacto con el Fondo en el 2021. El gobierno llevó adelante una reducción significativa del déficit que pasó del 6,4 en el 2020 al 3,1 en el 2021, es decir se bajaron más de tres puntos de déficit durante el año 2021 en el marco de una discusión con el Fondo, mostrándole cuentas para que el Fondo nos diera el acuerdo. No se dijo que había acuerdo, pero se practicó una política fiscal de reducción del déficit como si el acuerdo existiera.
¿Cuál fue el resultado de esa política? Que el gobierno se amputó las manos para intervenir resolviendo los problemas de desigualdad aberrantes que la Argentina tiene e hizo que la recuperación de la actividad económica que se dio desde el 2020 no se diera en condiciones de equidad, se diera en condiciones de mayor desigualdad. Por lo tanto, la pobreza y el hambre no bajaron y los trabajadores y los sectores populares perdieron participación en el ingreso aún en el contexto de la recuperación de la actividad económica. Dicen que la Argentina creció 10 puntos. Sí, creció 10 puntos en el marco de una caída de 11 puntos de participación de los sectores populares en los ingresos del país.
Por lo tanto, es una recuperación en condiciones de mayor desigualdad porque se eliminaron las políticas sociales que habían estado presentes en el 2020 y que se eliminaron por completo en el 2021. Se dijo que se eliminaban porque en realidad se controlaba la pandemia. La pandemia del 2021 se llevó más muertos que la del 2020 y en realidad se eliminaron el IFE, se eliminó el ATP, se eliminaron un conjunto de políticas que el Gobierno había puesto en marcha y que habían tenido estrategias de contención importantes en el 2020. Por lo tanto, el ajuste que se pide hoy es el ajuste sobre el ajuste y no es desde el 3,1, porque en el 2021 parte del ajuste se resolvió sobre la base del impuesto a las grandes fortunas que aportó el 0,5 de la recaudación para poder bajar ese déficit y el impuesto a las grandes fortunas ahora no se va a cobrar, como tampoco se van a cobrar las retenciones que se cobraron en aquel año de acuerdo a lo que establece el presupuesto y en ese marco, el ajuste que terminan haciendo durante el curso del año 2021 es un ajuste de aproximadamente unos 4900 millones de dólares y el ajuste del 2023 va a ser cerca de 9.000 es decir, hay un ajuste previsto fiscal durante los 2 años finales del gobierno de Alberto Fernández de 9.000 millones de dólares. Después vendrá una discusión, cómo se hace ese ajuste, pero si ya me eliminaste el impuesto a la riqueza, ¿cómo puedo creer que lo van a hacer cobrándole a los ricos? En realidad, lo que se observó en el 2021 es que lo que cayó en el presupuesto son salarios estatales, jubilaciones y políticas sociales y en realidad, lo que están diciendo ellos es que van a tratar de mantener el gasto público aumentando lo que se denomina gasto de capital, que serían las inversiones, pero si voy a mantener el gasto público aumentando el gasto de capital, eso implicaría que los cuatro rubros que me quedan para bajar para que el gasto no se me vaya al demonio y no pueda reducir el déficit, son las jubilaciones, los salarios, la política social y las tarifas, es decir, dejar de subsidiar tarifas. Todas estas cosas, si se tocan, obviamente tienen impactos sociales complicados. De hecho, hay muchos comentarios respecto al tema de que irían a fondo en el tema tarifas. Ahí ellos hablan de segmentar para ver que en todo caso estas tarifas suban solo en aquellos que tienen capacidad económica, hay que ver cómo termina haciéndose esto.
Lo cierto es que acá hay otro punto importante en el tema del ajuste fiscal, que hay que pelear para que los millonarios vuelvan a ser la base contributiva central de cualquier estrategia fiscal en este sentido. Por lo tanto, recuperando temas: primero insistir en la nulidad, segundo, tratar de sacarnos de encima las misiones, las 10 revisiones trimestrales. O disociar los desembolsos que el fondo le da a la Argentina de esto, porque si estamos atados en este tipo de cuestiones, no hay condiciones para funcionar de manera razonable. El ajuste fiscal/oficial? existe y si se cumplen las cosas que han dicho hasta ahora, que son eliminar el impuesto a las grandes fortunas, bajar las retenciones y subir el gasto de capital lo que queda para tocar son salarios, jubilaciones y tarifas, y por lo tanto impactos negativos sobre el conjunto.
