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LA VIVIENDA COMO DERECHO


La máxima " Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros" de la clásica obra "Rebelión en la Granja" sirve para graficar la situación en Argentina donde si bien todos los derechos humanos tienen jerarquía constitucional en los hechos algunos son más derechos que otros.

 

Este es el caso del Derecho a una vivienda digna y adecuada.  A pesar de que el Derecho a una vivienda está consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, y tiene la misma larga historia de lucha y reconocimiento jurídico que el derecho a la educación y a la salud, no ha alcanzado en la Argentina la misma profundidad de desarrollo, respeto y cumplimiento.

 

Tres problemas son los que más destacan de la crisis habitacional:

a) El incremento de las personas en situación de calle en las ciudades. La solución principal que desde los gobiernos se ha dado es brindar abrigo en Paradores en cantidad insuficientes. Acá se pone en juego la tensión de considerar el derecho a la vivienda sólo como un techo (parador) o como el acceso a una vivienda con las características que establecen los códigos de edificación, con disponibilidad de servicios, posibilidad de permanencia, en igualdad con el resto de la población, en definitiva, como el derecho a vivir en "seguridad, paz y dignidad en alguna parte" (Observación General N° 4 del Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales). 

b) El incremento de asentamientos y villas. La ausencia de regulación del mercado inmobiliario, las planificaciones urbanas excluyentes y la falta de acceso a suelo urbano ha generado la explosión de ocupaciones de terrenos privados y públicos dando lugar a la conformación de barrios precarios (La organización TECHO a relevado alrededor de 1000 villas en provincia de Buenos Aires; en la Ciudad de Buenos Aires la población de villas aumentó casi un 200% en diez años llegando a ser 275 mil personas, un 10 % de la población porteña). Cientos de leyes de urbanización (en la Ciudad de Buenos Aires ninguna de las leyes de urbanización se cumplen) y de expropiación no están siendo respetadas. Un paso valioso es la creación a nivel nacional de la Secretaría de Acceso al Hábitat precisamente para garantizar el derecho a la urbanización. Lamentablemente el nuevo Código Civil no otorga ninguna herramienta nueva para legalizar la relación de los villeros con sus territorios. La discusión del nuevo Código Penal sigue sosteniendo el delito de usurpación creado por la Dictadura aún para grandes ocupaciones que debieran ser tratadas como conflictos sociales y no criminalizando a las familias necesitadas.

c) La inquilinización de las ciudades y la indefensión. El último censo mostró que en las ciudades más grandes de la Argentina el porcentaje de inquilinos aumentó. Desde la sanción de la Ley N° 23.091 de locaciones urbanas no se adoptaron medidas para proteger a los inquilinos y regular el mercado en su defensa. La inquilinización implica que muchas familias y trabajadores deben destinar alrededor de la mitad los salarios para poder alquilar.

 

Tres episodios en los últimos años son las principales expresiones de la grave crisis habitacional que se está viviendo en Argentina. La ocupación del Parque Indoamericano en Ciudad de Buenos Aires (2010), la ocupación de predios de la empresa Ledesma en Jujuy (2011) y la conformación y desalojo con topadoras del Barrio Papa Francisco en CABA (2014).  Luego de estos conflictos urbanos, la omisión de políticas habitacionales novedosas desde el 2001 intenta ser saldada con la puesta en marcha del PROCREAR y la creación de la Secretaría de Acceso al Hábitat anunciada en los últimos días para iniciar la urbanización de 100 villas.

 

Ambas políticas son focalizadas y fueron elaboradas pensando también como formas de reactivación económica. No constituyen una respuesta integral y universal para las necesidades de vivienda de la población. El derecho a la salud y a la educación dieron lugar a nuevos servicios públicos y a un reconocimiento institucional a través de la conformación de Ministerios respectivos. Esta discusión ha estado ausente en la última década respecto a la vivienda. La única forma de lograr garantizar el derecho a la vivienda en forma universal, adecuada y regular es conformando un nuevo servicio público de vivienda que, entre otros aspectos, regule el mercado inmobiliario, un Ministerio encargado de ponerlo en funcionamiento y una ley de presupuestos mínimos a nivel Nacional. En la Argentina no se ha avanzado en esta dirección.  Incluso el principio de la función social y ambiental de la propiedad que permitiría caminar en este norte no fue reconocido expresamente en el nuevo Código Civil y Comercial aprobado, aún cuando fue un reclamo en las audiencias pública realizadas en todo el país.

 



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