EL CORONAGATE: ENDEUDAMIENTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA PAGAR SOBREPRECIOS Y EQUIPAR A LA POLICÍA PARA LA REPRESIÓN

La crisis sanitaria y económica profundizada por el Coronavirus Covid-19 amplifica la precariedad de todas las dimensiones de la vida urbana. Si bien, este escenario habilita la posibilidad de avanzar hacia un modelo alternativo de ciudad, el GCBA utiliza esta crisis para incrementar el endeudamiento de la ciudad, la caja política con sobreprecios y la violencia institucional.

Seguridad e instituciones de gobierno Salud y ambiente

Frente a la crisis sanitaria generada por el Coronavirus Covid-19, los gobiernos deberían priorizar aún más la protección de los sectores de la población que están padeciendo mayormente los impactos negativos sociales y económicos, y adoptar medidas novedosas acordes a la emergencia y envergadura de la pandemia. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires no se está cumpliendo con dichas expectativas. El gobierno del PRO ha mantenido sin cambios las políticas sociales destinadas a los sectores de menos recursos desde hace más de 12 años, a pesar de que el contexto económico se ha deteriorado cada vez más. 
 

Frente a la situación extrema que está viviendo la ciudadanía porteña, la crisis no ha sido una oportunidad de cambio para el GCBA sino la posibilidad de profundizar la impronta sostenida estos últimos años


Por ejemplo:
A) Para los miles de personas en situación de calle sólo previó el adelanto del operativo frío que ha fracasado cada año que se ha implementado. Un parador no es una vivienda adecuada, hasta la Corte Suprema se lo ha dicho.
B) En los barrios populares, donde habitan 400 mil personas, continúa sin ofrecer suministro formal de agua potable segura a pesar de que son los territorios más afectados por la epidemia del dengue. La justicia, en los próximos días, debe resolver una medida cautelar presentada para garantizar el derecho humano al agua potable.
C) Los subsidios habitacionales no aumentaron su monto (su monto máximo actualmente es de $8.000) desde marzo del año pasado con una inflación que ronda el 50%. Esto ha generado que la Justicia dicte más de 4.000 sentencias condenando al GCBA por no garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada. D) Los créditos colectivos (Ley N° 341) para la construcción de viviendas están paralizados. Desde el año 2007, el Instituto de Vivienda no compra un terreno para nuevos edificios salvo un caso, por orden judicial.
 
Otras políticas empeoraron: 

A) El servicio de alimentación en las escuelas, ante la suspensión de clases presenciales, fue reemplazado por la llamada canasta escolar nutritiva que no respeta los valores nutritivos necesarios. Esta situación fue reconocida judicialmente por una orden cautelar que el GCBA ha decidido no respetar. La sentencia advirtió al Gobierno que las Canastas entregadas incumplían todos los puntos de la ley de alimentación escolar y que la emergencia sanitaria no es excusa para incumplir la ley. El GCBA paga el doble del precio minorista por los alimentos que las concesionarias entregan a las escuelas. Pagar sobreprecios a intermediarios es la práctica recurrente de esta gestión.
B) Existen innumerables falencias en el sistema de educación virtual y a distancia. Rodríguez Larreta expresó, en una entrevista radial, que era complicado entregar computadoras al alumnado porteño para implementar adecuadamente la educación a distancia y que prefería que las computadoras portátiles del gobierno se quedaran en las escuelas sin ser usadas. También reconoció que hay muchos que no tienen internet y que ello era algo inevitable. En definitiva, el GCBA decidió no destinar un peso para ayudar con la conectividad (computadoras, internet, etc.) de aquellos que no cuenten con estos elementos.
C) Son cotidianos los reclamos por falta de elementos de protección personal (EPP) y de bioseguridad en los hospitales porteños y en otros ámbitos públicos, situación que también mereció la atención del poder judicial que ya ha dictado 18 medidas cautelares en contra del GCBA.
D) La semana pasada sesenta (60) colectivos y organizaciones solicitaron al Jefe de Gobierno un accionar más activo para proteger a las familias inquilinas de desalojos forzosos en cumplimiento del DNU 320/2020 que suspende los desalojos y posterga los pagos de los alquileres. En los territorios de alquileres informales, como las villas o inquilinatos, la violencia y el no respeto de los derechos de las familias inquilinas son cotidianos y el GCBA no da respuestas para hacer cumplir las nuevas normas.
 
