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2019 - 05 - DESALOJO de las FAMILIAS de la CASA SANTA CRUZ
El Conflicto Habitacional desatendido por el GCBA



Ciudad de Buenos Aires, 3 de mayo de 2019.

RESUMEN EJECUTIVO

En el barrio de Parque Patricios, se planea desalojar el edificio de Santa Cruz 140, en donde viven 100 familias. En caso de ocurrir el desalojo, será uno de los más masivos y dramáticos de la historia reciente. 

Aproximadamente 400 personas que quedarán en la calle, de los cuales 131 son menores de edad (90 son menores de 13 años, y 15 menores de dos años). 

En este edificio funcionó la fábrica textil SELSA. 

En la década de 1990, cuándo la empresa textil quebró, los edificios de los talleres fueron casi inmediatamente vendidos o rematados. De todos los edificios, solo había quedado sin vender el de la sede social, que fue abandonado, y a partir del año 2002 comenzó a ser ocupado y recuperado como vivienda por familias. 

En el año 2010, el edificio de la sede social fue subastado, y las familias que allí vivían intentaron obtener un crédito para comprarlo, pero no lo lograron. 

Con todos sus habitantes dentro, fue finalmente comprado por $1.550.000 pesos por Leonardo Ratuschny, quién inmediatamente inició un proceso judicial de desalojo. 

Ratuschny es un conocido inversor, uno de cuyos negocios principales ha sido la explotación de los hoteles familiares. En una simple búsqueda por internet aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales. 

Desde entonces, las familias continuaron llevando adelante gestiones con el Instituto de la Vivienda (IVC) para ingresar en las operatorias de la Ley N° 341 y sus créditos, conformados como Cooperativa Papa Francisco, pero sin respuesta favorable por parte del gobierno. 

Funcionarios del IVC, responsables de la operatoria de la Ley N° 341 informaron que ésta estaba desmantelada, desfinanciada, y con un presupuesto asignado que no llegaba a cubrir el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que actualmente tienen viviendas en proceso de construcción. 

A pedido de los habitantes, en el año 2015, se organizó una audiencia con la participación de Ratuschny y el IVC con la finalidad de llegar a un acuerdo de venta. Ratuschny valuó el edificio en $30.000.000. En ese momento el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por la entonces Secretaría de Hábitat, lo valuaba $8.000.000, y una inmobiliaria de la zona en $15.000.000. Por supuesto que no se pudo arribar a un acuerdo. 

El 2 de mayo se realizó una amplia asamblea donde se acordó realizar un FESTIVAL en defensa de los derechos de las familias el próximo viernes 10 de mayo a las 19:30 hs. en el frente de Casa Santa Cruz.


INFORME COMPLETO

Se planea dejar a cien familias en la calle en el barrio de Parque Patricios 

Casa Santa Cruz y la manzana de la discordia a solo unas cuadras del Distrito Tecnológico[1][2]

 

Sandra Inés Sánchez

Jonatan Emanuel Baldiviezo

 

  

En la Ciudad de Buenos Aires se planea un desalojo que quedará como uno de los más masivos y dramáticos de la historia reciente. Las familias que allí viven van a luchar por una solución definitiva a su problema habitacional, y piensan resistir hasta las últimas consecuencias.El proceso de lucha por un derecho a la vivienda de los habitantes de Casa Santa Cruz es acompañado por la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) y abogados de la Liga Argentina por los Derechos del hombre.

 

 

 

 

1.       Desalojo masivo en Casa Santa Cruz: su historia

 

En el barrio de Parque Patricios, se planea desalojar el edificio de Santa Cruz 140, en donde viven 100 familias. Son un total de aproximadamente 400 personas que quedarán en la calle, de los cuales 131 son menores de edad (90 son menores de 13 años, y 15 menores de dos años). Este edificio se encuentra frente al Parque Florentino Ameghino, en la manzana situada entre las calles Santa Cruz, Finochietto, Uspallata y Juan Carlos Gómez, en donde funcionó la fábrica textil SELSA.

En la década de 1990, cuándo la empresa textil quebró, los edificios de los talleres fueron casi inmediatamente vendidos o rematados en procesos judiciales y transformados en lofts por una empresa constructora que estafó a todos los compradores, y a raíz de esto, nadie pudo jamás obtener el título de propiedad de las viviendas. De todos los edificios, solo había quedado sin vender el de la sede social, que fue abandonado, y a partir del año 2002 comenzó a ser ocupado y recuperado como vivienda por familias en situación de emergencia habitacional. A partir de ese momento se lo conoce como Casa Santa Cruz (Figura 1).[3]

 

Figura 1. Casa Santa Cruz antes y después. Una vista desde el interior de la manzana en el momento de su inauguración como sede social, en el año 1946, y una vista actual desde la plaza.

 

En el año 2010,el edificio fue subastado, y las familias que allí vivían intentaron obtener un crédito para comprarlo, pero no lo lograron. Con todos sus habitantes dentro, fue finalmente comprado por un millón quinientos cincuenta y cinco mil pesos ($1.550.000), por Leonardo Ratuschny, quién inmediatamente inició un proceso judicial de desalojo. Desde entonces, las familias continuaron llevando adelante gestiones con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires,[4] para ingresar en las operatorias de la Ley N° 341 y sus créditos, conformados como Cooperativa Papa Francisco, pero sin respuesta favorable por parte del gobierno.

