Por Pablo Sessano (Educador ambiental. Especialista en gestión ambiental metropolitana. Integrante de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos)
Tanto a nivel nacional, debido a la complicidad cipaya y genuflexa del estado/mal gobierno que gestiona un país con lógicas urbanísticas excluyentes, como en la ciudad, porque ejerce el doble y éticamente incompatible rol de administrar el Estado y desde allí hacer negocios privados, la monarquía inmobiliaria avasalla los derechos ciudadanos.
Lo demuestra, con transparencia, la entrevista de la Nación a García Resta (GR), Secretario de desarrollo urbano de la CABA, y que motivó una carta de repudio de numerosas organizaciones ciudadanas En dicha entrevista el funcionario- un urbanista millennial, emprendedor, ideológicamente lavado, formado en la educación privada y proclive a una antropología funcionalista siglo XXI aplicada a la gestión urbana- no solo no menciona ni una vez las leyes que enmarcan la gestión urbanística de la ciudad y que deberían ser respetadas por quien gobierna, sino que las desdeña haciendo gala de un autoritarismo profesional (muy propio de urbanistas) y político, propio de la monarquía Larretista que, como dice un ingenioso humorista radial ha convertido “...a la antes conocida como Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un proyecto inmobiliario”, o lo que es lo mismo, un territorio público en un negocio privado.
Fragmenta y reinarás: cuando la ley, la gestión y la participación se tratan en forma inconexa.
García Resta no fue impulsor del Código Urbanístico (CU), eso le tocó a sus antecesores que se inmolaron en esa fundacional traición al Plan Urbano Ambiental (PUA) y a la Constitución de la Ciudad, pero es un disciplinado y “creativo” aplicador del mismo.
Según la página oficial en la Secretaría de Desarrollo Urbano se diseñan e implementan políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida en la Ciudad. Para ello, se planifican acciones vinculadas a las áreas de vivienda, infraestructura y servicios[1].
Nótese que no se menciona el marco normativo al cual estas responsabilidades primarias deberían ajustarse, lo que tiende a naturalizar el ejercicio discrecional por parte de los funcionarios a cargo, pareciendo que haber ganado el derecho a gobernar les habilita llevar a cabo una gestión inconsulta. Gobernar es explicar dice GR, asumiendo una comunicación unilateral que pone el saber únicamente de su lado. Gobernar es consultar, sería lo verdaderamente democrático, porque los vecinos de la ciudad saben qué ciudad quieren y dónde falla la planificación. La explicación de lo posible debería venir después, en todo caso, y considerando la inevitable diversidad de posiciones e intereses. Mucho trabajo quizás, para un gobierno que a instancias del mercado transforma la ciudad en un proyecto puramente mercantil, deshumanizándola y vulnerabilizándola frente al cambio. Se promueve una noción de ciudadanía asociada a la tecnologización y al consumo que justifica la concentración del capital y consecuentemente el poder en la ciudad, que lejos de facilitar la participación, tiende a relevar a los ciudadanos, desvinculándolos, de las responsabilidad de pensar y actuar por la ciudad que quieren, una suerte de despolitización y desmovilización. GR dice que “pone freno ante situaciones o reclamos que no comparte si detrás observa intereses políticos de algunas organizaciones evidentemente partidarias. No estoy a favor del populismo urbano”. Esta presunción de intereses políticos es puramente subjetiva y funciona como excusa para descalificar y rechazar propuestas, “situaciones o reclamos que no comparte” y que provienen mayoritariamente de la ciudadanía. Lo del populismo urbano (La Nación encantada) es ridículo, pues el peronismo kirchnerista, objeto habitual de esa descalificación, ha sido condescendiente con la mayoría de las políticas neoliberales del PRO en la ciudad y además, carece de proyecto alternativo para el distrito. Y sería ingenuo pensar que el gobierno y el mismo GR son actores neutrales sin interés político.
En cuanto al CUR cabe recordar que se trató de una reforma consensuada con las corporaciones profesionales incluidas algunas universidades, que solo vieron en ese aggiornamento oportunidades de negocios (simultáneamente los poderes económicos inmobiliarios de la ciudad se anticipaban negociando futuros convenios urbanísticos que violarían el Código próximo a aprobarse) y al igual que los bajos corredores de los ferrocarriles Mitre y San Martín (algunos hoy abandonados y tugurizados) fueron objeto de una supuesta consulta social a un sector mínimo y no representativo de ciudadanos, amañada y convenientemente preformateada para que resultara favorable a los intereses del gobierno, resultando a la postre en la inconformidad hasta de sus propios votantes.