ENDEUDAMIENTO

En este contexto, el 7 de abril, la Legislatura aprobó la Ley N° 6.299 autorizando al Poder Ejecutivo a contraer deuda pública por el monto de 150 millones de dólares ($9.690 millones de pesos). También aprobó la Ley N° 6.300 que duplicó el monto de 9 mil millones de pesos de deuda local recientemente autorizado por la Legislatura el 5 de diciembre de 2019 (Ley N° 6.282). 

En definitiva, la Legislatura autorizó a Rodríguez Larreta a endeudarse por $18.690 millones de pesos.

 
A nivel nacional se está discutiendo que la carga de los costos de esta crisis recaiga en los sectores con más recursos económicos. En cambio, el GCBA ha decidido nuevamente que la pague la sociedad en su conjunto, socializando los costos de la crisis alcanzando a los sectores que más están padeciéndola.
 
Estos proyectos, en los fundamentos, daban un mensaje esperanzador. Informaban que el destino de la deuda sería para la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 y para asegurar el normal funcionamiento del resto de los servicios que presta el GCBA. 
 
Sin embargo, no hizo falta esperar mucho tiempo, el propio GCBA se encargó de esclarecer el real destino que está dando a la deuda. 
 
ENDEUDAMIENTO PARA FORTALECER EL APARATO REPRESIVO:
I. Un día después de aprobado el endeudamiento, se publicó en el Boletín Oficial que el GCBA destinó $52 millones de pesos para comprar equipamiento antidisturbios (150 mil cartuchos de escopeta con postas de goma y aproximadamente 5.000 granadas de mano/gas lacrimógeno). 
 
Pareciera que el GCBA ha interpretado literalmente la frase de que estamos frente a una guerra contra el coronavirus y contra el dengue. Pero nuevamente el GCBA nos aclara sus intenciones en los fundamentos de la Resolución N° 69/SSGA/20 informando que la División de Armamento, Munición y Explosivos solicitó la urgente provisión del material antidisturbios para hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Hay coherencia, la guerra es entre humanos. Preparativos para una guerra contra la ciudadanía.
 

Jamás hemos visto una diligencia tan preventiva por parte del gobierno. Recién a estas alturas, por ejemplo, están desesperados por la compra de test. Los negocios o el terror o el vértigo ante un estallido social llevaron a que el equipamiento comprado fuera recibido con fecha 27 de marzo (dos días después de que el pedido fue solicitado internamente) y una semana antes de que la compra fuese aprobada. El GCBA declara que "la recepción no podía dilatarse debido a la urgencia que ha sido manifestada”.

 
II. Además, el GCBA conformó una nueva unidad “táctica” llamada División de Intervención Rápida (DIR). Un nuevo grupo de choque de 700 efectivos. El equipamiento antidisturbios mencionado fue comprado para equipar a esta nueva división. 
 
La idea proviene de la gestión de Macri en el gobierno nacional. En 2017 creó la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) con el objetivo de brindar apoyo logístico al Ministerio de Seguridad en todo lo relacionado con operativos contra los cárteles de droga en la frontera, el avance de grupos violentos mapuches extremistas y para el cuidado de recursos naturales. 
 
Esta nueva división contará al menos, con 50 motocicletas y 40 camionetas. Está siendo entrenada desde marzo bajo las órdenes del Comisario Mayor Pablo Kisch, encargado de coordinar los distintos grupos “especiales” de la fuerza. 
 
El Secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, informó a “El Grito del Sur” que la División ya está lista para actuar “de forma inmediata” ante “alguna situación anómala que se pueda dar” en alguno de los 5.500 objetivos que la Policía tiene identificados como sensibles. Además de embajadas, comedores populares y hospitales, D’Alessandro nombró a los supermercados como uno de esos puntos “a cuidar”. 
 
El GCBA vende a esta nueva División como una “fuerza de cercanía” cuasi comunitaria. La policía comunitaria en Reino Unido no porta armas. Esta policía de cercanía tiene tantas armas como para afrontar una guerra civil. 
 
A la vigilancia extrema en la ciudad, a través del uso del reconocimiento facial y la implantación de 7.300 cámaras, se sumó esta semana un nuevo sistema de cámaras para 200 patrulleros de la policía de la ciudad. 
 