En ese momento, algunos sectores políticos dentro del ámbito de la Legislatura se interesaron por el destino de CSC y en el año 2013 se logró la presentación de un Proyecto de Declaración sobre la situación habitacional de las setenta familias que desde casi diez años vivían allí (LCABA 2013). Posteriormente, en el año 2015, se presentó otro proyecto de ley de expropiación del edificio a favor del IVC para que lo destinara a la construcción de vivienda social (LCABA 2015). Ninguna de estas medidas prosperó.

Desde la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat también se intervino para encontrar una salida habitacional dentro del edificio. Entre los años 2013 y 2014, se promovió un relevamiento censal, el acondicionamiento de la instalación eléctrica para evitar accidentes, y la gestión de los medidores de electricidad.[5] Simultáneamente comenzaba a habilitarse un canal de asesoramiento técnico y acompañamiento en la solución de algunos aspectos relacionados a las emergencias, al punto tal de llegar a gestionarse recursos para la solución de problemas acuciantes como la falta de agua corriente, reparaciones de las filtraciones de los techos de los pisos superiores, acondicionamiento del área de acceso, etc.

En el año 2016, el entonces presidente del IVC, Pablo Roviralta fue de visita. El registro fugaz de la imagen de su ingreso se acompañaba por unas palabras que evidencian una total predisposición para el diálogo que nunca sucedió (Casa Santa Cruz 2016). En ese escenario un caso de desalojo tenía una salida favorable. En Brasil 1517, esquina Sáenz Peña, vivían 21 familias, entre las cuales había 17 niños/as y 3 discapacitados. Tras negociaciones con la justicia y el IVC se logró acordarla suspensión del desalojo por 180 días y se creó una mesa de negociación para encontrar una solución habitacional definitiva. Finalmente, en enero de 2017 se logró comprar el edificio, a través de un convenio entre el IVC y la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de Nación que implicaba la construcción en ese predio de 16 unidades habitacionales correspondientes a cada una de las familias. En ese escenario, para CSC se vislumbraba un horizonte de esperanza, si se tiene en cuenta el apoyo de organismos tanto del gobierno nacional como de la ciudad, pero finalmente no hubo respuestas concretas.

Durante todos estos años, a pesar de los insistentes reclamos de los habitantes y sus representantes, solamente lograron sostener esporádicas mesas de diálogo, cuyas gestiones estuvieron atravesadas por permanentes dilaciones y boicots por parte del gobierno. Con Juan Maquieyra al frente del IVC, la situación empeoró y la relación con este organismo estatal estuvo signada por conductas elusivas por parte del gobierno. No sólo se perdieron posibilidades de suspensión del desalojo y de inicio de gestiones en el marco del proceso judicial, sino que además, intencionadamente se malograron todas las posibilidades de las Audiencias, en donde el IVC ni siquiera se ocupó en testificar que estaba abierta una mesa de gestión con los habitantes, cosa que venía sucediendo desde el año 2010. Además, insensibles frente a la desesperación de las últimas etapas judiciales, se convocó durante el año 2018 a reuniones, que fueron inoperantes, pues se limitaron a derivar a los representantes de la casa, a los responsables de la Ley N° 341, para que comunicaran que la operatoria estaba desmantelada, desfinanciada, y con un presupuesto asignado que no llegaba a cubrir el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que actualmente tienen viviendas en proceso de construcción.

En el mes de mayo del año 2018, en el contexto de formulación de la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana, ante las organizaciones encargadas del registro de Barrios Populares, se presentó un informe técnico a los efectos de lograr que la manzana fuera incorporada en el anexo de barrios a ser urbanizados, es decir, se incorporara en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) (RA 2018). A pesar de que cumplía con tres de los requisitos fundamentales para ser incluida en la ley (informalidad dominial pues los poseedores no tienen títulos de propiedad; y servicio de provisión de aguas y de desagües cloacales irregular) el acceso al registro fue denegado sobre la base de un acuerdo de las organizaciones con el gobierno nacional de no considerar barrios que hubieran surgido de la ocupación de viviendas o edificios preexistentes. A pesar de esto, en muchos de los barrios populares reconocidos se encuentran censadas familias que ocuparon galpones y otra clase de edificios. Este rechazo, finalmente, sólo denota la postura política del gobierno de no querer dar una solución, ni reconocer derechos, a las familias de la Casa Santa Cruz. Todo argumento de rechazo resulta incoherente y expresa una discriminación hacia este conjunto de familias.

