Negociados Electorales
Por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra inmersa en un acelerado y profundo proceso de reconfiguración urbana, patrimonial y comunicacional bajo la administración del actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Detrás del discurso oficial, que se encuentra férreamente centrado en el mantenimiento del orden público, la austeridad fiscal en sintonía con el contexto nacional y la modernización del entramado urbano, se revela un sistema de transferencias de recursos públicos al sector privado corporativo.
Este andamiaje institucional y jurídico está meticulosamente diseñado para consolidar una plataforma de financiamiento económico y un escudo comunicacional inexpugnable de cara a su proyecto de reelección en 2027. La debilidad política de Jorge Macri y del PRO conlleva a una gestión desbocada por los negocios con privados.
Este modelo de gestión urbana se asienta en tres pilares fundamentales que actúan de manera sinérgica. El primero es la reapropiación violenta y administrativa del suelo urbano mediante desalojos sistemáticos y expropiaciones. El segundo pilar consiste en la liquidación, subasta y concesión de tierras e infraestructura pública a precios irrisorios o mediante subsidios multimillonarios en favor de desarrolladores y grupos corporativos vinculados al poder político. Finalmente, el tercer pilar radica en la privatización y el desguace de los medios públicos de la ciudad, ejecutados en paralelo a la entrega de concesiones territoriales estratégicas a los principales conglomerados mediáticos del país, con el fin de asegurar el blindaje mediático.
La carrera electoral hacia 2027
Aunque el calendario electoral parezca lejano, la reconfiguración del poder de cara a las elecciones presidenciales y locales de 2027 ya ha comenzado. El PRO, bajo el liderazgo nacional de Mauricio Macri, se encuentra en un proceso de redefinición de su identidad, debatiéndose entre la fusión con La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei y el mantenimiento de una autonomía estratégica que le permita captar el voto de los "desencantados".
En este contexto de fragilidad y de "sometimiento" relativo frente al oficialismo nacional, Jorge Macri necesita asegurar su bastión histórico. La Ciudad de Buenos Aires no solo es la cuna del PRO, sino también su principal caja de resonancia y de financiamiento.
Frente a la maquinaria de hostigamiento digital libertaria y a las disputas internas con sectores del radicalismo, el gobierno porteño se ve en la obligación de asegurar flujos de capital provenientes de la corporación inmobiliaria-financiera para sostener su competitividad.
Desalojos y Apropiación Inmobiliaria
Una de las narrativas centrales de la gestión de Jorge Macri se ha construido en torno a la recuperación del "orden público", la seguridad ciudadana y el respeto irrestricto a la propiedad privada. Sin embargo, la materialización concreta de esta política en el territorio revela un mecanismo que facilita la rápida liberación ilegal de parcelas de alto valor inmobiliario mediante la expulsión de sectores vulnerables, sin ofrecer alternativas habitacionales estructurales ni definitivas.
Jorge Macri ejecuta un desalojo cada 30 horas en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ya suma más de 700.
Para sortear los procesos judiciales y las garantías procesales, el GCBA ha perfeccionado una vía administrativa de ejecución rápida: la intervención de la Guardia de Auxilio bajo la figura legal de "peligro de derrumbe inminente". Este mecanismo administrativo permite la clausura inmediata del inmueble, forzando la desocupación policial del mismo bajo el pretexto humanitario de salvaguardar la integridad física de los ocupantes, pero eludiendo, de facto, la responsabilidad estatal de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
Estos desalojos ilegales, encubiertos como “evacuaciones”, en muchos casos se realizan contra familias que habitan desde hace más de 20 años en dichas viviendas (según la ley argentina, ya son propietarias) o en inmuebles donde no existe ningún propietario que reclame la propiedad. La pregunta crucial es quién se queda con estos inmuebles tapiados, que nadie reclama y cuyos habitantes fueron desposeídos y abandonados en situación de calle.
Expropiación del Mercado de San Cristóbal
El proyecto para la demorada construcción de la futura Línea F de subterráneos —que proyecta unir los barrios de Barracas y Palermo y para la cual el Ejecutivo busca contraer un millonario endeudamiento internacional de hasta 1.350 millones de dólares— se ha convertido en un nuevo vector de despojo patrimonial.
Mediante el envío de proyectos de ley a la Legislatura porteña (como el Expediente 694-J-2026), la gestión de Jorge Macri solicitó la "expropiación completa" de una docena de inmuebles estratégicos a lo largo de la traza. El caso que ha generado el mayor nivel de conflictividad y rechazo social es el intento de expropiar la totalidad del predio en el que se ubica el Mercado de San Cristóbal.
Este fue fundado originalmente en 1882 y ostenta el título de ser el mercado más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires (con un edificio actual inaugurado en 1945). La excusa esgrimida para justificar la expropiación es la necesidad de construir allí el acceso principal a la futura "Estación Chile" de la Línea F. Sin embargo, la construcción de la boca de acceso del subte opera como una mera fachada legal para ejecutar una expropiación que esconde un formidable negocio inmobiliario de fondo.