Nuevos endeudamientos para profundizar la vigilancia y preparar la represión. Parece que el GCBA nos está relatando la crónica del estallido social anunciado o su vértigo ante el conflicto social (el vértigo que no es el miedo a caer, sino el deseo de saltar).  

 
ENDEUDAMIENTO PARA SOBREPRECIOS

I. El GCBA compró 15.000 barbijos tipo Mascarilla de Alta Eficiencia Tipo 3M Modelo Aura 9332 con respirador para Partículas P3 con válvula de exhalación. El costo por unidad fue de $3.000 pesos y con un precio total de $45 millones de pesos. En el mercado se denuncia que el costo es de alrededor de 11 dólares. 
 
La contratista es la empresa Green Salud S.A., perteneciente al abogado Ignacio José María Sáenz Valiente y Laura Jumerosky. Sáenz Valiente, además de tener un grupo de compañías con el nombre Green, es director del Grupo Cablevisión y la empresa Telecom. La familia Sáenz Valiente es dueña de un reconocido buffet de abogados. El contrato de conformación de la sociedad se firmó el 22 de octubre de 2019. ¡Empresas sin antecedentes ni experiencia ganando contratos millonarios!
 
II. El GCBA compró 6 millones de barbijos a dos empresas intermediarias que no producen este tipo de insumos (en ambos casos, su objeto social está relacionado con la informática y la computación) y que tampoco tienen página de Facebook ni sitio web. Tampoco funcionan sus teléfonos declarados en el expediente. 
 
Las empresas E-Zay y Amicibro vendieron estos 6 millones de barbijos a $68 y $77 pesos la unidad respectivamente. Estas empresas comunicaron al GCBA que comprarían los barbijos a la empresa Dimex (razón social Cinmor S.R.L. con domicilio en el Barrio porteño de Parque Chas), fabricante de insumos médicos, reconociendo su carácter de intermediarias.
 
Al ser un proceso de Contratación Directa, el GCBA decidió invitar formalmente a ofertar a estas empresas. Resulta inexplicable por qué el GCBA no invitó directamente a la empresa Dimex en todas las contrataciones en vez de invitar a empresas que se dedican a la computación y la informática.
 
A los pocos días la empresa Dimex vendió al GCBA, en otra contratación, 3,4 millones barbijos, del mismo tipo que en las anteriores contrataciones, a $35 la unidad, es decir, a mitad del precio que cobraron las otras dos empresas.
 
Este sobreprecio no es insignificante. E-ZAY va a recibir $340 millones de pesos por 5 millones de barbijos. Si el GCBA hubiese comprado directamente a Dimex (CINMOR S.R.L.) estos 5 millones de barbijos, habría ahorrado 165 millones de pesos ($35 x 5.000.000 = $ 175 millones de pesos / $340 – $175 = $165)
 
AMICIBRO va a recibir $77 millones de pesos por un millón (1.000.000) de barbijos. Si el GCBA hubiese comprado directamente a Dimex (CINMOR S.R.L.) este 1.000.000 (un millón) de barbijos, habría ahorrado $42 millones de pesos ($35 x 1.000.000 = $35 millones de pesos / $77millones – $35 millones = $42 millones).
 

El GCBA pagó $207 millones de pesos de sobreprecio de forma injustificable.

 
El GCBA no puede argumentar que la empresa Dimex no tiene la capacidad de producción de estos 6 millones de barbijos porque tanto la empresa E-ZAY como AMICIBRO informaron en el expediente que los barbijos que entregarían al GCBA son de la marca Dimex, es decir, los produciría esta empresa. Por lo tanto, los mismos barbijos con sobreprecios van a ser fabricados por DIMEX, pero vendidos por estas dos empresas que como intermediarias se van a llevar un 100% de ganancias. Dimex tiene la capacidad para producir los barbijos de su propia contratación (3,4 millones) y los ofrecidos por las otras dos empresas (5 millones + 1 millón = 6 millones).
 
En otra Contratación Directa contemporánea, el GCBA contrató a la empresa CHINA NORTH INDUSTRIES CORPORATION (NORINCO) para que proporcione al GCBA 5 millones del mismo tipo de barbijos a 0,46 dólares por unidad (Total 2.300.000 de dólares). El GCBA en la Solicitud de Gastos declaró un costo por unidad de $30,245 pesos que por los 5 millones de barbijos hace un total de $151.225.000 millones de pesos. Se confirma nuevamente que el precio de mercado de estos barbijos ronda entre $30 y $35 pesos.
 
