馃摚 La Justicia ordena al GCBA crear un registro de desalojos del Barrio de La Boca

Tambi茅n orden贸 establecer una l铆nea de comunicaci贸n directa para brindar asistencia, a fin de activar protocolos de atenci贸n para la poblaci贸n afectada

Pol铆ticas habitacionales

La medida cautelar fue dictada en una causa iniciada en 2019 por un grupo de vecinos, patrocinados por el MPD, quienes denunciaban el incumplimiento de la Ley de Emergencia Urban铆stica y Ambiental del Barrio de La Boca. En el fallo, se se帽al贸 la necesidad de que exista un mecanismo de comunicaci贸n exclusivo y directo para que el GCBA se anoticie de las emergencias y desalojos y brinde la asistencia correspondiente. 
El Juzgado de Primera Instancia en lo CATyRC N潞 1 resolvi贸, como medida cautelar, ordenar al GCBA que, en el plazo de 10 d铆as, establezca una l铆nea de comunicaci贸n directa (telef贸nica y digital) para que la poblaci贸n en general pueda denunciar la existencia de desalojos inmediatos y programados en el Barrio de La Boca, espec铆ficamente en el pol铆gono delimitado en las leyes 2240 y 4353, que declararon la Emergencia Urban铆stica y Ambiental en la zona.

Asimismo, la jueza resolvi贸 que el Gobierno deber谩 llevar a cabo un registro de los desalojos que se denuncien y de su derivaci贸n y atenci贸n posterior. Espec铆ficamente, en el caso de los desalojos que se conocieran con fecha cierta, la administraci贸n deber谩 estipular los plazos previstos a fin de efectuar los relevamientos, informes, asistencia y dem谩s acciones establecidas en el 鈥淢ecanismo de Comunicaci贸n para la Asistencia ante la Emergencia y Desalojo鈥. 

Por 煤ltimo, la magistrada dispuso que el GCBA deber谩 鈥dar a conocer las l铆neas de atenci贸n previstas y protocolos de actuaci贸n a trav茅s de los canales oficiales de comunicaci贸n del GCBA y de las Comunas鈥. Sobre todo, deber谩 informarlas a los centros de asistencia social y comunitaria para que 茅stos difundan su existencia. 

El amparo hab铆a sido iniciado en 2019 por un grupo de vecinos del barrio, agrupados en el colectivo La Boca Resiste y Propone (LBRyP) a quienes luego se les hab铆an unido como actores el Presidente de la Comuna 4 en representaci贸n de la Junta Comunal, el CELS, ACIJ y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Tambi茅n interviene mediante un amicus curiae  el Programa DESC de la Defensor铆a General de la Naci贸n. Solicitaban que se ordenara al GCBA que proceda a la efectiva ejecuci贸n e implementaci贸n de la ley 2240. Entre otras medidas, requer铆an que el Gobierno presente un plan de contingencia con respecto a los incendios y derrumbes en el barrio y que inicie un registro de los desalojos, previendo un plan para prevenirlos y acciones concretas de intervenci贸n para resguardar a las familias afectadas. 

La acci贸n de amparo, entre otras cuestiones, se帽ala la necesidad de establecer medidas para revertir la situaci贸n de emergencia ambiental y urban铆stica del Barrio, en particular para prevenir los desalojos sistem谩ticos, que a su vez se vinculan con procesos de especulaci贸n inmobiliaria y gentrificaci贸n que desplazan a los habitantes del Barrio. 

Tambi茅n, la necesidad de que el Estado cumpla sus obligaciones establecidas en la Constituci贸n de la Ciudad y en las leyes, y se establezcan medidas para paliar los efectos de incendios o derrumbes derivados de la situaci贸n de emergencia habitacional, y que generan que haya familias que quedan en situaci贸n de calle.

En sus intervenciones en las numerosas audiencias realizadas en el marco de la causa, el Defensor Oficial Dos Santos Freire hab铆a se帽alado la gravedad de la situaci贸n que se vive en La Boca. Al respecto, hab铆a destacado que no se han dispuesto programas y proyectos espec铆ficos para tratar la emergencia del barrio, tal como dispone la ley 2240. Asimismo, hab铆a planteado que si bien existen desalojos sistem谩ticos en la zona (de hasta 200 en curso), no se cumple con lo dispuesto por la ley 3706, pues no se asiste a las personas cuando est谩n en inminente situaci贸n de calle (en la mayor铆a de los casos, evidenci谩ndose la ausencia de los organismos del GCBA que debieran intervenir, como el Programa BAP, el Ministerio de Desarrollo Humano y el IVC). En este sentido, el Defensor Oficial hab铆a manifestado que 鈥渞esulta m谩s racional la asignaci贸n de recursos de modo anticipado en tanto ampl铆a la gama de soluciones y permite tratar con tiempo las alternativas que siempre son menores y m谩s costosas en la urgencia鈥. 

