馃摚 Nueva Victoria Judicial en Defensa del Patrimonio

La justicia ratific贸 sentencia judicial que ordenaba al GCBA a finalizar la evaluaci贸n patrimonial de todos los inmuebles anteriores a 1941 y a garantizar su protecci贸n para que no sean demolidos.

PATRIMONIO CULTURAL Planeamiento urbano y espacio p煤blico

La C谩mara ratific贸 la sentencia judicial que orden贸 al GCBA finalizar la evaluaci贸n patrimonial de todos los inmuebles anteriores a 1941 y garantizar su protecci贸n para que no sean demolidos en caso de que la evaluaci贸n resulte positiva. 

La sentencia de la C谩mara de Apelaciones en lo CATyRC 鈥 Sala I 鈥 en el Expte. 43501/2011-0, fue dictada el 24 de mayo de 2024 y rechaz贸 la apelaci贸n del GCBA. 

Esta sentencia ratifica que no deben demolerse los edificios anteriores a 1941 cuya evaluaci贸n particular patrimonial no haya sido desestimada. 

La presentaci贸n judicial fue realizada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, La Asociaci贸n Civil Basta de Demoler, la Fundaci贸n Ciudad y SOS Caballito, con el patrocinio del abog. Jonatan Baldiviezo y la Dra. Mar铆a Carmen Usandivaras. 

Un avance en la defensa del patrimonio arquitect贸nico de la Ciudad.

En la sentencia, la C谩mara ratific贸 la orden al GCBA de:

1. Completar el cat谩logo definitivo con el relevamiento de la totalidad de los inmuebles de propiedad p煤blica o privada emplazados dentro del territorio de la ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o, en su defecto, cuyo a帽o de construcci贸n asentado en la documentaci贸n catastral sea anterior a esa fecha.

2. Culminar, a trav茅s del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, la evaluaci贸n del valor patrimonial de tales inmuebles.

3. Implementar la protecci贸n adecuada y oportuna de aquellos inmuebles que presenten valor patrimonial de acuerdo al resultado de su evaluaci贸n.

4. Abstenerse de autorizar demoliciones, reformas, ampliaciones y/o nuevas construcciones (incluyendo el registro de planos) con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad p煤blica o privada que se encuentren emplazados dentro del territorio de la ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del d铆a 31 de diciembre de 1941 o, en su defecto, cuyo a帽o de construcci贸n asentado en la documentaci贸n catastral sea anterior a esa fecha, con excepci贸n de aquellos casos en que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resuelva (o haya resuelto) de manera expresa e individualizada que el inmueble no reviste valor patrimonial. Ello, hasta el total cumplimiento de la condena resultante de los puntos 1, 2 y 3 precedentes.

5. Una vez completado el cat谩logo definitivo el gobierno dar谩 cuenta documentada de ello en estos autos, a fin de que este estrado pueda dar por satisfecho el objeto de la condena. A tal efecto, una vez firme este pronunciamiento informar谩 la n贸mina de los inmuebles ya evaluados y aquellos que resta evaluar. Y cuando la evaluaci贸n haya sido completada proporcionar谩 el detalle de: a) inmuebles evaluados a partir del dictado de esta sentencia; b) inmuebles a cuyo respecto haya sido propuesta la catalogaci贸n; y c) inmuebles catalogados definitivamente.

 

Foto: Ilustro para No Olvidar

El abog. Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, expres贸 que:

 

"El GCBA posterga finalizar la evaluaci贸n de todos los inmuebles anteriores a 1941 porque prefiere ir realizando evaluaciones a medida que se van solicitando los permisos de demolici贸n y con procedimientos pocos transparentes sujeta los an谩lisis a los intereses inmobiliarios. La desestimaci贸n del valor patrimonial de un inmueble no se realiza a trav茅s de un acto administrativo y, por lo tanto, no se publica en el Bolet铆n Oficial. La ciudadan铆a se entera cuando la demolici贸n se encuentra en marcha y ya es casi imposible cuestionar administrativamente o en la justicia la valoraci贸n negativa realizada por el GCBA.