Los cuestionados convenios urbanísticos fueron posteriormente la fórmula para legalizar excepciones al Código, pero no siendo suficiente éste recibió varias modificaciones a instancias de los legisladores para favorecer la rentabilidad de los espacios construibles. 120 convenios presentados solo 12 votados y a favor por la legislatura, 70 rechazados y 30 “vistos viables por el poder Ejecutivo”, reconoce GR, es decir impuestos desde el ejecutivo sin consultar con la ciudadanía. Toda esa suma de cambios más otras significativas inconclusiones, han convertido al CUR en una carta blanca para el operar de intereses corporativos y de todo el sector de la construcción e inmobiliario. Una de las más tristes consecuencias es la destrucción del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires y la consiguiente pérdida de identidad de los barrios porteños que se están convirtiendo en muchos palermos idénticos y despersonalizados, porque no hay normas de preservación que ayuden a diferenciar unos de otros. Lo que contradice el interés turístico que la ciudad histórica tendría y se promueve. La cantidad de edificios históricos que se pierden es lastimoso, hay quienes en Instagram “ilustran para no olvidar” esas casas que ya temen serán derribadas. La norma del CUR que debería cuidar al menos los edificios catalogados como protegidos quedó convenientemente incompleta y el Estado que nunca tuvo políticas de preservación patrimoniales serias, sigue sin aportar nada para que el interés privado ceda ante el valor patrimonial. Preservar la historia no es característico de la sociedad Argentina en ninguna de sus formas. Pero ¿qué atractivo podría despertar Buenos Aires sin sus zonas y edificios más emblemáticos y mimetizada con cualquier otra ciudad? El propio GR reconoce “el desarrollador inmobiliario mira su edificio, pero no tanto el entorno, y el urbano hace lo contrario: los proyectos urbanísticos reconocen el entorno como una oportunidad, toman infraestructuras que estaban atrasadas y las actualizan”. Por tanto, si el estado no regula con criterios claros cada uno avanza según su propia lógica. Este tipo de intervención urbana inconsulta y contra el interés vecinal, se manifiesta en la disputa con los vecinos, por ejemplo, de San Telmo, Devoto, Villa del Parque, Villa Ortúzar, Honorio Pueyrredón o Colegiales. Para evitar estos conflictos fue inventada la Dirección de Antropología Urbana que intenta “explicar” ex-ante (convencer) al vecinaje, las supuestas bondades de los proyectos que al gobierno le conviene y que ya están decididos. Según el funcionario los convenios urbanísticos “han logrado destrabar proyectos que durante muchos años parecían no tener solución”, curiosamente se trata en su mayoría de mega proyectos inmobiliarios que benefician a grandes capitales y se realizan sobre espacios públicos y/o cedidos gratuitamente a privados, constituyendo de hecho privatizaciones del espacio público o emprendimientos incompatibles con la vida de un barrio, prohibidos en el Código, pero habilitados por Convenio. Ciudad deportiva de Boca, Tiro Federal, estadio Movistar Arena o Costa Salguero son ejemplos de ello.
Es una estrategia muy usada por el GCBA la de reubicarse discursivamente cuando pierde una negociación o debe dar respuesta contra su voluntad a una demanda vecinal, en un intento de cooptación transformando la derrota en una iniciativa propia. Es lo que pasa con las mencionadas por GR Manzana 66 y Parque de la Estación, verdaderos triunfos de la organización vecinal. Cierto es que, desde un punto de vista estricta y limitadamente urbanístico, que algo de lo concretado por el gobierno PRO en la ciudad era parte de una agenda urbanística muy rezagada. La forma de concretarlo, sin embargo, fue el despliegue pragmático de esa visión emprendedora y en apariencia renovada que esconde el último asalto del capital sobre los bienes comunes urbanos y es precisamente la contracara de la ampliación de la mirada urbanística y de la participación social que en este momento las ciudades necesitan, incluso más allá de sí mismas.
