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BARRIO PAPA FRANCISCO: el lado oscuro de la Ciudad Verde
Por Félix Cariboni y Jonatan Emanuel Baldiviezo


03.09.14                                                                       

En Abril del 2013 el Gobierno de la Ciudad de Buenos pagó a la Fundación Green Cross Argentina la suma de $ 1.370.000 para que elabore un informe sobre el estado de contaminación del suelo del predio ubicado entre las calles Pola, Av. Fernández de la Cruz y Av. Escalada y que tiene una superficie de alrededor de 12 ha. Según el Gobierno, este estudio era vital para comenzar el proceso de descontaminación del predio y la posterior urbanización de éste en cumplimiento de la ley N° 1770 de urbanización de la Villa 20 del año 2005. El predio en cuestión fue ocupado en febrero de este año dando origen al barrio Papa Francisco. Las familias que allí habitaban fueron desalojadas violentamente el 23 y 29 de Agosto en un operativo conjunto de la policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional.

 

El cementerio de autos

 

Desde los ochenta, en este predio funcionó un depósito de autos incautados pertenecientes a la Policía Federal, mejor conocido como el cementerio de autos de Lugano. La exposición de los aproximadamente 7.000 vehículos apilados a la intemperie contaminó gravemente tierra de este predio y a la población lindante, por proceso de lixiviación. Diversos estudios epidemiológicos de distintas instituciones públicas demostraron que el 35% de los niños de entre 2 a 5 años que habitan la villa 20 presentaban en su sangre altos niveles de plomo, entre otras afecciones. Es importante aclarar que los metales pesados en organismos vulnerables son más proclives a afectar su normal desarrollo psicomotriz futuro.

 

En el año 2006, el Juez Gallardo intimó al Estado Nacional y a la Ciudad a que remuevan los autos y se ocupen de los pasivos ambientales, pero las acciones se fueron retrasando en el tiempo por un lento ?juego del bonete? entre ambas jurisdicciones. En el año 2009 comenzaron a realizarse los trabajos de remoción y compactación de los automóviles. Alrededor de 4.000 vehículos fueron retirados del playón, pero la decisión de empezar el estudio para determinar la contaminación de suelo por parte de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), máxima autoridad ambiental del GCBA, fue producto de un embargo de $ 29 millones efectuado por la jueza Liberatori a mediados del 2012. En el mismo año, el macrismo pretendió destinar este predio a la venta a través de la presentación de un proyecto de ley conocido con el nombre de "Plan Maestro de la Comuna 8". La venta se hacía a través de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Es decir, los vecinos de villa 20 soportaron el predio con autos y la contaminación por décadas con la promesa de la ley y del GCBA de que ese espacio estaba destinado para iniciar el proceso de urbanización de la Villa 20. En cambio, las autoridades de la Ciudad una vez despejados los obstáculos de su uso proyectaron ofrecerlo -sin éxito- al mercado inmobiliario.

 

Fruto de las dilaciones y quebranto de promeses,  el eterno incumplimiento de la urbanización, la crisis habitacional, la presión del mercado sobre las familias, especialmente inquilinos, y el incremento de la población intergeneracional de la villa 20, el predio terminó de ser ocupado en febrero del 2014. La contaminación del sitio fue la excusa esgrimida, desde el primer día, por el Gobierno de la Ciudad para desalojar a la gente que realizaba la toma del terreno. Acción que fue pospuesta por una misiva papal que comunicaba que "antes no querían desalojar autos y ahora se apuran a desalojar personas". A partir de este hecho, el barrio ?en construcción colectiva- se llamó Papa Francisco.

 

El informe de Green Cross

 

La Agencia de Protección Ambiental (APrA), la máxima autoridad ambiental del GCBA, contrató a la Fundación Green Cross para la realización de un estudio de suelos en el predio en el año 2013 (Resolución N° 96/2013, Expte. N° 2829211/2012). Por la realización de este estudio pagó $1.370.000. El pago del mismo se realizó mediante los mecanismos que otorga el decreto nº 556/10 (y modificatorio 752/2010), que permite al Ejecutivo autorizar una serie de operaciones financieras cuando estos gastos son de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales y por la celeridad con que deben llevarse a cabo.

 

El informe final fue presentado en septiembre del 2013. Presentado por Green Cross, fue evaluado por la Dirección General de Evaluación Técnica y el Departamento de Sitios Contaminados de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), quien brindó su conformidad técnica. 

 

La fundación realizó una serie de recomendaciones en el informe que los técnicos del Departamento de Sitios Contaminados de APrA encontraban importantes para analizar.

 

Las recomendaciones establecían:

 

A. Realizar  estudios adicionales que permitan conocer la contribución de distintos compuestos correspondientes a la apertura del HTP conforme a normas Tx 1005 y 1006: BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos, hidrocarburos aromáticos polinucleares discriminados, Metil ter butil eter y mercurio.

