LA CORTE SUPREMA DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA DESREGULACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS PREPAGAS IMPUESTA POR EL DNU N° 70/2023 Y RATIFICÓ LO QUE DESDE EL ODC VENIMOS DENUNCIANDO Y GANANDO EN CIENTOS DE CAUSAS JUDICIALES
En un pronunciamiento histórico dictado hoy en la causa "Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA y otro s/ amparo ley 16.986" (Expte. FLP 1221/2024/CS1, sentencia del 19 de noviembre de 2026), la Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó los artículos 267 y 269 del DNU N° 70/2023 y ordenó restituir las facultades estatales de fiscalización y autorización previa de cuotas previstas en la ley N° 26.682.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad celebramos una decisión que convalida casi tres años de lucha pública y cientos de sentencias favorables obtenidas para afiliados y familias de todo el país, y advertimos a la ciudadanía que, al haberse dictado para un caso concreto, resulta indispensable promover un amparo individual para frenar los aumentos abusivos y recuperar lo cobrado de más.
Qué resolvió hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación
En el día de la fecha, 19 de noviembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia de trascendencia institucional determinante en los autos "Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA y otro s/ amparo ley 16.986" (Expte. FLP 1221/2024/CS1).
El fallo contó con el voto unánime de los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, apoyándose en los fundamentos expuestos por la Procuración General de la Nación en el precedente Cainelli, Elsa Angélica c/ OMINT S.A. de Servicios (Expte. CCF 4145/2024/CS1).
El origen del expediente se remonta a la demanda incoada mediante el cauce procesal de la ley N° 16.986 por una usuaria titular del "Plan SM02" de Swiss Medical S.A. La cuota mensual de la actora había sufrido un desmedido incremento del 110 % entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, escalando bruscamente de $ 136.161,21 a $ 301.218,02. Aquella distorsión contrastaba de manera categórica con el esquema legal previo reglamentado por la resolución N° 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, cuya aplicación preveía para enero de 2024 un ajuste de apenas el 6,26 %. Frente al pronunciamiento desestimatorio dictado en primera instancia, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata acogió la pretensión de la amparista, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto en crisis y motivó la interposición de los recursos extraordinarios por parte de la empresa prepaga y del Estado Nacional.
Al abordar la controversia, el Máximo Tribunal desestimó sin vacilaciones la defensa formulada por el gobierno y la prestadora privada, pretendiendo que la causa se encontraba sin materia actual tras el acuerdo homologado en el expediente CCF 9610/2024 ("Superintendencia de Servicios de Salud c/ OSDE y otros"). En el considerando 5°, los magistrados puntualizaron que dicho convenio acotó sus efectos a un lapso temporal acotado que transcurrió exclusivamente entre enero y mayo de 2024. A ello agregaron que el propio Poder Ejecutivo ratificó con posterioridad su esquema de desregulación al dictar el decreto N° 102/2025, modificación que impactó sobre el artículo 17 del decreto N° 1993/2011 habilitando a las empresas a fijar los aranceles sin intervención pública previa.
Al analizar el fondo de la constitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU N° 70/2023, los cuales suprimieron el inciso g del artículo 5° y alteraron el artículo 17 de la ley N° 26.682, la Corte hizo valer los postulados fijados en sus precedentes consagrantes "Verrocchi", "Consumidores Argentinos" y el reciente pronunciamiento "Cencosud". Bajo esa doctrina, el tribunal remarcó la prohibición de raigambre constitucional que impide al Poder Ejecutivo asumir atribuciones legislativas, salvando únicamente circunstancias de extrema urgencia o imposibilidad física material de funcionamiento del Congreso Nacional.
El núcleo argumental del fallo se asienta en el considerando 9°, donde se resuelve la inconstitucionalidad de los pasajes normativos indicados por ausencia absoluta de sustento fáctico o justificación reglamentaria en los considerandos del propio DNU N° 70/2023. El texto jurisdiccional expone de forma contundente que la invocación genérica de una crisis en la salud no autoriza a desmantelar los controles de precios en la medicina prepaga sin acreditar una conexidad directa con la emergencia declarada. Asimismo, la sentencia recordó que la ley N° 26.682 ya contemplaba los resortes administrativos suficientes para que la autoridad pública ajustara valores de manera fundada, rechazando la sustitución del procedimiento ordinario de sanción de las leyes por meros criterios de conveniencia de la administración.
Finalmente, en el considerando 11° de la decisión, la Corte ratificó que el trámite parlamentario ordenado en la ley N° 26.122 en ningún caso restringe o anula la competencia del Poder Judicial para ejercer la revisión de normas lesionantes de derechos fundamentales. En concordancia con ello, el considerando 12° estableció que la inconstitucionalidad pronunciada devuelve la plena aplicabilidad de las exigencias fijadas en la ley N° 26.682 para las partes del litigio, imponiendo a la Superintendencia de Servicios de Salud y al Ministerio de Salud la obligación de retomar las tareas de evaluación de costos actuariales y autorización previa, con costas a las partes demandadas.
La Corte Suprema viene a ratificar lo que el ODC denunció desde el primer día y ya ganó en cientos de causas judiciales
La determinación asumida por la Corte Suprema ratifica en toda su extensión la línea jurídica e institucional sustentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad desde el instante inicial de promulgación de la medida gubernamental. El 21 de diciembre de 2023 nuestra entidad encabezó la primera demanda colectiva de amparo presentada en la República Argentina contra el entramado normativo oficial, radicada bajo los autos Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros c/ EN-DNU 70/23 s/ Amparo Ley 16.986 (Expte. CAF 48013/2023). En dicha pieza fundamentamos la inconstitucionalidad manifiesta por la abierta desvirtualización de los requisitos de necesidad y urgencia, alertando sobre el grave desamparo en que quedarían millones de usuarios frente a corporaciones oligopólicas cartelizadas. Dicha postura halló ratificación formal en enero de 2024, cuando la administración nacional admitió en una solicitud de acceso a la información tramitada por el ODC la inexistencia de dictámenes jurídicos previos al dictado del DNU, situación profundizada luego en la publicación de nuestro trabajo técnico Impacto del DNU N° 70/23 en la salud del pueblo argentino.