¡Cuatro verbos de la 3ª conjugación! Cuando innovar es mentIR, incumplIR, destruIR y excluIR.
Lo que parece una renovada gestión urbanística es más de lo mismo. Al subordinar el urbanismo practicado a lógicas exclusivamente mercantiles se han operado cambios contraproducentes para la calidad de vida de los ciudadanos: perdida de espacio público, pérdida de arbolado urbano, densificación edilicia, que no poblacional porque la ciudad no es accesible económicamente, de hecho es más expulsiva que atractiva; incremento del parque automotor, lentificación de los traslados, más contaminación, ruido, una inconmensurable impermeabilización del suelo por obra privada (ocupación de centros de manzana por ejemplo) y por obra pública plazas secas, red vial, y una profusa lista de hechos degradativos que incrementa la vulnerabilidad al cambio climático cuyos efectos ya se hacen sentir en los veranos e inviernos y en fenómenos meteorológicos extremos. Lógicamente las zonas y personas más pobres de la ciudad son y serán los más afectados, pero ellas nunca fueron realmente parte de la agenda urbanística del gobierno PRO sino apenas externalidades de las que se ocupan solo oportunamente.
Luego de 14 años de gobierno, los números no le favorecen al GCBA: las 100 ha recuperadas según GR son un quinto de las 500 ha. de espacio público privatizadas. Las plazas de cercanía prometidas a menos de 400 a la redonda no existen, las bicisendas no han conllevado correlativas políticas disuasivas del auto particular, el transporte público es esencialmente igual, algo más fluido con el Metrobús cierto, pero con costo paisajístico y en arbolado de alineación incalculable. El número de árboles plantados de los cuales sobrevive con suerte el 50% porque no los cuidan, está muy lejos de compensar los servicios ambientales de los numerosos y frecuentemente añosos arboles extraídos para realizar obras insustentables, negocios inmobiliarios o maquillaje verde.
El Plan Buenos Aires Verde nunca existió igual que el Plan que debía derivar de la Ley N° 3871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. En los hechos, letra muerta y contradicha. La ciudad carece de un Código Ambiental que debió haberse aprobado antes que el CUR, según el PUA. La gestión de los residuos, además de seguir siendo un gran negociado, apenas ha mejorado y gracias a la mayor participación de recolectores urbanos, sin los cuales el GCBA sucumbiría bajo la generación de residuos que ha sido incapaz de regular porque continúa con caducos métodos “a boca de caño” del todo insuficientes. La gestión del agua en la ciudad brilla por su ausencia, y estamos omitiendo mencionar la reducción sistemática y sostenida durante 14 años, de los presupuestos de educación, salud y atención de sectores pobres y vulnerables y asentamientos precarios (villas), contribuyendo a incrementar las debilidades de la ciudad en todos los frentes, pese a contar con un presupuesto de ciudad europea. Pero eso sí, los gastos en publicidad y marketing gubernamental aumentan constantemente y es admirable el esfuerzo puesto en construir discursiva y virtualmente una imagen sobre la acción gubernamental que no se verifica en los hechos o es directamente opuesta, falsa y mentirosa. La gestión educativa lidera ese ranking, pero la urbanística no se queda atrás. La ocasión del C40, encuentro mundial de alcaldes de ciudades, en el que increíblemente, o no, Larreta es vicepresidente, fue propicio para desplegar todo el arsenal discursivo que maquilla la verdadera situación socio-urbanística de Buenos Aires. Claro que el C40 es un encuentro global creado para eso, una vidriera mercantil en la cual hacer competir imágenes sustentables para favorecer negocios. La realidad corre por otros carriles.
Pero volvamos a GR, vocero de la visión larretista de ciudad. Dice “…hay un desafío en reformular las infraestructuras para aggiornarlas a la vida urbana actual...en vez de ver desolación y abandono, ves a un montón de estudiantes reunidos disfrutando de un espacio público a toda hora y todos los días de la semana, eso es la vida urbana”. ¿Esa reformulación de la infraestructura, no debería ser además resultado de la consulta social? ¿O aceptamos como indiscutible que las ciudades moldeadas por el mercado son la vida urbana actual? Similar lógica ocurre con el cambio climático cuando adaptarse y construir resiliencia es lo único que se propone, es decir aceptar la nueva circunstancia con resignación aun cuando la consideremos infausta. Lamentablemente, la memoria no juega en el urbanismo, pues muchas de las propuestas de revaloración del espacio público vendidas a la ciudadanía como innovaciones, remiten a configuraciones espaciales, infraestructuras y practicas vigentes 40 o 50 años atrás y perdidas bajo la misma acción planificadora. La diferencia es que ahora vuelven, no como resultado de prácticas ciudadanas espontáneas y conviviales, sino impuestas, mercantilizadas y vigiladas. Desde el café en la vereda hasta el fútbol en las plazas, la bicicleta o el paseo por la costa.
Monopolio del saber, feedlot humano y la zoncera del derrame.
Tres nociones revelan la lógica urbanística que prevalece hegemónicamente especialmente en América Latina y a la cual los gobiernos progres son igualmente proclives, aunque con menos convicción y por ello menos éxito. Si algo hay que reconocer a los gobiernos autoritarios y neoliberales de las ciudades en América Latina y no solo, es su capacidad de transformar el espacio e intervenir discrecionalmente y sin culpas en la vida de los ciudadanos. Son eficaces dentro de su lógica, al contrario de los gobiernos progresistas, socialdemócratas o de centro izquierda que han sido incapaces de consolidar una gestión urbana con criterios democráticos, un fracaso que encuentra reflejo en las gestiones nacionales.
La primera noción es la que asume que los ciudadanos no saben lo que quieren, ni lo que es una buena ciudad y mucho menos como gestionarla, por eso hay que “explicarles” y ayudarlos a comprender lo que es mejor “para ellos, para todos, para la ciudad”. Es difícil concebir un esquema participativo bajo estas premisas que desvalorizan saberes construidos en la práctica de vida durante años. Y dicho sea paso, los legisladores que aprueban a carpeta cerrada proyectos que desconocen no parecen saber mucho sobre urbanismo.
La segunda es la que asume que el territorio no urbano debe ser liberado para la producción, textualmente: “Por eso es clave replantear esa idea que vivir en ciudades no es lo sostenible cuando en realidad la ciudad hace sostenible al modelo, y además deja el suelo para la producción”. Esta noción convalida lógicas extractivistas que destinan todo territorio no urbano a la producción de bienes: una visión minera del uso del espacio no urbano, la tierra como espacio de saqueo, la naturaleza como canasta de recursos, disponible para valorizarla mediante la “mejor tecnología”, para alimentar concentraciones urbanas (apenas el 3% de la superficie terrestre) y eso incluye las áreas -islas- protegidas, puestas a disposición de la industria turística. Ese es el modelo que sostienen.
La tercera es la idea del derrame, esta caduca tesis del desarrollo probadamente fracasada pretende que la generación de riqueza por la mercantilización del espacio urbano se traduzca en mejoras generales para toda la ciudadanía. ¡Falso! El mercado opera con lógicas más restrictivas y selectivas, valora únicamente lo que le conviene y generalmente con crecientes externalidades y dudosa proyección temporal. La profusión de ofertas, la mixtura de usos o la edificación en altura no se traducen en derrame de bienestar, en cambio, sí hay derrame del deterioro de calidad de vida y expulsión. La gentrificación descontrolada es una prueba, los distritos especializados otra, las torres otra más. ¡Llama la atención esta afirmación! “No conozco ninguna facultad de Arquitectura que diga que las torres están mal ni ninguna ley que prohíba las torres. La tipología no es el problema”. ¡Equivale a decir que forma y función son aspectos independientes! Relativizar todo criterio en función del contexto es igual que carecer de criterio. Y va de suyo que GR no leyó nunca al Arq. Livigston y nada sabe del derecho al sol. Y olvida los efectos de los edificios altos en la ventilación urbana. No menos impactante esta otra “... es importante gestionar mejor las ciudades porque son el territorio elegido por la mayoría. En los países más desarrollados se puede vivir en zonas rurales porque las infraestructuras están preparadas para la población. Podés vivir lejos porque igual estás cerca de todo. En países subdesarrollados, la gente tiene la necesidad de vivir en las ciudades para estar cerca de los servicios y de las oportunidades. Por eso el gran desafío es acercar la urbanidad a la gente y no la gente a la urbanidad. En las ciudades está la posibilidad de mejorar la vida de la gente. Y ahí hay una oportunidad, entonces, de transformar el país”. El prejuicio urbanista y clasista emerge con claridad. ¿De dónde sale que un campesino mexicano prefiere la ciudad a su histórico lugar de vida y trabajo? ¿O que un pescador del Paraná vea mejor trasladarse a un suburbio urbano? Solo alguien cuya mirada no trasciende las fronteras urbanas puede asegurar que la ciudad ofrece una vida mejor. La migración de 100 mil pequeños productores agrícolas del campo a la ciudad en nuestro país en las últimas décadas, no fue el resultado de su deseo de vivir mejor en la ciudad, sino consecuencia de expulsión forzada por la concentración de la tierra, la expansión del monocultivo y el agronegocio. Tampoco es cierto que en los países desarrollados se pueda vivir cómodamente fuera de las ciudades. España e Italia son buenos ejemplos de países con pueblos abandonados sin infraestructura renovada, y la tendencia a la urbanización es global. No puede afirmarse que la población elige vivir en las ciudades, sí que se ve obligada o condenada a ello. Acercar la urbanidad a la gente bien podría traducirse como “enseñarles a ser urbanos”.