Por otra parte, no existe un procedimiento democr谩tico amplio para que la ciudadan铆a sea parte de la valoraci贸n patrimonial de un inmueble. Este an谩lisis queda en mano de unas pocas personas designadas por el Poder Ejecutivo, que sabemos responde al poder inmobiliario-financiero. La sentencia judicial reconoce la necesidad de proteger el patrimonio de la ciudad y que este no quede sujeto en un limbo indefinidamente, sino que se transforme en una pol铆tica de estado prioritaria y con apertura democr谩tica."

 

 

CONTACTO

Observatorio del Derecho a la Ciudad:

Jonatan Baldiviezo (15 3655 3465)

Basta de Demoler:

Mar铆a Carmen Usandivaras (15 4937 7450)

Fundaci贸n Ciudad

f.ciudad@fibertel.com.ar

SOS Caballito

soscaballito@gmail.com

Foto: Ilustro para No Olvidar

FUNDAMENTOS

Sobre este punto, debe destacarse 鈥攅n concordancia con el dictamen fiscal鈥 que el demandado no sostuvo (menos a煤n, demostr贸) que la catalogaci贸n de los inmuebles cuyos planos se hubieran registrado antes del 31 de diciembre de 1941 y aquellos cuya construcci贸n fuera anterior a esa fecha (conforme lo asentado en la documentaci贸n catastral) estuviera concluida o que no correspondiera su realizaci贸n.

M谩s todav铆a, al respecto, se advierte que el apelante incurri贸 en contradicci贸n pues manifest贸 en su memorial que lo ordenado en el resolutorio impugnado (esto es, completar el cat谩logo definitivo con el relevamiento de los inmuebles que cumplieran con las caracter铆sticas indicadas; culminar con la evaluaci贸n del valor patrimonial que les correspondiera; e implementar la protecci贸n adecuada y oportuna de esos bienes) era 鈥淸鈥 una tarea debidamente cumplida鈥, al tiempo que afirm贸 que 鈥淸鈥 el 贸rgano encargado de llevar adelante la catalogaci贸n edilicia pretendida en la demanda contin[uaba] a煤n hoy con dicha actividad, [鈥 por mandato expreso del C贸digo Urban铆stico vigente, tal como lo dispone el 9.1.2.1 y 10.3.3. y concordantes del referido cuerpo legal鈥 (茅nfasis a帽adido). En similar sentido, asever贸 que 鈥淸鈥 viene catalogando y protegiendo a todos los inmuebles con protecci贸n patrimonial, particularmente aquellos cuya construcci贸n es anterior a 1941 que ha[铆an] sido objeto de este proceso鈥 (el subrayado no est谩 en el original). Las expresiones resaltadas evidencian que todav铆a el accionado no complet贸 dicha manda.

Adem谩s, no puede dejar de observarse que si bien la tarea abarca un conjunto de m谩s de ciento cuarenta mil (140.000) propiedades (seg煤n el convenio suscripto por el demandado con la FADU y los datos volcados en los considerandos de la Resoluci贸n N掳 19/2014), lo cierto es que 鈥攅n modo alguno鈥 el GCBA explic贸 los motivos por los cuales, despu茅s de tantos a帽os, continuaban incumplidos los lineamientos del Plan Urbano Ambiental (Ley N掳 2930, vigente desde el 8 de enero de 2009) 鈥攅n particular su art铆culo 11鈥, siendo que dicho ordenamiento es reglamentario del art铆culo 29 de la CCABA y fue sancionado en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el art铆culo 81, inciso 4.

Tampoco, explicit贸 las causales por las cuales durante el per铆odo de vigencia de la Ley N掳 2548 (sancionada en diciembre de 2007 y que, por imperio de sus modificadoras posteriores 鈥擫eyes N掳 2968, 3056 y 3680鈥, extendi贸 su temporalidad hasta el 31 de diciembre de 2011), la misi贸n all铆 prevista no fue satisfecha.

