EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD
Prioridad represiva en la ejecución presupuestaria del gobierno porteño
Por JONATAN BALDIVIEZO y MARÍA EVA KOUTSOVITIS
En apenas una semana, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta realizó dos licitaciones vinculadas a la Policía de la Ciudad que representan un monto mayor al presupuesto asignado a infraestructura escolar para todo 2021. Una de ellas tiene por objeto adquirir 70 camionetas blindadas y 150 patrulleros, compra similar a la realizada en octubre de 2020. La otra versa sobre el servicio de “análisis de video para el control vehicular”.
Con estas abultadas licitaciones, el monto destinado a la Policía de la Ciudad, en lo que va de la pandemia, supera los 5.500 millones de pesos. Los millonarios gastos van desde la compra de “fundas, cargadores y cables USB para celulares” al “mantenimiento de los sistemas de climatización de edificios de la Policía de la Ciudad”, pasando por la “adquisición de alimento balanceado para canes”, la compra de netbooks y la construcción de un “monumento homenaje a los Policías de la Ciudad caídos en cumplimiento de su deber”, que costará a la sociedad porteña casi 18 millones de pesos y que estará ubicado en la avenida Intendente Bullrich al 200.
La lista, por supuesto, también incluye la compra de municiones, de uniformes con destino a grupos especiales de la Policía de la Ciudad, botas tácticas y al menos 210 patrulleros, 200 motocicletas y 110 camionetas “nuevas, blindadas, ploteadas y equipadas”.
Según datos del propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), ya en el presupuesto 2020 la función Seguridad tuvo un aumento del 45% respecto a 2019. Fue el mayor incremento comparado con otras áreas. En 2021, pese al presupuesto de emergencia que aprobó el oficialismo porteño (el cual incluyó el presupuesto educativo más bajo de los últimos 16 años), el área de Seguridad no sufrió ningún recorte.
¿Por qué el GCBA no para de gastar millones en su fuerza de seguridad? El interrogante no se resuelve a pesar de las explicaciones por Twitter del Vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, Diego Santilli, quien suele destinar su tiempo comunicacional a compartir hechos de dudosa relevancia.
Mensajes similares pueden leerse día por medio en su cuenta. Cada tanto, aparece alguno vinculado al decomiso de droga. Ahora, ¿6.000 millones de pesos para recuperar celulares y para hacer un acting del incaute de droga? Parece demasiado recurso público.
¿Qué hay detrás de esta inversión millonaria y sistemática en el Plan de Seguridad de la gestión de gobierno?
1. Hay un Jefe de Gobierno tejiendo su candidatura presidencial. Rodríguez Larreta hace política a través de la “donación” de patrulleros a municipios afines, como sucedió en enero y en abril de este año, cuando entregó 5 y 15 patrulleros a los municipios de Lanús, La Plata y Mar del Plata. Sólo así se entiende por qué en los últimos ocho meses, el GCBA llamó a dos licitaciones para la compra de patrulleros y camionetas “nuevas, blindadas, ploteadas, equipadas y su patentamiento para la Policía de la Ciudad”. La primera de ellas, en octubre de 2020, para la compra de 150 vehículos por casi 300 millones de pesos. La última, para adquirir 70 camionetas blindadas y 150 patrulleros para la Policía de la Ciudad. En este caso, se llamó a licitación el 31 de mayo de este año por un monto de 861 millones de pesos.
2. Detrás, como siempre, están los negocios. Como sucedió con la Licitación 2900-1925-LPU19, por la cual la Ciudad adjudicó la provisión de 17.000 mil camperas para la Policía porteña a una empresa con cuatro empleados (RESOL-2020-261-SSGA del 13/11/2020). South Tech, la mini pyme ganadora de la licitación por un monto de 242 millones de pesos, está radicada en la zona franca de General Pico, La Pampa. Sus dueños son inhallables desde noviembre de 2020, cuando la noticia trascendió. Otro ejemplo clásico del negocio de la intermediación en la provisión de productos al GCBA.
3. Detrás, también, están los acuerdos con sectores y empresas que fueron acusadas de formar parte del entramado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista. Esa AFI dedicada al negocio del armado de causas y donde primó el espionaje interno, con el propio Larreta como destinatario. Tal es el caso de Danaide, empresa que controla la millonaria política de videovigilancia y el sistema de reconocimiento digital de vehículos y personas que el gobierno porteño ha extendido por toda la ciudad. En dos contrataciones de servicios de análisis de imágenes de video y gestión de alertas se llevó más de 1.800 millones de pesos. Esta misma empresa fue denunciada por instalar los equipos para espiar a Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2018, denuncia realizada por la propia Vicepresidenta. Danaide es la principal beneficiaria del Plan de Seguridad Digital, la joya del larretismo, que sólo en 2020 tuvo un presupuesto de 2.072 millones de pesos, pero que en los hechos se encuentra plagado de denuncias y acusado de ineficiente. Según datos oficiales, la incorporación del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos permitió que, desde abril de 2019, momento en que comenzó a funcionar, se identificaran un total de 2048 prófugos. Sin embargo, en los primeros cuatro meses de funcionamiento se detuvo erróneamente a 145 personas de un total de 1604 identificaciones. Es decir, que el sistema tuvo casi un 10% de falsos positivos.
4.Y detrás, por supuesto, está un gobierno que consolida su aparato represivo. El total de efectivos de la Policía de la Ciudad asciende a 26.080, de los cuales 19.724 están en calle. La cantidad total de integrantes da como resultado un promedio de 869 policías cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda 280 policías cada 100.000 habitantes. Islandia, el país más seguro del mundo, tiene 189 policías cada 100.000 habitantes, mientras Grecia o Chipre, los menos seguros de la Unión Europea, tienen respectivamente 582 y 497 policías cada 100.000 ciudadanos. Triplicamos lo recomendado por la ONU. Esa masa de agentes tiene como función prioritaria el hostigamiento a quienes se ven obligados a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública y a jóvenes en las barriadas populares. De la mano de la creciente militarización del espacio público se ha alcanzado el número de 91 casos de gatillo fácil perpetrados por la Policía de la Ciudad desde enero de 2017, cifra que opaca los 22 casos que ostenta su antecesora, la Policía Metropolitana, entre 2011 y 2017.
No es casualidad que, en abril de 2020, cuando el GCBA no garantizaba siquiera elementos de protección a médicos y enfermeros, ni comida para los estudiantes de escuelas públicas, destinara 52.765.291 de pesos a la compra de 150.000 cartuchos antidisturbios, 1.000 cartuchos de gas lacrimógeno y casi 2.000 granadas de mano de humo y con gas lacrimógeno. Tampoco que haya creado una división antisaqueos “para hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia”. Toda una declaración de principios.
Mientras el GCBA utiliza la excusa de la disminución de la coparticipación para desfinanciar la educación y la salud y para legitimar la venta de tierras públicas y la aprobación de excepciones para negocios inmobiliarios, avanza con la consolidación de un ejército urbano y local a medida que la pobreza y la desigualdad crecen en la Ciudad de Buenos Aires.