Cuando el fuero Contencioso Administrativo Federal dispuso la fragmentación del litigio colectivo por medio de la sentencia de Cámara de Feria del 30 de enero de 2024, exigiendo el impulso individual de cada amparo, desde el Observatorio instrumentamos una estructura de asistencia técnica a escala nacional. Esta tarea dio comienzo con la distribución gratuita de un modelo público de intimación y rechazo de aumentos y se consolidó en el patrocinio de miles de jubilados, familias y personas sujetas a tratamientos médicos de alta complejidad.
El trabajo desplegado ininterrumpidamente durante los años 2024, 2025 y 2026 arroja el impulso de cientos de demandas individuales con cientos de medidas cautelares y decenas de sentencias definitivas de inconstitucionalidad contra más de 16 entidades sanitarias privadas, abarcando firmas y asociaciones como Swiss Medical, OSDE, Galeno, Hospital Italiano, Omint, Medicus, Hospital Británico, Accord Salud/UPCN, SIMECO, Hospital Alemán, Luis Pasteur, Medifé, Sancor Salud, Medin y Ensalud.
La coincidencia de la posición de la Corte con los pronunciamientos ya obtenidos por el ODC evidencia el rigor de los planteos elevados por nuestro equipo letrado. En agosto de 2024 nuestra organización obtuvo un antecedente decisivo analizado y difundido mediante la publicación La Justicia Federal sentencia que los amparos por el aumento de las cuotas no quedaron abstractos luego del acuerdo de las prepagas con Nación. Dicho fallo recayó en el amparo L.S.C. c/ Accord Salud (Expte. CCF 7128/2024), donde alcanzamos la confirmación definitiva de inconstitucionalidad el 16 de octubre de 2025 en sostén del criterio de inaplicabilidad del acuerdo de la Superintendencia a reclamos individuales.
A la par de esa labor judicial, logramos sentencias definitivas de Cámara que declararon nulos los artículos 267 y 269 del DNU N° 70/2023 frente a diversas empresas.
Por qué es indispensable iniciar un amparo individual para frenar los aumentos y recuperar tu dinero
El fallo pronunciado por la Corte Suprema marca un sendero insoslayable para la legalidad de las contrataciones médicas en la Argentina. Sin embargo, resulta imprescindible ponderar las características que estructuran el control judicial de constitucionalidad en nuestra jurisdicción. El control es de índole difuso y posee efectos acotados estrictamente a las partes que conforman el objeto procesal del expediente incoado. El mismo considerando 10° del fallo "Bobbio" prevé expresamente que el alcance del pronunciamiento concierne a la situación individual en juzgamiento, derivando el examen de las contingencias restantes a las demandas particulares que lleguen a conocimiento de los estrados judiciales.
Esta particularidad procesal acarrea consecuencias directas en el presupuesto de cada uno de los afiliados. Las empresas de medicina prepaga no bajarán automáticamente las cuotas de manera general para todos los usuarios ni devolverán de oficio lo cobrado ilegalmente desde diciembre de 2023 mientras la administración no disponga la derogación general del esquema de desregulación o implemente mecanismos de fiscalización de aplicación universal. Esta limitación de los trámites colectivos ya fue explicitada oportunamente en las publicaciones del ODC tituladas Sentencia histórica en defensa de los usuarios de las prepagas y en el llamamiento comunitario ¿Ya no podés pagar tu prepaga por la desregulación de precios generada por el DNU 70/2023?.
En virtud del criterio sentado por el Tribunal Supremo, impulsar un amparo individual constituye hoy la vía legal efectiva para detener el cobro inconstitucional de los aranceles. La existencia de este antecedente permite a quienes inicien su amparo individual contar con la mayor solidez dogmática dictada por los tribunales del país, posibilitando la concesión inmediata de medidas cautelares de tutela que impidan el corte de las prestaciones o la baja por mora en las cuotas. Asimismo, la presentación formal exige la inaplicabilidad de los artículos 267 y 269 del DNU N° 70/2023 y del decreto N° 102/2025, restituye los controles de razonabilidad y revisión previa de la ley N° 26.682 y sienta las bases procesales necesarias para demandar la devolución o imputación como crédito de los montos facturados en exceso desde el inicio de la desregulación.
Contactanos para iniciar tu amparo individual en defensa de tu derecho a la salud
Convocamos a la totalidad de las personas afiliadas a entidades de medicina prepaga (entre ellas Swiss Medical, OSDE, Galeno, Hospital Italiano, Omint, Medicus, Plan de Salud del Hospital Británico, Accord Salud, SIMECO, Hospital Alemán, Medifé, Sancor Salud, Luis Pasteur, Ensalud, Medin y demás coberturas del país) que enfrenten la facturación de importes desmedidos o corran el riesgo de discontinuar sus tratamientos de salud a contactarse con nuestro equipo jurídico.
Nuestro cuerpo técnico se encuentra a disposición para revisar el historial de liquidaciones emitidas desde finales de 2023, determinar los porcentajes cobrados al margen de la legalidad constitucional e iniciar la demanda individual correspondiente.
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