Como es usual, desde Desarrollo Humano y Hábitat, a cambio del desalojo se ofrecerá a los habitantes un subsidio habitacional, que de acuerdo con el Decreto N° 637/2016, oscila entre los dos mil quinientos ($2.500) y los cuatro mil pesos ($4.000), en 12 cuotas iguales, con posibilidad de una prórroga de 6 cuotas más. Este monto no llega a cubrir la tarifa mensual de una habitación con baño compartido, que ronda los seis mil ($6.000) y siete mil pesos ($7.000), con lo cual, la mayoría de las personas deben recurrir a la vía judicial para lograr obtener un mayor monto y por tiempo más prolongado, de tal manera que la sentencia judicial prácticamente se ha transformado en un requisito administrativo más (ODC 2019).[6] El gobierno utiliza a la Justicia como un filtro más para no garantizar el derecho a la vivienda, y a esta política quedarán sometidos los habitantes de CSC.

Esta política de desalojos y subsidios que se viene perpetuando desde la década de 1990, beneficia solo a los propietarios de los hoteles, que no tienen regulada la tarifa en función de la prestación que brindan, y ven asegurado y protegido su negociado inmobiliario con los que menos tienen, y que pagan los alquileres más caros del mercado para vivir en las peores condiciones.

Resta destacar, que más del 40% de los hoteles de la ciudad no aceptan familias con niños.[7] Por este motivo, gran parte de las familias, terminan alquilando en los establecimientos contravencionales, que aunque tienen las peores condiciones habitacionales, son más baratos, pero al no tener facturación oficial, suelen perder el derecho a percibir el subsidio, agravando su situación de vulnerabilidad. Que gran parte de los subsidiados no lleguen a cobrar todas las cuotas, es un dato nada menor del que parte el gobierno. El subsidio habitacional no es una salida habitacional, y no garantiza el derecho a la vivienda digna tal como lo establece la Constitución de la Ciudad, si bien esta es la única solución que se ofrece frente al desalojo.

 

 2.    ¿Quién es Leonardo Ratuschny?

 

Ratuschny es un conocido inversor, uno de cuyos negocios principales ha sido la explotación de los hoteles familiares. En una simple búsqueda por internet aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales.

Su nombre figura en un proceso iniciado por la Defensoría del Pueblo, a raíz de las irregularidades en torno a las operatorias de hoteles de la Subsecretaría de Gestión de la Acción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con derivaciones en el marco de distintos planes sociales y de la Resolución 512/01.En el mes de febrero del año 2001, la Secretaría de Promoción Social había realizado una convocatoria a dueños de hoteles o casas de pensión para realizar un convenio con el gobierno por medio del cual se daba alojamiento a personas en situación de emergencia habitacional. De los 49 establecimientos, dicha secretaría seleccionó 36, pero 12 de ellos no se encontraban habilitados.

Como señalaba la Defensoría del Pueblo, además de esta irregularidad promovida por el mismo gobierno, la población alojada en estos hoteles contratados, había sido víctima de maltrato, en lugar de la asistencia a la que tenía derecho. Se sumaba a esta situación, la acusación al gobierno, de malversación de los fondos públicos destinados a los distintos programas de asistencia, pues las irregularidades no terminaban allí, y eran múltiples y variadas: falta de higiene y seguridad; riesgo y peligro en el servicio eléctrico; hacinamiento; maltrato por parte de las asistentes sociales; y todo tipo de contravenciones caracterizaban esta operatoria destinada a los hotelados. La falta de habilitación por parte de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones, significaba además el alquiler de cuartos clandestinos construidos con subdivisiones de madera, y que estaban expresamente prohibidos por la normativa vigente (DP 2001).

Ratuschny aparecía mencionado a raíz de las contravenciones de su Hotel Zavalía, de la Avenida Garay 474. Se señalaba:

De los registros compulsados y de los informes proporcionados por el encargado del hotel, señor Leonardo Ratuschny, surge que al momento de la inspección se encontraban alojadas, aproximadamente 360 personas. Sin embargo, conforme listado remitido por el señor Cavarozzi (Director General de Emergencias Habitacionales), la Secretaría de Promoción Social habría derivado a dicho hotel a un total de 463 personas. La diferencia no es irrelevante, sobre todo si se considera que, sólo en este establecimiento, el Gobierno de la Ciudad estaría abonando una suma de aproximadamente $13.905 por mes de más ($4,5 por día por pasajero por 103 pasajeros inexistentes, pero derivados por el Gobierno por 30 días), por una prestación que nadie brinda (DP 2001).

Los habitantes de CSC señalan que nueve años después de estas denuncias, al momento de la compra, Ratuschny les había ofrecido alojarlos en el marco de las operatorias de subsidios del gobierno, si bien luego desistió, para comenzar el proceso judicial de desalojo.

A pedido de los habitantes, en el año 2015, se organizó una audiencia con la participación de Ratuschny y el IVC con la finalidad de llegar a un acuerdo de venta. Ratuschny valuó el edificio en treinta millones de pesos ($30.000.000). En ese momento el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por la entonces Secretaría de Hábitat, lo valuaba en ocho millones ($8.000.000), y una inmobiliaria de la zona en quince millones ($15.000.000). Por supuesto que no se pudo arribar a un acuerdo.

Actualmente, con el inminente desalojo, Ratuschny denegó la posibilidad de que los habitantes le pagaran un canon locativo con el dinero del subsidio habitacional, entretanto continuaban las gestiones de un posible crédito. En diálogo con representantes de CSC, informó que el edificio será destinado a alquiler temporario, un negocio inmobiliario altamente rentable, y desregulado. Como se ha señalado, Ratuschny tiene en su larga trayectoria de negocios inmobiliarios, antecedentes de cuestionamientos de organismos de control de la ciudad, y una amplia experiencia en juicios de desalojo de las familias alojadas en sus hoteles. Pretende recuperar el edificio para la especulación inmobiliaria cuando actualmente está garantizando el derecho a la vivienda de cientos de familias que lo recuperaron de la ruina.

  

 

3.       La zona en el barrio

 

La manzana se encuentra en una zona industrial degradada, pero en proceso de renovación urbana como consecuencia de su vecindad con tres distritos claves de la ciudad; los Distritos Tecnológico, de las Artes, y del Diseño,[8] que desencadenaron un intenso proceso de refuncionalización y revalorización de todo el Área Sur de la ciudad. Por su posición intersticial entre distritos, la zona está siendo indefectiblemente afectada en cuanto a la demanda de terrenos (ver Figura 2).

 

Figura 2.   Mapa de ubicación de los distritos de promoción económica en la zona sur de la ciudad (GCBA 2018).

 

Desde el año 2008, la creación del Distrito Tecnológico resultó de alto impacto en el barrio de Parque Patricios. El fomento de radicación de industrias vinculadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de todo tipo de beneficios económicos, se tradujo en un proceso de reconversión del parque industrial obsoleto, y de revalorización inmobiliaria. Los beneficios económicos incluyen varias exenciones impositivas para los que invierten en la construcción, y para todos aquellos trabajadores especializados que quisieran radicarse dentro del polígono del distrito.[9] Otra cuestión atractiva es que el plazo de vigencia de los beneficios se extiende hasta el año 2029 para empresas de capital extranjero, y hasta 2034 para PyMEs y empresas de capital nacional.

Una serie de obras próximas a la manzana, refuerza además las tendencias especulativas, y deja vislumbrar el acelerado proceso de reconversión: la prolongación de la línea H de subterráneos; la construcción del viaducto elevado del FF.CC. Belgrano Sur con su extensión a la Estación Constitución y la nueva Estación Buenos Aires; la construcción del edificio del Archivo General de la Nación (en el predio en el que funcionó la antigua cárcel de Caseros); el conjunto habitacional del predio de la Estación Buenos Aires (compuesto por 56 edificios con más de 2300 viviendas, 1049 cocheras y 74 locales comerciales) construido en las inmediaciones de la cancha de Huracán en el marco del Plan ProCreAr (en proceso de adjudicación) (GCABA 2019a); y el plan de gobierno de construir el Complejo Hospitalario Sur que persigue unificar cinco unidades hospitalarias con diferentes especialidades en el predio del Hospital Muñiz.

El barrio de Parque Patricios se valora además, por sus parques públicos, que según el discurso del gobierno, lo convierten en uno de los más importantes pulmones verdes de la ciudad (GCABA s/f). Los parques de la Comuna 4 son altamente valorados por los desarrolladores inmobiliarios que desde hace diez años vienen poniendo la mira en ellos. Además, en el nuevo Código Urbanístico, el borde de la manzana frente a la plaza, no casualmente, se ha visto beneficiado con el aumento de su capacidad constructiva.

El predio del Borda ha sido históricamente codiciado por el gobierno PRO. En el año 2008 en el marco del lanzamiento de un Plan de Salud Mental se pretendía, en dos años, desmantelar el Borda y el Moyano. En el año 2009 el jefe de gobierno de entonces, Mauricio Macri, envió a la Legislatura un proyecto para concesionar por treinta años el uso de diversos inmuebles, entre ellos el entonces ex Mercado del Plata. En este proyecto se proponía reunir fondos para la construcción del actual edificio de gobierno en el barrio de Parque Patricios, y conjuntamente se proponía la compactación en un solo predio de los hospitales Muñiz, Udaondo y María Ferrer, para lo cual apelaba al gran negociado inmobiliario de la concesión por treinta años de los predios de estos hospitales, fundamentalmente del Moyano y Borda para la instalación de emprendimientos comerciales de gran escala tipo shoppings.

En el año 2013 el gobierno mandó demoler un Taller protegido del Borda, con la pretensión de construir allí un Centro Cívico.[10] En el año 2016, desde el oficialismo se volvió a la carga sobre este predio que fue incluido en el presupuesto para el año 2017, junto con el Moyano, Tobar García, y Alvear, para convertirlos todos, en un nuevo polo de Neurociencias, cuyo objetivo último consistía en acrecentar los negocios de los laboratorios privados y de la gran industria farmacéutica,[11] además de avanzar nuevamente sobre estos predios para su transformación en emprendimientos inmobiliarios.

Junto con los intentos del gobierno de vender las tierras públicas de los hospitales de los alrededores para emprendimientos inmobiliarios, se han desplegado políticas de restricción y privatización del uso público de los parques (sistemas de enrejados y bares) que fueron ampliamente resistidos en el barrio, y con éxito. De ahí que el Parque Florentino Ameghino es de los pocos de la ciudad que no tienen rejas. La estrategia en este parque fue la instalación de una huerta comunitaria, como una forma de protesta y alternativa a los enrejados (NC 2016).

