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🔥 NO APRENDIMOS NADA: 13 mega emprendimientos inmobiliarios, la prioridad del gobierno de Rodríguez Larreta

/ Por Ing. María Eva Koutsovitis (CLIC-IPYPP) y Jonatan Baldiviezo (ODC)

En los primeros meses de pandemia en la Ciudad de Buenos Aires los sectores más afectados fueron los geriátricos y las villas (los llamados Barrios Populares por Ley 27.453). Estos últimos territorios sufrieron un incremento exponencial de casos positivos de Covid-19 que correspondieron a semanas de carencia de acceso al agua potable.

En el Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis), el 21 de abril se confirmó el primer contagio. Dos días después y durante 15 días se generalizó en el barrio la falta de agua potable multiplicándose los contagios. Al cabo de dos semanas, la cantidad de contagios se había multiplicado cuatro veces, y a los 30 días, tres veces más.

En el Barrio 21-24, desde principio de mayo, el suministro de agua potable se interrumpió en distintos sectores, generalizándose la falta de abastecimiento en Caacupé, Pavimento Alegre, Loma Alegre y Tierra Amarilla a partir del 25 de mayo. El 27 y luego de 48 horas de servicio interrumpido en la mayoría de los sectores del barrio, la red de Mujeres y Disidencias de la Villa 21-24 y Zavaleta realizó una importante movilización exigiendo agua potable para afrontar la pandemia. Después de dos semanas, la cantidad de contagios se multiplicó aproximadamente dos veces, y a los 30 días más de dos veces.

En ambos casos, los contagios luego descendieron a los valores iniciales, corroborando la correlación entre la falta de acceso al agua potable y el incremento de contagios. La Encuesta de Seroprevalencia realizada por el propio GCBA determinó que el 42% de la población de los Barrios Populares se había contagiado frente al 7,4% del resto de la población porteña.

La pandemia visibilizó la profunda desigualdad en términos de acceso a la infraestructura de agua potable y saneamiento cloacal en nuestra región. Las tasas de contagios se multiplicaron varias veces en los centros urbanos donde los servicios sanitarios son informales y las condiciones de hacinamiento elevadas.

En estos últimos 13 años, ninguna vivienda de los macizos históricos de estos barrios en la ciudad fue conectada formalmente a los servicios públicos sanitarios.

En pandemia, el GCBA avanza con mega obras de infraestructura para la especulación inmobiliaria.

La audiencia pública que debate la venta de un sector de la costanera norte (específicamente el predio de Costa Salguero) y la autorización para construir en ese lugar una muralla de torres comenzó el 27 de noviembre de 2020 y continuará hasta el miércoles 27 de enero. Se inscribieron más de 7.000 personas y en los 26 días de audiencia transcurridos el 97% de las ciudadanas y ciudadanos que expusieron se manifestaron en contra del proyecto de venta y cementación del borde costero presentado por el Jefe de Gobierno.

En pleno desarrollo de esta audiencia pública, el 4 de diciembre pasado, el GCBA firmó con la concesionaria del servicio público de agua y saneamiento (AYSA S.A.) un convenio de colaboración técnica para la elaboración y ejecución del proyecto del Aliviador Colector Cloacal Baja Costanera (CBC), dando un paso más hacia la consolidación de la ciudad ribereña. Hablamos del entorno ribereño que está siendo apropiado por los sectores políticos y económicos para consolidar la expansión del modelo de urbanización de Puerto Madero hacia el norte y el sur de la ciudad.

El GCBA advirtió que, para concretar su ciudad ribereña destinada al sector de la población de mayores ingresos, la actual infraestructura del sistema de desagües resulta insuficiente para recolectar y evacuar los efluentes cloacales de los nuevos emprendimientos urbanos planificados en la zona costanera. A partir de esta necesidad decidió avanzar con la obra del Colector transfiriéndole al conjunto de la ciudadanía porteña todos los costos del proyecto y de la ejecución de la obra (160 millones de dólares).

Este Colector consta de dos tramos. El Tramo I se desarrollaría desde Vicente López (calle Borges) hasta la Av. Sarmiento y Autopista Illia, y a partir de allí y hasta la Dock Sud, el Tramo II. 