Por su parte, la magistrada afirm贸 en su fallo que, del marco normativo, 鈥渟e desprende la obligaci贸n de la Administraci贸n de dirigir sus recursos t茅cnicos, humanos y econ贸micos de modo prioritario hacia las zonas y personas m谩s desfavorecidas de la Ciudad. Sin hesitaci贸n, en tanto expresamente ha sido declarada una zona en emergencia habitacional. Asimismo, destac贸 que, conforme el plexo normativo consagratorio del derecho a la vivienda y los t茅rminos de la Observaci贸n Nro. 4 [del Comit茅 DESC], el Estado local cuenta con la obligaci贸n de asistencia a las personas involucradas en los procesos de desalojos de modo tal de garantizar -sobre todo a quienes se hallan en situaci贸n de extrema vulnerabilidad- el acceso a una nueva morada y a los servicios b谩sicos habitacionales (鈥). Tambi茅n se ha aconsejado all铆 la procedencia de contar con informaci贸n sobre la atenci贸n a los desalojos como forma de monitorear el efectivo cumplimiento de las disposiciones del pacto鈥.

Partiendo de aqu铆, la jueza se帽al贸 que el principal cuestionamiento en la causa era 鈥渓a inexistencia de un modo de poner en conocimiento de la Administraci贸n las situaciones de vulnerabilidad y riesgo derivadas del desalojo o colapso de inmuebles y, por ende, la puesta en marcha de los mecanismos estaduales de respuesta. Ello as铆, el requerimiento del dictado de un protocolo para atenci贸n en la zona debe ser acotado y entendido en tales t茅rminos: no en el sentido de efectuar un plan o r茅gimen de asistencia sino un r茅gimen de comunicaci贸n eficaz que permita que la asistencia que ya se encuentra programada por el GCBA sea activada鈥. 

En las audiencias, en efecto, se hab铆a puesto de relieve que el GCBA no puede tener conocimiento de todos los desalojos en curso solo a trav茅s de los canales de comunicaci贸n existentes, es decir las l铆neas telef贸nicas del 谩rea social (que adem谩s, seg煤n se denunciaba, no derivan adecuadamente las llamadas ni establecen una acci贸n de intervenci贸n) y, en el caso de los desalojos notificados, la casilla de correo de la Procuraci贸n o la mesa entradas del GCBA.

En cuanto a la Resoluci贸n N潞 237- SECISYAI/22, a trav茅s de la cual el GCBA aprob贸 el 鈥淢ecanismo de Comunicaci贸n para la Asistencia ante la Emergencia y Desalojo鈥, la jueza destac贸 que 茅sta no prev茅 鈥渦n canal espec铆fico de comunicaci贸n, diferenciado de los contactos utilizados para el resto del territorio de la Ciudad ni que se refieran de modo exclusivo a los desalojos o emergencias en el 谩rea鈥. Adem谩s, la misma tampoco 鈥渆specifica cu谩l es el plazo ni forma en que la Administraci贸n otorgar谩 respuesta a los requerimientos de asistencia en los casos de desalojos inminentes o programados que no hayan sido comunicados por los juzgados intervinientes鈥. 

En el caso de las emergencias, esta Resoluci贸n s贸lo establece que si se recibe una comunicaci贸n a trav茅s de las v铆as generales de atenci贸n, ello se debe poner en conocimiento inmediato al BAP. A su vez, en cuanto a los desalojos sin notificaci贸n fehaciente y a realizarse de modo inmediato, se pone a disposici贸n la l铆nea 108, que debe activar la asistencia del BAP dentro de los 120 minutos y la posterior articulaci贸n con las dem谩s 谩reas de gobierno. Sin embargo, como plante贸 la magistrada, en las audiencias se denunci贸 que la l铆nea 108 no deriva adecuadamente las llamadas y, adem谩s, s贸lo se contempla as铆 鈥渦na derivaci贸n interna de los llamados, no un modo de comunicaci贸n diferenciado鈥. Ello, cuando la propia Administraci贸n ha reconocido que se necesitar铆a un canal individualizado y diferenciado de atenci贸n (incluso habiendo ofrecido en las audiencias, como destac贸 la jueza, un enlace personal con las personas afectadas por el desalojo, 鈥渕ientras que en la resoluci贸n no hay respuesta directa ni vinculo, agente o funcionario/a disposici贸n)鈥. 

Por 煤ltimo, respecto a los desalojos comunicados con antelaci贸n y con fecha de lanzamiento prevista, el Mecanismo del GCBA establece que, en forma previa al efectivo desalojo, se realizar谩 un relevamiento de las personas que viven en el domicilio (para que se les brinde la informaci贸n, orientaci贸n y/o derivaci贸n necesaria) y un informe con la identificaci贸n del/de la solicitante y el destino (programa) al cual se le podr铆a derivar. Al respecto, se帽al贸 la magistrada de la norma  鈥渘o surge cu谩l ser谩 el canal habilitado para denunciar de modo anticipado los desalojos que cuenten con fecha cierta ni si existencia requisitos espec铆ficos para dar tr谩mite a tales comunicaciones, ni responsables a cargo. (鈥) Tampoco se ha establecido plazo alguno para efectuar el relevamiento鈥. 

Para finalizar, la magistrada s铆 destac贸 que 鈥渆l mecanismo implementa la presencia de un m贸vil dependiente de la Secretar铆a de Inclusi贸n Social y Atenci贸n Inmediata con el objetivo de identificar y asistir a los vecinos dentro de los pol铆gonos detallados, lo cual s铆 constituye, a su entender, una acci贸n adicional y espec铆fica de atenci贸n en el pol铆gono鈥. 

Si bien resta ver c贸mo se resolver谩 la cuesti贸n de fondo planteada en este amparo colectivo, cabe destacar la importancia de la medida cautelar que ha sido dictada por la magistrada, pues significa un avance en la reivindicaci贸n del derecho a la vivienda de los vecinos del barrio de La Boca.