12.11.14 

La Asociación Civil Los Verdes, conducida por el Presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), Juan Carlos Villalonga, y otros integrantes del mismo organismo y actuales funcionarios del Gobierno del Pro, inició las medidas previas para demandar a Félix Cariboni, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de Patria Grande, por daños y perjuicios invocando hechos falsos con el objeto de iniciar una persecución política utilizando a la Justicia, metodología novedosa iniciada por el Gobierno de Mauricio Macri que se empleó para demandar a la Asociación Civil Basta de Demoler.

Ahora el Pro para perseguir a integrantes de organizaciones sociales ha decidido no utilizar a la Procuración del Gobierno de la Ciudad, sino emplear una nueva modalidad que consiste en la utilización de ONGs de actuales funcionarios para iniciar demandas con la pretensión de censurar a todos aquellos que denuncian las ilegalidades y afectaciones de derechos cometidas por el Gobierno de la Ciudad. La privatización profundizada por el Gobierno del Pro llega hasta tercerizar la persecución política.

La mayoría de los integrantes de la Junta Directiva[1] de esta ONG son también funcionarios en la Agencia de Protección Ambiental (APrA), organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así, el abogado de la demanda, Federico Gatti Lavisse[2], se desempeña como Jefe de Gabinete y Flavia Broffoni[3] es la Directora de Estrategias Ambientales del APrA, mientras que Carolina Diotti[4] cumple funciones de Prensa tanto para el APrA como para Los Verdes, entre otros tantos ejemplos.

Los funcionarios ingresaron al APrA de la mano de Juan Carlos Villalonga, que se desempeña como presidente de ese organismo desde Diciembre del 2013. Según consta en la Inspección General de Justicia (IGJ), esta ONG nunca realizó el cambio de autoridades, y por lo tanto, Villalonga continuaría siendo presidente de esta asociación, a pesar de los trascendidos del supuesto cambio de las mismas tras su paso a la función pública. También existe una denuncia de integrantes de la Asociación Civil Los Verdes radicada en la IGJ contra ésta por fraguar actas de asambleas y prácticas anti-democráticas en la elección de autoridades.

Esta medida surge después que el Observatorio del Derecho a la Ciudad haya publicado diversos informes denunciando conductas no acordes a la ley e irregulares del APRA, entre otros:

-Dilación en el saneamiento de los predios del Barrio Papa Francisco y doble contratación de los estudios de suelo[5].

 -Visita del presidente del APrA a plantas de incineración de residuos en Europa (tecnología prohibida por la ley de Basura Cero de la Ciudad)[6].

-Incumplimiento en clausurar la sede del Mercado Central que se está construyendo en Colegiales por carecer de Certificado de Aptitud Ambiental[7].

- Y especialmente la ausencia de Certificado de Aptitud Ambiental en forma previa al inicio de las obras del Metrobus Norte y de San Martín[8].

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad denunciamos y rechazamos esta persecución y censura a nuestros miembros, como a cualquier otra persona, que ejerza su derecho a expresarse y denunciar irregularidades en pos de nuestro Derecho a la Ciudad.

Hacemos responsables directos a las autoridades del GCBA y del APrA por esta persecución judicial que se realiza justamente a quienes están denunciando las graves ilegalidades que se están cometiendo en la construcción del Metrobus Norte.