Al impulsar la expropiación del Mercado de San Cristóbal en su totalidad —en lugar de limitar la afectación estrictamente a la superficie necesaria para la boca del subterráneo o el área del subsuelo—, Jorge Macri se prepara para apropiarse de un inmueble monumental ubicado en una esquina que, una vez finalizada la red de transporte, pasará a tener un valor comercial y de tránsito peatonal incalculable. La figura de la expropiación terminará derivando en un desalojo de hecho.
El gobierno, una vez expropiado el inmueble y finalizada la Línea F, casi con seguridad, concesionará los locales renovados integrados a la estación de subte a los mismos actores corporativos y polos gastronómicos concentrados que suelen verse beneficiados por las licitaciones oficiales.
La Liquidación de Parques Públicos
En un contexto global signado por la crisis climática y ante el profundo y documentado déficit de espacios verdes y suelo absorbente que padece Buenos Aires —una ciudad frecuentemente azotada por el efecto de isla de calor estival—, la venta de vastas extensiones de parques públicos constituye una política urbanística no solo regresiva, sino también ambientalmente temeraria.
El caso más paradigmático de esta dinámica de desposesión es la subasta de 8 hectáreas de los terrenos del emblemático Parque de la Ciudad. La empresa privada Access Argentina S.A. logró hacerse con la titularidad definitiva de este colosal lote por un precio de remate escandalosamente bajo: apenas 60 dólares por metro cuadrado.
Access Argentina S.A. se benefició de un proceso de subasta pública en el que actuó como único oferente. Esta falta absoluta de concurrencia anula de facto la competitividad del proceso, lo que permite la adquisición de tierras estratégicas a precios que representan una ínfima fracción del precio de mercado real.
La enajenación de estas 8 hectáreas no solo priva a la ciudadanía de un ecosistema vital, exacerbando lo que los ambientalistas califican como una "chantada climática" de la gestión (que vende parques mientras instala minúsculos "bancos con sombra" de cemento), sino que también materializa una fenomenal transferencia de riqueza patrimonial del Estado a una corporación privada. Este "negoción" genera un extraordinario margen de rentabilidad futura para la empresa desarrolladora, rentabilidad que, en la opaca lógica del financiamiento político argentino, a menudo retorna en forma de aportes lícitos o movimientos financieros no declarados ("en negro") para sostener los aparatos electorales de las administraciones que facilitan estas transacciones.
Corrupción Urbanística Estructural
A raíz de la irrupción de la pandemia de COVID-19 y la subsiguiente consolidación del trabajo remoto (home office), el histórico microcentro porteño sufrió un vaciamiento fenomenal, dejando millones de metros cuadrados de oficinas tradicionales inactivos, despoblados y depreciados. Frente a esta crisis urbana sin precedentes, en lugar de implementar políticas proactivas lideradas por el Estado para transformar esos espacios en viviendas accesibles orientadas a mitigar la emergencia habitacional de los sectores medios y populares, el gobierno porteño optó por una estrategia privatista.
Primero, bajo la administración de Horacio Rodríguez Larreta y luego continuada por Jorge Macri, se promovió un combo legislativo compuesto por la Ley N° 6508 (Régimen de Beneficios Impositivos "De Reconversión del Área Céntrica") y la Ley N° 6509 ("Mudate al Microcentro").
Estas normativas establecieron un régimen de fomento económico sin precedentes destinado, en los hechos, a financiar con recursos públicos el riesgo empresarial de los sectores inmobiliarios más concentrados del país.
La Ley N° 6508 permite a los titulares de proyectos que conviertan edificios de oficinas en viviendas u otras actividades estratégicas computar, como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (el tributo de mayor recaudación de la jurisdicción), un 50% del monto total invertido en las obras de adaptación y reforma.
El caso más escandaloso, gravoso para el erario público, es el del ex Edificio del Plata (ubicado en la calle Carlos Pellegrini N° 211/251, en diagonal al Obelisco). En 2016, durante la gestión de Rodríguez Larreta, el edificio fue subastado públicamente. El Banco Hipotecario S.A. adquirió el inmueble emblemático por la suma de 68 millones de dólares.
Actualmente, bajo la administración de Jorge Macri, se aprobó el proyecto de reconversión presentado por el Banco Hipotecario S.A. para refuncionalizar 60.244 m² del inmueble, destinándolos a viviendas sobre un terreno base de 4.247 m². Al acogerse a los beneficios estipulados en la Ley 6508, la empresa recibirá del Estado porteño un subsidio fiscal directo equivalente a 71 millones de dólares.
En términos netos de macroeconomía urbana, los ciudadanos porteños terminarán pagando al Banco Hipotecario el equivalente al valor de compra original del edificio. Además, otorgándole un excedente de ganancia neta de 3 millones de dólares.