El otro punto es el ajuste monetario, que también hay. Es un ajuste aún más fuerte que el fiscal y que tiene por objetivo aumentar la tasa de interés. El aumento en la tasa de interés tiene primero, la tendencia a volver a generar un circuito especulativo, y lo más grave del caso es que lo que hace es eliminar algo que el gobierno utilizó razonablemente durante estos 2 años que fue el uso del crédito. En realidad, la banca y sobre todo la banca pública dieron créditos de manera importante durante estos últimos dos años a tasas que en realidad fueron negativas. Si se cumple lo que el fondo dice de tasas de interés positivas, indudablemente esto va a implicar un corte del crédito y va a implicar una limitación adicional al proceso de recuperación económica de la Argentina.
Por un lado, el ajuste fiscal está quitando demanda (con lo cual está debilitando la tasa de crecimiento) y por otro lado el ajuste monetario está subiendo la tasa de interés, con lo cual está elevando el costo financiero de la oferta de producción, y consecuentemente ambas cosas terminan afectando los términos de la recuperación.
El otro punto que hay que establecer también es que lo que dice el Fondo... Ah, antes de eso, no sé si ustedes notaron, pero ya se está aplicando esto, porque en las últimas semanas el Banco Central aumentó dos puntos la tasa de política monetaria del 38 al 40, o sea que ya está en vigencia lo que en este sentido el Fondo viene reclamando, pero como el fondo lo que pide son tasas de interés positivas, y positivas es superiores a la inflación. Si tenemos una inflación del 40 o del 50%, una tasa de interés superior a esos niveles claramente ingresa en el terreno confiscatorio e imposibilita cualquier estrategia de crédito seria.
La otra cosa que establecen los lineamientos que hasta ahora se han sabido es el tema de que el fondo pide que se achique la brecha entre los dólares paralelos y el dólar oficial. Sabemos que los dólares paralelos están arriba de los 200 mangos mientras el oficial está en torno a 100. Esto ya empezó a hacerse y comenzó a acelerarse el proceso de devaluación, porque ¿cómo se hace para achicar esa brecha? Bueno, el oficial se tiene que devaluar más rápido... Si yo tengo tasas de interés más altas y tengo una devaluación más rápida, es difícil pensar en ese contexto cómo se va a contener la situación inflacionaria. Por lo tanto, ahí aparece otro tema y es bueno tener el ojo puesto en la cuestión de la inflación, porque la inflación es en sí misma un proceso de ajuste. Lo que permite hacer el ajuste más desordenado, pero ajuste al fin y sobre todo ajuste reduciendo el déficit fiscal porque la inflación lo que hace es licuar el gasto público en pesos y al mismo tiempo lo que permite -como los impuestos están asociados a la evolución de los precios– es recaudar más por lo tanto en el propio proceso inflacionario, el Estado va ajustando y va logrando la reducción del déficit. Es decir, la inflación no baja entre otras cosas porque les resulta de suma utilidad para los objetivos de reducción y de ajuste fiscal que están planteando.
Hasta acá, los efectos de lo que ha trascendido y, yo finalizaría esto diciendo algunas cositas... Ya adelanté que el gobierno llega acá, derrotado políticamente y sin reservas, y llega derrotado políticamente porque hizo el ajuste fiscal que le reclamaba el Fondo en el 2021. Es decir, lo hizo como modo de hacer buena letra para que el acuerdo exista. Por lo tanto, es bueno dejar en claro que si el ajuste fiscal que practicó el gobierno le implicó una derrota electoral de la magnitud que tuvo, es evidente que este tipo de condicionamientos que va a tener el gobierno de Alberto Fernández durante los próximos dos años no lo posiciona de la mejor manera para poder disputar las elecciones del 2023.