La Red Textil Cooperativa agrupa a cooperativas de trabajo con objeto social textil, que a través del asociativismo pretenden consolidarse como un emprendimiento económico productivo integral de carácter sectorial, buscando integración tanto horizontal como vertical. Esta Red presupuestó 5 millones de barbijos antibacteriales, del mismo tipo comprado por el GCBA, al precio unitario de $49,5 pesos. Alrededor de $20 pesos menos de lo que pagó la ciudad a las empresas E-ZAY y AMICIBRO. Si el GCBA hubiese comprado los 6 millones de barbijos a esta Red se habría ahorrado $120 millones de pesos.
 
III. El GCBA compró a la empresa LICICOM sesenta mil barbijos tricapa (60.000) a $59,87 por unidad al doble del precio de mercado, que ronda entre los $30 (empresa China North Industries Corporation (NORINCO) y $35 (empresa Dimex).
 
Esta misma empresa oferta al público barbijos por Mercado Libre los barbijos Faisán a $1.250 las 25 unidades . Es decir, a un precio unitario de $50. 
 

Al público y por menor la empresa LICICOM vende cada barbijo a $50, en cambio vende al GCBA 60.000 unidades a un precio unitario de $59,87, casi un 20% más caro. Si el GCBA hubiese comprado los barbijos a LICICOM por Mercado Libre habría ahorrado $592.200 y si hubiese comprado a valor de mercado ($35) habría ahorrado casi un millón y medio de pesos ($1.492.200).

 
Esta misma empresa en el 2018 vendió al GCBA un inodoro a aproximadamente $405 mil pesos. Desde el año 2014 hasta ahora, resultó adjudicataria de aproximadamente 90 contrataciones y licitaciones. En el Registro del GCBA se encuentran inscriptos en 126 rubros. Vendió al GCBA desde instrumentos musicales, materiales deportivos, luminarias, sillas hasta jardines verticales artificiales. 
 
IV. El sábado 18 de abril de 2020, el GCBA informó que, en el marco de la contratación de 28 hoteles a la vez, todos ellos con un precio promedio de $ 1.000 por habitación, uno de los hoteles contratados es el BA Central para alojar personas con sintomatología y diagnóstico de Covid19. Ese hotel se contrató originalmente con la empresa Midas Hotel Management. El GCBA aclaró que esta empresa no es la dueña del hotel, sino que lo administra, y que en su directorio participa la hermana del Jefe de Gobierno.
 
Por último, informa que, el Jefe de Gobierno no tenía conocimiento de la contratación y se enteró con la publicación en el Boletín Oficial (de fecha 17 de abril) de la Resolución N° 67 firmada el 10 de abril por el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad que aprobó la contratación directa por razones de Emergencia Sanitaria por la suma de $5.439.511. El Jefe de Gobierno lo ignoraba. Pero la hermana ¿podría haber ignorado que el Jefe de Gobierno es su hermano? Por esta razón, Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo presentó su renuncia. Y el GCBA comunicó que no se pagó lo contratado.
 
Lo que el GCBA no informó es que el 14 de abril de 2020, se firmó un acuerdo de rescisión del contrato firmado entre el GCBA y Midas Hotel Management S.A. (Hotel BA Central) que fue objeto de la Resolución N° 67.
 
Para rescindir el contrato el GCBA sostuvo que: "(E)n virtud de las negociaciones realizadas directamente con el titular del establecimiento hotelero sin intermediación de la empresa de gerenciamiento (Midas Hotel Management S.A.) y la consecuente mejora en la oferta recibida, lo que redunda en un beneficio directo para la Administración Pública". 
 
El propio GCBA reconoce que la empresa intermediaria Midas Hotel Management S.A., le alquiló habitaciones del Hotel BA Central con SOBREPRECIO. La baja del contrato no se hizo porque la hermana del Jefe de Gobierno participa en el directorio de la empresa intermediaria Midas Hotel Management S.A. sino también porque alquilaron al GCBA con sobreprecio.

 

La crisis sanitaria y económica profundizada por el Coronavirus Covid-19 amplifica la precariedad de todas las dimensiones de la vida urbana. Si bien, este escenario habilita la posibilidad de avanzar hacia un modelo alternativo de ciudad, el GCBA utiliza esta crisis para incrementar el endeudamiento de la ciudad, la caja política con sobreprecios y la violencia institucional.