B. Determinar los límites de operación mediante la implementación de la Metodología RBCA (Risk Based Correctiva Action) conforma las normas ASTM 1739-95 y/o Norma IRAM 29590-2012 de Acciones Correctivas Basadas en Riesgo (ACBR).

C. La ejecución de por lo menos un monitoreo adicional de agua subterráneas, previo purgado de los pozos, cuantificando los compuestos de interés (CDI).

 

Estaban relacionadas con la necesidad de hacer estudios que analicen otros elementos químicos como los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos), hidrocarburos aromáticos polinucleares discriminados y metales pesados como el mercurio. También con la ejecución de un monitoreo adicional de agua subterráneas.

 

La conveniencia, la conformidad técnica y la celeridad del informe están siendo cuestionadas por la administración actual de la APrA, que evalúa que este informe está incompleto porque no fueron analizaron todos los metales pesados ni se hicieron suficientes muestras de suelo, como tampoco se evaluó el estado de la contaminación de las napas. Sin embargo, un  técnico del Departamento de Sitios Contaminados de APrA -ni lerdo ni perezoso y con bastante astucia en cuestiones de burocracia estatal- encontró importante realizar y dejar asentado en una comunicación interna de fecha 11 Octubre, las mismas recomendaciones que el informe final de la consultora había presentado en septiembre.

 

En definitiva, el APrA contrató de tal forma que el estudio tendría como resultado un diagnóstico inútil e insuficiente para iniciar la remediación inmediata de los suelos. No sólo se mal gastó más de un millón de pesos sino que también se perdieron meses que implican que se demore el acceso a la vivienda a de personas.

 

El GCBA omitió adrede contemplar los parámetros y muestreos que estas recomendaciones disponen cuando contrataron el estudio y que resultan evidentes de acuerdo a la ubicación y contexto del predio -por haber sido un cementerio de autos-. Esto a fin de dilatar más el proceso de remediación de los suelos del predio en cuestión, porque un estudio que en principio se contrata para que sea parcial necesariamente implicará la necesidad de realizar otro estudio integral.

 

El APrA y el GCBA sabían que este estudio era insuficiente y así lo manifestaron en marzo a la justicia pero no lo comunicaron públicamente ni realizaron en forma inmediata uno nuevo mientras el predio estaba libre, el año pasado.

 

El 11 de marzo, el GCBA presentó el Plan de Remediación elaborado por el APrA en el marco de la causa judicial, auto-caratulada: "Asesoría Tutelar c/ GCBA s/ otros procesos incidentales", Expte. N° 12975/5. En este plan se detallaba los siguientes pasos:

 

1. Instalación de obrador.

2. Instalación de cerco perimetral de obra.

3. Relevamiento topográfico y planimétrico del sitio.

4. Trazado de Calles.

5. Trazado de grilla y ubicación de los puntos de muestreo.

6. Cateos y muestreo de suelos.

7. Apertura de calles y clasificación de suelos.

8. Análisis de las muestras de suelos en el laboratorio.

9. Instalación de pozos monitores.

10. Muestreos de aguas subterráneas.

11. Análisis de aguas en el laboratorio.

12. Remoción de suelos Sección 1.

13. Clasificación de suelos Sección 1.

14. Remoción de suelos Sección 2.

15. Clasificación de suelos Sección 2.

16. Remoción de suelos Sección 3.

17. Clasificación de suelos Sección 3.

18. Tratamiento in situ y/o Disposición de suelos.

19. Retiro de cerco y obrador.

 

Se informaba que este plan abarcaría el análisis químico de los BTEX: benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos, hidrocarburos aromáticos polinucleares discriminados y metales pesados como mercurio y el muestreo de aguas subterráneas, no contemplados en el estudio realizado por Green Cross.

 

Por un lado, el presidente del APrA, Sr. Villalonga, afirmó que este nuevo diagnóstico va a estar completo dentro de 90 días[1]. Por el otro lado y de acuerdo al tiempo de ejecución del Plan de Remediación presentado en la justicia, el diagnóstico completo va a estar en 6 meses y todo el trabajo de remediación en 18 meses. Villalonga no salió a explicar por qué el APrA contrató la realización de un estudio cuyo resultado es inútil ni hizo referencia a estar investigando a los responsables de esta defraudación a la administración pública.

 

Mientras el actual presidente del APrA responsabiliza indirectamente a su antecesor por haber requerido un informe incompleto y sobreactúa en redes sociales mostrando a los equipos paseando en el predio, los habitantes del Barrio Papa Francisco seguirán esperando. Un nuevo informe direccionaría a un nuevo plan de remediación del predio para comenzar la urbanización resistida por el GCBA. El mismo ente que apeló el fallo de la Jueza Liberatori para que la Villa 20 esté urbanizada antes del 10 de Diciembre de 2015.



[1] http://www.clarin.com/ciudades/Lugano-limpian-predio-desalojaron-acampe_0_1200480063.html



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