Vale destacar que, de las constancias de autos (que no fueron refutadas por el recurrente) se desprende que, de acuerdo con las acciones ejecutadas por la FADU, el accionado dict贸 las Resoluciones N掳 439/2013; 491/2013; 510/2013 y 19/2014; a trav茅s de las cuales se dispuso la inclusi贸n preventiva de cinco mil doscientos ochenta y cuatro (5284) inmuebles al Cat谩logo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad; informaci贸n que fue confirmada por la prueba aportada por el Gobierno y que, al 31 de diciembre de 2022, conforme el Anexo I del C贸digo Urban铆stico, no superar铆an las cinco mil ochocientas (5800) propiedades (v. https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2023-03/2022.12.31_ANEXO%20I_Listado%20de%20Inmuebles%20Catalogados.pdf).

Sobre el particular, se advierte 鈥攑or un lado鈥 que los plazos establecidos normativamente para llevar a cabo la catalogaci贸n de los inmuebles abarcados en este caso (procedimiento que forma parte del sistema de salvaguardia legalmente previsto frente a solicitudes de demolici贸n y/o intervenci贸n de fachadas y/o en espacios de uso com煤n de estos) se vencieron. Por el otro, se observa que el apelante (despu茅s de transcurridos m谩s de diecis茅is 鈥16鈥 a帽os desde que dicha competencia le fue asignada) no hab铆a acabado el relevamiento. En consecuencia, se encuentra acreditado en autos que el mandato protectorio previsto para las propiedades objeto de esta causa no fue satisfecho cabalmente por el obligado. Y, sobre estas bases, es dable afirmar que el Gobierno incurri贸 en una omisi贸n ileg铆tima en el cumplimiento de sus funciones de resguardo respecto de tales bienes.

(鈥) En otros t茅rminos, las actuales normas del CU no evitan que el accionado incurra en una omisi贸n ileg铆tima respecto del mandato protectorio que las reglas jur铆dicas le han asignado respecto de los inmuebles objeto de autos a los cuales el Legislador dio resguardo a trav茅s de la Ley N掳 2548 (y sus modificadoras posteriores); el PUA; el ex C贸digo de Planeamiento Urbano y el actual CU; sin que hasta el momento esa salvaguarda hubiera sido concretada por el recurrente, con relaci贸n a todos los bienes involucrados.

No es razonable suponer que el simple vencimiento del tiempo previsto en la Ley N掳 2548 y sus modificatorias posteriores (Leyes N掳 2968, 3056, 3680) o la sencilla invocaci贸n de continuar desarrollando la competencia normativamente impuesta (sin justificar debidamente los motivos de la demora en su completo cumplimiento) dispensen el deber de preservaci贸n oportuna del patrimonio hist贸rico, arquitect贸nico y cultural de la Ciudad para lo cual se implement贸 la catalogaci贸n de los inmuebles p煤blicos o privados cuyos planos hubieran sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o, en su defecto, su a帽o de construcci贸n (conforme la documentaci贸n catastral) fuera anterior a esa fecha.

No es leg铆timo que quien demora y dilata el cumplimiento de un mandato constitucional y legal (en el caso, la catalogaci贸n referida) utilice su propia impericia para fundar su cr铆tica respecto del fallo que le result贸 adverso.