En total, el GCBA perderá 200 millones de dólares para subsidiar 16 proyectos inmobiliarios. Estos cientos de millones de dólares dilapidados podrían haberse invertido en la adquisición de entre 4.500 y 5.000 viviendas para mitigar la grave emergencia habitacional que enfrentan más de 500.000 porteños. Estas unidades reacondicionadas con dinero público no serán destinadas ni al mercado de vivienda social ni al de alquileres accesibles. Sino que, de acuerdo con las dinámicas de la zona, terminarán por nutrir el lucrativo mercado de alquileres turísticos temporarios en plataformas internacionales. Esto exacerbará aún más la gentrificación y la dolarización general del suelo urbano.
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Privatización de Plazas
Jorge Macri ha reactivado el postergado y polémico negocio de las concesiones subterráneas. Apoyándose en el andamiaje legal de la Ley 3.058 (sancionada originalmente en 2009 para regular el Sistema de Estacionamientos Subterráneos de carácter disuasorio), el GCBA ha decidido entregarle a una única empresa privada el millonario negocio de la construcción y la explotación comercial exclusiva de cinco nuevos mega-estacionamientos subterráneos y locales comerciales.
Esta concesión nació como una presentación de "Iniciativa Privada" impulsada por la firma E-ARG SRL. Los pliegos establecen que la concesionaria tendrá el control de las instalaciones durante un plazo máximo de 20 años. Como contraprestación por la explotación comercial, el canon base mensual exigido fue fijado en 95 millones de pesos.
Las ubicaciones geográficas seleccionadas son el Parque España, el espacio verde de Lavardén y Los Patos, la Plaza Inmigrantes de Armenia en Palermo, el Parque de la Innovación y la Plaza Noruega en Belgrano. La concesión se hará en bloque, es decir, los cinco estacionamientos subterráneos serán construidos y explotados por una misma empresa, casi con seguridad, por E-ARG SRL. Al finalizar la adjudicación, habrá otro terrateniente urbano en la ciudad.
La construcción de gigantescas fosas de hormigón armado en el subsuelo de las plazas destruye irremediablemente la estructura edáfica, elimina la cubierta vegetal original de raíces profundas (arbolado añoso) y anula la capacidad del suelo absorbente natural para mitigar las inundaciones. La pérdida de la propiedad de ser suelo absorbente determina que estos espacios verdes públicos dejen de serlo, de acuerdo con el Código Urbanístico.
Estos ecosistemas históricos son transformados en meras "terrazas verdes" superficiales de bajo valor ecológico, colocadas artificialmente sobre gruesos techos de cemento.
El Negocio de Costa Salguero
El caso de la reciente licitación y concesión del predio ribereño de Costa Salguero (Sector N° 5) evidencia la cristalización de una alianza corporativa y estratégica entre Jorge Macri y el poderoso oligopolio comunicacional dominante en la República Argentina.
La concesión se adjudicó a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por el Grupo La Nación y el Grupo Clarín, que ofertaron abonar al Estado un canon de 240 millones de pesos mensuales. Esta concesionaria abonará apenas 3 mil pesos por metro cuadrado mensual, una cifra ridícula si se compara con los alquileres comerciales en las zonas más deprimidas de la ciudad, y mucho más tratándose de la exclusiva franja ribereña de la capital.
Privatización de los Medios Públicos Porteños
Jorge Macri ha iniciado un audaz plan para enajenar y privatizar el patrimonio histórico de la comunicación pública porteña.
Mediante la Resolución N° 7/26 se dispuso la concesión del gerenciamiento de la red de medios oficiales. La medida está estipulada por un período de cinco años ininterrumpidos (60 meses). Afecta directamente a tres instituciones emblemáticas de la comunicación ciudadana: el Canal de la Ciudad (televisión abierta), la histórica emisora Radio de la Ciudad (AM 1110) y la reconocida internacionalmente emisora de tango La 2x4 (FM 92.7).
El GCBA va a ceder invaluables recursos públicos y espacios de difusión masiva a cambio de exigencias financieras y cánones que rayan en el absurdo administrativo. El canon base mensual exigido a la empresa ganadora asciende a la ínfima suma de 12 millones.
A la depredación cultural se suma el drama laboral y humano. La privatización del ecosistema mediático público amenaza directamente la estabilidad y la continuidad laboral de aproximadamente 500 trabajadores.
Esta privatización resulta inconstitucional. El Artículo 47 de la propia Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Estado porteño tiene la obligación irrenunciable de gestionar sus propios servicios de radiodifusión, prohibiendo, de manera implícita y material, toda forma de privatización de los medios de carácter público.
En síntesis, Jorge Macri avanza en una reconfiguración estructural que, bajo el discurso de la austeridad y el orden público, consolida un mecanismo sistemático de transferencia de patrimonio, suelo y fondos estatales hacia grupos corporativos concentrados. Este andamiaje institucional y jurídico persigue un objetivo político claro: estructurar una plataforma de financiamiento económico y garantizar un blindaje comunicacional de cara a las elecciones de 2027.