Y en tanto no lo posiciona de la mejor manera, obviamente le abre la puerta a la posibilidad del retorno de la opción que tuvimos en la gestión anterior. Y ese retorno se daría en simultáneo con el final del acuerdo stand by ultra controlado y del comienzo de la nueva deuda, con lo cual los señores que nos pusieron la deuda trucha volverían a gobernar con una deuda nueva que refinanciarían sobre la base de las reformas estructurales. No sé si se entiende el nivel de profundidad que tiene lo que está pasando. Esto implica un condicionamiento muy importante, que creo que el no haber percibido a este condicionamiento es uno de los principales errores que tuvo la política económica del gobierno nacional. Lo que no se percibió es el significado que tiene este crédito del fondo: no es un crédito más, no es por casualidad que nos dieron 57.000 millones de dólares, no es por casualidad que se violaron todas las normas del fondo para darle a la Argentina esto, y no es por casualidad que se pusieron los vencimientos en la gestión siguiente. Lo que hay acá es un uso expreso por parte de los Estados Unidos del organismo Fondo Monetario Internacional para darle a la Argentina un crédito que la mantenga controlada en el futuro, de manera tal que la Argentina - dentro de la región - no se salga de los carriles de la política norteamericana en el marco del conflicto que los Estados Unidos tienen con China.
¿Por qué esto? Porque Argentina tiene la posibilidad tanto en términos económicos, financieros, comerciales y tecnológicos, de poder tener muy buenos acuerdos con China. Y como está esa posibilidad, a Estados Unidos le preocupa el destino de la Argentina y pone en cabeza del gobierno que sigue condiciones tales que le impidan tener su desarrollo. Una definición de un crédito de esta naturaleza exigía una decisión política que el gobierno nunca tomó, que es el tema de ir a fondo en la suspensión de los pagos y la investigación, a los efectos de que efectivamente pudiera construir condiciones políticas para una negociación distinta. Políticas que deberían haber incluido tanto la estrategia a nivel local para garantizar que los diferentes poderes del Estado declararan la nulidad de la deuda, como llevar adelante una política exterior que permitiera llevar a las Naciones Unidas o a la Corte de La Haya todas las irregularidades del organismo. Esto es lo que no se hizo y es lo que explica por qué razón seguimos, o mejor dicho por qué llegamos en estas condiciones a una negociación que nos presenta un conjunto de definiciones que indudablemente plantean un horizonte sumamente complicado. Y que merecen que nosotros discutamos de qué manera, tanto en el campo de la experiencia callejera - en este sentido la movilización del día de ayer fue un dato importante en términos de cuestionamiento del acuerdo – como en el campo de discusión que se ha abierto al interior del propio Frente de Todos. Ese es otro carril importante a tomar en cuenta para las acciones a desarrollar. Tenemos que mirar el escenario del Congreso y el escenario de la justicia para tratar de pensar iniciativas que en el marco de este tiempo en el que se sigue discutiendo el acuerdo, podamos lograr la mejor solución posible.
Obviamente que lo mejor sería voltear esto y discutir otra cosa, pero en principio, si tal cosa no ocurriese, que los términos del ajuste fiscal y del ajuste monetario que la Argentina tenga que hacer sean mejores y que las condiciones para encarar una negociación futura sean también mejores. Así que creo que hay un escenario de debate abierto. Creo que hay que cuestionar esto a fondo y creo que hay que fortalecer todas las iniciativas que puedan mejorarnos el futuro tal cual está planteado. Bueno, gracias, hasta aquí llego.
JB: - ¡Muchísimas gracias Claudio! Impresionante el panorama que nos planteaste. Antes de pasar con las preguntas hago un breve resumen del estado de las acciones institucionales que se hicieron en contra de este acuerdo de 2018. En su momento se planteó una primera denuncia penal en el 2018 por el primer acuerdo. Allí el fiscal Di Lello decidió avanzar con la investigación. Luego fue rechazada por el juez, que archivó la causa, se apeló y también el fiscal de cámara decidió archivar la causa de la primera denuncia penal. Se presentó una segunda denuncia penal a fines de 2019, una vez que el gobierno de Mauricio Macri había finalizado. Esa denuncia penal se acumuló conjuntamente con otras denuncias penales que se fueron presentando por el acuerdo. Y es en la denuncia penal donde se incorporaron estos dictámenes de los organismos que mencionaba Claudio: la Sindicatura, la Oficina Anticorrupción y es donde se presentó el Estado como querellante. En esa causa judicial se estaban produciendo pruebas, no hubo mucho más avance y no se procesó a ningún funcionario, ni se llamó a indagatoria. En este año presentamos dentro de esa causa penal una medida cautelar junto con Claudio pidiendo que la Justicia Penal suspenda los pagos, porque la justicia penal lo que está investigando es una defraudación al Estado, una estafa sería para llamarla en una forma más cotidiana. Por lo tanto, las estafas no se deben pagar, que es el nuevo lema de las Asambleas y Colectivos que estamos rechazando el acuerdo con el FMI. Frente a esa situación, la jueza nos respondió que solo va a investigar los hechos realizados por el gobierno anterior y no lo que se está realizando en este gobierno. Así que decidió patear la pelota, no adelantó opinión sobre la legalidad o ilegalidad de la deuda y eso es lo que está actualmente en cuestión en el ámbito penal.
En el ámbito que podríamos decir “no penal” - en el Contencioso Administrativo - en el 2018 presentamos un amparo cuestionando la constitucionalidad de la deuda. La Jueza de por entonces nos rechazó ese amparo diciendo que la ciudadanía, un ciudadano común, no era víctima del endeudamiento, que en todo caso era el Estado el que tenía que ir a la Justicia. Entonces decidió rechazar ese amparo por falta de legitimación. A la vez, este año también fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo una medida cautelar porque interpretamos que el acuerdo con el FMI viola uno de los Derechos Humanos básicos que es el derecho político a autogobernarnos, directamente o a través de nuestros representantes. Y como el acuerdo no pasó por el Congreso, directamente es una decisión que no tomo la población argentina y aquí les leo el artículo 36 de la Constitución Nacional que dice: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen”. Que es justamente, de mínima lo que ha ocurrido en esta situación.
Esas son las instancias institucionales que el Estado ha analizado, y lo que quiero dejar bien en claro es que el planteo de la declaración de legalidad o constitucionalidad de esta deuda no es únicamente una facultad que corresponda únicamente al Poder Judicial. Cuando se trata de la cuestión de deuda pública, esa facultad también la tenía el Congreso, independientemente de la mayoría que tenga ahora. Pero en el 2019 el Congreso podría haber tratado, investigado y decidido qué hacer con la deuda. Es más: la Constitución le otorga al Congreso ser el órgano máximo para decidir sobre Crédito Público de la Argentina.
En segundo lugar, el Poder Ejecutivo tiene facultades para declarar nulos procesos o acuerdos llevados a cabo dentro de su administración. Recordemos que hay un caso reciente (de la última década) donde se declaró la nulidad de la venta del predio de la Rural por haber sido vendido con un precio irrisorio, una nulidad insalvable. Eso lo hizo la presidenta Fernández de Kirchner en su gestión a través de un decreto. Detectó que hubo una venta de predios absolutamente inconstitucional, dijo doy de baja esa venta por ser inconstitucional y porque no se puede convalidar posteriormente. No se pudo haber convalidado solamente por el paso del tiempo. Bueno, lo mismo podía haber hecho el presidente Alberto Fernández una vez que recibió estos cuatro dictámenes o investigaciones realizadas por sus propios organismos. Declarar ese acuerdo inconstitucional y como decía Claudio, sentarse a negociar con un piso distinto.
Bueno, ahora sí, abrimos a preguntas unos minutos y luego empezamos a charlar cómo podemos políticamente apoyar esta lucha que ya lleva varios años, es históricamente una lucha de Argentina: la investigación y no pagar deudas que han sujetado a la población argentina a intereses extranjeros.