El barrio se destaca por las luchas en defensa de su identidad y cultura barrial. En el año 2017, la instalación de un bar en el Parque de los Patricios llevó a la conformación del grupo de vecinos autoconvocados por El Parque Patricios sin bares que comenzó a presionar por la revalorización de la biblioteca pública que allí funcionaba, y cuya lucha se extendió a la eliminación de todos los bares en todas las plazas de la ciudad. La recuperación del antiguo Cine Teatro Urquiza para la comunidad también resulta otro triunfo de las organizaciones barriales que se opusieron desde un primer momento a su demolición,que se enmarcaba en un proyecto de edificio de torre de oficinas sobre este predio.

 

 

3.1.  Las discordias de la manzana

 

Figura 3.   Plancheta catastral de la manzana de la Casa Santa Cruz, en donde se observa solo un edificio que no pertenecía a la empresa fabril.

 

Situada unas cuadras del Distrito Tecnológico y del edificio en el que funciona la sede del Gobierno de la Ciudad, la manzana de CSC es en sí misma un muestrario de todas las posibles informalidades urbanas que puedan encontrarse (ver Figura 3).

La quiebra de la empresa en la década de 1990, dio inicio a diferentes procesos de venta y remates judiciales de los edificios de talleres de la fábrica, situados sobre los bordes de la manzana. Primero se vendieron los edificios emplazados sobre la calle Finochietto, luego los de Juan Carlos Gómez, y por último los de Uspallata.Como se señala en una nota del periódico Clarín:

Los avisos publicitarios, allá por 1994, hablaban de un emprendimiento inmobiliario tentador. Se anunciaba el reciclado de una vieja y gigantesca fábrica en Parque Patricios, para convertirla en un edificio de 800 lofts, con pileta, solarium y jardines. En los anuncios se señalaba además: Posibilidad de doble altura, diseñe su propio ámbito, decían los anuncios. Sin embargo, algo falló en el camino. El edificio de la antigua hilandería SELSA entró en una complicadísima pelea judicial ?con expedientes comerciales y hasta causas penales- (Clarín 2006).

El treinta de agosto de 2006, se había llegado al momento más delicado del conflicto porque un juez había intimado a los que vivían allí a desalojar el lugar. En ese momento se estimaba que vivían unas dos mil personas. En ese momento, Gabriela Ferrari, contaba que en el año 1996 había comprado sus dos departamentos que usaba para trabajar y para vivir, en dieciséis mil dólares (U$S16.000). En ese momento se anunciaba que los espacios de los departamentos se entregarían vacíos, para que cada comprador lo diseñara a su gusto, ero la quiebra de la empresa constructora los dejó sin servicios básicos y con deficiencias en seguridad. Otro propietario señalaba:

Todos los que estamos aquí hemos pagado. No hay ningún ocupante. Y, yo personalmente, antes de comprar verifiqué que estuviera todo en regla. Existe, además, una sentencia del juez de la quiebra de la constructora Sudamericana que obliga a escriturar los departamentos. Pero ahora es la quiebra de la ex hilandería SELSA la que pretende rematar el edificio (Clarín 2006).

En el mes de mayo del año 2007 los vecinos reclamaban ayuda al gobierno para poder escriturar. En medio de estas ventas como lofts, las empresas constructoras defraudaron económicamente a los adquirentes y desde entonces la mayoría se encuentra en una situación dominial irregular porque nunca llegaron a formalizar el título de propiedad, y solo en algunos casos cuentan con boleto de compra-venta. Como señalaba el Defensor Adjunto Atilio Alimena entre 1996 y 1997, el inmueble había sido vendido gracias a un plano apócrifo que le permitió a los dueños fraccionar el edificio en una cantidad determinada de unidades para habitar, aunque no se podía subdividir. Las familias afrontaban un nuevo embate. En palabras de Alimena: la empresa que había realizado la primera venta se había presentado en quiebra, luego apareció otra empresa que dijo ser acreedora de la primera, y en ese momento una tercera que decía ser dueña de todos los departamentos y los reclamaba como propios (DyN 2007).

Entre los actuales poseedores existe una amplia gama de situaciones, desde aquellos que pagaron un adelanto, hasta los que pagaron todo, pasando por aquellos que compraron a los poseedores a sabiendas de la situación irregular dominial, hasta arribar a ocupantes de hecho que construyeron en los espacios libres de construcciones en el interior de la manzana, o en espacios deshabitados y abandonados como el caso de CSC.

En el edificio sobre la calle Uspallata, gran parte del problema de irregularidad dominial se debe a la irregularidad en el registro formal de los planos del edificio, pero que aun así, no impidió que fuera vendido igualmente por la empresa que lo había comprado con planos apócrifos, y que fueron los que luego imposibilitaron alos actuales dueños la subdivisión en las diferentes unidades habitacionales (DyN 2007). Resulta difícil pensar que no hubo connivencia por parte de los organismos de control gubernamentales para que estos procesos de venta fueran posibles.

En ese contexto de reclamos, la Defensoría del Pueblo alertó sobre esta situación, y además sobre las permanentes construcciones sin planos ni permisos municipales, la falta de certeza en la calidad del agua consumida por niños y adultos y la comercialización de garrafas que sin ningún control se almacenaban y vendían en algunas de las viviendas, yla falta total de instalaciones contra incendio y medios de escape, la venta de bebidas alcohólicas, alimentos de todo tipo, pirotecnia y demás situaciones que a diario eran la preocupación de la totalidad de los vecinos (DyN 2007). En ese momento, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad se comprometió a brindar líneas de crédito para las mejoras de los edificios, pero no cumplió con lo acordado, y no actuó desde entonces para subsanar las condiciones de informalidad dominiales, ni la provisión de servicios en toda esta manzana.

 

Figura 4.   Fotografía aérea de la situación actual de la manzana de la Casa Santa Cruz (Bing Maps 2019).

 

A continuación, se describirán las características generales de los edificios del centro de la manzana. En el registro de catastro del gobierno, la manzana de CSC tiene la siguiente nomenclatura catastral: Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 91, Fracción A, y corresponde a un solo lote según se visualiza en la Figura 4, salvo el lote 3a, que es una vivienda de principios de siglo, y aún existente, sobre la calle Finochietto, y que funciona actualmente como inquilinato. Toda la manzana en donde se emplazó la fábrica constituye un único lote con diversas unidades funcionales.

El edificio diagonal conocido como Edificio H es un galpón preexistente que figura en la fotografía aérea de la década del cuarenta. En torno a él, con los años se fueron conformando diferentes unidades habitacionales. Actualmente, está destinado en su casi totalidad a alquiler, y se presume que deviene de una o varias ocupaciones de hecho, cuyo poseedor o poseedores usufructúan el edificio alquilándolo o sub-alquilándolo.

La planta baja de este edificio es la que presenta los mayores niveles de precariedad, y ha sido ocupada por viviendas individuales a las que se accede por pasillos interiores que en su mayoría no tienen iluminación ni ventilación natural. El borde interno de este inmueble hacia la calle Finochietto presenta una expansión de aproximadamente dos metros de avance sobre el espacio libre interior y la situación allí es de viviendas individuales (de planta baja o planta baja y uno o dos pisos) con ingreso desde la calle interna. El otro borde tiene un sector de viviendas colectivas de dos pisos altos y otro de tres pisos, con ingresos independientes.

En síntesis, el Edificio H presenta múltiples situaciones de viviendas individuales y colectivas, con diferentes situaciones dominiales, y de alquileres y subalquileres. Por lo expuesto, de todos los edificios de la manzana, se presume que la situación de este edificio es la más compleja en términos dominiales, porque hay dueños de fracciones, pisos, bordes, que contienen viviendas individuales y colectivas.

Tangencialmente a los bordes internos de los edificios preexistentes de los talleres existe otro tipo de viviendas individuales de planta baja, y de planta baja y un piso, y viviendas multifamiliares de planta baja y hasta cuatro pisos, algunas como departamentos de propiedad horizontal, que estratégicamente se instalaron en los espacios internos, libres de edificación, e intersticiales, que dejaban los volúmenes, recostándose sobre algún borde ciego.

Respecto de los servicios de infraestructura, la manzana cuenta con electricidad en un amplio abanico de posibilidades que abarcan desde un medidor por unidad habitacional, medidores compartidos por varias unidades habitacionales, y lo que se conoce vulgarmente como colgados. Ningún edificio de la manzana cuenta con servicios de provisión de agua, ni cloacales regularizados. Solamente tienen gas algunos departamentos del edificio sobre la calle Uspallata, y que son solo algunos de los que dan a la calle. El resto de la manzana tiene garrafas.

Entre los años 2003 y 2006 la Defensoría del Pueblo acompañó los reclamos por la situación irregular de los edificios, cuyos habitantes tenían imposibilitada la gestión de servicios públicos por no contar con escrituras que certificaran formalmente la titularidad. En el año 2003 se realizó la Actuación 7386/03, acompañada por el entonces Defensor Adjunto Atilio Alimena, en la que se destacó la situación irregular que imposibilitaba a los tenedores de las viviendas la constitución formal del dominio, y se solicitó a las Secretarias de Desarrollo Social e Infraestructura y Planeamiento y Seguridad que activaran una acción coordinada para dar una pronta respuesta a este grave problema. Además, en virtud de la antigüedad de la problemática planteada que tuvo escasa respuesta por parte del gobierno, se informó de lo actuado a la presidencia de la Comisión de Vivienda de la Legislatura a los efectos de que fueran considerados todos los reclamos de los habitantes, sin respuesta favorable.