El mero hecho de la tardanza (imputable al demandado) en la realizaci贸n de la catalogaci贸n no constituye un argumento id贸neo para demostrar una p茅rdida de inter茅s del Estado sobre la tempestiva concreci贸n de la protecci贸n de los derechos colectivos involucrados en autos; y tampoco habilita (a partir de la ponderaci贸n de las distintas normas jur铆dicas que rigieron y rigen la materia) a dejar librado al exclusivo arbitrio de la autoridad competente el tiempo de su cumplimiento. Dicho en otras palabras, no es v谩lido considerar que sobre los bienes objeto de autos pudiera demorarse indefinidamente su catalogaci贸n por el simple hecho de no existir una norma que fije un plazo determinado para su confecci贸n; m谩xime cuando el cuidado de los bienes de valor hist贸rico, arquitect贸nico, simb贸lico y/o ambiental constituye una exigencia constitucional y contin煤a siendo instada por las normas vigentes (CU y PUA), a pesar de haber perdido actualidad el plazo previsto en la Ley N掳 2548 y sus posteriores modificatorias. Entonces, siendo que la pretensi贸n de la parte actora persigue la salvaguardia de los inmuebles aludidos previamente, ante la amenaza cierta y concreta de que pudieran verse violentados, debido a la p茅rdida de actualidad del resguardo con el que contaban a la luz de lo establecido en las Leyes N掳 2548, 2968, 3056 y 3680; y teniendo en cuenta que la obligaci贸n de proteger se encuentra prevista desde antes del inicio de este proceso (sucedido en el a帽o 2011) sin que el accionado hubiera dado pleno cumplimiento 鈥攅n todos estos a帽os鈥 a sus deberes de catalogar y preservar esos bienes (conforme los c谩nones establecidos en diferentes ordenamientos jur铆dicos que se fueron sancionando sobre la materia), es adecuado reafirmar que el demandado incurri贸 en una omisi贸n ileg铆tima que merece ser subsanada.

No puede perderse de vista que el bien protegido (patrimonio cultural) forma parte del derecho al ambiente y que ambos, debido a su car谩cter colectivo, revisten trascendencia social. Su resguardo (enmarcado en los principios protectorios que rigen aquella materia) impone la adopci贸n de medidas tendientes a desarticular cualquier amenaza cierta y concreta que pudiera pesar sobre ellos, como es la p茅rdida de vigencia del r茅gimen de defensa, control y cuidado establecido por la Ley N掳 2548, m谩xime cuando no se verifica la existencia de otro sistema alternativo e igualmente eficaz de protecci贸n, toda vez que las normas actuales no estipulan un tiempo razonable para concretar su oportuno blindaje.

En este sentido, se coincide con el dictamen fiscal en cuanto advierte que 鈥淸鈥 el vencimiento del plazo de vigencia del conjunto de leyes por conducto de las cuales se dispuso la catalogaci贸n del universo de inmuebles concernido y a la vez se estableci贸 un sistema de protecci贸n frente a las solicitudes de demolici贸n y/o intervenci贸n en fachadas y/o en espacios de uso com煤n de estos sin que dicha tarea hubiera concluido, tal como fuera constatado, implica la configuraci贸n de un riesgo cierto y concreto de que el acervo hist贸rico, arquitect贸nico y cultural de la ciudad, que ostenta protecci贸n constitucional, pudiera verse vulnerado鈥. Vale reiterar que los bienes involucrados ascienden a m谩s de ciento cuarenta mil (140.000) y que, aun cuando se reconoce la envergadura de la tarea, el demandado no ha justificado 鈥攄e ning煤n modo鈥 el grado de avance de esa actividad lo largo de estos a帽os. N贸tese que, conforme el Anexo I del CU 鈥擫istado de Inmuebles Catalogados鈥 al 31 de diciembre de 2022, se hallaban incluidos aproximadamente cinco mil ochocientas (5800) propiedades. Los guarismos indicados, transcurridos tantos a帽os, evidencian la razonabilidad de la pretensi贸n preservativa reclamada por los actores. Esa cifra y el silencio del Gobierno acerca de la existencia de un cat谩logo completo de bienes sujetos a protecci贸n patrimonial constituyen la prueba suficiente que reclama el apelante y que permite tener por configurada la omisi贸n del accionado en el cumplimiento de sus deberes constitucionales respecto del resguardo del patrimonio hist贸rico, arquitect贸nico y cultural local.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA