Hoy, jueves 12 de mayo, el GCBA intentó subastar el inmueble ubicado en Av Córdoba 2222, donde hasta 2019 funcionó la Dirección General de Protocolo y Ceremonial. Se trata de un edificio de dos plantas y subsuelo ubicado “el centro de la Ciudad de Buenos Aires, sobre una de las avenidas más importantes”, como indica el informe realizado por la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles
Un terreno de enorme valor social que vecinas y vecinos de la Comuna 3 solicitan sea destinado a la construcción de un polideportivo para los estudiantes que concurren a las escuelas de la zona, pero que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta considera “innecesario para la gestión” (Resolución N° 23/SSABI/22).
¿Qué considera necesario para la gestión el GCBA? Obtener casi tres millones de dólares (USD 2.769.535,11) que serán utilizados a discreción del poder ejecutivo, gracias a la ley 6.301 de Emergencia Económica y Financiera que impuso Rodríguez Larreta al inicio de la pandemia y que aún mantiene vigente.
Esta subasta no es una excepción. Desde que comenzó la pandemia y se declaró la Emergencia Económica y Sanitaria en la Ciudad, el GCBA intentó rematar 87 inmuebles, de los cuales ya vendió 70, entre los que se encuentran los edificios donde funcionaban la Secretaría de Tercera Edad y el Servicio Zonal 12 y un predio donado a la escuela 3 del distrito escolar 10, que tuvieron hasta tres llamados a subasta con rebajas del 32%.
Predios que implican más de 18.400 metros cuadrados de edificios y 1,3 hectáreas de terrenos públicos que pasaron a manos privadas, por las cuales el BGCBA embolsó más de 85 millones de dólares que usará a discreción.
El negocio de subastar lo público y alquilar a privados
Esta descapitalización injustificada de los bienes públicos a precios irrisorios tiene como contrapartida un gasto creciente en el alquiler de edificios y oficinas privadas ya que, pese a las pretensiones del jefe de Gobierno, los organismos del Estado necesitan de un lugar físico para funcionar.
Por eso, según datos parciales brindados por el propio gobierno de la Ciudad –luego de un pedido de acceso a la información pública que realizamos desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP)– en 2022 se destinarán más de 1.300 millones de pesos en alquilar 138 inmuebles, entre los que se encuentran más de 50 escuelas y 85 oficinas estatales.
La privatización no para
Tal como viene sucediendo con otros inmuebles, como el ubicado en Pringles 340/2 y en Corrientes al 5400, donde hay asambleas vecinales que están solicitando la construcción de escuelas infantiles, pese al pedido de los vecinos y a las necesidades del barrio, el GCBA volverá a convocar a subasta el inmueble.