Entre los años 2010 y 2014 la manzana fue objeto de un proyecto documental de memoria cultural e intervención urbana, por parte de un colectivo de artistas de todo el mundo, que realizó murales alusivos a la entonces actividad predominante circense de sus habitantes (Entrelazando 2013; Circo Latino 2013). En ese momento la manzana despertó gran interés porque era un lugar referencial del movimiento circense que tomó las calles a partir de la década de 1980 y porque muchos de sus participantes vivían allí, donde habían surgido muchos grupos de trabajo. Actualmente las intervenciones artísticas en los espacios comunes de la manzana se han deteriorado y este sentido de pertenencia se ha perdido, pero sigue despertando gran interés por su singular y atractivo paisaje urbano, que convierten a la manzana en un lugar único en la ciudad, susceptible de convertirse en un punto nodal de atracción turística del Distrito Tecnológico, sobre la base de los emprendimientos que ya están funcionando.

En síntesis, la manzana cuenta actualmente con un total aproximado de 3000 habitantes, y su situación es asimilable a la de cualquiera de las villas de la ciudad que está en proceso de integración socio-urbana, con la ventaja de que la calidad ambiental y edilicia es superior a la de ellas, y la acertada relación de llenos y vacíos hace que lo construido requeriría de un mínimo de intervención para su total acondicionamiento según las normas de habitabilidad. Con lo que nunca se ha contado hasta el momento es con la voluntad política de los sucesivos gobiernos para solucionar la situación de informalidad y precariedad a la que los habitantes han sido sometidos.

 

Consideraciones finales

 

La manzana de CSC es una pieza urbana de gran valor y calidad espacial, única en la ciudad y merece ser intervenida como un caso ejemplar de revalorización del patrimonio edilicio industrial, y del patrimonio intangible cultural del barrio, por la diversidad cultural y vibrante actividad social que actualmente se despliega en este espacio, y que potencialmente pueda desarrollarse.

Su interior tiene posibilidades de conexión a través de cinco vías de acceso, que lo convierten en un espacio permeable con una gran conectividad con el entorno, y en particular con la Plaza Florentino Ameghino. Actualmente, desarrollan actividades comerciales ambulantes y de venta de comidas típicas latinoamericanas.

Su situación es asimilable a la de cualquiera de las villas de la ciudad que están en proceso de integración socio-urbana, con la ventaja que la calidad ambiental y edilicia es superior a ellas, y la acertada relación de llenos y vacíos hace que lo construido requiera de un mínimo de intervención para su total acondicionamiento. Para recuperar el edificio de CSC para sus habitantes, se puede aplicar un modelo de gestión similar al de Manzana 66, pero en mucha menor escala, porque sería solo la expropiación de esta unidad funcional y su cambio por otro inmueble vacante en cualquier otro lugar de la ciudad.

En el sitio web del gobierno se afirma que la creación de este distrito tiene como principales objetivos el desarrollo económico bajo el nuevo paradigma de la sociedad de la información, la inclusión social de ciertos sectores de la población y la revitalización urbana (GCABA, 2019b). En el discurso institucional del gobierno, la población la manzana queda excluida del proceso de transformación urbana y social que se promueve en el Distrito Tecnológico.

Como señala Dubet:

en el imaginario de la integración, la justicia social se mide esencialmente por la equidad de las posiciones que ocupan los individuos y, sobre todo, por la de sus ingresos y condiciones de vida. En ese caso, la justicia consiste ante todo en reducir las desigualdades entre los grupos sociales? para que se reduzca la distancia entre la igualdad de derecho y las desigualdades sociales, pero también para que la sociedad esté más integrada (2014 [2015: 75]).

Las políticas urbanas aplicadas a través de la creación de polos y distritos, justamente están orientadas a profundizar las desigualdades entre grupos sociales, entre los que son beneficiados con las facilidades y exenciones impositivas, y los que están destinados a ser expulsarlos definitivamente de la ciudad.

 

Bibliografía

 

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DUBET, Francois. 2014. La préference pour l´inégalité. Comprendre la crise des solidarités (Paris: Editions du Seuil). Trad. española por Horacio Pons, ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario) (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015).

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ANZANI, Oscar. 2016. Una avanzada para los negocios farmacéuticos. Página 12 3/12/2016. Extraído de: https://www.pagina12.com.ar/6662-una-avanzada-para-los-negocios-farmaceuticos.

REPÚBLICA ARGENTINA. 2018. Ley N° 27453: Régimen de Regularización dominial para la integración socio-urbana 10/10/2018, Boletín Oficial 29/10/2018, 33984, 5.

 

 

Abreviaturas

 

CSC: Casa Santa Cruz.

GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LCABA: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ODC: Observatorio del Derecho a la Ciudad.

RA: República Argentina.

NC: Nueva Ciudad.

 



[1]Este escrito se desprende de las investigaciones que inició el equipo técnico de arquitectura del proyecto de extensión UBANEX 2017: Documentos para la gestión por un derecho a la vivienda. La Casa Santa Cruz, y que continuaron en el marco de los siguientes proyectos subsidiados: UBACyT- Modalidad I 20020150100191BA: Derecho y justicia en las problemáticas habitacionales: el rol de las instituciones y las organizaciones sociales, con sede en el ISU/FADU/UBA (Directores: Sandra Inés Sánchez y Rodrigo Amuchástegui)- Programación Científica 2016-2018 (1/1/2016-31/12/2017); y UBACYT Interdisciplinario 20620160100005BA, Area Marginaciones Sociales PIUBAMAS: Espacio social y políticas públicas de acceso a la tierra y la vivienda en Buenos Aires en perspectiva histórica, con sede en la Sección de Antropología Social; Instituto de Ciencias Antropológicas; Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; (Directoras: Claudia Fabiana Guebel, Sandra Inés Sánchez).