La mirada urbanística que prevalece responde a patrones conceptuales propios de visiones colonizadas solo capaces de gestionar lo dado según modelos ajenos, pero de ningún modo preparadas y convencidas de que un otro y propio urbanismo y otras ciudades son posibles. Las propuestas que apuntan a hacer ciudades sostenibles no trascienden esas limitaciones y sus soluciones están atadas a desarrollos tecnológicos más que a transformaciones sociales. Pese a todo, lo que se ha dicho sobre las ciudades como agentes educadores, la ciudad no educa, aliena, degrada la convivencia e incrementa dependencias de todo tipo, energéticas, alimentarias, sanitarias, acaso la oferta cultural sea la única concentración que todavía es valorable en los ámbitos urbanos, a condición de que puedas acceder a ella. No obstante, la tendencia es hacia la urbanización total, y hoy por hoy ningún escenario es más próximo que un mundo con 10 mil millones de habitantes concentrados en ciudades enormemente desiguales, rodeados de campos intensivos en producción, zonas desertificadas, mares y ríos contaminados, una imagen distópica que contradice todo lo dicho sobre el desarrollo sostenible. Lejos de decretar inevitable un destino tan funesto, esta imagen debería servir para encaminar las visiones del territorio total y las ciudades en él, hacia lógicas integrales, integradoras, sistémicas, autónomas y comunitarias de hacer uso y ocupación del espacio disponible para la humanidad. Las lógicas del mercado son inherentemente contrarias a esta posibilidad, expandir las infraestructuras hacia zonas suburbanas económicamente insolventes no es rentable y promover la desconcentración tampoco. No extraña que GR marque un límite entre la ciudad y el suburbio, un límite que justifica la densificación que exigirá tecnologización para ser gestionada con eficacia, pero también una frontera social porque no todos podrán pagar por el privilegio de quedar adentro. Las mega ciudades nunca serán sustentables, solo la ciudad intermedia tiene aún esa opción y con muchas restricciones.
Mientras la ciudad no se enseñe y problematice como expresión del conflicto socioambiental que ha generado este modelo civilizatorio, los mitos sobre sus posibles reconfiguraciones sostenibles seguirán obturando las visiones realmente necesarias para cambios hacia la sustentabilidad. Mientras no se concrete la democracia participativa, que equivale a construir junto, con y desde la ciudadanía la ciudad deseada y posible, la sustentabilidad urbana será una quimera.
[1]Y estas son sus responsabilidades primarias: Diseñar las políticas e instrumentar los planes destinados al planeamiento urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diseñar e implementar políticas que, a través de una planificación estratégica, promuevan la transformación de las condiciones de la calidad urbana de zonas específicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que impulsen la integración de las áreas postergadas. Desarrollar políticas y acciones en común con otras jurisdicciones vinculadas a la problemática metropolitana, con la intervención del Ministerio de Gobierno. Implementar planes y proyectos de desarrollo urbano mediante la concertación del interés público y privado. Entender en el planeamiento y diseño de políticas públicas de hábitat y viviendas, infraestructura y servicios, en coordinación con las áreas competentes. Proponer la catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan protección patrimonial y llevar el registro.