¿Cuáles son los nuevos mega proyectos inmobiliarios que necesitan esta infraestructura?

En el documento de los términos de referencia para la consultoría de “Elaboración de la Ingeniería del Colector Baja Costanera”, el propio GCBA los enumera: Cavia, Costa Salguero, Punta Carrasco, Areneras, Frente Retiro entre Callao y Ramos Mejía, Antepuerto y Distrito Puerto, Dársena Norte, Catalinas II, Catalinas Sur, Dique Cero, Puerto Sur (Isla Demarchi) y Solares de Santa María.

Desde el GCBA se defiende la prioridad de la construcción de este Colector para abastecer al Barrio Carlos Mugica. Pero este documento revela que los intereses genuinos están abocados a brindar infraestructura a estos 13 mega emprendimientos, la mayoría en tierras públicas privatizadas o en curso de pasar a manos privadas.

El negocio del cemento, el desarrollo urbano entendido como el aumento del valor del suelo y la sobreexplotación inmobiliaria rentística de predios públicos explican esta irracionalidad urbanística que soslaya la crisis habitacional, ambiental y económica de la ciudad. ¿O creerán, llevando la teoría del derrame a límites exorbitantes, que podrán persuadir a la población de que la solución a estas crisis es focalizar la inversión pública, la planificación y la normativa urbanística hacia la construcción de estos emprendimientos inmobiliarios suntuosos accesibles apenas para el 5% de la población?

El 10 de noviembre de 2016 el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el GCBA firmaron el Convenio de Préstamo BIRF N° 8628-AR por un monto de hasta 200 millones de dólares para el financiamiento del “Proyecto de Apoyo a la Gestión del Riesgo de Inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires” aprobado por Resolución Nº 2541/MHGC/16 y autorizada la toma de deuda por Ley 4352.

Este proyecto tuvo como objetivo originario fortalecer la capacidad de la ciudad para gestionar de manera eficiente los riesgos de inundaciones y mejorar los sistemas de drenaje de las cuencas de los arroyos Cildañez, Maldonado y Vega. Sin duda, una política más eficiente para gestionar el riesgo de inundaciones es recuperar la totalidad del borde costero. Ahora, el GCBA decidió utilizar parte de este financiamiento para costear la consultoría de elaboración del proyecto licitatorio para el Tramo II y del anteproyecto del Tramo I. La licitación de esta consultoría se encuentra en marcha y se encuentra en la etapa de preselección. Otra licitación pública para la elaboración del informe de impacto ambiental y social del colector se encuentra más avanzada. El 17 de diciembre, la empresa Serman y Asociados S.A. resultó adjudicataria por un monto de 24 millones de pesos.

Uno de los argumentos para vender parte de la Costanera y concesionar el resto es la falta de presupuesto de la ciudad para transformar la totalidad del entorno ribereño en un parque público como exige la Constitución. Esta postura económica falaz se desvanece cuando observamos que, por ejemplo:

  • El GCBA gastó más de 1.500 millones de pesos en construir el edificio del Tiro Federal y en equiparlo, además de otorgar por 75 años de forma gratuita 13 hectáreas de la costanera a dicha Asociación.
  • En el Plan Plurianual de Inversiones figura que se destinará para Infraestructura en Costa Salguero un total de 4.800 millones de pesos a ser ejecutado entre 2021 (1.715 millones) y 2022 (3.085 millones) y más de 812 millones para el proyecto ejecutivo del colector, para su estudio de impacto ambiental y su inspección técnica durante la construcción.

Este plan urbano para el entorno ribereño no tuvo ninguna discusión democrática. Mientras tanto, la ciudadanía es convocada a discutir la actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA) cuando las decisiones reales con relación a la planificación son tomadas por un grupo selecto de desarrolladoras inmobiliarias.

Papelitos, notas digitales y espacios virtuales para la ciudadanía en las reuniones convocadas por el GCBA son los actuales espejitos de colores. Mientras tanto, al Real Estate se le garantizan negocios multimillonarios con la tierra, la normativa y la infraestructura aportadas por el conjunto de la comunidad porteña. Este es el rostro descarnado de lo que nos venden como meritocracia empresarial inmobiliaria y buena gestión.