[2]A continuación se consignan los integrantes del equipo de arquitectura que realizó entrevistas, desgravaciones y relevamientos de arquitectura que colaboraron en las investigaciones: Coordinadores: Sandra Inés Sánchez; Federico Manuel Kulekdjian, Edith Laura Ríos, Davide Ciuna, María Teresa Arteaga Botero. Colaboradores en las entrevistas y relevamientos sociales y de arquitectura: a) Integrantes del UBANEX: Margarita Robertazzi (Investigadora y Profesora Ajunta Regular de la cátedra de Psicología Social II de la Facultad de Psicología-UBA), Marcela Cazes (Docente Facultad de Psicología-UBA), Florencia Gasparini (Docente FADU-UBA), Lorena De Piero (Facultad de Ciencias Sociales-UBA), Inés Xantakis (Docente de Facultad de Psicología-UBA); b) alumnos avanzados de la carrera de Arquitectura FADU-UBA y voluntarios del proyecto UBANEX: Héctor Raúl del Grosso, Sarita Cervantes, Laura Andrada, Dante Luzco, Damián Nicanor Gala, Mitchel de Sousa, Florencia Freire, Leandro Paizal, Francisco Accornero; c) alumnos de la carrera de arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pasantes en el Proyecto UBACyT: Magdalena Valle, Rocío de Cristofano, Nicolás Fox, Belén Ricciardelli, Daiana Berengard; d) alumnos avanzados de la carrera de Arquitectura que se ofrecieron como voluntarios a colaborar: Nicolás Bagnasco, Javier Bellani, Mauricio Benitez, Daiana Boggio, Fernando Del Azar Cordeu, Florencia Galiano, Juan Marín, Iván Montero, Javier Toribio Ruiz, Eliana Sotelo.

[3]En adelante CSC.

[4]En adelante IVC.

[5]En relación con las unidades habitacionales que había en ese momento, los medidores instalados fueron solamente 62. A partir de ese momento, algunas viviendas reciben las facturas a nombre de cada propietario, y otras comparten medidor y gastos.

[6]Esto se debe a que las personas por vía judicial obtienen un mayor monto de subsidio, superando los límites del decreto, porque en el marcado de alquileres es casi imposible conseguir una vivienda por $ 4.000 y los tribunales en cumplimiento del art. 31 de la Constitución de la Ciudad ordenan que el monto ascienda hasta garantizar el acceso a una vivienda digna (ODC 2019).

[7]En el Informe sobre Relevamiento de Hoteles del año 2015 realizado por el Ministerio Publico Tutelar, sobre una muestra de 125 establecimientos, entre el 40% y 43% aseguro que no permitían el ingreso a grupos familiares que cuenten con personas menores de edad. La franja etaria restringida en todos los casos era de 0 a 18 años. Posteriormente en el año 2016 se volvió a relevar una muestra de 177 hoteles y el porcentaje que no aceptaba familias niños ascendía al 50% y un 10% lo hacía con restricciones.

[8]En las leyes de estos distritos existe además la figura del ?desarrollador de infraestructura?, cuyo beneficio ?consiste en la posibilidad de computar como pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos por todas las actividades que realice, hasta el 25% del monto invertido en obras y mejoras realizadas dentro de alguno de ellos? y en el Distrito de la Artes, este porcentaje se puede elevar hasta un 35% en los casos que la inversión se destine a la puesta en valor de inmuebles catalogados con protección patrimonial (Guarino 2017: 4).

[9]a) exención o diferimiento en el pago del Impuesto a los Ingresos brutos; b) exención del impuesto de sellos; c) exención del pago Impuesto inmobiliarios, Tasa retributiva de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras (ABL); d) exención del pago Impuesto inmobiliarios, Tasa retributiva de Alumbrado, Barrido y Limpieza para las propiedades dentro del DT que sean propias o alquiladas por los empleados en relación de dependencia de las empresas inscriptas en el régimen de la Ley y que sean utilizadas como vivienda única y familiar de esos empleados; e) exención del pago de Derechos de Delineación y Construcciones, CCT, CCA, Tasa verificación de obra, Generación de residuos sólidos urbanos; y f) líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad de Buenos Aires para financiamiento de compra de inmuebles y construcciones, y para la adquisición de viviendas. Estos dos últimos beneficios destinados a atraer inversión inmobiliaria.

[10]En ese año, un desarrollador inmobiliario ya señalaba que la Comuna 4, era la que más había incrementado el valor interanual de la construcción (Gómez 2013: 4).

[11]Lo denunció en su momento, el legislador porteño por el Frente para la Victoria-Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli (Ranzani 2016).




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